Judiciales ⚖️
Violencia de género: condenan a ex teniente del ejército por abuso sexual a soldada voluntaria
Con la misma resolución, la Sala II del máximo tribunal penal del país confirmó la reparación ordenada en favor de la víctima y la orden dada a las autoridades del Ejército para la revisión con perspectiva de género del acto administrativo que dispuso su baja.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena a un ex teniente coronel del Ejército Argentino acusado de haber abusado sexualmente de una soldado voluntaria y ratificó así el fallo del tribunal oral federal de Tucumán que, además, declaró que los hechos juzgados constituyeron actos discriminatorios contra la mujer cometidos en un contexto de violencia de género y violencia institucional.
Con la misma resolución, la Sala II del máximo tribunal penal del país confirmó la reparación ordenada en favor de la víctima y la orden dada a las autoridades del Ejército para la revisión con perspectiva de género del acto administrativo que dispuso su baja.
Los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar resolvieron «rechazar el recurso de casación deducido por la defensa particular de Carlos Alberto Bulacio» y de esta forma confirmaron la sentencia recurrida que fue aquella con la que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán condenó al imputado a tres años de prisión de ejecución condicional «por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple».
Por otra parte, el imputado fue condenado a pagar la suma de dos millones de pesos como medida de reparación, para lo que se tuvo en cuenta que los comportamientos realizados por el imputado constituyen hechos discriminatorios realizados en contra de la mujer en un contexto de género y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional.
Durante la sustanciación del recurso, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Javier de Luca, había solicitado que se confirme la sentencia impugnada por constituir una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias de la causa, con invocación de «la normativa nacional e internacional -con jerarquía constitucional- que establece los parámetros de valoración de la prueba en hechos constituyen violencia de género y es particular, delitos contra la integridad sexual».
El juez Yacobucci, quien lideró el acuerdo, recordó que «los organismos internacionales postularon medidas y protocolos para evaluar la prueba en esta clase de sucesos delictivos desde la perspectiva de género (Convención para la Eliminación de Todas formas de Discriminación contra la mujer -CEDAW- y Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Belem do Pará-)»
«A nivel nacional, rige el artículo 16.i de la ley n° 26.485 de Protección Integral de las Mujeres (B.O. 1/4/2009), que dispone el principio de amplitud probatoria para acreditar hechos de violencia contra la mujer», agregó.
El juez Slokar adhirió por sus fundamentos al rechazo del recurso e indicó que «no es posible construir las reglas de una comunidad sobre la base de actitudes unilaterales de hombres que identifican a las mujeres como seres sin derechos».
En ese sentido, destaco que «la situación jurídica de la mujer no siempre es reconocida por los actores institucionales intervinientes, lo que se manifiesta en prácticas institucionales que carecen de una adecuada perspectiva de género y no hacen más que traducir valoraciones propias de determinados contextos histórico-culturales fundados en el mantenimiento de relaciones sociales asimétricas propias del patriarcado a partir de la asignación de pretendidas diferencias sexuales».
Slokar concluyó que las medidas reparatorias dispuestas «no solo cuentan con acabado fundamento normativo, sino que constituyen un imperativo para honrar los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado, que ciertamente imponen una debida satisfacción a la víctima, pero que -fundamentalmente- deben traducirse en la adopción de todas aquellas medidas necesarias para hacer efectiva la garantía de no repetición».
Por su parte, la jueza Angela Ledesma compartió la solución propuesta por los magistrados que la precedieron en la deliberación.
El hecho ocurrió el 23 de marzo de 2017, pasadas las 9, cuando el Teniente Coronel Carlos Bulacio abusó sexualmente de la Soldado Voluntaria F.J.P. en su propia habitación del Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid (San Miguel de Tucumán), según se estableció en el juicio oral.
Los jueces del TOF de Tucumán tuvieron por probado que Bulacio «ingresó a la habitación, a la que él mismo le había ordenado a F.J.P. minutos antes que se dirigiera a realizar tareas de aseo, y tomó a la víctima desde atrás por la cintura proponiéndole tener relaciones sexuales; ante la negación de F.J.P. la arrinconó en una esquina de la habitación, se bajó los pantalones de gimnasia que llevaba puestos y le ordenó a F.J.P. que le practicara sexo oral».
«La víctima forcejeó con el atacante utilizando su propio cuerpo para repelar el avance e incluso raspándose con el tornillo de la puerta del placard hasta que pudo escabullirse hacia el baño que se encontraba adentro del cuarto y trabar la puerta con su cuerpo», según se reconstruyó en el juicio.
