Judiciales ⚖️
Conte Grand hizo suspender a un fiscal general que lo denunció
Se trata de Enrique Ferrari, titular de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, quien denunció al procurador general bonaerense por su presunta participación «en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales», a través de una Unidad Fiscal «especial».
El titular de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, había denunciado al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, por su presunta participación «en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales», a través de una Unidad Fiscal «especial».
La Suprema Corte de Justicia informó este viernes que resolvió, por mayoría, hacer lugar al pedido efectuado por el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, de suspender por 90 días (en carácter de licencia obligatoria) al fiscal general del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, según detalló el máximo tribunal provincial.
En ese contexto, cabe destacar que el 22 de junio último, el fiscal Ferrari denunció a Conte Grand por su presunta participación «en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales», a través de una Unidad Fiscal «especial» creada para tal fin.
El fiscal general de Lomas consideró de «gravedad institucional» los delitos denunciados contra el procurador Conte Grand y otros funcionarios a través de la «Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora».
Ferrari denunció a Conte Grand por su presunta participación «en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales».
Según la denuncia de Ferrari, desde esa «unidad especial» se habrían iniciado investigaciones con «el objetivo de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP (Investigación Penal Preparatoria) con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios», en el marco de la doctrina denominada «Lawfare», maniobra con la que también incurre en el incumplimiento en sus deberes como funcionario público.
La discrecionalidad del procurador
Una vez más, Conte Grand utiliza su lugar de privilegio institucional para operar políticamente y, de manera arbitraria, sacar del paso a quienes se crucen es su camino, como sucede ahora con Ferrari. Sin embargo, por otro lado, respalda al cuestionado Federico Nieva Woodgate, el ex fiscal general de Morón suspendido y acusado de crímenes de lesa humanidad.
De igual manera, el procurador general ampara a Karina Iuzzolino, fiscal general interina de Morón, de comportamiento errático, ya que, entre otras irregularidades, a partir de un pedido de ella se habilitó el ingreso de Nieva Woodgate en el Sistema Informático del Ministerio Publico (SIMP), a sabiendas de que está suspendido, incumpliendo sus deberes de funcionario público. Situación que la convierte en partícipe necesario de un delito, del cual, su principal ejecutor es, ni más ni menos, Conte Grand.
Licencia forzada y otras indagaciones
Respecto a la suspensión de Ferrari, la decisión del máximo Tribunal, encuadrada en las prerrogativas de la Corte de conceder licencias a magistrados y funcionarios, fue dispuesta a través de una resolución que contó con el voto conjunto de los ministros Daniel Soria, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan y Sergio Torres. En tanto, el ministro Luis Genoud votó en adhesión a la mayoría. Mientras que el ministro Eduardo de Lázzari, fue el único que votó en disidencia.
En el mismo acto, la Suprema Corte instó al titular de la Procuración General «a que adopte las medidas necesarias para restablecer el correcto funcionamiento de la Fiscalía General del Departamento Judicial Lomas de Zamora, debiendo convocar a los funcionarios más calificados del Ministerio Público, aunque se desempeñen en otros departamentos judiciales».
Conte Grand había solicitado que se investigue si el fiscal suspendido incurrió en «conductas irregulares».
También encomendó a la Subsecretaría de Control de Gestión para que junto a la Procuración General realice un relevamiento de la aludida Fiscalía General, dando intervención, cuando ello resulte pertinente, a la Subsecretaría de Control Disciplinario.
Además, dispuso el monitoreo de las restantes actuaciones penales y disciplinarias en trámite en las que se investigue el desempeño de funcionarios de la Fiscalía General, encomendando a las Subsecretarías de Control Disciplinario y de Control de Gestión la elaboración y periódica remisión al Tribunal de reportes sobre su estado y grado de avance.

En su voto de adhesión a la mayoría, aparte de las medidas señaladas, el doctor Genoud «instó la puesta en marcha del mecanismo constitucional de Jury de Enjuiciamiento regulado por Ley 13.661, como también respecto de otros posibles denunciados por esa vía pertenecientes al ámbito del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora», ya que Conte Grand había solicitado que se investigue si el fiscal suspendido incurrió en «conductas irregulares» en la tramitación de algunas causas.
