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Sociedad

A 6 años del femicidio de Micaela García: «Levantamos tu bandera,tu lucha y tu pasión»

Sus familiares reclaman una reforma judicial y la efectiva aplicación de la Ley Micaela en todos los poderes del Estado y sobre todo las fuerzas de seguridad.

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Los padres de Micaela García, la joven de 21 años violada y asesinada en abril de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguay, aseguran al recordar a su hija que su «fuerza se ha multiplicado», pero que «muchas cosas no han cambiado y por eso a las pibas las siguen matando», por lo que exigieron una «reforma del sistema judicial».

El sistema de Justicia, «en la mayoría de los casos, sigue revictimizando a las víctimas, actuando tarde y siendo indiferente«, afirmó la Fundación Micaela García -La Negra-, que conducen Néstor García y Andrea Lescano, padres de la joven.

A seis años del femicidio, sus padres piden recordarla «por la forma en la que eligió vivir: luchando contra las injusticias«.Por eso, recalcaron en un escrito que la fuerza vital de ‘Mica’, «lejos de extinguirse, se ha multiplicado» y que «su sonrisa se convirtió en la bandera para construir una sociedad mejor y libre de violencias».

«En merenderos, paredones, locales militantes, universidades y centros culturales, vemos su rostro alegre pintado como compromiso para no bajar los brazos, ni conformarnos. Y la ley que lleva su nombre es una causa que motoriza trabajo y militancia», resaltaron.

Asimismo, Néstor y Andrea puntualizaron que «muchas cosas no han cambiado» y por eso a «las pibas las siguen matando no sólo los femicidas sino, también, un Estado sin perspectiva de género».

En ese sentido, exigieron una reforma judicial para que el sistema de justicia argentino «tenga intervenciones adecuadas y rápidas y no perpetúen la impunidad».

También reclamaron por una «aplicación efectiva» de la Ley Micaela en el Estado Nacional, provincial y municipal, en la justicia y las fuerzas de seguridad, y un «fortalecimiento» de las áreas de género.

¿Quién era Micaela García?

Micaela García, estudiante de Educación Física y militante del Movimiento Evita, desapareció el 1 de abril de 2017 tras salir de un boliche en Gualeguay y su cuerpo fue hallado una semana después, semienterrado, cerca de la ruta nacional 12.De acuerdo con los peritajes forenses, la joven había sido violada y estrangulada el mismo día en que desapareció.

En junio de 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena a prisión perpetua para Sebastián Wagner (de 31 años), y ordenó anular la sentencia para Néstor Pavón (de 35), para quien solicitaron que se sea sometido a un nuevo juicio oral.

Sin embargo, Pavón recuperó su libertad el 4 de septiembre de 2020 luego que la Justicia entrerriana aceptara su camioneta como alternativa a la caución de un millón de pesos que le había sido interpuesta, tras permanecer detenido tres años y cuatro meses.

La decisión de excarcelar a Pavón fue adoptada a pesar de que aún está pendiente que se resuelva un pedido de la fiscalía, y de la querella, para que sea sometido a un nuevo juicio por el caso que lo tuvo como imputado.

El crimen llevó a la sanción -en diciembre de 2018- de la llamada «Ley Micaela», que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en los tres poderes del Estado.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

Judiciales ⚖️

Mar del Plata: topadoras y desalojo en la histórica “Saladita de la Bristol”

En un megaoperativo federal que incluyó a más de 100 efectivos y maquinaria pesada, la Municipalidad demolió los puestos de la emblemática feria costera. Tras 25 años de informalidad, la Justicia Federal ordenó el desmantelamiento por infracciones a la Ley de Marcas, desatando la resistencia de los feriantes.

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La emblemática postal de la «Saladita de la Bristol» en Mar del Plata desapareció este jueves bajo la acción de topadoras y palas mecánicas municipales. Tras un megaoperativo iniciado por la Prefectura Naval y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Justicia Federal ordenó la demolición total de los puestos que, desde hacía más de 25 años, ocupaban el espacio público entre la vereda y la arena en pleno centro de la ciudad.

El despliegue comenzó el miércoles con más de 100 efectivos federales allanando la feria en el marco de una investigación por presuntas infracciones a la Ley de Marcas. Durante el procedimiento, se secuestraron bolsones de mercadería y se labraron actas en al menos 70 puestos. La situación escaló durante la madrugada de hoy, cuando la maquinaria pesada del gobierno de Guillermo Montenegro avanzó sobre las estructuras de material y chapa, a pesar de los intentos de resistencia de los vendedores que permanecían en el lugar.

Conflicto social y denuncias de alquileres ilegales

Desde el Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA) repudiaron el accionar municipal, calificándolo como un golpe a «familias que construyen su sustento con esfuerzo». Sin embargo, el operativo también sacó a la luz una oscura trama de informalidad: algunos feriantes denunciaron que pagaban hasta 3 millones de pesos mensuales en concepto de «alquiler» por los puestos durante la temporada de verano, pagos que se realizaban sin recibo oficial ni respaldo legal.

El intendente Montenegro se adjudicó la autoría del desmantelamiento, argumentando la necesidad de recuperar el espacio público y combatir la comercialización de productos de origen dudoso. Mientras tanto, la imagen actual de la Rambla Bristol muestra solo escombros y materiales retorcidos sobre la playa, mientras los puesteros organizan una manifestación frente al Palacio Municipal para exigir una reubicación o soluciones laborales tras la pérdida definitiva de sus lugares de venta.

Puntos clave:

  • * La «Saladita de la Bristol» fue demolida totalmente tras un operativo de la Prefectura y la Municipalidad de Mar del Plata.
  • * La Justicia Federal ordenó el allanamiento y desmantelamiento por infracciones a la Ley de Marcas.
  • * Los puestos tenían más de 25 años de antigüedad en la zona costera entre la Peatonal San Martín y Rivadavia.
  • * Puesteros denunciaron el pago de alquileres ilegales de hasta 3 millones de pesos a organizaciones informales.
  • * El gremio SIVARA anunció protestas frente a la Municipalidad en rechazo al desalojo de unas 200 familias.
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