Denuncia
Fatpren exigió justicia por el femicidio de la periodista correntina
Hay audios donde expresa que es víctima de hostigamiento y amenazas que la inquietaban. En los últimos mensajes a sus hijos los alertaba y les decía que si le llegaba a «pasar algo» debían contactarse con su abogada.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el colectivo de Periodistas Argentinas exigieron este miércoles «justicia y una investigación transparente al Poder Judicial» para el esclarecimiento del asesinato de la periodista correntina Griselda Blanco.
«Más allá del deseo de justicia y que se aclare rápidamente este hecho, hay muchísimas cuestiones que no se pueden dejar afuera que tienen que ver con el trabajo de Griselda como periodista y sus denuncias a diversos sectores de poder de los cuales recibió hostigamiento y amenazas», dijo la periodista Silvia Martínez Cassina en conferencia de prensa.
Martínez Cassina explicó que la colega correntina asesinada trabajaba precarizada desde su casa efectuando denuncias, puntualmente sobre «casos de corrupción en la Policía local», entre ellos, de una «alta autoridad de esta fuerza de la que tenía información de denuncias de abuso» y que acababa de ser trasladada a su ciudad, Curuzú Cuatía.
«Hay audios de ella donde expresa que es víctima de hostigamiento y amenazas que la inquietaban, al igual que los últimos mensajes a sus hijos donde los alertaba y les decía que si le llegaba a ‘pasar algo’ debían contactarse con su abogada Silvia Casarrubia», relató Martínez Cassina.
A continuación, pudo escucharse uno de los audios que Blanco le envió a su abogada días antes de ser asesinada, donde le pedía ayuda y decía: «Yo no tengo miedo pero a mí siempre me están amenazando por informar la verdad, lo único que hago es mi trabajo que es comunicar y siempre con la verdad, pero recibo mucha presión, muchas amenazas».
Según informaron durante la conferencia, la periodista trabajaba con dos celulares y «uno desapareció misteriosamente».
«Ella además estaba muy preocupada por sus fuentes y que haya desaparecido su teléfono quiere decir que esas fuentes deben ser protegidas e investigar dónde está ese celular», advirtió la referente de Periodistas Argentinas Claudia Acuña.
Asimismo, las voceras de las organizaciones de periodistas presentes solicitaron que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituya como querellante en la causa como garantía para tener un «mayor seguimiento sobre el expediente» y de «cada paso de la causa», dada su «trayectoria en la lucha por los derechos humanos, contra la impunidad y la violencia institucional en el país».
«Estamos muy preocupadas por las ‘Griseldas’ de este país, en todas las provincias que están ejerciendo la profesión en condiciones de mucha exposición», expresó Acuña, y reafirmó la necesidad de estar «más unidas y organizadas que nunca para cuidar a cada compañera».
En este sentido, la secretaria General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Carla Gaudensi, sostuvo que «el rol de Griselda muestra la violencia política y económica que sufrimos las mujeres y las diversidades», en tanto «era una trabajadora precarizada» con un «marco de mayor indefensión frente a estas situaciones».
«Esto pasa en distintos puntos del país y tiene que ver con el poder real del patriarcado sobre nosotras. Esa presión de los poderes económicos, políticos y policiales sobre una sola es mucho más fuerte, por lo que tenemos que estar cada vez más organizadas para enfrentarlo en conjunto», argumentó Gaudensi.
Blanco (44) fue hallada estrangulada, con una soga en el cuello, tirada en el piso, con golpes en el rostro y heridas de arma blanca en su casa de la calle Juan Pujol, de Curuzú Cuatiá, la noche del pasado sábado.
Hasta ahora el único imputado es su expareja, Armando Jara, quien se encuentra detenido como autor del femicidio de la mujer, mientras que la abogada de la familia de la víctima, Andrea Tribbia, dijo ayer que aportaron a la fiscal «información sobre otra persona» que podría estar entre los sospechosos.
Y al referirse a Jara, la letrada dijo en diálogo con Radio Dos que si bien no lo descartan como sospechoso «tampoco está en la lista de los prioritarios».
En línea con lo expresado hoy durante la conferencia de prensa, la querellante mencionó una situación que consideró deben tener en cuenta los investigadores y que es el hallazgo, por parte de uno de los hijos de la víctima, de una captura de pantalla que ella le envió y que era preocupante.
«No era habitual en ella preocupar a sus hijos. Su actitud era de confrontar, de pasar por alto amenazas, ella se reía de eso», detalló sobre esa prueba Tribbia y añadió: «Son muchas las personas que la amenazaron, no sabemos la naturaleza del vínculo, pero la reacción por ese mensaje no era habitual en ella.»
La mujer era trabajadora de prensa radial y producía transmisiones en vivo de programas dedicados al periodismo local.
Además de la denuncia contra el comisario de la Policía provincial por supuesto abuso sexual, la periodista curuzucuateña también denunció un caso de mala praxis en el hospital «Dr. Fernando Irastorza», donde murió una amiga, y advirtió sobre «los vínculos de la conducción del centro de salud con el poder político y policial».
