DDHH
PreDictadura | Causa Villazo: piden prisión preventiva para 20 acusados
El «Villazo» se inició el 20 de marzo de 1975, cuando un conjunto de tropas militares, policiales y parapoliciales «ocupó» la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y cometió homicidios, secuestros y tormentos sobre militantes sindicales y políticos.
El equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario solicitó al Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) que dicte prisión preventiva a los 20 procesados por delitos de lesa humanidad en la causa conocida como «Villazo», que aguardan el juicio en libertad, informaron fuentes del organismo.
A través de una presentación escrita ante el TOF1 de Rosario, la APDH requirió esa medida frente al «peligro de fuga y entorpecimiento procesal» de los imputados que permanecen en libertad, indicaron a Télam fuentes de la querella.
El organismo defensor de los derechos humanos recordó que en la causa hay un solo procesado que cumple prisión preventiva, mientras que otros cuatro fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.
En un comunicado señalaron que «los demás, que gozan impunemente de libertad, representan un serio y real riesgo de fuga y con ello, la frustración del inicio del juicio que ya lleva 48 años de espera».
Si bien el Tribunal aún no fijó la fecha de inicio del proceso oral por los hechos conocidos históricamente como «Villazo», por la ocupación militar, policial y paramilitar de la ciudad santafesina de Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975, está previsto que se sustancie en el segundo semestre de este año, indicaron desde la delegación local de la APDH.
«La petición exige que los procesados por la causa del ‘Villazo’ esperen el inicio de juicio con la imposición de prisión preventiva en cárcel común», indicó el organismo.
La causa por el «Villazo» juzgará homicidios, torturas, privación ilegal de la libertad y asociación ilícita, cometidos en perjuicio de 67 víctimas, en su mayoría integrantes de la Lista Marrón de la delegación Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Alberto Piccinini, que entonces estaba enfrentada a su conducción nacional, en manos del histórico dirigente Lorenzo Miguel.
El único imputado que se encuentra con prisión preventiva es el expolicía federal Roberto Raúl Squiro, mientras que los acusados Roberto Pellegrini, Ricardo Torralvo, Antonio Federico Bossié y Bernardo Luis cumplen prisión domiciliaria.
Los restantes 20 procesados están en libertad a la espera de la realización del juicio.
«Desde la APDH exigimos proteger este proceso de lesa humanidad, que tanto camino ha recorrido en estos 10 años de lucha judicial y en las calles de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos», agregó la querella de la APDH.
El «Villazo» se inició el 20 de marzo de 1975, cuando un conjunto de tropas militares, policiales y parapoliciales «ocupó» la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y cometió homicidios, secuestros y tormentos sobre militantes sindicales y políticos.
Según la investigación, ese proceso represivo ofició como «laboratorio» de lo que un año después se extendería a todo el país tras el golpe de Estado a la presidenta María Estela Martínez de Perón.
Entre los acusados hay dos empleados jerárquicos de la empresa Acindar, que de acuerdo a la investigación prestó sus instalaciones para la represión ilegal de sus obreros, brindó información sobre ellos y pagó sobresueldos a policías para la persecución de los militantes de la Lista Marrón de la UOM.
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“El mal existe y debe ser sometido por la fuerza”: Milei reivindicó la represión y negó los crímenes de la dictadura en el acto por San Martín
En la ceremonia por el 176° aniversario de la muerte del Libertador, el presidente ensayó un discurso negacionista sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar, ponderó el rol represivo de las fuerzas de seguridad y llamó a «someter por la fuerza» a quienes «eligen el mal», sin mencionar las reiteradas represiones a jubilados y organizaciones sociales que ocurren cada miércoles bajo su propio gobierno.
Javier Milei encabezó este lunes el acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. Junto a él, la cúpula de su gabinete y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Lo que comenzó como una ceremonia de homenaje al prócer fundacional de la Nación derivó en uno de los discursos más reveladores, y más inquietantes, de su gestión.
Negacionismo en el Monumento al Libertador
El punto más grave del discurso presidencial fue el que pasó más inadvertido en la cobertura oficial. Milei aseguró que el «instrumento militar» del país «fue demonizado y desfinanciado por demasiado tiempo» y afirmó que ese «camino fue equivocado». La declaración, pronunciada frente a la plana mayor de las Fuerzas Armadas, no contiene ningún matiz ni contexto: borra de un plumazo los 30.000 detenidos desaparecidos, los vuelos de la muerte, los centros clandestinos de detención y los bebés robados que motivaron precisamente ese proceso de revisión crítica sobre el rol militar. Los juicios por crímenes de lesa humanidad, que continúan siendo sustanciados en los tribunales federales de todo el país, no merecieron ni una mención.
