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Habeas corpus: la defensa de Contardi busca revertir su detención

Fernando Sicilia pidió la libertad o prisión domiciliaria para Claudio Contardi.

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El Argentino Diario-Cotardi preso.

El nuevo abogado de Claudio Contardi, Fernando Sicilia, solicitó la liberación o el arresto domiciliario del empresario gastronómico condenado a 19 años de prisión. El pedido se formalizó minutos después de que se leyera la sentencia en su contra.

En un escrito presentado antes de que se conozcan los fundamentos del fallo, Sicilia reclamó que su cliente “vuelva al estado de libertad en la que se encontraba o, en todo caso, se le aplique una medida de coerción menos gravosa”. El planteo se realizó a través de un habeas corpus y quedó registrado en el expediente judicial.

El letrado argumentó que Contardi “siempre se mantuvo a derecho” y que su detención respondió a un pedido de la fiscalía y de la querella, “sin que existieran motivos para proceder a semejante medida, puesto que no se visualizaba riesgo procesal alguno”. También sostuvo que “no existe ningún tipo de amedrentamiento a la denunciante” y calificó el temor invocado como “totalmente injustificado en virtud de la conducta procesal del encarcelado durante todo el proceso”.

Sicilia remarcó que la sentencia todavía no quedó firme, por lo que consideró “ilegal” la detención. En relación a la situación personal de Contardi, señaló que es “padre de tres hijos y de una recién nacida el 19 de julio de 2025”, y que su actual pareja atraviesa “una fuerte depresión y no puede sostener a su bebé”.

El jueves, Contardi fue trasladado a la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, donde comenzó a cumplir su condena. El abogado afirmó que esta situación “agrava ilegítimamente la detención e inserta en una grave vulnerabilidad a su grupo familiar”.

El pedido quedó a la espera de la respuesta judicial, mientras el fallo condenatorio permanece pendiente de revisión.

Judiciales ⚖️

Juicio al «Pity» Álvarez: cambio de abogados y suspensión del debate oral

En la cuarta audiencia del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en Villa Lugano en julio de 2018, el músico Cristian «Pity» Álvarez presentará ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 la designación de dos nuevos defensores particulares y solicitará una suspensión del proceso para que el equipo legal pueda interiorizarse del expediente. Mientras tanto, cuatro efectivos policiales están convocados a declarar para reconstruir los hechos del 12 de julio de 2018 en el complejo Samoré.

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El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados atraviesa una nueva etapa en el juicio oral que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, asesinado el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano. En la audiencia de este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, Álvarez formalizará la incorporación de dos abogados de su confianza para asumir la defensa técnica del caso.

Un retorno a la causa

Los profesionales elegidos son Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro. La presencia de Queijeiro no es nueva en el expediente: estuvo al frente de la defensa del músico durante la etapa inicial de la investigación, antes de presentar su renuncia. Su regreso implica la recuperación de un conocimiento directo del caso. En el escrito a presentar ante el tribunal, Álvarez argumentó que se trata de «letrados de mi exclusiva confianza, razón por la cual solicito sean tenidos por designados para asumir mi defensa técnica en las presentes actuaciones».

Previo a la audiencia, el artista y Queijeiro mantuvieron un encuentro para definir los ejes de la nueva estrategia defensiva, que hasta ahora estuvo bajo la órbita de la defensa oficial. El cambio de representación legal es, en sí mismo, una señal de que el músico busca imprimir un rumbo diferente al proceso.

La defensa pedirá un cuarto intermedio prolongado

Junto con la designación, la nueva defensa elevará un pedido de suspensión y reprogramación del debate oral por un período que permita al equipo tomar conocimiento integral del expediente, analizar las pruebas incorporadas y diseñar una estrategia adecuada. En la presentación, el argumento central es garantizar un «ejercicio real, efectivo y no meramente formal del derecho de defensa», una fórmula procesal que los tribunales suelen tener en cuenta para no vulnerar garantías constitucionales.

El tribunal deberá evaluar el pedido mientras avanza con la agenda prevista: la cuarta audiencia convocó a cuatro efectivos policiales para que declaren sobre los hechos ocurridos aquella noche en el complejo Samoré. Sus testimonios son clave para reconstruir la escena del crimen y la cadena de actuación que siguió al hallazgo del cuerpo de Díaz.

La hoja con letra de «Homero»

En el transcurso de audiencias anteriores, mientras los testigos declaraban ante los jueces, Álvarez escribió en un papel frases de «Homero», una de las canciones más reconocidas de su etapa con Viejas Locas. Entre las líneas que plasmó se lee: «Y es así, la vida de un obrero es así y un cordero se canza alguna vez de ser presa y pasa a ser el cazador», para concluir con «nadie lo pensó, que un cazador cree ser el león pero algunos leones no saben quien sos». El escrito lleva al pie una firma y una fecha: «Colgado 23/7/37».

El gesto, que trascendió a través del diario Clarín, fue leído de múltiples maneras en el entorno judicial y mediático: desde una forma de procesar la tensión del proceso hasta una declaración simbólica sobre su situación. Lo que resulta evidente es que el músico no permanece indiferente a lo que ocurre en la sala del tribunal.

El crimen que desembocó en el juicio

Cristian «Pity» Álvarez fue detenido en julio de 2018 luego de que su entonces suegro declarara ante la Justicia que el músico le confesó: «Maté un chabón». La víctima, Cristian Maximiliano Díaz, fue hallada muerta en el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano. Álvarez permaneció en prisión preventiva durante años hasta que el juicio oral comenzó a sustanciarse ante el TOC N°29. La pena que contempla el tipo penal imputado oscila entre 8 y 25 años de prisión.

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