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Denuncia

Denuncian red de explotación sexual ligada a la policía tiktokera suspendida

La Justicia investiga una denuncia por posible explotación sexual y proxenetismo vinculada a la policía Nicole V., suspendida tras viralizar videos eróticos en uniforme.

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★ La Justicia Federal investiga una posible red de explotación sexual en el marco de la causa que involucra a la policía Nicole V., quien fue suspendida de sus funciones tras la viralización de videos de contenido erótico en redes sociales, donde utilizaba el uniforme oficial de la Policía de la Ciudad. A Nicole V. también se la denunció, junto a una compañera, por usurpación de títulos y honores.

La denuncia y los indicios de la red

El abogado Rodrigo Tripolone presentó la denuncia en el Juzgado Federal de Tres de Febrero, donde señaló la posible comisión de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, explotación sexual y proxenetismo. Según el escrito de Tripolone, detrás de los videos se habría articulado "una estructura organizada de captación, ofrecimiento y facilitación de contenido sexual protagonizado por múltiples mujeres, una de ellas vistiendo uniforme de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires".

Al ser consultado sobre los indicios que podrían estar ligados a la explotación sexual, Tripolone explicó la existencia de una producción organizada de contenido sexual, la participación de múltiples mujeres en entornos privados para generar material monetizado (sin que se pueda advertir su origen o edad), el uso del uniforme policial (que podría funcionar como herramienta de captación o legitimación) y un entramado de cuentas de redes sociales actuando conjuntamente.

Medidas urgentes solicitadas

Ante este panorama, el abogado solicitó la adopción de medidas urgentes para preservar la prueba digital, identificar a las personas intervinientes y lograr la intervención de organismos especializados. Entre las medidas pedidas se encuentran la orden a Instagram, TikTok y plataformas vinculadas para la preservación inmediata de todo el contenido de las cuentas mencionadas, así como el requerimiento de datos de registro, direcciones IP, correos electrónicos y números de teléfono asociados.

Además, Tripolone solicitó un oficio urgente a la Policía de la Ciudad, allanamientos e intervenciones telefónicas, pericias informáticas, la identificación de todas las mujeres que participan en los videos y la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Para el abogado, la policía suspendida, con más de tres años en la fuerza, es la captadora en esta organización y, a pesar de la viralización del caso y la medida de las autoridades, continuó generando contenido. Se dieron a conocer otros perfiles en redes sociales donde la acusada sigue difundiendo material de esta índole con el uniforme y expone enlaces externos dirigidos a páginas de monetización.

La situación de la policía 'tiktoker'

Por el momento, Nicole V. solo fue puesta a disponibilidad, una medida que, de acuerdo al parte policial, se tomó debido a que su conducta "afecta el prestigio institucional" y que el uso del uniforme viola la Ley 5688 de Seguridad Pública.

Según la información aportada a la agencia NA, la policía y otra joven que no pertenece a la fuerza de seguridad enfrentan otra denuncia por el delito de usurpación de títulos y honores, impulsada por la propia fuerza porteña. El parte policial destaca que la "conducta irregular e indecorosa del oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución" y que es necesario "preservar el orden y la tranquilidad pública".

En ese momento, Asuntos Internos remitió el sumario a la Oficina de Transparencia y Control Externo, que evaluará si corresponde la exoneración de la agente o la aplicación de una sanción de menor cuantía. Para las autoridades, la cosificación de la mujer policía "afecta el normal desenvolvimiento de quienes portan el uniforme, ya que no van a ser tomadas en serio y el blanco de burlas cuando acudan a los eventos".

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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