Zona Destacada
Proyecto para conseguir más órganos para trasplantes
Buscan declarar «de interés» el Programa Procurar, que propone la creación de Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (Uhprot) en los hospitales.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) presentó hoy un proyecto de ley para declarar «de interés» el Programa Procurar, que propone la creación de Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (Uhprot) en los hospitales, e invitar a las autoridades sanitarias provinciales y municipales a implementarlo.
El programa fue lanzado en enero por el Ministerio de Salud con el objetivo de conseguir más órganos y tejidos para trasplantes; y la idea es que, en la mayor cantidad posible de instituciones hospitalarias, exista una unidad que lleve a cabo los procesos de detección, selección y tratamiento de los potenciales donantes.
“No se requieren muchos recursos para crear una unidad en un hospital: bastan un médico, un enfermero y un personal administrativo. Con muy poco podemos hacer mucho”, señaló el autor del proyecto.
En la presentación, realizada en el Salón Blanco del Congreso Nacional, participaron el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; el exministro de Salud de la Nación y actual diputado nacional, Daniel Gollan; el presidente del Incucai, Carlos Soratti; el presidente del Cucaiba, Francisco León; el vicepresidente del Incucai, Richard Malan; y el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez.
Kreplak puso de relieve que «el 75% de las donaciones se realizan en los hospitales públicos, mientras que el 75% de los trasplantes se realizan en instituciones privadas».
“Tenemos que hacer un llamado tremendo al sector privado de la salud que no hace el trabajo solidario de procurar los órganos y esto hace que se pierdan muchas posibilidades de realizar trasplantes”, destacó.
También comentó que «un ministro de salud de un país importante» le expresó «su sorpresa al enterarse de que en Argentina hacen trasplantes a los pobres».
“Incluso en los libros de texto, la pobreza es colocada como un condicionante para recibir un trasplante, porque dicen que los pacientes no van a poder sostener el tratamiento después del trasplante. Por eso es tan importante el Estado, en Argentina acompañamos y apoyamos a los pacientes”, destacó.
En esa línea, Gollan sostuvo: “No podemos caer en un sistema donde el que tiene acceso, tiene derecho a vivir; y el que no tiene acceso, tiene derecho a morir. Que una persona pueda decir eso y haya gente que lo aplauda, me hace sentir que retrocedemos décadas”.
“Por suerte tenemos una estructura de leyes justamente para que no venga alguien y diga bueno, no hay más dinero para trasplantes, no hay más dinero para cirugía compleja. Espero que a través de esta movida sensibilicemos más, no sólo que haya más donantes, sino que la eficiencia para procurar los órganos mejore, porque eso se transforma en calidad de vida, en vida para miles de argentinos y argentinas”, remarcó.
Soratti, en tanto, expresó: “Que la Cámara de Diputados declare de interés el Procurar y que invite a las provincias a apoyar es de enorme valor para el desarrollo de un programa de este tipo que involucra mucha decisión política”.
“La confianza de la sociedad y el prestigio del que gozan instituciones como el Incucai y el Cucaiba, que tienen un sistema de registro y de gestión de la información totalmente transparente, vuelve disparatada esta estupidez de que lo puede resolver el mercado. Todo lo contrario. Lo único que puede resolver este proceso, extremadamente complejo, es el Estado”, afirmó.
En la actualidad hay más de 7.000 personas en lista de espera para recibir un órgano, y de acuerdo al Incucai, solo 4 de cada 1.000 muertes permiten recuperar los órganos para donación.
Esto se debe a que el fallecimiento debe producirse en la terapia intensiva de un hospital y la muerte debe certificarse según criterios neurológicos. Solo así puede mantenerse el cuerpo artificialmente desde el momento del deceso hasta que se produce la ablación de los órganos.
En este punto es fundamental la actuación de personal médico especializado. Hay muchas personas que están anotadas como donantes, al fallecer las familias dan el consentimiento, pero los órganos se pierden porque las instituciones sanitarias no toman las medidas necesarias para procurarlos.
