Judiciales ⚖️
Conte Grand autorizó a un fiscal investigado por crímenes de lesa humanidad a ingresar al Sistema Informático de la Procuración
El hombre puesto en la Procuración General de la provincia de Buenos Aires por Lilita Carrió y la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, mostró la hilacha al autorizar al cuestionado ex fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, a acceder al SIMP.
El hombre puesto en la Procuración General de la provincia de Buenos Aires por Lilita Carrió y la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, mostró la hilacha al autorizar al cuestionado ex fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, investigado por delitos de lesa humanidad, a acceder al Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP).
El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, suma un nuevo espaldarazo a favor del ex fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, suspendido en un Jury de Enjuiciamiento por estar implicado en crímenes de Lesa Humanidad.
Conte Grand ni ningún otro funcionario de la Justicia argentina preparado e idóneo para el cargo puede cometer tantas faltas, mucho menos, que todas las que nos ocupan en esta oportunidad hayan sido en torno a una sola persona. Ya no se puede hablar de «errores», ni de falta de «comunicación», ni de «actualización» del sistema informático porque son varias las decisiones que respaldan el accionar de este siniestro personaje, que ocupa altos cargos en el Poder Judicial desde que fue nombrado en el año 1978, o sea, en plena dictadura.
En primer lugar, cuando es suspendido en sus funciones en el marco del Jury de Enjuiciamiento, la persona que lo remplaza como interina en la Fiscalía General es Karina Iuzzolino, nada más ni nada menos que su mano derecha, quien junto al fiscal adjunto, Alejandro Varela, siempre fueron encubridores y personas del círculo intimo de Nieva Woodgate, como en el caso de los vehículos oficiales utilizados para traficar droga y para la trata de personas.

En segundo lugar, en la web oficial del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires sigue figurando Nieva Woodgate como titular de la Fiscalía General de Morón, como si nunca hubiera existido el Jury de Enjuiciamiento y nunca hubiera sido suspendido en su cargo.
En tercer lugar, y quizá el de mayor gravedad institucional, ya que compromete la seguridad de la Procuración General bonaerense, es que Conte Grand haya avalado y autorizado a Nieva Woodgate a acceder al SIMP (Sistema Informático del Ministerio Público), desde donde se puede acceder a todas las investigaciones que tramitan en el fuero penal de la provincia.
En el marco de un desconocimiento total del procedimiento y de inmensa gravedad institucional, Conte Grand, impunemente le dió acceso a este polémico personaje a los datos más sensibles de la Justicia bonaerense.
Y no es casual que este procurador surgido de las fauces más profundas del gobierno de Mauricio Macri, acostumbrado al espionaje ilegal, como es de público conocimiento, y que se refieren con banalidad al terrorismo de Estado y a los 30 mil desaparecidos, que le dé acceso a Nieva Woodgate a una plataforma donde se registran los datos más sensibles del Fuero Penal.

Al respecto, consultamos a una fuente extrajudicial sobre las recurrentes decisiones de Conte Grand y sobre los antecedentes de Nieva Woodgate, quien ratificó que el ex fiscal «fue suspendido por el Jury de Enjuiciamiento, en agosto de 2019, por ser partícipe necesario o encubridor de un delito de lesa humanidad».
Mientras que, calificó la autorización de Conte Grand como un «delirio» y, al mismo tiempo, consideró que el procurador general es el máximo responsable de un «delito», porque «está desobedeciendo e incumpliendo con su deber de funcionario al desconocer la sentencia del Jury de Enjuiciamiento».
«El procurador es el que tiene que rendir cuentas de porque un ex fiscal general suspendido por delitos de lesa humanidad está habilitado en el sistema informático», sostuvo nuestra fuente. Y al respecto añadió que «no hay tantos» fiscales generales o magistrados en la provincia de Buenos Aires «suspendidos por delitos de lesa humanidad».
«El procurador general autorizó a Nieva Woodgate y por omisión incumplió una orden judicial. No hay 50 fiscales generales suspendidos por estar implicados en delitos de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires, hay uno solo. Conte Grand es un funcionario negligente, hay que pedir el juicio político por el mal desempeño de su función. No puede seguir en el cargo», complementó.