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Gremiales
Fate: el SUTNA rechaza el desalojo y convoca para este lunes
La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Fate en San Fernando, ocupada por 920 trabajadores desde el 18 de febrero. El SUTNA calificó la medida de «disparate jurídico», anunció que apelará y convocó a una concentración para este lunes frente a la fábrica.
Veinticuatro trabajadores imputados por usurpación, una planta de 44 hectáreas que lleva siete meses ocupada, y una nueva orden judicial de desalojo: así está el conflicto de Fate, la fábrica de neumáticos de Virreyes, partido de San Fernando, que el lunes 21 de septiembre volverá a ser el centro de una nueva jornada de resistencia obrera.
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa, en el marco de una denuncia por usurpación contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El tribunal consideró que las instancias de conciliación obligatoria habían sido agotadas y que la continuidad de la ocupación ya no podía encuadrarse como herramienta para destrabar el conflicto laboral.
«Un disparate jurídico»: la respuesta del SUTNA
El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, no tardó en responder. El viernes, en conferencia de prensa frente a la planta, calificó el fallo de «disparate jurídico» y cuestionó de fondo la intervención del fuero penal en una disputa que, a su criterio, es estrictamente de naturaleza laboral. «El desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo», señaló Crespo.
El gremialista también anunció que el sindicato apelará la medida y presentará recursos ante la Casación para evitar que el fallo quede firme. «Obviamente, el sindicato va a apelar y va a presentar los recursos para Casación para que no quede firme este tipo de disparate», afirmó. Además, convocó a organizaciones obreras, políticas y sociales a concentrarse este lunes frente a la planta y reclamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga en el conflicto.
Siete meses de lockout: la historia de un cierre que el SUTNA llama ilegal
El conflicto se inició el 18 de febrero de 2026, cuando Fate anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin cumplir con los acuerdos de no despidos. Desde entonces, integrantes del SUTNA mantienen la ocupación del predio. El sindicato sostiene que la paralización de la producción constituyó un lockout patronal ofensivo, orientado a redirigir inversiones de la empresa hacia los sectores de energía y aluminio, y que la permanencia de los trabajadores en la planta tiene por objetivo resguardar la maquinaria, evitar el vaciamiento y reclamar la conciliación obligatoria.
El caso tuvo, además, un antecedente judicial que el SUTNA recuerda: en marzo, la misma Sala II había revocado una primera orden de restitución dictada por el juez de Garantías Esteban Rossignol, argumentando que las negociaciones laborales aún estaban abiertas y que debía privilegiarse la conciliación. Ahora, con ese argumento agotado por el tribunal, el escenario se invirtió. La nueva resolución activó además la imputación formal de 24 personas por la permanencia en el predio.
La CGT y el reclamo de paro general activo
El miércoles 16 de septiembre, el SUTNA se reunió con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la central obrera. El sindicato llevó al encuentro el planteo de la necesidad de poner fin al lockout patronal y planteó la conveniencia de convocar a un paro general activo. «El triunfo de los trabajadores de Fate sobre este ilegal lockout patronal significaría un enorme paso para el movimiento obrero en estos momentos tan oscuros, trayendo esperanza a toda la clase obrera», sostuvo el gremio en un comunicado posterior a la reunión.
El SUTNA también denunció lo que califica como «criminalización» de la protesta: el intento de elevar a juicio a trabajadores que, desde su perspectiva, se limitan a defender sus puestos frente a una acción patronal que consideran ilegal. «Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra», concluyó Crespo en su intervención del viernes.
Este lunes, a partir de las 10, la concentración frente a la planta de San Fernando reunirá a representantes gremiales del SUTNA junto a organizaciones sociales y políticas. El sindicato tiene prevista además una conferencia de prensa en el lugar.
Lo que tenés que saber
- La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, haciendo lugar al recurso del propietario Javier Madanes Quintanilla.
- El SUTNA rechazó la medida, la calificó de «disparate jurídico» y anunció que apelará ante la Casación para impedir que el fallo quede firme.
- 24 personas fueron imputadas por usurpación en el marco de la causa penal vinculada a la ocupación de la planta.
- El conflicto se inicia el 18 de febrero de 2026, con el cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis.
- Este lunes 21 de septiembre, organizaciones obreras, sociales y políticas se concentrarán frente a la planta a las 10 horas para rechazar el desalojo.
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