Denuncia
Fatpren exigió justicia por el femicidio de la periodista correntina
Hay audios donde expresa que es víctima de hostigamiento y amenazas que la inquietaban. En los últimos mensajes a sus hijos los alertaba y les decía que si le llegaba a «pasar algo» debían contactarse con su abogada.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el colectivo de Periodistas Argentinas exigieron este miércoles «justicia y una investigación transparente al Poder Judicial» para el esclarecimiento del asesinato de la periodista correntina Griselda Blanco.
«Más allá del deseo de justicia y que se aclare rápidamente este hecho, hay muchísimas cuestiones que no se pueden dejar afuera que tienen que ver con el trabajo de Griselda como periodista y sus denuncias a diversos sectores de poder de los cuales recibió hostigamiento y amenazas», dijo la periodista Silvia Martínez Cassina en conferencia de prensa.
Martínez Cassina explicó que la colega correntina asesinada trabajaba precarizada desde su casa efectuando denuncias, puntualmente sobre «casos de corrupción en la Policía local», entre ellos, de una «alta autoridad de esta fuerza de la que tenía información de denuncias de abuso» y que acababa de ser trasladada a su ciudad, Curuzú Cuatía.
«Hay audios de ella donde expresa que es víctima de hostigamiento y amenazas que la inquietaban, al igual que los últimos mensajes a sus hijos donde los alertaba y les decía que si le llegaba a ‘pasar algo’ debían contactarse con su abogada Silvia Casarrubia», relató Martínez Cassina.
A continuación, pudo escucharse uno de los audios que Blanco le envió a su abogada días antes de ser asesinada, donde le pedía ayuda y decía: «Yo no tengo miedo pero a mí siempre me están amenazando por informar la verdad, lo único que hago es mi trabajo que es comunicar y siempre con la verdad, pero recibo mucha presión, muchas amenazas».
Según informaron durante la conferencia, la periodista trabajaba con dos celulares y «uno desapareció misteriosamente».
«Ella además estaba muy preocupada por sus fuentes y que haya desaparecido su teléfono quiere decir que esas fuentes deben ser protegidas e investigar dónde está ese celular», advirtió la referente de Periodistas Argentinas Claudia Acuña.
Asimismo, las voceras de las organizaciones de periodistas presentes solicitaron que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituya como querellante en la causa como garantía para tener un «mayor seguimiento sobre el expediente» y de «cada paso de la causa», dada su «trayectoria en la lucha por los derechos humanos, contra la impunidad y la violencia institucional en el país».
«Estamos muy preocupadas por las ‘Griseldas’ de este país, en todas las provincias que están ejerciendo la profesión en condiciones de mucha exposición», expresó Acuña, y reafirmó la necesidad de estar «más unidas y organizadas que nunca para cuidar a cada compañera».
En este sentido, la secretaria General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Carla Gaudensi, sostuvo que «el rol de Griselda muestra la violencia política y económica que sufrimos las mujeres y las diversidades», en tanto «era una trabajadora precarizada» con un «marco de mayor indefensión frente a estas situaciones».
«Esto pasa en distintos puntos del país y tiene que ver con el poder real del patriarcado sobre nosotras. Esa presión de los poderes económicos, políticos y policiales sobre una sola es mucho más fuerte, por lo que tenemos que estar cada vez más organizadas para enfrentarlo en conjunto», argumentó Gaudensi.
Blanco (44) fue hallada estrangulada, con una soga en el cuello, tirada en el piso, con golpes en el rostro y heridas de arma blanca en su casa de la calle Juan Pujol, de Curuzú Cuatiá, la noche del pasado sábado.
Hasta ahora el único imputado es su expareja, Armando Jara, quien se encuentra detenido como autor del femicidio de la mujer, mientras que la abogada de la familia de la víctima, Andrea Tribbia, dijo ayer que aportaron a la fiscal «información sobre otra persona» que podría estar entre los sospechosos.
Y al referirse a Jara, la letrada dijo en diálogo con Radio Dos que si bien no lo descartan como sospechoso «tampoco está en la lista de los prioritarios».
En línea con lo expresado hoy durante la conferencia de prensa, la querellante mencionó una situación que consideró deben tener en cuenta los investigadores y que es el hallazgo, por parte de uno de los hijos de la víctima, de una captura de pantalla que ella le envió y que era preocupante.
«No era habitual en ella preocupar a sus hijos. Su actitud era de confrontar, de pasar por alto amenazas, ella se reía de eso», detalló sobre esa prueba Tribbia y añadió: «Son muchas las personas que la amenazaron, no sabemos la naturaleza del vínculo, pero la reacción por ese mensaje no era habitual en ella.»
La mujer era trabajadora de prensa radial y producía transmisiones en vivo de programas dedicados al periodismo local.
