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Judiciales ⚖️

Conte Grand hizo suspender a un fiscal general que lo denunció

Se trata de Enrique Ferrari, titular de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, quien denunció al procurador general bonaerense por su presunta participación «en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales», a través de una Unidad Fiscal «especial».

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El titular de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, había denunciado al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, por su presunta participación «en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales», a través de una Unidad Fiscal «especial».

La Suprema Corte de Justicia informó este viernes que resolvió, por mayoría, hacer lugar al pedido efectuado por el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, de suspender por 90 días (en carácter de licencia obligatoria) al fiscal general del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, según detalló el máximo tribunal provincial.

En ese contexto, cabe destacar que el 22 de junio último, el fiscal Ferrari denunció a Conte Grand por su presunta participación «en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales», a través de una Unidad Fiscal «especial» creada para tal fin.

El fiscal general de Lomas consideró de «gravedad institucional» los delitos denunciados contra el procurador Conte Grand y otros funcionarios a través de la «Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora».

Ferrari denunció a Conte Grand por su presunta participación «en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales».

Según la denuncia de Ferrari, desde esa «unidad especial» se habrían iniciado investigaciones con «el objetivo de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP (Investigación Penal Preparatoria) con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios», en el marco de la doctrina denominada «Lawfare», maniobra con la que también incurre en el incumplimiento en sus deberes como funcionario público.

La discrecionalidad del procurador

Una vez más, Conte Grand utiliza su lugar de privilegio institucional para operar políticamente y, de manera arbitraria, sacar del paso a quienes se crucen es su camino, como sucede ahora con Ferrari. Sin embargo, por otro lado, respalda al cuestionado Federico Nieva Woodgate, el ex fiscal general de Morón suspendido y acusado de crímenes de lesa humanidad.

De igual manera, el procurador general ampara a Karina Iuzzolino, fiscal general interina de Morón, de comportamiento errático, ya que, entre otras irregularidades, a partir de un pedido de ella se habilitó el ingreso de Nieva Woodgate en el Sistema Informático del Ministerio Publico (SIMP), a sabiendas de que está suspendido, incumpliendo sus deberes de funcionario público. Situación que la convierte en partícipe necesario de un delito, del cual, su principal ejecutor es, ni más ni menos, Conte Grand.

Licencia forzada y otras indagaciones

Respecto a la suspensión de Ferrari, la decisión del máximo Tribunal, encuadrada en las prerrogativas de la Corte de conceder licencias a magistrados y funcionarios, fue dispuesta a través de una resolución que contó con el voto conjunto de los ministros Daniel Soria, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan y Sergio Torres. En tanto, el ministro Luis Genoud votó en adhesión a la mayoría. Mientras que el ministro Eduardo de Lázzari, fue el único que votó en disidencia.

En el mismo acto, la Suprema Corte instó al titular de la Procuración General «a que adopte las medidas necesarias para restablecer el correcto funcionamiento de la Fiscalía General del Departamento Judicial Lomas de Zamora, debiendo convocar a los funcionarios más calificados del Ministerio Público, aunque se desempeñen en otros departamentos judiciales».

Conte Grand había solicitado que se investigue si el fiscal suspendido incurrió en «conductas irregulares».

También encomendó a la Subsecretaría de Control de Gestión para que junto a la Procuración General realice un relevamiento de la aludida Fiscalía General, dando intervención, cuando ello resulte pertinente, a la Subsecretaría de Control Disciplinario.

Además, dispuso el monitoreo de las restantes actuaciones penales y disciplinarias en trámite en las que se investigue el desempeño de funcionarios de la Fiscalía General, encomendando a las Subsecretarías de Control Disciplinario y de Control de Gestión la elaboración y periódica remisión al Tribunal de reportes sobre su estado y grado de avance.

En su voto de adhesión a la mayoría, aparte de las medidas señaladas, el doctor Genoud «instó la puesta en marcha del mecanismo constitucional de Jury de Enjuiciamiento regulado por Ley 13.661, como también respecto de otros posibles denunciados por esa vía pertenecientes al ámbito del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora», ya que Conte Grand había solicitado que se investigue si el fiscal suspendido incurrió en «conductas irregulares» en la tramitación de algunas causas.

CABA

Mano dura como bandera: Jorge Macri suma 600 policías y se burla de sus críticos

El jefe de Gobierno porteño llevó a más de 28.000 la dotación de la Policía de la Ciudad y usó el acto para ironizar contra quienes cuestionaron el operativo Tormenta Negra, denunciado por el CELS por violencia policial y detenciones arbitrarias en los barrios populares.

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Jorge Macri sumó 600 policías y le mandó "un saludo" a quienes denunciaron el operativo Tormenta Negra y los abusos policiales.

Frente a 600 nuevos policías formados en el Patio de Armas, Jorge Macri no se limitó a dar la bienvenida a la tropa. Eligió responder, con sorna, a los organismos de derechos humanos y a los sectores de la oposición que denunciaron los megaoperativos en las villas porteñas: «Hace unos meses, cuando se hizo el operativo Tormenta Negra en las villas, algunos pusieron el grito en el cielo. Nos acusaron de hacer operativos ‘fachos’ y estigmatizantes. Quiero mandarles un saludo para ellos: entre 2023 y 2026, los homicidios en las villas bajaron 70%. Salvamos 7 de cada 10 vidas que en 2023 se perdían. Sin ley y orden no hay progreso ni libertad».

El jefe de Gobierno porteño encabezó este martes el acto de incorporación de los nuevos efectivos en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Los agentes egresaron de los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), un programa de la Policía de la Ciudad destinado a sumar personal que ya trabajó en otras fuerzas federales o provinciales, con una capacitación de 240 horas cátedra en formación técnica, legal y táctica, más entrenamiento físico. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia; el secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Francisco Quintana; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zabaleta.

