El Municipio de Morón y el Observatorio Federal de Seguridad y Justicia presentaron un proyecto de ley que propone modificar el Código Procesal Penal bonaerense para permitir la detención de agresores que incumplen medidas de restricción en contextos de violencia de género. La iniciativa cuenta también con el apoyo de la Asociación de Magistrados de Morón y apunta a cerrar uno de los vacíos que, según sus impulsores, deja expuestas a muchas mujeres en situación de riesgo.

Un cambio procesal para intervenir con mayor rapidez

De acuerdo con el texto difundido por los organismos participantes, la reforma busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema judicial cuando se registran reiteradas desobediencias a medidas de protección dictadas por los tribunales. Según explicaron, la desobediencia continúa considerada un delito de baja pena, lo que en la práctica impide actuaciones inmediatas aun cuando el agresor viola una orden judicial.

La propuesta no modifica las penas previstas ni amplía el alcance del delito. El objetivo central, indicaron, es permitir que jueces y fiscales puedan ordenar la detención del agresor cuando incumple una prohibición de acercamiento en un caso de violencia de género.

Desobediencias frecuentes que agravan el riesgo

El proyecto apunta a regular conductas habituales en estos episodios: “acercarse, contactarse, hostigar, esperar a la víctima en su casa o trabajo”. Según los autores, estas acciones reiteradas son parte del proceso de intimidación que muchas mujeres enfrentan aun después de denunciar, y suelen dejar al sistema sin herramientas para actuar con la velocidad necesaria.

Un debate que vuelve al centro de la agenda

La iniciativa se inscribe en un contexto de preocupación sostenida por la efectividad de las medidas de protección. Organismos judiciales y áreas locales de género vienen señalando que la falta de herramientas para intervenir en la desobediencia genera un punto crítico en la prevención de hechos más graves. La propuesta de Morón busca instalar nuevamente la discusión sobre el rol del Código Procesal Penal en la protección de víctimas.