El nombre de Natalia Basil ya estaba en los expedientes judiciales mucho antes de que Fernando Cerimedo fuera detenido en Bolivia. Pero la detención del consultor, su acusación como presunto autor intelectual del ataque a balazos contra la abogada Nadia Beller, y las declaraciones de la víctima desde la cama del hospital de Santa Cruz de la Sierra convirtieron a Basil en una figura que ya no puede leerse en clave marginal. Lo que antes era un nombre al borde de la causa ANDIS es hoy el eje de una trama que cruza corrupción estatal, violencia de género, negocios energéticos y vínculos con el mundo del espionaje.

Quién es Natalia Basil

Basil es ingeniera química, egresada de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con especializaciones en Gestión de Empresas del Agua y Saneamiento en la Universidad Nacional de Tres de Febrero y en Sistemas de Control en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. En sus redes sociales se define como «ingeniera química, especialista en sistemas de control, cristiana y madre de dos hijos». Su trayectoria profesional pasó por empresas vinculadas al sector energético hasta que en 2016 ingresó a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), donde ejerció como supervisora de procesos y proyectos, auditora interna senior y asistente del Comité de COO hasta 2021. Ese año tuvo un paso por la Junta de Seguridad en el Transporte, organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía, antes de incorporarse al universo empresarial de Cerimedo.

Junto al consultor fundó y dirigió el Madero Media Group, la sociedad propietaria de La Derecha Diario, el portal ultraderechista que fue pieza clave en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y que hoy sigue siendo uno de los pilares del ecosistema mediático libertario. También figura como socia en Numen Publicidad y Academia Numen, las estructuras de marketing digital y formación política que Cerimedo construyó durante los años previos al ascenso de La Libertad Avanza.

El paso por ANDIS y la renuncia antes del escándalo

En mayo de 2024, el Gobierno nacional designó a Basil como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El cargo no era menor: le correspondía el control y la asignación de pensiones no contributivas, subsidios y recursos económicos del organismo. Su designación generó cuestionamientos desde el primer momento; sectores opositores señalaron que no contaba con experiencia previa en el área de discapacidad y el Gobierno respondió reivindicando su «idoneidad técnica». Cerimedo, que por entonces mantenía un vínculo cercano con el entorno presidencial, había logrado ubicar a Basil en ese puesto bajo la conducción del entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo.

Basil permaneció en ANDIS nueve meses. Presentó su renuncia en noviembre de 2024, antes de que se difundieran públicamente los audios y las denuncias que pusieron al organismo en el centro de una causa judicial por presuntas coimas. Su salida se produjo formalmente en buenos términos, aunque motivada, según la información disponible, por diferencias con Spagnuolo. El momento de la renuncia, anterior al estallido público del escándalo, fue señalado por analistas y legisladores opositores como un dato que la investigación judicial debería considerar. Tras salir de ANDIS, volvió a AySA como asesora de la presidencia de la empresa, cargo en el que, según trascendió, permaneció hasta principios de 2026 cuando no le renovaron el contrato.

La causa ANDIS y la denuncia de Dalbón

El escándalo en ANDIS involucró denuncias de sobornos equivalentes al 3% de los contratos, reparto de dinero en contrataciones vinculadas a funcionarios del organismo y menciones en los audios filtrados a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y a integrantes de la familia Menem. Cerimedo declaró ante la justicia federal que el propio Spagnuolo le informó sobre las presuntas coimas y que él trasladó esa información al presidente Javier Milei y a la ministra Sandra Pettovello. En esa declaración, el consultor admitió conocer la situación de primera mano, en parte porque Basil era la responsable del presupuesto de asignaciones de la entidad.

Ese testimonio fue la base sobre la que el abogado Gregorio Dalbón presentó, en septiembre de 2025, una denuncia ante la justicia federal contra Basil y contra el propio Cerimedo, acusándolos de presunto encubrimiento del esquema de corrupción. La denuncia identificó a Basil por el rol que cumplía dentro del organismo y a Cerimedo por haber admitido conocer los hechos sin haberlos denunciado en tiempo y forma. La acusación plantea una hipótesis que la justicia deberá evaluar; no constituye por sí sola prueba de participación en un esquema delictivo.

Lo que dijo Beller: la filtración de los audios y Karina Milei

Las declaraciones de Nadia Beller desde el hospital de Santa Cruz de la Sierra incorporaron una capa completamente nueva a la figura de Basil. La víctima relató que fue el propio Cerimedo quien, durante la relación que mantuvieron, le contó detalles sobre el origen de los audios que desencadenaron la causa ANDIS. «Él me contó que ellos sí filtraron los audios. Yo le dije que ella era una corrupta, y él me dijo que ella no era corrupta porque fue ella quien filtró los audios para parar la corrupción de Milei y su hermana», declaró Beller en una entrevista telefónica, según publicaron varios medios nacionales.

