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Gremiales

Con la reforma laboral de Milei las empresas podrán pagar indemnizaciones en 12 cuotas

Según el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo, el beneficio es solo para la micro, pequeña y mediana empresa, las que podrán fraccionar el pago de condenas judiciales con ajuste por inflación más intereses.

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El-Argentino-Industria-Producción-Economía.

⬛ El proyecto de «Ley de Promoción de Inversiones y Empleo» impulsado por el gobierno de Javier Milei introduce un cambio sustancial en el régimen de ejecución de sentencias laborales: habilita que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) paguen en hasta 12 cuotas mensuales las indemnizaciones u otras condenas monetarias derivadas de juicios laborales. El beneficio no alcanza a las grandes empresas, que deberán abonar las sentencias en un único pago.

Qué dice el artículo 17 del proyecto

Según la información a la que accedió Noticias Argentinas, el artículo 17 del proyecto modifica la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y establece que únicamente las PyMEs que enfrenten una «sentencia judicial condenatoria» podrán acogerse a este régimen de facilidades de pago.

El texto del proyecto determina que el total de la condena podrá abonarse en «hasta un máximo de doce (12) cuotas mensuales consecutivas», un plazo que busca aliviar el impacto financiero sobre empresas de menor tamaño que pierdan un litigio laboral.

Ajuste por inflación e intereses

Las cuotas no serán fijas. El proyecto establece que el monto de cada pago mensual se ajustará mediante el mecanismo previsto en el artículo 276 de la LCT: el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del tres por ciento anual.

Este sistema busca proteger el valor real de la deuda en un contexto inflacionario, evitando que el fraccionamiento implique una licuación de la condena para el trabajador afectado.

Las grandes empresas, excluidas del beneficio

El proyecto marca una diferencia clara según el tamaño de la empresa. Las grandes compañías quedan fuera de este régimen de facilidades y deberán cumplir con las sentencias condenatorias en un solo pago, tal como establece la normativa vigente hasta ahora.

La distinción entre PyMEs y grandes empresas responde, según la letra del proyecto, a la necesidad de considerar la capacidad de pago diferenciada entre distintos tipos de organizaciones empresariales.

Contexto de una reforma más amplia

Esta modificación se enmarca en un paquete más extenso de cambios laborales que impulsa el gobierno libertario. Entre otras medidas, el mismo proyecto habilita el fraccionamiento de vacaciones en períodos de una semana y otorga mayor discrecionalidad al empleador para definir las fechas de descanso anual, con un preaviso de 21 días.

La reforma laboral ha generado resistencia en sectores sindicales y organizaciones de trabajadores, que cuestionan el debilitamiento de derechos consolidados y advierten sobre el impacto en la litigiosidad laboral y el cumplimiento efectivo de las sentencias judiciales.

Puntos clave:

• Las PyMEs podrán pagar condenas laborales en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas

• El beneficio solo aplica a sentencias judiciales condenatorias contra micro, pequeñas y medianas empresas

• Las cuotas se ajustarán por IPC más una tasa de interés del 3% anual

• Las grandes empresas quedan excluidas y deberán pagar en un solo pago

• La medida forma parte del proyecto de «Ley de Promoción de Inversiones y Empleo» del gobierno de Milei

Economía 💲

Sturzenegger celebra despidos de 81.000 estatales mientras los salarios del sector perdieron hasta 40,5%

Dos secretarios de Sturzenegger presentaron en Diputados el recorte de 81.000 empleados estatales, mientras los salarios del sector perdieron entre 29% y 40,5% de poder de compra y el nuevo retiro voluntario paga hasta 25 sueldos con prohibición de volver al Estado por ocho años.

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El Argentino Diario-Federico Sturzenegger.

El Gobierno celebra haber recortado 81.000 empleados del Estado, pero el ahorro que exhibe descansa en salarios que perdieron entre 29% y 40,5% de su poder de compra y en retiros que pagan hasta 25 sueldos por persona. La cifra fue presentada este martes ante la Cámara de Diputados por dos secretarios del ministro Federico Sturzenegger, en la recta final del dictamen del Presupuesto 2027.