En ese mismo marco, el presidente reclamó «unas Fuerzas Armadas equipadas y bien formadas», en sintonía con la política de rearmado y rejerarquización castrense que su gobierno viene impulsando desde el primer día de gestión, incluyendo decretos de aumento salarial diferencial para las fuerzas y la firma de acuerdos de cooperación militar con los Estados Unidos.
«El mal existe y debe ser sometido por la fuerza»
Hacia el cierre de su alocución, Milei pronunció la frase que sintetiza su visión sobre el orden público: «Un pueblo libre también requiere de fuerzas de seguridad capacitadas y provistas de las herramientas necesarias para proteger lo más preciado que tenemos, pues el mal existe y quienes eligen ese camino deben ser sometidos por la fuerza.» La formulación no es casual ni inocente: coloca a las fuerzas de seguridad como árbitras del bien y el mal, y habilita la fuerza como respuesta legítima ante cualquier conducta que el poder de turno clasifique como transgresora.
El presidente completó ese razonamiento con una equiparación que merece ser leída con atención: «El ladrón es también un tirano del prójimo y defender la libertad de Argentina es oponerse con toda la fuerza pública a los criminales.» En un gobierno que ha aplicado gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones a jubilados que reclaman por sus haberes frente al Congreso, la retórica sobre «criminales» y «fuerza pública» adquiere un significado político concreto y documentado.
El silencio sobre los miércoles de represión
Milei no hizo ninguna referencia a las represiones sistemáticas que las fuerzas de seguridad llevan a cabo cada miércoles frente al Congreso Nacional, donde jubilados, pensionados y organizaciones sociales protestan por el ajuste previsional y la destrucción del poder adquisitivo de sus haberes. Esos episodios, documentados semana a semana con imágenes de personas mayores siendo derribadas por policías con escudos, forman parte del registro público y periodístico de su gestión. Pedir más capacitación y herramientas para las fuerzas de seguridad, mientras esas mismas fuerzas reprimen a jubilados, configura una contradicción que el discurso presidencial ni siquiera intenta resolver.
La «batalla cultural» como sustituto de la política económica
En el único pasaje en que Milei reconoció la existencia de malestar social, lo hizo para instrumentalizarlo políticamente. «Internamente, la libertad para sobrevivir requiere de un pueblo próspero y pujante, pues los intentos de los tiranos de turno de sofocar la llama de la libertad siempre se apoyan en el descontento y la pobreza para romper con el orden», sostuvo. El reconocimiento implícito de que su gobierno no resolvió la pobreza ni el descontento no derivó en ningún anuncio de medidas concretas. Milei convocó, en cambio, a «dar la batalla cultural para explicar, una y otra vez, cómo esta prosperidad está basada y depende de los valores que nos hicieron grandes.»
También dejó en claro que para su visión política la necesidad económica del trabajador o del Estado no justifica ningún tipo de reclamo redistributivo: «Ellos nos quieren hacer creer que el pecado es justo y la justicia es pecado, y que el robo está justificado si es por un supuesto bien superior, sea este la necesidad económica del pobre o la necesidad fiscal del Estado.» En esa lógica, cualquier reclamo social queda subsumido en la categoría de amenaza a la libertad, habilitando la respuesta represiva que el propio discurso reivindicó minutos después.
Geopolítica, fronteras y el silencio sobre Huawei
El presidente también anunció la necesidad de «retomar la protección de nuestras fronteras, de elegir bien nuestras alianzas geopolíticas, de luchar contra todas las formas de terrorismo y de pararnos siempre del lado de la democracia.» Las palabras llegaron en un momento en que Milei mantiene un llamativo silencio sobre las presiones ejercidas por funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina para que una cooperativa neuquina deje de contratar servicios de la empresa china Huawei, una señal que compromete la soberanía tecnológica y las capacidades industriales del país. El «buen posicionamiento geopolítico» que pregona el discurso y la subordinación a los intereses norteamericanos en materia de telecomunicaciones plantean, al menos, una pregunta incómoda.
Puntos clave
- Milei afirmó que las Fuerzas Armadas fueron «demonizadas» por «demasiado tiempo», sin mencionar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
- Llamó a «someter por la fuerza» a quienes «eligen el mal», en un discurso que pondera la represión como herramienta de gobierno.
- No hizo ninguna referencia a las represiones semanales a jubilados frente al Congreso, documentadas a lo largo de toda su gestión.
- Presentó la «batalla cultural» como respuesta al descontento social, sin anunciar medidas económicas concretas para revertir la pobreza y la caída del poder adquisitivo.
- Guardó silencio sobre las presiones de la Embajada de Estados Unidos contra la contratación de Huawei por parte de una cooperativa neuquina.
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