Desde la Fatpren sostuvieron que «es fundamental una investigación a fondo que no descarte ninguna hipótesis hasta tener la totalidad de la información».
Denuncia
ATE denuncia una nueva ola de despidos en Capital Humano bajo el decreto de Sturzenegger
La Asociación Trabajadores del Estado advirtió que el decreto 378/2026 habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 agentes de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez. La octava ola de despidos en el Estado avanza en plena porosidad del Gobierno por el caso Adorni.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el decreto 378/2026, firmado por Javier Milei y Sandra Pettovello el 22 de mayo, habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 trabajadores de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. Es la octava embestida contra el empleo públçico desde el inicio de la gestión libertaria y llega en plena crisis política del Gobierno por el caso Adorni.
El ministerio de Federico Sturzenegger no para. Mientras el Gobierno enfrenta una turbulencia política sin precedentes por la investigación judicial que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la maquinaria de desguace estatal sigue funcionando a pleno. Este viernes, ATE convocó a una conferencia de prensa frente al edificio del Ministerio de Capital Humano para denunciar públicamente lo que los gremios estatales calificaron como una nueva ola de cesantías masivas, la octava desde diciembre de 2023.
El decreto que habilitó la poda
El decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo, establece la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada jurisdicción”. Fuentes del sindicato consultadas por este medio explicaron que, en la práctica, la norma eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías bajo la órbita de Pettovello: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. “Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, detallaron desde ATE.
El delegado general de ATE-Trabajo, Hernán Izurieta, precisó que el expediente ya se encontraba “en la fase final del circuito administrativo, en Legal y Técnica de Presidencia”. “Básicamente lo que hacen es la centralización administrativa a nivel de Capital Humano de las áreas de gestión administrativa, sistemas, jurídicos y otras de esa índole, lo que impacta en las tres secretarías, ya sea mediante la degradación de áreas o directamente de la eliminación”, explicó.
El rastro de la motosierra en Capital Humano
El contexto no es nuevo, pero su magnitud es creciente. Según confirmaciones gremiales, el Ministerio de Capital Humano ya aportó al menos 10.000 trabajadores de los más de 60.000 despidos estatales acumulados desde el inicio de la gestión Milei. La nueva ola, advirtieron gremios como UPCN y ATE, podría sumar otros 400 pases a disponibilidad en lo inmediato, con proyecciones que los sindicatos ubican por encima del millar si se considera el alcance total de la reestructuración.
Detrás de la decisión, según fuentes sindicales y periodistas especializados, se ve la mano del Ministerio de Desregulación. Pettovello, indican fuentes con acceso a la interna del gabinete, aceptó el rediseño que le impuso Sturzenegger con la misma resignación con la que aceptó los recortes de programas sociales ordenados por Luis “Toto” Caputo. La poda presupuestaria vinculada a la reestructuración administrativa alcanza los 2.597.505.424 pesos anuales, equivalentes a unos 200 millones de dólares al tipo de cambio actual, de acuerdo a documentos internos de la cartera.
Doble vara y acusación de evasion fiscal
Desde ATE no solo se resistio el ajuste sobre los puestos de trabajo, sino que se señaló una contradicción que el Gobierno evita explicar. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores. Además, utilizan el Estado para evadir impuestos”, cuestionaron fuentes del sindicato. La referencia apunta directamente a las modificaciones en materia de régimenes de información impulsadas por el Gobierno, que organismos de economistas como el Foro Economía y Trabajo calificaron como un mecanismo que “vació de datos al fisco” y protege la fuga de capitales.
Retiros voluntarios como antesala de los despidos
Mientras tanto, fuentes libertarias confirmaron que en distintos organismos estatales ya se impulsan esquemas de retiro voluntario para achicar la planta de personal. “Es el paso previo a los despidos”, admitieron desde el entorno de La Libertad Avanza, en una caracterización que expone la lógica de la estrategia: desgaste paulatino, presión sobre los trabajadores para que “voluntariamente” abandonen sus puestos antes de que llegue la cesantía formal.
Los dirigentes de ATE precisaron que durante la conferencia de prensa darán a conocer las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para frenar la reestructuración. El ministro Sturzenegger no respondió a las consultas periodistícas al cierre de esta edición.
Puntos clave
- El decreto 378/2026 eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano; al menos 400 trabajadores de planta permanente quedan en riesgo de pase a disponibilidad.
- Es la octava ola de despidos en el Estado desde el inicio de la gestión Milei; el ministerio de Pettovello ya perdió al menos 10.000 trabajadores.
- La reestructuración fue diseñada por el ministerio de Sturzenegger e impuesta sobre Capital Humano, con un recorte presupuestario estimado en 2.597 millones de pesos anuales.
- Fuentes libertarias admitieron que los retiros voluntarios en marcha en distintos organismos son el paso previo a nuevas cesantías formales.
- ATE denunció una doble vara: el Gobierno persigue a los trabajadores mientras Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal para proteger a los evasores.
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