La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), referentes de organismos de derechos humanos y periodistas denunciaron hoy «persecución» a trabajadores de prensa de Río Negro, repudiaron la «militarización» de Villa Mascardi y alrededores y pidieron el cese de la «criminalización» del reclamo de la comunidad mapuche.

«Les molesta que podamos romper el cerco mediático», indicó el periodista del medio rionegrense Wall Kintun TV Oscar Moreno en una conferencia en la sede de Fatpren en esta capital.

Desde que el 4 de octubre fuerzas de seguridad desalojaron predios de la zona de Villa Mascardi, procedimiento que terminó con la detención de siete mujeres en las tierras ocupadas por las familias del Lof Lafken Winkul Mapu, algunos periodistas locales siguieron de cerca el tema, entre ellos Moreno.

«Dicen que soy militante de la causa mapuche y que trabajo en un medio mapuche. ¿Es delito ser mapuche?», expresó Moreno, quien dijo que sufrió un allanamiento a su casa con el fin de «secuestrar» su teléfono celular.

Y remarcó: «Lo que me pasó forma parte de una persecución. Hay una arremetida feroz al pueblo mapuche».

La reportera gráfica de Télam en Bariloche Alejandra Bartoliche, quien también siguió de cerca la problemática, advirtió que la región «está militarizada» y que el «hostigamiento es real».

«Tiraron gases lacrimógenos en una banquina donde la gente estaba tratando de negociar bajar al lago, enfrente de donde se hizo el desalojo, para hacer una ceremonia», detalló sobre un hecho sucedido el 10 de octubre frente a la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Bartoliche indicó que hay grupos cerca de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, que quieren fundar una «liga patriótica» para «hacerle frente» al reclamo mapuche. «Bariloche está militarizado. Esos comandos nos remiten a otros años», resaltó.

La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, expresó que «repudiamos el ataque a las comunidades olvidadas por el Estado».

En ese sentido, Cortiñas cuestionó que «los mapuches sólo reclaman 7 hectáreas» mientras que a «Joe Lewis le dejan hasta plantar la bandera del Reino Unido». Y criticó el accionar de las fuerzas de seguridad en el desalojo de hace un mes: «Se llevaron a una madre que estaba amamantando. ¿No tienen madre? ¿No tuvieron abuela?».

La secretaria general de Fatpren, Carla Gaudensi, hizo énfasis en la «persecución» que viven los periodistas en la zona de Villa Mascardi, quienes realizan una «labor fundamental» al informar sobre la problemática.

«No podemos permitir que sean amedrentados y criminalizados. Esto forma parte de un disciplinamiento», apuntó la dirigente. Y añadió: «No se puede seguir hostigando a los mapuches».

El titular del Sindicato Trabajadores de Prensa (Sitrapren) de Bariloche y Zona Andina, Nahuel Céspedes, expresó que desde el gremio darán «una pelea contra la criminalización» y en favor de la «libertad de prensa».

«Hay una línea de ataque represiva contra la prensa que cubre todos estos delitos hacia los derechos humanos», remarcó.

El director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, advirtió que el organismo pedirá «el juicio político» a la jueza federal subrogante de Bariloche Silvina Domínguez, que dispuso esta semana el procesamiento y la prisión preventiva a cuatro de las mujeres detenidas durante el operativo de desalojo de hace un mes.

«La demanda que nos planteamos es pedir el juicio político a la jueza Domínguez, que fue la primera responsable», destacó. Agregó que reclaman el «retiro del operativo de seguridad» y que se derogue la «ordenanza de creación del operativo unificado».

También estuvieron los integrantes de la APDH Eduardo Tavani y Pablo Pimentel; la integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) Malena Silveyra; la representante del Serpaj Angélica Mendoza, el integrante del CELS Manuel Tufró, el exdiputado Juan Carlos Giordano, la legisladora porteña de Izquierda Socialista Mercedes de Mendieta, la presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) Micaela Gomiz y los representantes de la Defensoría del Público Alejandro Iriarte y Marcos Ocampo.