Denuncia
Denuncian red de explotación sexual ligada a la policía tiktokera suspendida
La Justicia investiga una denuncia por posible explotación sexual y proxenetismo vinculada a la policía Nicole V., suspendida tras viralizar videos eróticos en uniforme.
★ La Justicia Federal investiga una posible red de explotación sexual en el marco de la causa que involucra a la policía Nicole V., quien fue suspendida de sus funciones tras la viralización de videos de contenido erótico en redes sociales, donde utilizaba el uniforme oficial de la Policía de la Ciudad. A Nicole V. también se la denunció, junto a una compañera, por usurpación de títulos y honores.
La denuncia y los indicios de la red
El abogado Rodrigo Tripolone presentó la denuncia en el Juzgado Federal de Tres de Febrero, donde señaló la posible comisión de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, explotación sexual y proxenetismo. Según el escrito de Tripolone, detrás de los videos se habría articulado "una estructura organizada de captación, ofrecimiento y facilitación de contenido sexual protagonizado por múltiples mujeres, una de ellas vistiendo uniforme de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires".
Al ser consultado sobre los indicios que podrían estar ligados a la explotación sexual, Tripolone explicó la existencia de una producción organizada de contenido sexual, la participación de múltiples mujeres en entornos privados para generar material monetizado (sin que se pueda advertir su origen o edad), el uso del uniforme policial (que podría funcionar como herramienta de captación o legitimación) y un entramado de cuentas de redes sociales actuando conjuntamente.
Medidas urgentes solicitadas
Ante este panorama, el abogado solicitó la adopción de medidas urgentes para preservar la prueba digital, identificar a las personas intervinientes y lograr la intervención de organismos especializados. Entre las medidas pedidas se encuentran la orden a Instagram, TikTok y plataformas vinculadas para la preservación inmediata de todo el contenido de las cuentas mencionadas, así como el requerimiento de datos de registro, direcciones IP, correos electrónicos y números de teléfono asociados.
Además, Tripolone solicitó un oficio urgente a la Policía de la Ciudad, allanamientos e intervenciones telefónicas, pericias informáticas, la identificación de todas las mujeres que participan en los videos y la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Para el abogado, la policía suspendida, con más de tres años en la fuerza, es la captadora en esta organización y, a pesar de la viralización del caso y la medida de las autoridades, continuó generando contenido. Se dieron a conocer otros perfiles en redes sociales donde la acusada sigue difundiendo material de esta índole con el uniforme y expone enlaces externos dirigidos a páginas de monetización.
La situación de la policía 'tiktoker'
Por el momento, Nicole V. solo fue puesta a disponibilidad, una medida que, de acuerdo al parte policial, se tomó debido a que su conducta "afecta el prestigio institucional" y que el uso del uniforme viola la Ley 5688 de Seguridad Pública.
Según la información aportada a la agencia NA, la policía y otra joven que no pertenece a la fuerza de seguridad enfrentan otra denuncia por el delito de usurpación de títulos y honores, impulsada por la propia fuerza porteña. El parte policial destaca que la "conducta irregular e indecorosa del oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución" y que es necesario "preservar el orden y la tranquilidad pública".
En ese momento, Asuntos Internos remitió el sumario a la Oficina de Transparencia y Control Externo, que evaluará si corresponde la exoneración de la agente o la aplicación de una sanción de menor cuantía. Para las autoridades, la cosificación de la mujer policía "afecta el normal desenvolvimiento de quienes portan el uniforme, ya que no van a ser tomadas en serio y el blanco de burlas cuando acudan a los eventos".
Denuncia
UNIÓN PERSONAL bajo la lupa: crisis, copagos ilegales, recortes y abandono a sus afiliados
Afiliados denuncian cobros indebidos, restricciones discriminatorias y colapso de servicios. ATE presentó una denuncia formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud por prácticas que consideran «extorsivas» contra trabajadores estatales.
