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Denuncia

Julieta Prandi al borde del abismo: la actriz consideró el suicidio durante su «calvario» matrimonial

La causa contra Claudio Contardi está caratulada como «abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado en contexto de violencia económica, física y de género». La condena por los delitos denunciados podría ser de entre 8 y 50 años de prisión.

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El Argentino Diario-Julieta Prandi junto a su abogado, Javier Baños.
Julieta Prandi junto a su abogado, Javier Baños.

El abogado de la modelo, Javier Baños, reveló detalles estremecedores sobre el caso que llega a juicio el 7 de agosto contra su ex pareja Claudio Contardi, acusado de abuso sexual con acceso carnal.

Una pesadilla convertida en causa judicial

El representante legal de Julieta Prandi, Javier Baños, sugirió que la actriz y modelo contempló quitarse la vida durante el período que compartió con su ex pareja Claudio Contardi, a quien denunció por «abuso sexual con acceso carnal agravado» en un caso que comenzará a juzgarse el próximo 7 de agosto.

«Lo que parece un sueño, el hecho de formar una familia y vivir felices, se termina convirtiendo en una suerte de calvario. A ella le afectó muy profundamente. Julieta vivió una pesadilla con esta persona y le afectó mucho y de manera muy profunda. Le quemó la cabeza, como se dice ahora», expresó Baños durante una entrevista en el programa «Tiempo de Policiales» de ATP Radio.

La causa está caratulada como «abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado en contexto de violencia económica, física y de género», un delito que podría acarrear una condena «entre 8 y 50 años de prisión».

Un largo camino hasta el juicio oral

El abogado destacó las dificultades enfrentadas para llevar el caso hasta esta instancia judicial. «Fue muy arduo el camino que transitó Julieta para llegar a este proceso, porque del otro lado no se la hicieron fácil. Tuvo que intervenir un fiscal de Instrucción, un juez de Garantías, una Cámara Garantías y llegó a intervenir el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires, que es el tribunal de Casación», explicó el letrado.

«Contando a todos tenés ocho magistrados, que en forma coherente y consistente definieron que el 7 de agosto empiece este juicio oral y público para que se sepa la verdad del calvario y la tragedia que vivió Prandi», añadió Baños.

El representante legal también subrayó la complejidad de estos casos: «Situaciones como estas siempre son difíciles de abordar. Cuando la Justicia llega, lo hace mal y tarde. Hay problemas que no los resuelve la Justicia y si a esto le agregas impunidad, el resultado es mucho peor. Siempre es muy difícil para la víctima denunciar una situación de violencia sexual y más contra tu pareja».

Las secuelas psicológicas y la confirmación indirecta

Sobre Contardi, Baños precisó que «no solo se negó a declarar, sino que se negó a someterse a las pericias correspondientes». Respecto a las consecuencias psicológicas que enfrentó la actriz, el abogado mencionó que existieron «secuelas que fueron quedando en su psiquis y eso es algo que pueden rastrear los psicólogos».

Cuando se le consultó si Prandi intentó suicidarse a raíz del «calvario» vivido, el letrado confirmó indirectamente: «Las cosas que sufrió, lamentablemente se van a tener que ventilar en el juicio. No soy el vocero de Julieta, pero lo que puedo decir es que ella pasó por momentos muy, pero muy difíciles, incluso al borde de eso que comentaste».

«Julieta tiene una personalidad tremenda, terrible, y salió adelante a pesar de este calvario y los miles de trastornos que quedaron. Le causó un daño profundo y eso es algo que tuvieron a la vista los psicólogos y los psiquiatras. Hablamos de rastros, señales que quedaron en la psiquis de Julieta. Es algo que está plasmado en los exámenes periciales», destacó Baños.

La búsqueda de justicia sin dar por sentado el resultado

El abogado aclaró que el objetivo de Prandi es obtener «justicia, que se sepa la verdad, con pruebas durante el juicio y si esta persona es declarada culpable, que tenga el castigo justo, el que corresponda».

«Yo no quiero hacer futurología ni adelantar algo en un tema tan delicado y sensible, pero hay elementos de convicción y pruebas contundentes para acreditar los motivos por los cuáles este sujeto está siendo llevado a juicio», señaló el letrado, quien también afirmó que en caso de no conseguir la condena esperada, apelarán la resolución ante las cámaras de «Apelaciones, de Casación, la Suprema Corte Bonaerense y la Corte Suprema».

«En caso de quedar impune un delito de estas características agotaremos todas las instancias provinciales, nacionales e incluso internacionales. Creo en la verdad que me contó Julieta, en la objetividad de la Justicia y en la contundencia de elementos de prueba que hay. Todo indica que el fallo debería ser condenatorio», concluyó.

