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Judiciales ⚖️

Violencia de género: condenan a ex teniente del ejército por abuso sexual a soldada voluntaria

Con la misma resolución, la Sala II del máximo tribunal penal del país confirmó la reparación ordenada en favor de la víctima y la orden dada a las autoridades del Ejército para la revisión con perspectiva de género del acto administrativo que dispuso su baja.

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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena a un ex teniente coronel del Ejército Argentino acusado de haber abusado sexualmente de una soldado voluntaria y ratificó así el fallo del tribunal oral federal de Tucumán que, además, declaró que los hechos juzgados constituyeron actos discriminatorios contra la mujer cometidos en un contexto de violencia de género y violencia institucional.

Con la misma resolución, la Sala II del máximo tribunal penal del país confirmó la reparación ordenada en favor de la víctima y la orden dada a las autoridades del Ejército para la revisión con perspectiva de género del acto administrativo que dispuso su baja.

Los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar resolvieron «rechazar el recurso de casación deducido por la defensa particular de Carlos Alberto Bulacio» y de esta forma confirmaron la sentencia recurrida que fue aquella con la que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán condenó al imputado a tres años de prisión de ejecución condicional «por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple».

Por otra parte, el imputado fue condenado a pagar la suma de dos millones de pesos como medida de reparación, para lo que se tuvo en cuenta que los comportamientos realizados por el imputado constituyen hechos discriminatorios realizados en contra de la mujer en un contexto de género y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional.

Durante la sustanciación del recurso, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Javier de Luca, había solicitado que se confirme la sentencia impugnada por constituir una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias de la causa, con invocación de «la normativa nacional e internacional -con jerarquía constitucional- que establece los parámetros de valoración de la prueba en hechos constituyen violencia de género y es particular, delitos contra la integridad sexual».

El juez Yacobucci, quien lideró el acuerdo, recordó que «los organismos internacionales postularon medidas y protocolos para evaluar la prueba en esta clase de sucesos delictivos desde la perspectiva de género (Convención para la Eliminación de Todas formas de Discriminación contra la mujer -CEDAW- y Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Belem do Pará-)»

«A nivel nacional, rige el artículo 16.i de la ley n° 26.485 de Protección Integral de las Mujeres (B.O. 1/4/2009), que dispone el principio de amplitud probatoria para acreditar hechos de violencia contra la mujer», agregó.

El juez Slokar adhirió por sus fundamentos al rechazo del recurso e indicó que «no es posible construir las reglas de una comunidad sobre la base de actitudes unilaterales de hombres que identifican a las mujeres como seres sin derechos».

En ese sentido, destaco que «la situación jurídica de la mujer no siempre es reconocida por los actores institucionales intervinientes, lo que se manifiesta en prácticas institucionales que carecen de una adecuada perspectiva de género y no hacen más que traducir valoraciones propias de determinados contextos histórico-culturales fundados en el mantenimiento de relaciones sociales asimétricas propias del patriarcado a partir de la asignación de pretendidas diferencias sexuales».

Slokar concluyó que las medidas reparatorias dispuestas «no solo cuentan con acabado fundamento normativo, sino que constituyen un imperativo para honrar los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado, que ciertamente imponen una debida satisfacción a la víctima, pero que -fundamentalmente- deben traducirse en la adopción de todas aquellas medidas necesarias para hacer efectiva la garantía de no repetición».

Por su parte, la jueza Angela Ledesma compartió la solución propuesta por los magistrados que la precedieron en la deliberación.

El hecho ocurrió el 23 de marzo de 2017, pasadas las 9, cuando el Teniente Coronel Carlos Bulacio abusó sexualmente de la Soldado Voluntaria F.J.P. en su propia habitación del Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid (San Miguel de Tucumán), según se estableció en el juicio oral.

Los jueces del TOF de Tucumán tuvieron por probado que Bulacio «ingresó a la habitación, a la que él mismo le había ordenado a F.J.P. minutos antes que se dirigiera a realizar tareas de aseo, y tomó a la víctima desde atrás por la cintura proponiéndole tener relaciones sexuales; ante la negación de F.J.P. la arrinconó en una esquina de la habitación, se bajó los pantalones de gimnasia que llevaba puestos y le ordenó a F.J.P. que le practicara sexo oral».

