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Multas para los jueces Anzoátegui y Rizzi por fallo misógino contra la ILE

La denuncia se originó tras un fallo de los magistrados de septiembre de 2020 en el que, cuando analizaban el caso de un hombre de 30 años que abusó de su hermanastra durante casi 10 años, atacaron a los médicos que realizaron la ILE calificándolos de «sicarios» y «asesinos a sueldo».

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El Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles descontar la mitad del salario, por única vez, a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8, Javier Anzoátegui y Luis Rizzi, por su fallo misógino contra la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña violada.

La denuncia contra Anzoátegui y Rizzi se originó tras un fallo de los magistrados de septiembre de 2020 en el que, cuando analizaban el caso de un hombre de 30 años que abusó de su hermanastra durante casi 10 años, atacaron a los médicos que realizaron la ILE calificándolos de «sicarios» y «asesinos a sueldo».

Además, los jueces definieron a la ILE como un «método de tortura de la mafia», «rituales de las tribus antropófagas» y llamaron «manual de salvajadas inhumanas» al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación.

No satisfechos con las adjetivaciones, en la misma sentencia, Anzoátegui y Rizzi decidieron formular una denuncia penal contra médicos y defensores para que se investigue su conducta.

Ante el ataque a los derechos consagrados en la ley, la defensora general Stella Maris Martínez pidió que se les inicié un proceso en el Consejo, y lo mismo hicieron desde la Fundación MujeresxMujeres (MxM) de Tucumán, junto a la abogada porteña Julieta Arosteguy.

El miembro informante del expediente, el consejero senador Eduardo Vischi (UCR), destacó la posturas unánimes de los consejeros sobre las faltas de los jueces y que el dinero de la multa vaya a la víctima.

«Deshonran la profesión judicial», dijo sin eufemismos el representante de los abogados, Héctor Recalde, y en los mismos términos se expresó el consejero diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) y mencionó a los organismos y referentes en temas de género que seguían la audiencia.

Una vez conocida la sanción, desde MujeresxMujeres, la abogada Soledad Deza consideró que «es un gran avance que los mecanismos de control jurisdiccional funcionen para sancionar a estos magistrados».

«No es una sugerencia la perspectiva de género, es una obligación convencional y constitucional, y pagar con parte de su jugoso sueldo una multa es un mensaje potente», recalcó la abogada feminista.

En paralelo al descuento de la multa, ambos jueces deberán cumplir con la capacitación en género de la llamada «Ley Micaela», obligatoria para todas las jerarquías del Poder Judicial.

La penalización para Anzoátegui logró el voto unánime de los consejeros presentes en el plenario, salvo el caso de la consejera abogada Jimena de la Torre, ex funcionaria de la AFIP durante la gestión Macri, que se ausentó durante toda la discusión y votó en contra sin fundamentos.



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Femicidio

Cuatro femicidios, cero garantías: paran las trabajadoras sexuales

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) convocó a un paro federal para este martes 3 de noviembre. Denuncia que la criminalización, la falta de derechos y hasta los reclamos impositivos de ARCA empujan a la clandestinidad, el terreno donde ocurrieron cuatro femicidios.

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Ammar convocó a un paro federal para este martes 3 de noviembre bajo la consigna «Ni una trabajadora sexual menos».

Cuatro trabajadoras sexuales fueron asesinadas entre agosto y octubre y ninguna superaba los 30 años. Por ellas, las trabajadoras sexuales de todo el país paran este martes bajo la consigna «Ni una trabajadora sexual menos».

La medida fue convocada por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), cuya secretaria general, Georgina Orellano, precisó que las víctimas eran jefas de familias monoparentales y con experiencias recientes en el trabajo sexual. Se trata de Débora Bordón, asesinada en agosto en su departamento del barrio Agote de Rosario; Bárbara Aragón, también en Rosario; Daniela Villalba, de 29 años, en Córdoba; y Tatiana Fernández, de 27, en el barrio porteño de Retiro. Según el recuento difundido en torno al paro, en diez meses de 2026 se cometieron 240 femicidios en la Argentina.

Una vida precarizada, una vida que importa

Orellano explicó que muchas de las víctimas venían de trabajos informales, con deudas y precariedad, y que trabajaban en departamentos y publicaban sus servicios en páginas web. El paro, de alcance nacional, busca en primer lugar denunciar la precarización laboral de quienes ejercen el trabajo sexual en todos los ámbitos. Pero también pretende instalar que la vida de las trabajadoras sexuales vale, y que su oficio no habilita a nadie a culpabilizarlas ni a revictimizarlas.

