Judiciales ⚖️
Fijan fecha para las pericias psicológicas y psiquiátricas de Junior Benítez
Los peritajes psicológicos a Benítez se realizarán el 6 y el 13 de marzo a las 9 de la mañana en las oficinas judiciales de Lomas de Zamora.
Las pericias psicológicas y psiquiátricas al futbolista Junior Benítez, investigado por cuatro episodios de violencia de género cometidos entre 2021 y 2023 contra su expareja, quien se suicidó el día de Año Nuevo en su casa de la localidad de Burzaco, se realizarán el 6, 8 y 13 de marzo próximos, informaron hoy fuentes judiciales.
De esta forma, los estudios al exjugador de Boca Juniors tendrán lugar una semana antes de que comience el juicio oral al que llegará acusado por los delitos de «coacción agravada por el empleo de arma, daños, amenazas, desobediencia y tenencia de arma sin la debida autorización legal».
Según indicaron voceros de la investigación, los peritajes psicológicos a Benítez se realizarán el 6 y el 13 de marzo a las 9 de la mañana en las oficinas judiciales de Lomas de Zamora, emplazadas sobre la avenida Presidente Perón al 2100.
Dichas evaluaciones estarán a cargo del especialista Federico Indart y tendrán la finalidad de conocer las características generales de la personalidad del jugador surgido en el Club Atlético Lanús, su perfil psicológico, si presenta rasgos psicópatas, signos de impulsividad y si manifiesta reacciones violentas.
Además, también indagarán sobre las condiciones personales, valores y vínculos del imputado -especialmente con los denunciantes- y si tiene capacidad fabulatoria.
Por otra parte, el 8 de marzo a las 9 de la mañana tendrá lugar el peritaje psiquiátrico al futbolista, el cual se desarrollará de manera remota, y estará a cargo de la médica Adriana Patricia Fourgeaux.
De la evaluación también participará el perito de parte Rafael Herrera Milano, quien también intervino en estudios similares en los casos contra el femicida Fernando Farré y el cantante de cumbia «El Pepo» Rubén Darío Castiñeiras.
Fuentes judiciales señalaron a esta agencia que el estudio psiquiátrico buscará establecer si Benítez se hallaba en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir las acciones al momento de los hechos; si presenta un peligro para sí o para terceros, si posee algún trastorno de la personalidad o rasgos de labilidad emocional y si presenta tendencias a la auto o héteroagresión.
Benítez se encuentra detenido desde el 12 de enero último en la alcaidía de Lomas de Zamora, luego de violar las condiciones del arresto domiciliario que le habían otorgado en esta causa, cuando pasó por la casa de su expareja, Anabelia Ayala, días antes de que se suicidara.
De hecho, el exjugador de Boca y Lanús sigue siendo investigado en una causa paralela por «averiguaciones de causales de muerte» que instruye la Justicia de Esteban Echeverría, luego de que el padre de Ayala denunciara que Benítez indujo a su hija al suicidio y que, incluso, mantenía una videollamada con ella cuando la madrugada del 1 de enero la mujer se ahorcó.
En cuanto a la causa por amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego, Benítez será sometido a un juicio a partir de las 8.30 del 19 de marzo.
Los hechos de violencia que se le imputan a Benítez son cuatro, ocurridos entre enero de 2021 y mayo del 2023, además de la tenencia de un arma sin la debida documentación legal.
De acuerdo a la acusación fiscal, el primero de ellos sucedió el 16 de enero de 2021, en la casa situada en Rodríguez Peña al 600, del partido de Almirante Brown, donde Benítez destruyó los archivos de una notebook de la familia de su expareja.
Al día siguiente, presuntamente Benítez irrumpió con un arma de fuego en el mismo domicilio y, en un contexto de violencia de género, amenazó a Juan Carlos Ayala, padre de su pareja, para que no interviniera en los problemas que existían entre él y su hija, tras lo cual prendió fuego distintos elementos de Anabelia Ayala (29) en la puerta del domicilio.