Creando las unidades que plantea el programa Procurar, se conseguiría incrementar la cantidad de órganos disponibles, sostienen los impulsores del proyecto.
Energía
Malvinas: un solo juzgado para dos causas petroleras y una soberanía en juego
La Cámara Federal ordenó que el Juzgado Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, concentre las dos denuncias del Gobierno contra la explotación petrolera en la plataforma continental argentina. El juez Eduardo Farah advirtió que resoluciones opuestas podrían afectar la política de Estado sobre el reclamo de soberanía.
El riesgo de que dos jueces dicten resoluciones opuestas sobre los derechos argentinos en Malvinas fue el argumento central para unificar las denuncias por petróleo. Lo planteó la Cámara Federal al resolver que ambos expedientes sigan un mismo camino judicial, en un momento en que el Estado sostiene un frente abierto en tribunales locales e internacionales contra las empresas que operan en la zona sin autorización.
El juez de la Cámara Federal Eduardo Farah resolvió un conflicto de competencia y dispuso que las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 queden bajo la órbita del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini, según el fallo. La decisión llegó pese a que Ercolini había rechazado la competencia.
Qué se investiga en cada expediente
La primera denuncia fue presentada por la Cancillería contra la petrolera británica Desire Petroleum por la explotación en el yacimiento Sea Lion. La segunda apunta a la explotación de petróleo en otro sector de la plataforma continental argentina, por parte de otra empresa y sin permisos del Gobierno argentino.
La causa CFP 4437/2026 ya había sido ampliada en septiembre por el Gobierno nacional, que sumó a la investigación a sociedades de Rockhopper Exploration, Borders & Southern y Desire Petroleum, además de identificar a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con las petroleras, según las presentaciones judiciales.
Los argumentos de Farah
Farah consideró que la similitud esencial de los objetos procesales de ambas causas vuelve pertinente su acumulación. Sostuvo que las actividades denunciadas en una y otra son distintas manifestaciones de “un mismo fenómeno”: emprendimientos económicos en áreas cercanas a las islas, basados en autorizaciones que el país considera ilegítimas.
El magistrado remarcó que ambas denuncias se refieren a los derechos argentinos sobre las islas y que por eso es clave evitar “pronunciamientos contradictorios”. Según el fallo, la recuperación de Malvinas y el ejercicio pleno de la soberanía son un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, y lo que se resuelva puede repercutir en la política permanente del Estado sobre el asunto.
Un frente judicial con varios tableros
La unificación se produce en medio de una disputa que se libra en simultáneo en distintos ámbitos. En septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender las tareas del proyecto Sea Lion, a partir de una medida cautelar solicitada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y una asociación de abogados ambientalistas.
En el plano internacional, el Gobierno pidió medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contra el Reino Unido, con audiencias orales fijadas para el 10 y 11 de noviembre. Del otro lado, Rockhopper sostuvo que Sea Lion sigue en cronograma, con primer petróleo previsto para el primer trimestre de 2028.
Con las dos denuncias bajo un mismo juzgado, la estrategia penal contra las petroleras gana coherencia, pero también concentra en un solo despacho la responsabilidad de sostenerla. Queda por verse si esa unificación se traduce en medidas concretas contra las empresas, mientras los proyectos avanzan y el reloj corre hacia la fecha prevista para el primer barril.
Lo que tenés que saber
- La Cámara Federal unificó las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 en el Juzgado Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini.
- El juez Eduardo Farah resolvió un conflicto de competencia, pese al rechazo previo de Ercolini.
- El fundamento fue evitar «pronunciamientos contradictorios» sobre los derechos argentinos en Malvinas.
- Una denuncia de la Cancillería apunta a Desire Petroleum por el yacimiento Sea Lion; la otra, a otra empresa en distinto sector de la plataforma continental.
- El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene audiencias fijadas para el 10 y 11 de noviembre.
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