Otro alto funcionario judicial consultado también arremetió contra la fiscal general interina de Morón, Karina Iuzzolino (mano derecha de Nieva Woodgate), ya que «es ella quien solicitó expresamente que la Procuración General le dé la autorización» a su «jefe».
«Es participe necesario la que la pide (Iuzzolino) y comete un delito el que autoriza (Conte Grand), porque es el que avala la autorización y porque ahí es cuando se consuma el delito», agregó el funcionario, quien le solicitó a este medio «mantener en reserva la identidad de la fuente», ya que son grandes las presiones y los funcionarios y letrados perseguidos y sancionados por enfrentarse a Nieva Woodgate.
«Es público y notorio»
La fuentes con las que dialogamos, funcionarios letrados y expertos en derecho penal, utilizaron la misma frase al ser consultados por una posible serie de eventos desafortunados en relación a la habilitación de Nieva Woodgate en el SIMP: «Todo el mundo está al tanto. Es público y notorio que el ex fiscal fue suspendido».
«Una vez que la suspensión es notificada y publicada por la Corte, como pasó en agosto del año pasado (2019), el Poder Judicial en su conjunto, el Consejo de la Magistratura, el resto de los fiscales y jueces del fuero, el Ministro Público Fiscal y la Procuración General de la provincia Buenos Aires están al tanto del fallo», aseguraron.

Asimismo, en la línea de responsabilidades también apuntaron contra la fiscal interina y su adjunto, Iuzzolino y Varela respectivamente, al considerar que «violaron el Artículo 248», ya que como «funcionarios públicos no cumplieron las leyes». «Durante años trabajaron para Nieva Woodgate y por eso están acostumbrados a que sea su jefe y a consultar todo con él, aunque esté suspendido», remarcaron.
Según los expresado por los letrados, el Artículo 248 también aplicaría para Conte Grand, porque «si un magistrado o funcionario judicial está suspendido y tiene pendiente un juicio por delitos de lesa humanidad no puede ni pisar su despacho».
¿Quién puso a Conte Grand en la Procuración?
En el marco de este caso, también es importante destacar como fue la escalada de Julio Conte Grand hasta llegar la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, un recorrido que está muy vinculado con su familia o, como suelen decir algunas personas que conocen sus orígenes, su trayectoria está muy relacionada con una «portación de apellido».
«Su tío, Gerardo, era peronista de San Juan, trabajó con Carlos Saúl Menem, entonces, él capitalizó esto y utilizó al peronismo como plataforma para impulsar su figura, pero cuando se formó la Coalición Cívica se fue con Elisa Carrió, y de la mano de Lilita empezó su verdadera carrera política», comentó una persona de su entorno.

El resto de la historia es de público conocimiento, de hecho fue nota de tapa de Clarín. Lilita Carrió y María Eugenia Vidal se reunieron en la casa de Conte Grand cuando era secretario Legal y Técnico de la Provincia, en esa charla, cena mediante, le ofrecen el cargo de procurador.
¿Pero por qué le ofrecen la Procuración bonaerense? Porque Carrió, su verdadera madrina política, le dijo a Vidal: «Es Conte Grand o nadie, es el único tipo en el que confío». Y aunque entre la ex gobernadora y la diputada había algunos cortocircuitos, a causa de unas denuncias de Lilita contra el ex jefe de la Policía, Pablo Bressi, a quien vinculó con el narcotráfico y las redes de recaudación ilegal de «la Bonaerense», la mandataria provincial aceptó promoverlo.

