Córdoba
Murió la mujer baleada en Cruz del Eje y ya son nueve los femicidios en Córdoba durante 2023
Se trata de Evelia Zárate, quien desde la madrugada de ayer se encontraba alojada en el Hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla, donde debido a la gravedad de su cuadro los médicos habían decidido no intervenirla quirúrgicamente.
La mujer de 46 años que estaba internada en grave estado tras haber sido baleada en la cabeza presuntamente por su pareja en la localidad de Cruz del Eje, Córdoba, murió hoy a raíz de las heridas sufridas y se convirtió en la novena víctima de femicidio en lo que va del año en esa provincia, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Evelia Zárate, quien desde la madrugada de ayer se encontraba alojada en el Hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla, donde debido a la gravedad de su cuadro los médicos habían decidido no intervenirla quirúrgicamente.
Por su parte, la pareja de la víctima, Fernando Heredia (50) quedó alojado en el complejo carcelario Andrés Abregú de Cruz del Eje, a disposición del fiscal de la causa, Raymundo Barrera.
El ataque ocurrió el martes antes de la medianoche en una vivienda de la calle Bailen, en el barrio Tiro Federal de Cruz del Eje, en el noroeste cordobés.
Mientras que Heredia fue detenido poco después de en la terminal de micros de esa localidad.
En tanto, Agustina, la hija de la víctima y del ahora detenido, dijo esta tarde a la prensa que «todo estaba escrito» y que su madre la «preparó para esto» dado que existían casos de violencia previo de su padre contra la víctima.
«No sé qué pasó, me fueron a buscar diciéndome que mi mamá estaba internada en el hospital y que mi papá le había pegado. Pensé que era un golpe de puño, no sabía que era un disparo», resumió la joven a Canal 12 y agregó que se hará cargo de sus tres hermanos, además de los tres hijos que ella tiene.
En tanto, el fiscal Barrera pidió hoy disculpas y se retractó ante los miembros de la Cámara Criminal y Correccional por una información que brindó en los medios respecto a una causa penal que transitó el detenido anteriormente.
El funcionario judicial había señalado que una causa por violencia de género iniciada en 2017 contra Heredia, no había tenido resolución en la mencionada Cámara, aunque admitió que esa información es «errónea» y sostuvo: «Asumo totalmente la responsabilidad de haber dado esa información errónea.»
De hecho, la Cámara de Cruz del Eje, en la sala unipersonal que preside el vocal Ángel Andreu, en la sentencia número 14 del 12 de abril de 2017 condenó a Heredia a dos años de prisión por violencia de género, lesiones leves agravadas reiteradas y amenazas.
El fiscal Barrera reforzó el pedido de «disculpas del caso», y consideró «muy grave» su error.
«La Cámara sí hizo su trabajo y el doctor Andreu es un camarista excelente y lamento muchísimo haber dado una información errónea a los medios», aclaró.
El crimen de Zárate se convirtió en el noveno femicidio en lo que va del año en la provincia de Córdoba.
Anteriormente fueron asesinadas Anahí Bulnes, Rocío Lezcano, Sofía Bravo, Valeria Oviedo, Felisa Paulina De lo Santo, Cledy del Valle Oviedo, Jesica Gomez y Milagros Bottone.
Córdoba
Fuego en el aula: condenan a un colegio por las quemaduras de una alumna
Un juez de Córdoba ordenó indemnizar a una estudiante de 17 años que pasó 70 días en terapia intensiva y quedó con una incapacidad permanente. El laboratorio no tenía las medidas básicas de seguridad.
Una alumna de 17 años pasó 70 días en terapia intensiva, atravesó decenas de cirugías y quedó con una incapacidad psicofísica permanente y definitiva por las quemaduras que sufrió durante un experimento en la clase de química. Ahora, la Justicia cordobesa condenó al colegio privado al que asistía a indemnizarla y dejó en claro que la seguridad de los estudiantes es responsabilidad de la escuela.