Puntos destacados:

  • La causa contra Claudio Contardi está caratulada como «abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado en contexto de violencia económica, física y de género».
  • El juicio oral comienza el 7 de agosto tras la intervención de ocho magistrados diferentes que avalaron el proceso.
  • La condena por los delitos denunciados podría ser de entre 8 y 50 años de prisión.
  • Contardi se negó tanto a declarar como a someterse a las pericias psicológicas requeridas.
  • Según el abogado, existen «pruebas contundentes» contra el acusado documentadas en exámenes periciales.
  • Baños afirmó que, de ser necesario, recurrirán incluso a instancias internacionales para obtener justicia.

Denuncia

Talerico, lapidaria contra Adorni: “La sociedad solo puede corregir esto con el voto”

La exvicepresidenta de la UIF cuestionó los controles del sistema antilavado, habló de señales de alerta ignoradas en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete y apuntó contra la complicidad del entorno político. Su diagnóstico es lapidario: la Justicia no alcanza; el voto es el único correctivo real.

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Talerico, dura por la causa Adorni: «La sociedad solo puede corregir esto con el voto»

★ La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, lanzó este sábado una batería de críticas contra el manejo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni. En diálogo con el programa Dicen que Dicen, por Radio Rivadavia, la especialista en lavado de activos y financiamiento del terrorismo advirtió que el caso presenta irregularidades que debieron haber activado las alertas del sistema financiero mucho antes de que interviniera la Justicia.

«Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos»

Talerico apuntó directamente al rol de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF: escribanos, bancos e inmobiliarias. «Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos», afirmó, y cuestionó la actuación de quienes debían informar ante este tipo de situaciones, especialmente tratándose de personas políticamente expuestas (PEP), categoría que incluye a funcionarios de alto rango como Adorni.

La exfuncionaria fue categórica al evaluar los esquemas de compra y financiación que la Justicia investiga. «Eso no existe, simplemente no cierra», sostuvo en referencia a los valores y condiciones declaradas en las operaciones vinculadas al funcionario y su entorno, y subrayó que no hace falta un análisis técnico sofisticado para detectar esas inconsistencias.

Como informó este medio en reiteradas ocasiones, la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita se centra en la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, financiada en un 87% mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres, jubiladas y empleadas públicas, con ingresos que no guardan relación con las sumas prestadas. La Justicia ya allanó tres inmobiliarias vinculadas a la operación y ordenó el levantamiento del secreto bancario del funcionario para investigar también el pago de vuelos privados al exterior.

«Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza»

Talerico no se limitó a la dimensión técnica del caso. Apuntó contra la falta de controles con una frase que resume el problema estructural: «Que entre bomberos no se pisan la manguera en política no tengas ninguna duda, y es una vergüenza». La expresión alude a la protección mutua entre funcionarios del mismo espacio político como obstáculo real para el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.

La especialista advirtió que este tipo de situaciones no solo pone en riesgo la credibilidad del caso individual, sino que profundiza la desconfianza institucional en los organismos encargados de velar por la transparencia pública.

El escepticismo sobre la Justicia y el peso del voto

En el cierre de su intervención, Talerico expresó un escepticismo marcado sobre la capacidad del sistema judicial para resolver el caso de manera satisfactoria. «La sociedad solo puede corregir esto con el voto», sentenció, y encuadró la lucha contra la corrupción como uno de los desafíos estructurales más persistentes de la Argentina.

La frase cobra particular relevancia en un contexto de año electoral, con Adorni como figura visible del Gobierno de Javier Milei y con una causa judicial que no deja de sumar elementos. La semana pasada, incluso el biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, había pedido públicamente su renuncia, mientras que este sábado la senadora Carolina Losada intentó defenderlo en la mesa de Juana Viale y terminó reconociendo que la situación «complicó al Gobierno».

Puntos clave:

  • La exvicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, cuestionó la actuación de escribanos, bancos e inmobiliarias obligados a reportar operaciones sospechosas en el caso Adorni.
  • Afirmó que los esquemas de compra y financiación investigados «simplemente no cierran» y no requieren análisis técnico complejo para detectar inconsistencias.
  • Denunció la complicidad política entre funcionarios del mismo espacio: «Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza».
  • Expresó escepticismo sobre la Justicia y advirtió que «la sociedad solo puede corregir esto con el voto».
  • El caso acumula allanamientos a inmobiliarias, levantamiento del secreto bancario, declaración de la escribana y la investigación de vuelos privados al exterior.

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