Además de la denuncia contra el comisario de la Policía provincial por supuesto abuso sexual, la periodista curuzucuateña también denunció un caso de mala praxis en el hospital «Dr. Fernando Irastorza», donde murió una amiga, y advirtió sobre «los vínculos de la conducción del centro de salud con el poder político y policial».
Desde la Fatpren sostuvieron que «es fundamental una investigación a fondo que no descarte ninguna hipótesis hasta tener la totalidad de la información».
Denuncia
Primero el disparo, después la censura: Villarruel y Bullrich prohíben muestra fotográfica de Pablo Grillo
Cancelaron la exhibición y la ceremonia en la que se le iba a entregar al fotoperiodista gravemente herido durante una represión un diploma de honor. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
Censura y represión: Villarruel y Bullrich vetaron la muestra fotográfica de Pablo Grillo en el Congreso
★ En el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor que iba a entregarse este viernes al fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante la represión del 12 de marzo de 2025. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
La actividad estaba programada para este viernes 8 de mayo a las 16:30 en el Salón Azul del Senado, organizada por el senador justicialista Eduardo «Wado» De Pedro en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. El evento incluía la entrega de un diploma de honor a Grillo y una exposición de su obra fotográfica, pero fue cancelada intempestivamente horas antes de su realización, a pesar de haber contado con autorización previa.
La denuncia de De Pedro
«La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada públicamente, hasta que intempestivamente y sin explicación se nos comunicó que la autorización había sido revocada», señaló De Pedro en una publicación en la red social X. El senador por la provincia de Buenos Aires apuntó directamente contra las responsables: «Victoria Villarruel y Patricia Bullrich no quieren que se vean las fotos porque tienen miedo de que Pablo hable a través de su obra, tienen miedo al testimonio de su familia y le tienen miedo a la voz de las víctimas de violencia institucional». De Pedro calificó la medida como «una decisión autoritaria, un atropello a los valores democráticos y un nuevo acto de censura».
La familia: «No solo censuran fotos, atacan la libertad de expresión»
El padre de Pablo, Fabián Grillo, fue contundente al repudiar la cancelación: «No se censuran solamente fotos. Se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no van a callar su mirada». Convocó a reunirse este viernes a las 16:30 en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) para compartir igualmente la obra del fotógrafo.
La fecha elegida no fue casual: el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, y Patricia Bullrich era ministra de Seguridad cuando Gendarmería Nacional y Policía Federal reprimieron a los jubilados y a trabajadores de prensa que cubrían la marcha del 12 de marzo de 2025.
El ataque y sus consecuencias
Pablo Grillo, de 36 años, resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 cuando el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, disparó una lata de gas lacrimógeno directamente hacia su cabeza. Según estableció la investigación judicial, Guerrero efectuó seis disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) «sin que existiera un contexto de agresión». Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, con secuelas cognitivas permanentes. Permaneció meses en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. El 27 de noviembre de 2025 recibió el alta de la unidad de cuidados intensivos.
El gendarme, a un paso del juicio oral
La cancelación del homenaje se produjo en medio de un avance judicial de enorme trascendencia: el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el gendarme Guerrero. Los delitos imputados son lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado, cometido en cinco oportunidades. Taiano sostuvo que el comportamiento del efectivo representó «un peligro concreto para la vida e integridad física» de los manifestantes y que actuó con «plena conciencia de que infringía las normas». A su vez, la querella de la familia Grillo también requirió a la jueza María Servini la elevación a juicio oral del caso.
La Editorial Perfil le otorgó a Grillo el Premio Perfil 2025 a la Libertad de Prensa Nacional en reconocimiento a su trabajo y al impacto institucional del ataque sufrido mientras ejercía su labor informativa. El galardón fue recibido por su padre, Fabián, quien expresó: «No debería estar acá yo. Pablo estaría ahí, tendría que estar ahí con sus colegas».
Censura que confirma el patrón
La decisión de vetar la muestra de Grillo se inscribe en una serie de restricciones a la libertad de prensa que el actual gobierno impulsa de manera sistemática: acreditaciones negadas a periodistas críticos en la Casa Rosada y el Congreso, cierre de medios públicos y reducción del financiamiento a la comunicación. Desde la cuenta «Justicia por Pablo Grillo» el resumen fue lapidario: «Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura».
Puntos clave:
- Villarruel y Bullrich cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor a Grillo en el Salón Azul del Senado, pese a estar autorizada previamente.
- La cancelación ocurrió en el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el 8 de mayo de 2026.
- El fiscal federal Taiano y la querella de la familia Grillo pidieron la elevación a juicio oral del gendarme Héctor Guerrero.
- Guerrero está imputado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado en cinco oportunidades.
- La familia convocó a mostrar la obra de Grillo en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) a las 16:30 del viernes 8 de mayo.
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