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Denuncia

Marchi fue citado como testigo en la causa que investiga el manejo de la obra social judicial

El ex administrador de la Corte Suprema ofreció «pruebas» en el expediente «respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación» por supuestas irregularidades.

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El-Argentino-Héctor Marchi.

El ex administrador de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Marchi, declarará como testigo el próximo miércoles en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial desde el año 2020 en adelante, informaron fuentes judiciales.

Marchi fue convocado por el juez federal Ariel Lijo, luego de presentar un escrito ante la fiscalía a cargo de Ramiro González, donde se había puesto a disposición para declarar como testigo para «ofrecer prueba» en el expediente «respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación».

El funcionario del máximo tribunal del país, quien fue desplazado la semana pasada a la Cámara de la Seguridad Social, anunció en aquel escrito al que accedió Télam que además hará saber a la Justicia «sobre presiones y posibles persecuciones sufridas» tanto hacia él como a terceros con los que se relacionó en el ámbito de sus funciones.

Como para ese mismo miércoles Marchi estaba citado para ampliar su declaración ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el exadministrador avisó que tenía que comparecer ante Lijo y la comisión decidió fijar una nueva fecha y finalmente lo convocará para el martes 9 de mayo.

No obstante, la comisión que impulsa el proceso contra los cuatro miembros de la Corte mantendrá su convocatoria para el miércoles próximo con la citación al otro exadministrador de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn) Aldo Tonón, quien ya rechazó dos convocatorias y en los últimos días se le cursó una tercera citación bajo advertencia de tramitar su presencia por la fuerza pública a partir de la correspondiente vía judicial.

«Si no viene, vamos a votar la resolución donde comunicamos al juez la incomparecencia y pedimos que lo traiga con la fuerza pública», advirtió en declaraciones a Télam la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard.

El expediente en el que fue convocado a declarar Marchi ante la Justicia se inició a partir de una presentación que hizo el fiscal Guillermo Marijuan, en otra causa en la que se investigan irregularidades en el manejo de la obra social, luego de que la Corte Suprema emitiera una acordada que incluyó una disidencia del magistrado Ricardo Lorenzetti de la que se desprendían situaciones que debía ser investigadas.

El expediente en que Marijuan había hecho la presentación está enfocado en un período de tiempo determinado en el cual la obra social del Poder Judicial estuvo bajo el cargo de Aldo Tonón, mientras que la causa en la que finalmente declarará Marchi está enfocada en la gestión del nuevo directorio que lidera Mariano Althabe.

El martes último, Marchi declaró como testigo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y denunció que recibió «seguimiento y amenazas».

«Yo he sufrido seguimientos y amenazas; también funcionarios que han colaborado conmigo en la auditoría que realizamos sobre la obra social. Esto, que excede el marco de un tema tan particular como la obra social, genera mucha presión en mí, pero no me impide contar la verdad», señaló.

Marchi denunció: «El informe número 4 de auditoría (que realizó sobre la obra social) se lo di a (Silvio) Robles y no se si llegó (a Horacio Rosatti)», y recordó que «en diciembre Robles (estrecho colaborador del presidente de la Corte) mandó un mail diciendo que se suprimía la casilla de Rosatti y que todas las comunicaciones se las debían realizar a la suya».

«El traslado (a otra dependencia judicial) que han hecho de mí luego de mostrarles como es la administración de la obra social, tiene que ver con esto. La informalidad llegó para quedarse en la Corte Suprema», advirtió.

En el primer tramo de sus declaraciones ante los diputados que estudian la conducta de los cuatro integrantes del alto tribunal, Marchi fue muy crítico de Juan Carlos Maqueda, de quien dependía la obra social, y planteó que «no había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles».

El exadministrador leyó un informe previo a las preguntas de los legisladores, donde aseguró que su traslado fue «una sanción encubierta, que incluyó a todas las personas que trabajamos en la auditoría de la obra social», sobre la cual hubo denuncias de presuntas irregularidades.

Tras esa declaración, Gaillard le envió un escrito al ministro de Justicia, Martín Soria, donde le transcribe párrafos completos de lo dicho por Marchi ante la comisión, con el objetivo de que se «arbitren los medios que resulten conducentes para preservar y garantizar la seguridad laboral e integridad física del testigo y de los trabajadores, quienes serían pasibles de hostigamiento, conforme lo mencionado por el testigo»:

«El testimonio de Marchi resulta relevante para la comisión dada su extensa trayectoria -durante 20 años- en el cargo de secretario general de Administración. En su declaración realizó graves y preocupantes manifestaciones, revelando haber sido objeto de amenazas y seguimientos, a partir de su desplazamiento», cuenta la diputada Gailllard en la nota a Soria.

