El ex administrador de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Marchi, declarará como testigo el próximo miércoles en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial desde el año 2020 en adelante, informaron fuentes judiciales.

Marchi fue convocado por el juez federal Ariel Lijo, luego de presentar un escrito ante la fiscalía a cargo de Ramiro González, donde se había puesto a disposición para declarar como testigo para «ofrecer prueba» en el expediente «respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación».

El funcionario del máximo tribunal del país, quien fue desplazado la semana pasada a la Cámara de la Seguridad Social, anunció en aquel escrito al que accedió Télam que además hará saber a la Justicia «sobre presiones y posibles persecuciones sufridas» tanto hacia él como a terceros con los que se relacionó en el ámbito de sus funciones.

Como para ese mismo miércoles Marchi estaba citado para ampliar su declaración ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el exadministrador avisó que tenía que comparecer ante Lijo y la comisión decidió fijar una nueva fecha y finalmente lo convocará para el martes 9 de mayo.

No obstante, la comisión que impulsa el proceso contra los cuatro miembros de la Corte mantendrá su convocatoria para el miércoles próximo con la citación al otro exadministrador de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn) Aldo Tonón, quien ya rechazó dos convocatorias y en los últimos días se le cursó una tercera citación bajo advertencia de tramitar su presencia por la fuerza pública a partir de la correspondiente vía judicial.

«Si no viene, vamos a votar la resolución donde comunicamos al juez la incomparecencia y pedimos que lo traiga con la fuerza pública», advirtió en declaraciones a Télam la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard.

El expediente en el que fue convocado a declarar Marchi ante la Justicia se inició a partir de una presentación que hizo el fiscal Guillermo Marijuan, en otra causa en la que se investigan irregularidades en el manejo de la obra social, luego de que la Corte Suprema emitiera una acordada que incluyó una disidencia del magistrado Ricardo Lorenzetti de la que se desprendían situaciones que debía ser investigadas.

El expediente en que Marijuan había hecho la presentación está enfocado en un período de tiempo determinado en el cual la obra social del Poder Judicial estuvo bajo el cargo de Aldo Tonón, mientras que la causa en la que finalmente declarará Marchi está enfocada en la gestión del nuevo directorio que lidera Mariano Althabe.

El martes último, Marchi declaró como testigo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y denunció que recibió «seguimiento y amenazas».

«Yo he sufrido seguimientos y amenazas; también funcionarios que han colaborado conmigo en la auditoría que realizamos sobre la obra social. Esto, que excede el marco de un tema tan particular como la obra social, genera mucha presión en mí, pero no me impide contar la verdad», señaló.

Marchi denunció: «El informe número 4 de auditoría (que realizó sobre la obra social) se lo di a (Silvio) Robles y no se si llegó (a Horacio Rosatti)», y recordó que «en diciembre Robles (estrecho colaborador del presidente de la Corte) mandó un mail diciendo que se suprimía la casilla de Rosatti y que todas las comunicaciones se las debían realizar a la suya».

«El traslado (a otra dependencia judicial) que han hecho de mí luego de mostrarles como es la administración de la obra social, tiene que ver con esto. La informalidad llegó para quedarse en la Corte Suprema», advirtió.

En el primer tramo de sus declaraciones ante los diputados que estudian la conducta de los cuatro integrantes del alto tribunal, Marchi fue muy crítico de Juan Carlos Maqueda, de quien dependía la obra social, y planteó que «no había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles».

El exadministrador leyó un informe previo a las preguntas de los legisladores, donde aseguró que su traslado fue «una sanción encubierta, que incluyó a todas las personas que trabajamos en la auditoría de la obra social», sobre la cual hubo denuncias de presuntas irregularidades.

Tras esa declaración, Gaillard le envió un escrito al ministro de Justicia, Martín Soria, donde le transcribe párrafos completos de lo dicho por Marchi ante la comisión, con el objetivo de que se «arbitren los medios que resulten conducentes para preservar y garantizar la seguridad laboral e integridad física del testigo y de los trabajadores, quienes serían pasibles de hostigamiento, conforme lo mencionado por el testigo»:

«El testimonio de Marchi resulta relevante para la comisión dada su extensa trayectoria -durante 20 años- en el cargo de secretario general de Administración. En su declaración realizó graves y preocupantes manifestaciones, revelando haber sido objeto de amenazas y seguimientos, a partir de su desplazamiento», cuenta la diputada Gailllard en la nota a Soria.