El titular de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, había denunciado al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, por su presunta participación «en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales», a través de una Unidad Fiscal «especial».

La Suprema Corte de Justicia informó este viernes que resolvió, por mayoría, hacer lugar al pedido efectuado por el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, de suspender por 90 días (en carácter de licencia obligatoria) al fiscal general del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, según detalló el máximo tribunal provincial.

En ese contexto, cabe destacar que el 22 de junio último, el fiscal Ferrari denunció a Conte Grand por su presunta participación «en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales», a través de una Unidad Fiscal «especial» creada para tal fin.

El fiscal general de Lomas consideró de «gravedad institucional» los delitos denunciados contra el procurador Conte Grand y otros funcionarios a través de la «Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora».

Ferrari denunció a Conte Grand por su presunta participación «en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales».

Según la denuncia de Ferrari, desde esa «unidad especial» se habrían iniciado investigaciones con «el objetivo de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP (Investigación Penal Preparatoria) con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios», en el marco de la doctrina denominada «Lawfare», maniobra con la que también incurre en el incumplimiento en sus deberes como funcionario público.

La discrecionalidad del procurador

Una vez más, Conte Grand utiliza su lugar de privilegio institucional para operar políticamente y, de manera arbitraria, sacar del paso a quienes se crucen es su camino, como sucede ahora con Ferrari. Sin embargo, por otro lado, respalda al cuestionado Federico Nieva Woodgate, el ex fiscal general de Morón suspendido y acusado de crímenes de lesa humanidad.

De igual manera, el procurador general ampara a Karina Iuzzolino, fiscal general interina de Morón, de comportamiento errático, ya que, entre otras irregularidades, a partir de un pedido de ella se habilitó el ingreso de Nieva Woodgate en el Sistema Informático del Ministerio Publico (SIMP), a sabiendas de que está suspendido, incumpliendo sus deberes de funcionario público. Situación que la convierte en partícipe necesario de un delito, del cual, su principal ejecutor es, ni más ni menos, Conte Grand.

Licencia forzada y otras indagaciones

Respecto a la suspensión de Ferrari, la decisión del máximo Tribunal, encuadrada en las prerrogativas de la Corte de conceder licencias a magistrados y funcionarios, fue dispuesta a través de una resolución que contó con el voto conjunto de los ministros Daniel Soria, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan y Sergio Torres. En tanto, el ministro Luis Genoud votó en adhesión a la mayoría. Mientras que el ministro Eduardo de Lázzari, fue el único que votó en disidencia.

En el mismo acto, la Suprema Corte instó al titular de la Procuración General «a que adopte las medidas necesarias para restablecer el correcto funcionamiento de la Fiscalía General del Departamento Judicial Lomas de Zamora, debiendo convocar a los funcionarios más calificados del Ministerio Público, aunque se desempeñen en otros departamentos judiciales».

Conte Grand había solicitado que se investigue si el fiscal suspendido incurrió en «conductas irregulares».

También encomendó a la Subsecretaría de Control de Gestión para que junto a la Procuración General realice un relevamiento de la aludida Fiscalía General, dando intervención, cuando ello resulte pertinente, a la Subsecretaría de Control Disciplinario.

Además, dispuso el monitoreo de las restantes actuaciones penales y disciplinarias en trámite en las que se investigue el desempeño de funcionarios de la Fiscalía General, encomendando a las Subsecretarías de Control Disciplinario y de Control de Gestión la elaboración y periódica remisión al Tribunal de reportes sobre su estado y grado de avance.

En su voto de adhesión a la mayoría, aparte de las medidas señaladas, el doctor Genoud «instó la puesta en marcha del mecanismo constitucional de Jury de Enjuiciamiento regulado por Ley 13.661, como también respecto de otros posibles denunciados por esa vía pertenecientes al ámbito del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora», ya que Conte Grand había solicitado que se investigue si el fiscal suspendido incurrió en «conductas irregulares» en la tramitación de algunas causas.