«La víctima forcejeó con el atacante utilizando su propio cuerpo para repelar el avance e incluso raspándose con el tornillo de la puerta del placard hasta que pudo escabullirse hacia el baño que se encontraba adentro del cuarto y trabar la puerta con su cuerpo», según se reconstruyó en el juicio.

Géneros 🟣

Alperovich logró un recorte de dos años, pero Casación ratificó los abusos

La Sala 2 de la Cámara de Casación ratificó la responsabilidad del exgobernador de Tucumán en nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina, pero bajó la pena de 16 a 14 años por su edad y su estado de salud. Mantiene la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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José Alperovich, exgobernador de Tucumán

Dos años menos de prisión por la edad avanzada y el delicado estado de salud del condenado, y por su caracterización como “un padre de familia apreciado por su entorno”: ese fue el argumento de la mayoría de la Cámara de Casación para reducir la pena a José Alperovich sin tocar el fondo del veredicto.

La Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, integrada por Horacio Leonardo Días, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin, confirmó este miércoles la condena al exgobernador de Tucumán y exsenador nacional José Jorge Alperovich por nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina, que trabajaba como su secretaria privada y asesora: tres de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado por acceso carnal. La condena original había sido dictada en junio de 2024 por el juez Juan María Ramos Padilla, del Tribunal Oral en lo Criminal, que fijó 16 años de prisión.

Por qué le bajaron la pena

La decisión se tomó por mayoría. Días, autor del voto principal, sostuvo que el caso presenta “agravantes de notable entidad” que justifican una pena lejos del mínimo, pero consideró que la sentencia original no ponderó como correspondía los atenuantes de la edad avanzada y del estado de salud del exgobernador. Sarrabayrouse adhirió. Ambos rechazaron todos los demás planteos de la defensa, a cargo de Augusto Garrido y Maximiliano Rusconi, y Sarrabayrouse escribió que esas objeciones partían de “concepciones estereotipadas” sobre cómo debería comportarse una víctima de violencia sexual.

El fallo mantuvo la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los ámbitos municipal, provincial y nacional, y confirmó que los abusos se cometieron en una situación de asimetría de poder, por la posición política de Alperovich y el vínculo de subordinación laboral con su sobrina.

El voto en disidencia

Morin votó en contra de la mayoría y propuso hacer lugar de forma más amplia al recurso de la defensa: anular la sentencia, apartar al juez y realizar un nuevo juicio oral ante otro tribunal. Según trascendió, la defensa reclamará en esa línea en las próximas instancias.

Lo que dice la querella

El abogado de la querella, Pablo Rovatti, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos Graves del Ministerio Público de la Defensa, dijo que todavía no termina de entender la reducción de la pena, aunque destacó que los jueces de la Sala 2 expresaron “con toda claridad” que Alperovich cometió los abusos por los que fue condenado.

El recorrido de la causa

La denuncia fue radicada en 2019 por la víctima, 35 años menor que el exgobernador, por hechos ocurridos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y un departamento de Puerto Madero. En el juicio, el fiscal Sandro Abraldes lo definió como “un juicio sobre la impunidad del poder” y pidió 16 años y seis meses de prisión, mientras que la querella reclamó 22. Alperovich cumple su prisión domiciliaria en Puerto Madero por su edad y sus problemas de salud, y la Corte Suprema le había negado antes la excarcelación mientras la condena se revisaba en Casación.

Lo que tenés que saber

  • Casación confirmó la condena a Alperovich por nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina, seis con acceso carnal.
  • La pena bajó de 16 a 14 años por la edad y el estado de salud del exgobernador.
  • La inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos sigue vigente.
  • El juez Daniel Morin votó en disidencia y propuso anular la sentencia y repetir el juicio.
  • Alperovich cumple prisión domiciliaria en Puerto Madero.
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