★ Desde principios de 2025, afiliados de Unión Personal, obra social vinculada al sindicato UPCN que nuclea a empleados estatales, y de Accord Salud denuncian en grupos de Facebook y foros virtuales una crisis silenciosa que no logra visibilidad en los grandes medios: pérdida masiva de prestadores, cierre de oficinas zonales, eliminación de descuentos en medicamentos para enfermedades crónicas y oncológicas, y cobros ilegales de coseguros en prestaciones que deberían estar cubiertas por el Programa Médico Obligatorio (PMO).
La situación escaló cuando la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) formalizó una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud contra Unión Personal por aplicar lo que calificó como «prácticas manifiestamente ilegales» y «extorsión comprobada» contra trabajadores que no están afiliados a UPCN.
Discriminación según afiliación sindical: el núcleo de la denuncia
Según la presentación judicial de ATE, Unión Personal implementa un sistema discriminatorio que establece «tarifas exorbitantes» en prestaciones médicas obligatorias, diferenciando los aranceles según la pertenencia sindical del beneficiario. La obra social cobra co-seguros sobre servicios que integran el PMO, lo cual está prohibido por ley, y restringe el acceso a determinados prestadores a empleados estatales que no están afiliados a UPCN.
«La conducta de algunos dirigentes es miserable. Primero les destruyen los salarios a los trabajadores y ahora pretenden cobrar aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», declaró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Aguiar interpretó estas medidas como una estrategia desesperada para detener las «desafiliaciones masivas» que estaría sufriendo UPCN. El dirigente vinculó la situación con el posicionamiento político del sindicato, que según su perspectiva «avala» la gestión del presidente Javier Milei.
Testimonios de afiliados: medicamentos suspendidos y oficinas cerradas
En los grupos de Facebook dedicados a afiliados de Unión Personal y Accord Salud, los testimonios se multiplican. Un caso reciente, verificado por este medio, relata: «Mi papá tiene plan oncológico. Cerraron la oficina de Morón. Hay miles que pagan fortuna y los dejan sin atención, sin medicamentos, sin comunicación. Afiliados desesperados piden ayuda en redes y a la Superintendencia de Salud».
Los usuarios reportan que la obra social dejó de otorgar descuentos en medicamentos para crónicos y oncológicos, lo que derivó en que muchos afiliados dejaran de recibir fármacos vitales para diabetes, cáncer y discapacidad. Según fuentes consultadas en los foros virtuales, la amenaza constante es: «afiliate a UPCN o te dejamos fuera de la red superior».
Pedido de investigación y determinación de responsabilidades
La denuncia de ATE solicita que se determinen las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y los funcionarios públicos que pudieran estar involucrados en estas prácticas. «Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
La presentación formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud busca que el organismo de control intervenga para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de obras sociales y preserve los derechos de los trabajadores estatales al acceso equitativo a las prestaciones de salud.
Qué hacer si te afecta esta situación
Los afiliados que enfrentan cobros indebidos o restricciones de prestaciones pueden:
- Presentar un reclamo formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud a través de su sitio web o llamando al 0800-222-SALUD (72583).
- Iniciar acciones legales mediante amparos de salud, especialmente si se trata de tratamientos urgentes o enfermedades graves.
- Documentar todos los rechazos de cobertura, cobros indebidos y comunicaciones con la obra social para respaldar eventuales reclamos administrativos o judiciales.
Puntos clave:
• ATE denunció formalmente a Unión Personal ante la Superintendencia de Servicios de Salud por cobros ilegales de co-seguros sobre prestaciones del PMO
• La obra social aplica aranceles diferenciados según la afiliación sindical del trabajador, según la acusación
• Afiliados denuncian cierre de oficinas, eliminación de descuentos en medicamentos para crónicos y oncológicos, y pérdida masiva de prestadores
• La denuncia solicita investigar responsabilidades de administradores, dirigentes gremiales y funcionarios públicos involucrados
• ATE interpreta estas medidas como una maniobra para frenar desafiliaciones masivas de UPCN
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