Paola Tacacho había radicado diez denuncias contra su femicida. En tanto, organizaciones de derechos humanos adelantaron que pedirán juicio político para el magistrado que debía tomar medidas.

«Acá hay dos culpables: uno que es el que mató y el otro es el Estado, y nos van a tener que responder por su muerte», aseguró Belén, una prima de la profesora Paola Tacacho, asesinada por un ex estudiante que luego se suicidó

Familiares de la profesora de inglés asesinada a puñaladas el viernes pasado en pleno centro de la capital tucumana por un ex alumno que luego se suicidó, denunciaron este lunes que «el Estado la desprotegió y desamparó» a pesar de las más de diez denuncias que radicó en contra del victimario, y aseguraron que «van a tener que responder por esta muerte».

«Ella consiguió varias perimetrales, pero nunca la Justicia ni su familia (la del acusado) quisieron que él cumpla esa perimetral, las violaba todo el tiempo, nunca hubo un botón antipánico, una tobillera electrónica o una custodia policial», dijo esta mañana Belén, durante una entrevista televisiva, una de las primas de Paola.

La mujer explicó que el femicida, Mauricio Parada Parejas, «se obsesionó» con la víctima y «comenzó a molestarla con mensajes amenazantes», por lo que «ella tuvo que cerrar sus redes sociales, y como él ya no podía acceder a ella por esa vía, empezó a molestar a toda la familia y a sus amigos».

«Ella era muy reservada con sus cosas, no teníamos conocimiento de las denuncias que hizo este año, incluso la última vez que hablé con ella me dijo que ya no la molestaba», contó, si bien luego se enteró que Parejas «la perseguía».

«Se sentaba afuera de su domicilio a esperarla, afuera del gimnasio, y la miraba a través del vidrio», justamente, «cuando él la apuñaló ese viernes la seguía desde el gimnasio, sabía sus horarios y qué días iba», aseveró Belén.

«No sabemos qué le pasó a él por la cabeza, aparentemente es un paciente esquizofrénico, no sabemos si estaba en tratamiento o no, pero su familia se desentendió totalmente del tema, se sacó el estorbo alquilándole un departamento a una cuadra del gimnasio al que iba Paola», comentó.

En tanto, organizaciones de derechos humanos adelantaron que van a pedir el juicio político para el magistrado que debía tomar medidas ante esas presentaciones. Mientras, esta tarde, cientos de personas marcharon en reclamo de justicia por las calles de San Miguel de Tucumán y remarcaron que este caso «se pudo haber evitado».

«Hay una negligencia seria y esperamos que se tomen las medidas necesarias porque no es la primera vez que esto sucede en la provincia y refleja que hay un sector de la Justicia que no toma en serio las denuncias», sostuvo Marieta Urueña Russo, representante del colectivo «Ni Una Menos» de Tucumán.

«A mi prima no la vamos a tener más, todos sus proyectos y sueños no los va a poder cumplir porque el Estado la desprotegió y la desamparó, no sé cómo vamos a seguir pero lo vamos a hacer, porque acá hay dos culpables, uno que es el que mató y el otro es el Estado, y nos van a tener que responder por su muerte», concluyó Belén.

Por otro lado, Daniela, otra de las primas de Paola, manifestó que «la Justicia decidió no hacer nada», a pesar de que, según ella, existía otra denuncia del 2012 radicada por «otra profesora que tuvo él y que hacía lo mismo con ella».

«Si esta persona ya tenía denuncias previas, y mi prima hizo las denuncias, no una ni dos, muchísimas, ¿por qué nadie hizo nada por ella? ¿Por qué el Estado la desprotegió de esta manera?», se preguntó entre lágrimas.

«Una vez más la Justicia inoperante causa un femicidio, ella hizo todo lo que tenía a su alcance para que esta personaje se le aleje, para que deje de acosarla, y él siguió, porque nunca se hizo nada desde la Justicia», finalizó.

El apoyo de la Fundación Marita Verón

Asimismo, Betina Laguna, asesora legal de la Fundación Marita Verón, dijo al mismo medio que la familia de Paola se contactó con la organización y que se la está ayudando «con los trámites y el acompañamiento».

«Lamentablemente en la Justicia a este tipo de denuncias, por más que sean reiteradas, cuando el hostigamiento y el acoso es de esta forma, donde no hay violencia física, no le dan mayor importancia», opinó.

«Había medidas de restricciones de acercamiento, pero ya vemos que eso no es suficiente, incluso en casos extremos, en el caso de que la Justicia determine una custodia policial para la víctima, esa custodia va a durar a lo sumo una semana y ni siquiera todo el tiempo, entonces las víctimas quedan desprotegidas», finalizó.