La Justicia porteña obliga a conductores de Uber, Cabify y DiDi a tramitar licencia profesional

★ La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que los conductores que prestan servicios a través de Uber, Cabify y DiDi deben cumplir los mismos requisitos que rigen para taxis y remises. Según informó el 8 de mayo de 2026 la Agencia NA, la sentencia fue firmada por los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín.

En términos concretos, los conductores de estas plataformas deberán contar con licencia de conducir profesional, seguros específicos para el transporte de pasajeros, cobertura para pasajeros, conductor y responsabilidad civil, y deberán adecuarse a las habilitaciones y controles que ya exige la normativa vigente para el transporte público de pasajeros en la Ciudad.

El argumento judicial: no son plataformas tecnológicas, son transporte

El núcleo del razonamiento de los magistrados fue que Uber y sus competidoras forman parte de un «servicio global de transporte» y no pueden escudarse detrás de la figura de simples intermediadoras tecnológicas para eludir regulación. Para sostener esa postura, el tribunal citó antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se aplicó el mismo criterio frente al intento de Uber de operar por fuera de los marcos regulatorios del transporte.

La causa fue iniciada por el Sindicato de Peones de Taxis, que durante años denunció la situación de desigualdad estructural: el sector regulado debía afrontar costos, trámites y exigencias que las plataformas digitales no tenían, lo que les permitía captar demanda con condiciones más ventajosas sin asumir las obligaciones del rubro.

La Justicia también cuestionó al Gobierno de la Ciudad

Uno de los párrafos más contundentes del fallo apuntó directamente a la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según la resolución, el Ejecutivo porteño permitió durante años una «apariencia de regularidad» en el funcionamiento de las plataformas: las calificaba públicamente como un servicio «clandestino» pero, al mismo tiempo, toleraba su publicidad en el espacio público y no avanzaba con controles efectivos. Una política de doble discurso que ahora la Justicia puso en evidencia.

Impuesto local y protección a los taxistas

La sentencia también ordenó al Gobierno porteño iniciar procedimientos para cobrar impuestos locales a las empresas de transporte digital e implementar campañas de difusión que adviertan a los usuarios sobre los riesgos vinculados a seguros y licencias en el contexto de esta transición regulatoria.

Asimismo, el fallo estableció que, mientras persista la diferencia regulatoria, el Gobierno porteño no podrá cobrarles a los taxistas determinados aranceles administrativos relacionados con licencias y trámites de operación. La Cámara entendió que sería inequitativo exigir un esquema de costos más oneroso a un sector mientras el otro compite sin obligaciones equivalentes.

Una deuda histórica con los trabajadores del volante

El fallo llega después de más de una década en la que la irrupción de las plataformas digitales de transporte reconfiguró el mercado laboral del sector sin que existiera un marco regulatorio claro. Miles de conductores de taxis y remises vieron erosionados sus ingresos ante una competencia que operaba sin las cargas que ellos sí debían afrontar. La resolución judicial no resuelve todos los conflictos del sector, pero establece un piso de igualdad que los trabajadores regulados reclamaban desde el primer día.

La pregunta que queda pendiente es cuánto tardará la Legislatura de la Ciudad en sancionar una ley específica que regule de manera integral a las plataformas de transporte, algo que el fallo señala expresamente como una deuda del sistema político.

Puntos clave

• La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad ordenó que los conductores de Uber, Cabify y DiDi tramiten licencia profesional y seguros específicos para transporte de pasajeros.
• El fallo equiparó las obligaciones de las apps con las de taxis y remises, ante la ausencia de una ley específica que regule a las plataformas digitales.
• Los jueces consideraron que las apps forman parte de un «servicio global de transporte», citando antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
• La Justicia cuestionó al Gobierno porteño por haber permitido una «apariencia de regularidad» en el funcionamiento de las plataformas durante años.
• Mientras dure la brecha regulatoria, el Gobierno de la Ciudad no podrá cobrarles aranceles administrativos a los taxistas por licencias y trámites de operación.