La dirigente apuntó además contra un Estado que, según planteó, criminaliza y persigue al mismo tiempo. Detalló que las mujeres que trabajan en plataformas digitales reciben notificaciones de ARCA con reclamos de deuda y exigencias de pago de impuestos. «Por un lado el Estado te pide que pagues impuestos pero no te ofrece ninguna garantía, ningún derecho», afirmó. Cuando ocurre un femicidio de una trabajadora sexual, sostuvo, el Estado se desentiende.

El «asesino serial» y el problema que se esconde

Por los dos últimos casos, el de Villalba en Córdoba y el de Fernández en Retiro, hay un solo detenido, y la Justicia investiga si la autoría corresponde a una misma persona. Orellano rechazó el modo en que los medios hegemónicos instalaron la figura del «asesino serial». «Hablar de asesino serial para nosotras es individualizar un problema que es social y estructural», sostuvo, y lo vinculó con el machismo, el patriarcado, la criminalización del trabajo sexual y la falta de derechos.

En esa línea, la secretaria general de Ammar relacionó estos crímenes con el femicidio de Nanci, la docente asesinada en Corrientes, un caso que también dejó a la vista las malas condiciones laborales y la ausencia del Estado frente a una trabajadora que denunciaba y reclamaba mejoras.

Clandestinidad: el costo de prohibir

Orellano recordó que el trabajo sexual no es un delito en la Argentina, pero que existen espacios criminalizados, como bares y whiskerías, y que tampoco se permite publicar avisos en los diarios. Para la dirigente, la prohibición no hizo desaparecer el trabajo sexual sino que lo individualizó y lo empujó a la clandestinidad. Proliferaron así las plataformas digitales y los departamentos temporarios, donde por ser trabajadoras sexuales deben pagar el doble o el triple.

«No nos mata el trabajo sexual, nos mata la clandestinidad, nos mata la falta de derechos, nos mata la criminalización a la que nos empujaron», resumió. En esa clandestinidad, advirtió, quedaron expuestas a situaciones de inseguridad y de riesgo.

Cómo se para en un trabajo sin patronal

La decisión salió de una asamblea federal que se realizó de manera virtual. El primer debate fue cómo hacer una huelga en un trabajo criminalizado, sin derechos, sin patronal y sin registro. «Teníamos que apelar a la creatividad», contó Orellano, y planteó que esa pregunta le cabe también a buena parte del movimiento obrero, que debe replantearse estrategias, alcance y representatividad.

La organización se tramitó en grupos de WhatsApp. Quienes trabajan en las rutas harán una asamblea y una olla popular, y las trabajadoras visibles publicarán durante toda la jornada una imagen en sus redes sociales. Algunas pararán apenas dos horas y colocarán un cartel en su esquina contra los femicidios y la violencia. En distintas provincias hay actividades que van desde radios abiertas hasta manifestaciones. En la Ciudad de Buenos Aires, mujeres sindicalistas y actrices se sumarán a una acción a las 11 frente al Congreso de la Nación. Ammar convocó además a compartir su imagen oficial en WhatsApp, Instagram, X o Telegram.

Una violencia que escala, también en las redes

Orellano describió una situación de violencia permanente: llegan videos, mensajes y audios con denuncias de agresiones de la policía y de vecinos. Mencionó el caso de Palermo, donde jóvenes van a la zona de trabajo sexual a hostigar a las compañeras, filman con sus celulares y suben el material a TikTok y otras redes. Según planteó la organización, la violencia se acentuó desde la llegada del gobierno de Javier Milei y, en la Ciudad, con la gestión de Jorge Macri.

«Todo vale cuando la vida de la otra no tiene un valor», dijo la dirigente, y afirmó que esos discursos tienen una bajada desde el gobierno nacional y calaron en la sociedad. «Estamos viviendo en una sociedad rota», sentenció. Esperan que la jornada genere conciencia social y reclaman justicia por las víctimas. «No podemos seguir contando muertas», concluyó Orellano.

Lo que tenés que saber:

  • Cuatro trabajadoras sexuales fueron asesinadas entre agosto y octubre: Débora Bordón, Bárbara Aragón, Daniela Villalba y Tatiana Fernández.
  • Ammar convocó a un paro federal para este martes 3 de noviembre bajo la consigna «Ni una trabajadora sexual menos».
  • Por los dos últimos casos hay un solo detenido y la Justicia investiga si la autoría corresponde a una misma persona.
  • Orellano denunció que ARCA reclama impuestos a trabajadoras de plataformas digitales sin ofrecer garantías ni derechos.
  • En la Ciudad de Buenos Aires habrá una acción a las 11 frente al Congreso de la Nación.
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