El fallo es del juez Gustavo Massano, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de 51ª Nominación de la ciudad de Córdoba, y fue difundido por el portal oficial Justicia de Córdoba. La resolución alcanza a la institución educativa de gestión privada y a su compañía de seguros, citada en garantía. El portal oficial no difundió el monto de la indemnización ni el nombre del establecimiento. El hecho ocurrió el 6 de septiembre de 2022, durante una clase de química del último año del secundario.
La «serpiente del faraón» que terminó en tragedia
El accidente ocurrió durante una práctica conocida como «la serpiente del faraón», un experimento que implica manipular elementos inflamables para generar una estructura carbonosa negra que crece con forma de serpiente. Mientras dos adolescentes realizaban la actividad, una compañera de curso agregó alcohol a la mezcla y se produjo una deflagración con una expansión de fuego que alcanzó de lleno a la estudiante.
Las quemaduras fueron de extrema gravedad. La joven estuvo internada 70 días en terapia intensiva y tuvo que someterse a decenas de intervenciones quirúrgicas, entre ellas limpiezas, ablaciones y autoinjertos de piel, además de un largo proceso de rehabilitación.
Una docente sola para varios grupos con fuego
El colegio intentó despegarse: argumentó que el daño se debió directamente a la conducta impropia de otra alumna. La aseguradora fue más allá y sostuvo que esa inconducta constituía un caso fortuito, imprevisible o inevitable. El juez rechazó ambas defensas.
Massano precisó que los alumnos no son «terceros extraños» respecto del colegio, sino que están amparados por el deber de custodia e indemnidad del establecimiento, por lo que lo que haga un estudiante no puede eximir a la escuela de su responsabilidad. Para el magistrado, manipular fuego y alcohol es una actividad riesgosa y la conducta irreflexiva de un adolescente forma parte de las contingencias previsibles que la autoridad escolar debe contemplar.
La prueba fue contundente. La pericia técnica en higiene y seguridad y el resto de los elementos de la causa demostraron que el laboratorio no contaba con los elementos básicos de protección personal ni con las medidas de seguridad necesarias. Además, el colegio no aplicó su propio manual de seguridad del laboratorio.
El fallo también apuntó a la falta de supervisión: una sola docente estaba a cargo de controlar al mismo tiempo a varios grupos que hacían la prueba con fuego en paralelo, sin un orden secuencial estricto, sin ayudantes de laboratorio y sin haber revisado antes los recipientes de alcohol que llevaron los propios alumnos.
La educación privada, leída como relación de consumo
Para resolver el caso, el juez consideró la relación entre el establecimiento y los alumnos, o sus padres cuando son menores de edad, como un «verdadero contrato de consumo», y lo encuadró en el régimen de responsabilidad objetiva del artículo 1767 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula la responsabilidad de los establecimientos educativos por los daños que sufren o causan sus alumnos menores de edad mientras están bajo su control.
En esa lógica, el colegio asume el rol de proveedor, como empresa que organiza y ofrece su actividad de enseñanza, y la alumna el de consumidora, como usuaria y destinataria final del servicio. El encuadre tiene una consecuencia directa: la escuela responde por los daños sin que la víctima tenga que probar su culpa, y solo podría liberarse demostrando un caso fortuito, algo que el juez descartó.
El caso deja una advertencia que excede a ese colegio: cuando una escuela cobra por enseñar y organiza actividades riesgosas, no puede trasladar a los chicos ni al azar el costo de no invertir en seguridad ni en personal.
Lo que tenés que saber:
- Un juzgado civil y comercial de Córdoba condenó a un colegio privado a indemnizar a una alumna que se quemó en una clase de química.
- La estudiante, de 17 años, estuvo 70 días en terapia intensiva, pasó por decenas de cirugías y quedó con una incapacidad permanente.
- El accidente ocurrió cuando una compañera agregó alcohol al experimento conocido como «la serpiente del faraón».
- El juez Gustavo Massano rechazó que la culpa fuera de la otra alumna o un caso fortuito y aplicó el artículo 1767 del Código Civil y Comercial.
- La pericia mostró que el laboratorio no tenía elementos básicos de seguridad y que una sola docente supervisaba a varios grupos a la vez.
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