Otro de los hechos que se le imputa ocurrió en 28 de febrero de 2022, cuando, según la fiscalía, el futbolista desobedeció la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su suegro y su grupo familiar y lo amenazó: «Vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar, te la bancás»; y en ese mismo hecho, amenazó también de muerte a otro familiar.
En tanto, el 18 de marzo de 2022, y siempre en el mismo domicilio, Benítez habría desobedecido nuevamente la prohibición de acercamiento a la casa de su pareja, a quien amenazó con un cuchillo para que le abriera la puerta, aunque ante la negativa de la mujer, dañó las cuatro llantas del auto Peugeot 406 de su padre.
Finalmente, el Ministerio Público acusa a Benítez de haber tenido en su casa del partido de Esteban Echeverría una pistola Bersa calibre 9 milímetros cuyo permiso de tenencia estaba vencido.
En el marco de todas esas causas, la Justicia dispuso el arresto domiciliario de Benítez, revocado el pasado 12 de enero pasado por haberlo incumplido para salir a buscar a su expareja días antes de que se suicidara.
(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).
Córdoba
El TSJ de Córdoba liberó a Paola Ortiz tras 13 años presa por parir sola
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba redujo la condena de prisión perpetua a 13 años y nueve meses, tiempo que la mujer ya cumplió, al incorporar perspectiva de género y reconocer el contexto de violencia, pobreza extrema y desprotección en que ocurrió el parto. El fallo marca un precedente en la justicia cordobesa y fue impulsado por más de diez organizaciones de derechos humanos y feministas.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó la libertad de Paola Verónica Ortiz, quien cumplía una condena a prisión perpetua desde 2015 por la muerte de su hija recién nacida. El máximo tribunal provincial fijó una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, período que la mujer ya cumplió en detención, y resolvió su liberación inmediata. El hecho que motivó la causa ocurrió el 31 de octubre de 2012 en la localidad de Villa Nueva, Córdoba, cuando Ortiz atravesó un parto en absoluta soledad y sin asistencia médica.
Una condena perpetua ignoró el contexto
En el juicio original, la causa fue recalificada como homicidio calificado por el vínculo y derivó en la máxima pena prevista por el Código Penal. Sin embargo, el TSJ determinó que aquella sentencia ignoró las múltiples condiciones de vulnerabilidad que atravesaba la mujer al momento del hecho.
Las pericias incorporadas al expediente revelaron que Ortiz, que tenía 29 años en ese momento, presentaba un nivel intelectual inferior al promedio para su edad, antecedentes de abuso y abandono, y que al momento del parto se encontraba en un estado de desubjetivización que la llevó a actuar sin plena conciencia de sus actos.
El fallo también ponderó la violencia psicológica y económica que ejercía sobre ella su expareja, y el sometimiento al que la sometía su exsuegro, quien le exigía relaciones sexuales a cambio de un techo y la amenazaba ante la posibilidad de un embarazo con otro hombre. El TSJ cuestionó además que el juicio original la juzgara desde el mandato idealizado de la «buena madre» y que se le exigiera responsabilidad penal sin considerar que dio a luz sola, sin red de apoyo ni acceso al sistema de salud.
Perspectiva de género y estándares internacionales
Al reconsiderar la condena, el Tribunal aplicó un enfoque integral de género y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre emergencias obstétricas en contexto de pobreza. El fallo no implicó una absolución, sino una reducción de la pena que, al coincidir con el tiempo ya cumplido, habilitó la liberación. El TSJ estableció así un precedente judicial relevante para el tratamiento de casos en que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad enfrentan consecuencias penales derivadas de partos no asistidos.
Más de diez organizaciones impulsaron la revisión
La causa por la libertad de Paola Ortiz fue sostenida durante años por una articulación amplia de organizaciones feministas y de derechos humanos que se presentaron como amicus curiae ante el tribunal. Entre ellas figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil Abogadas por Chaco, la Asociación Civil El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras. La campaña por su liberación se sostuvo bajo la denominación Mesa por la Libertad de Paola Ortiz y logró instalar el caso en la agenda pública como un paradigma de la criminalización de las mujeres pobres en el sistema judicial.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
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