Buenos Aires
Mientras Milei recorta, Morón apuesta por el Estado presente frente a la violencia escolar
El municipio que conduce Lucas Ghi convocó a la Provincia, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud para articular respuestas frente a la ola de violencia que sacude las aulas de todo el país.
Morón toma la iniciativa: acción conjunta con la Provincia para blindar las escuelas
★ En un contexto marcado por una preocupante escalada de amenazas y hechos de violencia en escuelas de todo el país, el municipio de Morón tomó la iniciativa y convocó una reunión de trabajo junto a representantes del área de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad bonaerenses y distintas áreas del gabinete local, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y abordaje en el ámbito escolar.
La jornada, impulsada por el intendente Lucas Ghi, fue encabezada por la inspectora jefa regional Eliana González Di Martino; la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Elva Pereira; y la inspectora jefa distrital Natalia Díaz. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad Damián Cardoso, el secretario de Salud Jacobo Netel, el concejal José María Ghi y la subsecretaria de Educación municipal Lorelei Arnaudin, junto a otros miembros del gabinete.
El Estado municipal frente a una crisis que el Gobierno nacional ignora
La reunión se inscribe en un momento de alta tensión en las escuelas argentinas. El tiroteo del 3 de abril en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a su compañero Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes, abrió una crisis que desde entonces se propagó como un reguero de pólvora: en las semanas siguientes, se multiplicaron las amenazas en escuelas de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y otras provincias.
Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof instruyó a las autoridades escolares bonaerenses para que intervengan ante hechos graves y pidió a estudiantes y docentes que no viralicen los mensajes intimidatorios. La Dirección General de Cultura y Educación provincial reconoció la existencia de una comunidad digital que exalta este tipo de ataques y señaló que el Ministerio de Seguridad la mantiene bajo monitoreo.
En Morón, la respuesta fue dar un paso más: en lugar de limitarse a instrucciones protocolares, el municipio convocó una mesa de articulación interinstitucional con actores concretos, capaz de generar «respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de conflicto», según informó el propio municipio.
«Mi Escuela Segura»: convivencia, diálogo y responsabilidad comunitaria
El encuentro se enmarca en la campaña municipal «Mi Escuela Segura», una iniciativa que apunta a generar conciencia sobre la importancia de la convivencia, el diálogo y la responsabilidad en la comunidad educativa, y que busca dotar a docentes, familias y estudiantes de herramientas concretas de intervención ante situaciones de conflicto.
Durante la jornada se compartieron recursos de intervención y se avanzó en la articulación de acciones conjuntas entre el nivel municipal y el provincial. El enfoque adoptado contrasta con las propuestas que circularon desde el Gobierno nacional, que en los últimos años privilegió el recorte presupuestario en áreas de contención escolar por sobre la inversión en equipos de salud mental, orientación y acompañamiento en las aulas.
El gremio docente SUTEBA ya había alertado, en el pico de la crisis posterior al tiroteo de San Cristóbal, que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias». La articulación que pone en marcha Morón responde, al menos en el plano local, exactamente a ese reclamo.
Un municipio que apuesta por el Estado presente
La iniciativa de Morón refuerza una concepción de la gestión pública que privilegia la intervención temprana y el trabajo conjunto sobre la respuesta punitiva. Mientras el debate nacional oscila entre propuestas de mayor seguridad física en los edificios escolares y proyectos que elevan penas para delitos cometidos en instituciones educativas, el municipio del oeste bonaerense elige el camino de la prevención con base comunitaria.
La articulación con la Provincia, la presencia de fuerzas de seguridad con un rol de coordinación y no solo de control, y la incorporación del área de salud como parte de la respuesta dan cuenta de un abordaje integral que reconoce la complejidad del problema.
Puntos clave:
- El municipio de Morón convocó una reunión interinstitucional con la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad y áreas de salud para fortalecer la prevención de la violencia escolar.
- La iniciativa fue impulsada por el intendente Lucas Ghi y se enmarca en la campaña «Mi Escuela Segura».
- El encuentro se produce en un contexto de ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, tras el trágico caso de San Cristóbal, Santa Fe.
- El gobierno de Kicillof instruyó a autoridades bonaerenses para actuar ante hechos graves y monitorear comunidades digitales que exaltan este tipo de ataques.
- El SUTEBA denunció que la violencia escolar es consecuencia del «corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades» en materia de niñeces y adolescencias.
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