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Investigación 🔎
Moyano imputado por desobediencia: la fiscal cree que se vio con Arizaga pese a la perimetral
La fiscalía a cargo de la causa considera que existen elementos suficientes para sostener que el exdiputado y sindicalista Facundo Moyano se reunió con Candela Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, violando la restricción de acercamiento vigente. La novedad llega apenas 48 horas después de que un informe oficial no había podido confirmar ese encuentro.
El giro es tan abrupto como revelador: primero, un informe del propio Ministerio Público Fiscal porteño concluyó que no podía reconstruir el supuesto encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en un hotel del centro porteño; cuarenta y ocho horas más tarde, la fiscalía consideró que sí existen elementos para imputar al exdiputado y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) por desobediencia a una orden judicial.
Moyano está investigado desde agosto de 2026 por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad contra Arizaga, modelo e influencer de 23 años, en el marco de un episodio ocurrido en su departamento del barrio porteño de Belgrano. Como parte de las medidas cautelares, tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la joven y mantener cualquier tipo de contacto con ella. La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Nocerez, de la Fiscalía de Género Norte.
El hotel, las cámaras y el DVR que no alcanzó
La sospecha sobre un encuentro entre ambos surgió a partir de fotografías que Arizaga publicó en sus redes sociales, donde aparecía en distintas prendas de vestir y en diferentes momentos, desde el Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Belgrano al 538, en el centro de la ciudad. Ese detalle despertó la atención de los investigadores, que comenzaron a indagar si Moyano había sido alojado allí en compañía de la joven.
El martes 15 de septiembre, personal del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad se presentó en el hotel. Allí, una empleada entregó voluntariamente el DVR del sistema de videovigilancia del establecimiento, que fue trasladado a la sede de la calle Chacabuco al 151 para ser peritado por el Gabinete Multimedia. Las tareas de análisis permitieron determinar que Moyano había ingresado el 31 de agosto y se había retirado el 11 de septiembre, utilizando la habitación 603. Sin embargo, el informe no dejó constancia de que Arizaga hubiera estado en el establecimiento durante ese período, lo que llevó al Ministerio Público a concluir, en ese momento, que no era posible reconstruir el presunto encuentro mediante fuentes abiertas.
La vuelta de tuerca: la fiscal cambia de posición
A pesar de esa conclusión inicial, la fiscalía evaluó en las horas siguientes otros elementos incorporados a la investigación y consideró que la evidencia reunida es suficiente para sostener que el encuentro efectivamente ocurrió. La imputación por desobediencia implica que la fiscal entiende que Moyano habría violado de manera consciente y deliberada la restricción judicial vigente. Fuentes del caso informaron que la acusación se sustenta en los elementos disponibles, aunque no se precisó de manera oficial cuáles son las pruebas adicionales que modificaron el cuadro.
La situación expone una tensión dentro de la misma investigación: en un lapso de menos de dos días, el Ministerio Público pasó de no poder confirmar el contacto a imputar formalmente al sindicalista por ese mismo hecho. La defensa de Moyano, encabezada por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, ya había pedido el levantamiento de todas las restricciones, argumentando que el escenario probatorio había cambiado a favor de su cliente y que la perimetral no puede operar como una sanción anticipada.
La defensa pide que se levanten las medidas cautelares
Miguel Molina, integrante del equipo defensor, presentó este jueves ante la Justicia un planteo formal para que se revise «la subsistencia, alcance o eventual modificación» de las medidas cautelares que pesan sobre su cliente. La defensa sostuvo que las propias declaraciones de Arizaga ante la fiscal, en las que la joven negó haber sido golpeada o mantenida encerrada y manifestó su voluntad de retomar el vínculo, debilitan la hipótesis inicial y demuestran que entre ambos «no hay conflicto» ni situación de riesgo que justifique mantener la distancia impuesta. Ante cualquier resultado adverso, la defensa exigió que se garantice el derecho de Moyano a ser oído.
La nueva imputación por desobediencia complica esa estrategia defensiva de manera sustancial: si la fiscalía logra sostener que Moyano incumplió de manera activa la orden judicial, el pedido de levantamiento de medidas pierde uno de sus argumentos centrales y la situación procesal del sindicalista se agrava de manera considerable, con la posibilidad de que la Justicia evalúe medidas más restrictivas.
Lo que tenés que saber
- Facundo Moyano fue imputado por desobediencia: la fiscalía considera que se reunió con Candela Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, violando la restricción de acercamiento vigente.
- La imputación llega 48 horas después de que el Ministerio Público Fiscal no hubiera podido confirmar el encuentro a partir del análisis del DVR del hotel.
- Moyano estuvo alojado en el establecimiento entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en la habitación 603, según las tareas de análisis realizadas.
- Su defensa, encabezada por los abogados Gascón y Molina, presentó un pedido formal de levantamiento de todas las medidas cautelares.
- La causa principal investiga a Moyano por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad contra Arizaga, en un episodio ocurrido en agosto en el barrio porteño de Belgrano.
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