Denuncia

ATE denuncia una nueva ola de despidos en Capital Humano bajo el decreto de Sturzenegger

La Asociación Trabajadores del Estado advirtió que el decreto 378/2026 habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 agentes de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez. La octava ola de despidos en el Estado avanza en plena porosidad del Gobierno por el caso Adorni.

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El Argentino Diario-Federico Sturzenegger.
Sturzenegger avanza sobre Capital Humano mientras el Gobierno oculta la magnitud del desguace estatal.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el decreto 378/2026, firmado por Javier Milei y Sandra Pettovello el 22 de mayo, habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 trabajadores de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. Es la octava embestida contra el empleo públçico desde el inicio de la gestión libertaria y llega en plena crisis política del Gobierno por el caso Adorni.

El ministerio de Federico Sturzenegger no para. Mientras el Gobierno enfrenta una turbulencia política sin precedentes por la investigación judicial que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la maquinaria de desguace estatal sigue funcionando a pleno. Este viernes, ATE convocó a una conferencia de prensa frente al edificio del Ministerio de Capital Humano para denunciar públicamente lo que los gremios estatales calificaron como una nueva ola de cesantías masivas, la octava desde diciembre de 2023.

El decreto que habilitó la poda

El decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo, establece la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada jurisdicción”. Fuentes del sindicato consultadas por este medio explicaron que, en la práctica, la norma eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías bajo la órbita de Pettovello: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. “Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, detallaron desde ATE.

El delegado general de ATE-Trabajo, Hernán Izurieta, precisó que el expediente ya se encontraba “en la fase final del circuito administrativo, en Legal y Técnica de Presidencia”. “Básicamente lo que hacen es la centralización administrativa a nivel de Capital Humano de las áreas de gestión administrativa, sistemas, jurídicos y otras de esa índole, lo que impacta en las tres secretarías, ya sea mediante la degradación de áreas o directamente de la eliminación”, explicó.

El rastro de la motosierra en Capital Humano

El contexto no es nuevo, pero su magnitud es creciente. Según confirmaciones gremiales, el Ministerio de Capital Humano ya aportó al menos 10.000 trabajadores de los más de 60.000 despidos estatales acumulados desde el inicio de la gestión Milei. La nueva ola, advirtieron gremios como UPCN y ATE, podría sumar otros 400 pases a disponibilidad en lo inmediato, con proyecciones que los sindicatos ubican por encima del millar si se considera el alcance total de la reestructuración.

Detrás de la decisión, según fuentes sindicales y periodistas especializados, se ve la mano del Ministerio de Desregulación. Pettovello, indican fuentes con acceso a la interna del gabinete, aceptó el rediseño que le impuso Sturzenegger con la misma resignación con la que aceptó los recortes de programas sociales ordenados por Luis “Toto” Caputo. La poda presupuestaria vinculada a la reestructuración administrativa alcanza los 2.597.505.424 pesos anuales, equivalentes a unos 200 millones de dólares al tipo de cambio actual, de acuerdo a documentos internos de la cartera.

Doble vara y acusación de evasion fiscal

Desde ATE no solo se resistio el ajuste sobre los puestos de trabajo, sino que se señaló una contradicción que el Gobierno evita explicar. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores. Además, utilizan el Estado para evadir impuestos”, cuestionaron fuentes del sindicato. La referencia apunta directamente a las modificaciones en materia de régimenes de información impulsadas por el Gobierno, que organismos de economistas como el Foro Economía y Trabajo calificaron como un mecanismo que “vació de datos al fisco” y protege la fuga de capitales.

Retiros voluntarios como antesala de los despidos

Mientras tanto, fuentes libertarias confirmaron que en distintos organismos estatales ya se impulsan esquemas de retiro voluntario para achicar la planta de personal. “Es el paso previo a los despidos”, admitieron desde el entorno de La Libertad Avanza, en una caracterización que expone la lógica de la estrategia: desgaste paulatino, presión sobre los trabajadores para que “voluntariamente” abandonen sus puestos antes de que llegue la cesantía formal.

Los dirigentes de ATE precisaron que durante la conferencia de prensa darán a conocer las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para frenar la reestructuración. El ministro Sturzenegger no respondió a las consultas periodistícas al cierre de esta edición.

Puntos clave

  • El decreto 378/2026 eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano; al menos 400 trabajadores de planta permanente quedan en riesgo de pase a disponibilidad.
  • Es la octava ola de despidos en el Estado desde el inicio de la gestión Milei; el ministerio de Pettovello ya perdió al menos 10.000 trabajadores.
  • La reestructuración fue diseñada por el ministerio de Sturzenegger e impuesta sobre Capital Humano, con un recorte presupuestario estimado en 2.597 millones de pesos anuales.
  • Fuentes libertarias admitieron que los retiros voluntarios en marcha en distintos organismos son el paso previo a nuevas cesantías formales.
  • ATE denunció una doble vara: el Gobierno persigue a los trabajadores mientras Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal para proteger a los evasores.
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