Denuncia
¿Quién es Joe Lewis? El británico que se apropió de Lago Escondido
El prepotente magnate de 85 años es amigo de Mauricio Macri y está decidido a quedarse con el lago cueste lo que cueste. Ya impidió de manera violenta que un grupo de manifestantes acceda al lugar. Además, argumenta de manera reaccionaria que esas tierras son propiedad británica. Es el arquetipo de cómo el dinero mueve el mundo.
Por Romina Calderaro
Material multimedia y redes sociales por corresponsal de El Argentino en la zona del conflicto.
El magnate británico Joe Lewis no sólo se apropió de 12.000 hectáreas en la Patagonia, Lago Escondido incluido, a 50 kilómetros de El Bolsón. El amigo del expresidente Mauricio Macri –quien fue asiduo invitado a la propiedad durante su mandato y le hizo varios favores– también tiene un aeropuerto privado en Río Negro con una pista de casi dos mil metros de largo, cerca de la costa atlántica, a 30 kilómetros de Sierra Grande, cuyos movimientos se desconocen y que no tiene radares.
En dos horas, un avión puede llegar de ahí a las Islas Malvinas y -según contó la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y principal querellante en la causa de la apropiación de las tierras, Magdalena Odarda- hubo denuncias de vuelos hacia la zona que quedaron en la nada.
Los miembros de la comunidad no le conocen la cara a Lewis –sólo visitaron su mansión políticos y empresarios- y no saben cuándo está o no en la provincia. Pero quieren acceder al lago. Es su derecho.
Pueblo chico, infierno grande: los vecinos se enteran igual de las obras que se hacen en la estancia: apeos, puentes. Lewis, a través de sus empleados, se encarga de convertir el bosque nativo en la mansión de sus sueños y no quiere que el «vulgo» pise la misma tierra que él camina cada tanto, pero que tiene bien custodiada.
Precisamente, el domingo impidió violentamente a través de su grupo de choque que un grupo de manifestantes ingresara a Lago Escondido haciendo el llamado «camino largo».
Son tres horas caminando en la montaña o a caballo. La travesía es muy peligrosa, aún para gente muy entrenada. Por eso, Odarda tuvo un accidente en el caballo cuando tiempo atrás lo quiso hacer. El camino corto es más amable, pero Lewis tampoco permite que se use. Se llama Tacuifí, o «Tanto tiempo» en lengua mapuche.
Billetera mata galán
Dueño de la sexta fortuna más grande del Reino Unido, el dinero de Lewis asciende a más de 5.000 millones de dólares. Según la revista Forbes, terminó 2015 en el puesto 277° de los hombres más ricos del mundo.
Es la cara visible de un poderoso grupo económico dueño del club Tottenham y parte de Pampa Holding, que tiene entre sus activos a Edenor, la mayor distribuidora de electricidad del país, una de las grandes compañías de servicios públicos y cuyo margen de ganancias aumentó exponencialmente con la política de tarifas de Macri..
El dinero pesa a la hora de imponer su voluntad sobre la ley. Porque si bien la causa en la que se lo investigaba por la triangulación en la compra de las tierras en 2016 -cuya querellante es Odarda- prescribió, está vigente el fallo que establece que los rionegrinos pueden acceder al lago por las dos vías que ofrece la ruta 40.
Los vecinos se manifiestan, protestan y van a la justicia. Pero los más díscolos sufrieron amenazas y muchos no quieren hablar por temor a nuevas represalias.
Lewis está asociado a otro empresario cercano al macrismo, Marcelo Mindlin, quien compró la constructora del Grupo Macri, que pertenecía a su primo Angelo Calcaterra. Una operación que no dejó de generar suspicacias.
Durante los noventa, el empresario inglés de 85 años compró la estancia de la polémica y fue denunciado por adquirir esas hectáreas por un valor muy debajo del mercado y por haber triangulado la operación para que su nombre, el de un extranjero, no figure como propietario de esa cantidad de tierras en una zona de frontera.
Pero la principal polémica se suscitó cuando impidió el acceso a Lago Escondido. Lo denunció la dirigente de la Coalición Cívica Madgalena Odarda, quien obtuvo fallos a favor en 2009, 2012 y 2013 que Lewis nunca se molestó en cumplir. Odarda fue la principal querellante.
Amigos son los amigos
El expresidente Macri se ocupó de defenderlo en público: dijo que no entendía la “sistemática búsqueda para agredirlo”. Y sostuvo que gracias a él los vecinos de Lago Escondido “tiene un mejor acceso que el que tenía antes”. Una mentira de cabo a rabo. Pero defendía a su amigo empresario, en cuyo helicóptero supo visitar junto a su familia la mansión con el espejo de agua.

No fue el único favor que le hizo a Lewis: en julio de 2016, Macri modificó la Ley de Tierras y eliminó el tope de mil hectáreas que tenían los extranjeros. No obstante, Lewis sigue enfrentando problemas judiciales: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció este domingo agresiones y amenazas a un grupo de manifestantes que marchan en reclamo de la soberanía del Lago Escondido.
Un espectro muy presente
Ana Wienman es secretaria de la Asociación Civil Árbol de Pie y lucha desde hace años para que este hombre deje de incumplir la ley y perjudicar el medio ambiente. «Ninguno de nosotros lo conoce personalmente, digo la comunidad, los políticos sí», sostuvo.
Y como todo hombre poderoso que conoce el ABC del maquiavelismo, consiguió en parte dividir a los vecinos con falsas «donaciones» o «regalos envenenados».
El hospital
«Alguno te va a decir que por culpa nuestra se perdió un hospital que se ofrecía a donar. La realidad es que iba a ser a cambio de un sector que se conoce como AMPRALE (Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido). Es una zona intangible donde están los últimos laguitos antes del Escondido», dijo Wienman.
Un símbolo de acceso al agua
«Lewis es un símbolo porque estamos hablando del acceso al agua, con el tiempo nadie el problema va a ser no ya que la gente no va a poder llegar a la costa, sino directamente al agua», advirtió.
«Hacés los pedidos de informes y nadie te contesta. Siempre denunciamos el abandono de los bosques provinciales. De
15 inspectores entrenados que tendríamos que tener, tenemos dos. Pero acá, en Bariloche, lo que se avanza en el desarrollo inmobiliario», se lamentó.
«Nos sentimos impotentes porque son muchos años de hacer siempre los mismos reclamos. Y la respuesta son amenazas, cartas documentos», admitió.
El costo de investigar
Carlos Balbín, el Procurador del Tesoro que presentó su renuncia apurado por Macri, había intervenido en la causa por la compra de Lewis. Le mandó una carta al entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, explicàndole que el Estado podía hacer una «acción de repeticiçon» para recuperar las tierras.
Su valentía fue parte de una serie de hechos similares que terminaron con la salida de Balbín del cargo.
Una rueda aflojada adrede
Cuando Odarda era legisladora provincial por Río Negro, en 2013, una mañana dejó la camioneta en un estacionamiento público de San Carlos de Bariloche y fue al juzgado a ver el expediente del caso Lago Escondido. Cuando salió, no se dio cuenta de que le habían aflojado los bulones de una rueda. Dice que «no ocurrió un accidente porque salíamos de viaje y elegimos ir por camino de tierra y despacio. Pero la rueda se salió completamente», contó. Obviamente hizo la denuncia con resultado nulo.
En otra ocasión, cuando denunciaron la existencia del aeropuerto cercano a Sierra Grande, sufrieron un robo en el bloque legislativo. Desaparecieron todas las computadoras. Odarda no se amedrentó y sigue investigando pero sabe que el enemigo es muy poderoso.
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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