Las cifras que exhibe la gestión

Con esta camada, la Policía de la Ciudad superó los 28.000 efectivos. Según el Gobierno porteño, desde diciembre de 2023 se incorporaron 6.803 nuevos policías: 4.260 formados como cadetes en el ISSP y 2.543 llegados a través del programa NICE. Es decir, más de un tercio de los ingresos de la gestión llegó por la vía de la formación abreviada para agentes que provienen de otras fuerzas.

La administración porteña sostiene que la tasa de homicidios se ubicó en 2,5 casos cada 100.000 habitantes, la más baja de su serie histórica, y atribuye ese resultado a la incorporación constante de personal. Sin embargo, el comunicado oficial no detalló la metodología ni la fuente del cálculo sobre la caída del 70% en las villas que Macri esgrimió en su discurso.

Hay, además, una inconsistencia en el argumento del jefe de Gobierno. El período que Macri usó para responder a sus críticos arranca en 2023, mucho antes del primer operativo Tormenta Negra, desplegado en mayo de 2026. La baja que invoca, por lo tanto, no puede atribuirse a esos megaoperativos que eligió defender con ironía.

Tormenta Negra y las denuncias que Macri prefiere ridiculizar

El primer operativo Tormenta Negra se realizó el 14 de mayo, con más de 1.500 efectivos desplegados en simultáneo en 15 barrios populares, entre ellos la Villa 31, Zavaleta y Ciudad Oculta, con helicópteros y un vehículo blindado. Los balances oficiales difundidos entonces hablaron de entre 20 y 27 detenidos y cuatro búnkeres cerrados. En septiembre, la Ciudad repitió la misma modalidad en una segunda edición.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un documento sobre esa segunda edición, titulado «Una tormenta negra contra nuestrxs pibxs», en el que afirmó haber registrado episodios de violencia policial, detenciones arbitrarias y el retiro de pertenencias y herramientas de trabajo de vecinos y vecinas. Ya tras el primer despliegue, la coordinadora del equipo de Violencia Institucional del organismo, Victoria Darraidou, advirtió que «este tipo de intervenciones policiales identifican como enemigo a las personas que viven en las villas».

La discusión también llegó a la Legislatura porteña, donde legisladores presentaron un proyecto para que la Auditoría General de la Ciudad revise el operativo de mayo: los recursos utilizados, las inspecciones, los decomisos, el retiro de vehículos, las derivaciones de personas en situación de calle y los procedimientos policiales. La legisladora Vanina Biasi cuestionó que el despliegue golpeara a comerciantes y vecinos de los sectores más vulnerables bajo el argumento de combatir el delito.

Desde adentro de los barrios, el periodista y comunicador popular de la Villa 21-24 Nelson Santacruz describió en el programa de streaming Ronda de Investigación un hostigamiento que no se detiene: «Para nosotros la tormenta nunca terminó, el operativo Tormenta Negra, porque desde la primera vez a la fecha viene sucediendo todo el tiempo». Lo que el jefe de Gobierno presenta como un éxito, en los pasillos se vive como una presencia policial permanente y sin rendición de cuentas.

Trapitos, manteros y «pseudo progres»: el discurso del enemigo interno

El tono del acto confirmó una estrategia que Macri viene sosteniendo desde hace meses. «Durante años les dedicaron tiempo, recursos y teorías a entender al delincuente. Lo romantizaron tanto que algunos pseudo progres parecen haberse enamorado de la delincuencia. En nuestra gestión, eso se terminó», afirmó, antes de agrupar en una misma enumeración a usurpadores, trapitos, manteros y a quienes agreden a policías: «Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada».

También dividió a la sociedad en dos bandos: «Un Estado tiene que saber de qué lado está. Hay dos maneras de entender la Ciudad. Están los que siempre encuentran una excusa para el delincuente y terminan desamparando a la gente de bien. Y estamos los que creemos que la primera obligación del Estado es estar del lado del que trabaja, estudia, cumple las reglas y quiere vivir en paz». En ese esquema, quien denuncia abusos policiales queda automáticamente del lado del delito, y el trabajador informal que vende en la vereda pasa a compartir lista con el violento.

No es la primera vez que una ceremonia policial se convierte en tribuna política. En junio, ante 650 nuevos efectivos en el mismo instituto, Macri apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof: «Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof». Con la mira puesta en 2027, la seguridad se consolida como el eje de campaña de un PRO que compite con La Libertad Avanza por el mismo electorado de mano dura.

El jefe de Gobierno cerró con una definición de identidad: «Defender a la Ciudad es defender la convicción de que se puede vivir mejor. Que el progreso no es una mala palabra. Que el esfuerzo vale. Que las reglas importan». Queda pendiente que esas mismas reglas alcancen a los procedimientos que el CELS documentó y que la Legislatura pidió auditar, porque la ley también rige para quienes visten uniforme.

Lo que tenés que saber:

  • La Ciudad incorporó 600 policías provenientes del programa NICE y la fuerza superó los 28.000 efectivos.
  • Desde diciembre de 2023 ingresaron 6.803 agentes; 2.543 llegaron por la vía NICE, con formación de 240 horas cátedra.
  • Macri ironizó contra los críticos del operativo Tormenta Negra y atribuyó a su gestión una caída del 70% en los homicidios en las villas entre 2023 y 2026.
  • El CELS denunció violencia policial, detenciones arbitrarias y retiro de herramientas de trabajo durante la segunda edición del operativo.
  • Legisladores porteños pidieron que la Auditoría General de la Ciudad revise el despliegue realizado en mayo.
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