La acusación es indirecta: Beller no afirmó haber presenciado la filtración ni aportó una prueba independiente que vincule a Basil con la difusión de los audios. Pero el señalamiento alcanzó repercusión inmediata porque, si la versión fuera confirmada, implicaría que los propios integrantes del entramado libertario habrían expuesto internamente la corrupción del organismo como parte de una disputa de poder, antes de que la investigación judicial avanzara de manera autónoma. La justicia federal ya solicitó que Beller sea citada a declarar como testigo en la causa ANDIS. Los audios atribuidos a Spagnuolo comenzarán a ser peritados el 26 de agosto, a pedido de la defensa del ya procesado exdirector del organismo.

Australis Energy, Patagonia Energy y el vínculo con la SIDE

El perfil empresarial de Basil no se detuvo en ANDIS. El 30 de julio de 2025, constituida pocos meses después de su salida del organismo estatal, fundó Australis Energy Group S.R.L., una empresa con un objeto social que abarca desde la exploración geológica hasta la explotación de hidrocarburos, minería de litio, oro y gas, y la generación de energías tradicionales y alternativas. Basil posee el 50% del capital y ejerce la gerencia. Su socio en esa firma es Vicente Federico Quintanal.

Quintanal también comparte con Basil la sociedad Patagonia Energy Holding S.A., constituida en febrero de 2024. Y aparece junto a Cerimedo en dos estructuras adicionales, ambas con domicilio en Tucumán 1438, piso 2, oficina 202: la Compañía Sudamericana de Inversiones S.A., de abril de 2024, y Surlibre Inversiones S.A., de mayo de ese año. En «Compañía Sudamericana» también participa Roque Cambareri, un empresario vinculado al mercado del litio. La documentación societaria reconstruye una trama de empresas que conecta a Cerimedo y a Basil con Quintanal, y a través de él, según publicó la revista La Justa, con figuras históricamente vinculadas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): entre ellas, Silvia Majdalani, ex segunda del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Beller fue más lejos en sus declaraciones al referirse a esas estructuras. Señaló que Cerimedo participaba junto al presidente boliviano Rodrigo Paz, su esposa y otras personas en negocios vinculados a la gasolina, el diésel y el oro, y que Quintanal lavaba dinero proveniente de esos negocios. También atribuyó a Basil el manejo del tancaje de combustible de la empresa Futura en Argentina. Cerimedo, según Beller, le habría asegurado que Basil pertenece a la CIA, algo que la propia víctima aclaró que no le consta y que no puede verificar. Las acusaciones referidas a actividades de inteligencia son por ahora versiones, pero que preocupan al poder, tanto en la Argentina como en Bolivia.

Un expediente que sigue abierto

Basil no hizo declaraciones públicas desde que estalló el caso en Bolivia. Su nombre acumula frentes simultáneos: la causa ANDIS en la justicia federal argentina, la denuncia de Dalbón por encubrimiento, las acusaciones de Beller sobre la filtración de los audios y el señalamiento sobre las empresas energéticas compartidas con Quintanal. Ninguno de estos elementos constituye por sí solo una condena ni una imputación formal. Pero la convergencia de todos ellos en torno a una única figura no puede ser ignorada por los investigadores.

La figura de Basil condensa, en un solo nombre, varias de las tramas que atraviesan al universo libertario: el ecosistema mediático de La Derecha Diario, el aparato de comunicación digital que catapultó a Milei, la gestión de recursos del Estado en un organismo sensible, las nuevas estructuras empresariales en el sector energético y minero, y ahora, por el testimonio de Beller, la posible vinculación con negocios transfronterizos que la víctima calificó directamente como corruptos.

Puntos clave

• Natalia Basil fue directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de ANDIS entre mayo y noviembre de 2024, renunció antes del estallido público del escándalo y volvió a AySA como asesora hasta principios de 2026.
• El abogado Gregorio Dalbón la denunció ante la justicia federal junto a Cerimedo en septiembre de 2025 por presunto encubrimiento del esquema de coimas en ANDIS.
• Nadia Beller declaró desde el hospital que Cerimedo le contó que él y Basil filtraron los audios de Spagnuolo «para parar la corrupción de Milei y su hermana»; la justicia federal solicitó que Beller declare como testigo en la causa.
• En julio de 2025 Basil constituyó Australis Energy Group S.R.L. junto a Vicente Quintanal, quien también es socio de Cerimedo en empresas registradas en el mismo domicilio; la documentación societaria la conecta, a través de Quintanal, con el entorno histórico de la SIDE.
• Beller también la acusó de manejar negocios de combustible y oro vinculados al gobierno boliviano de Rodrigo Paz, acusaciones que por ahora son versiones, pero que la debería investigar.