El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y el de Desregulación, Alejandro Cacace, expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, para poner en valor el ajuste sobre la Administración Pública Nacional y las “reformas estructurales”. Fariña destacó que los ministerios pasaron de 18 en diciembre de 2023 a ocho, defendió que no se trata solo de un Estado más chico sino de uno con otro rol, y rechazó que el ahorro sea “temporal” porque, según dijo, no se crearon puestos nuevos para reemplazar los eliminados. Cacace fue más lejos en la autocelebración: “Valemos por los ahorros que generamos”.

Qué dijeron los funcionarios

Fariña explicó que parte de la reducción se canalizó mediante el régimen de disponibilidad de la Ley de Empleo Público, que según indicó no se usaba desde hacía dos décadas, y mediante retiros voluntarios, a los que se adhirieron más de 5.254 personas. Anunció que habrá una nueva convocatoria entre el 1 y el 30 de noviembre. Como ejemplo de las estructuras heredadas, mencionó que Vialidad Nacional tenía 1.543 cargos jerárquicos para una planta de 5.300 empleados.

Las diputadas de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva cuestionaron el planteo. Tolosa Paz sostuvo que a la idea de un Estado eficiente le falta mirar para qué se toman las medidas y a quién afectan, y acusó al Gobierno de ser “culpable y cómplice del industricidio”. Selva atribuyó la apuesta por el transporte fluvial a la desinversión en rutas nacionales y afirmó que los fondos para su mantenimiento se desvían para “maquillar” el superávit.

Cuántos puestos se perdieron, según cada fuente

Los números no coinciden porque miden universos distintos. Según el INDEC, la dotación de la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades del Estado pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026, una caída de 72.440 puestos, de alrededor del 21%. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado informó 77.515 puestos menos en el mismo período, e incluye a personal militar y de seguridad, y Fariña habló este martes de 81.000. ATE Capital, por su parte, denunció en su último informe más de 100.000 despidos en la administración pública.

Los salarios: el ahorro que pagan los que se quedan

Los sueldos estatales no están congelados en términos nominales, pero perdieron poder de compra de forma sostenida. El Foro Economía y Trabajo estimó un recorte real de 29% en los salarios públicos desde 2023. El Observatorio Salarial de ATE-INDEC calculó una pérdida del 32,4% entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, equivalente a más de nueve sueldos completos, y señaló que se necesitaría un aumento inmediato del 48% para recuperar el nivel de noviembre de 2023. ATE Capital estima que el salario real de la Administración Pública Nacional cayó 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.

La caída tiene un correlato en el bolsillo: según ATE Capital, la mora crediticia entre los trabajadores estatales escaló del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026. La oferta salarial del Gobierno para el segundo semestre, de entre 1,5% y 1,9% mensual, representa apenas $19.000 sobre un salario de un millón de pesos, según el sindicato, que rechazó la propuesta anterior (2,4%, 2,2% y 1,9% más un bono de $50.000) por considerarla “absolutamente insuficiente”. Una parte del ahorro que el Gobierno exhibe sale de salarios que se licuaron mientras los precios subían.

La trampa de los retiros voluntarios

El Decreto 1203/2026, publicado el 19 de octubre y firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y Sturzenegger, habilita un régimen de retiro para la Administración Pública Nacional centralizada. La compensación puede llegar a 25 sueldos brutos según edad, antigüedad y situación previsional, o al 60% del salario bruto durante 36 meses para quienes estén cerca de jubilarse. Quienes adhieran no podrán volver al Estado nacional durante ocho años, sus cargos se eliminan del presupuesto y esas vacantes no pueden usarse para justificar nuevas incorporaciones. La adhesión está sujeta a la aprobación de cada dependencia, que tiene 40 días corridos para responder tras el cierre de la inscripción.

Sturzenegger estimó unos 20.000 empleados en condiciones de adherir y ATE habla de 21.187. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “no es retiro voluntario, es despido extorsivo” y denunció que en algunos organismos se presiona a los agentes con pasarlos a disponibilidad si no firman. También advirtió que quienes tengan mandato sindical vigente o sean candidatos a delegados deberían renunciar al mismo para adherir y cuestionó que el Estado contrate después consultoras para cubrir las mismas tareas. Esas denuncias son del sindicato y el Gobierno las niega al afirmar que no se crean puestos nuevos.

El ahorro bajo la lupa

Cada retiro implica un desembolso inmediato de hasta 25 sueldos, que se suma al costo de las desvinculaciones previas, mientras la planta que queda cobra menos en términos reales y el Estado pierde capacidades. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) advirtió que el 95% de los trabajadores evaluados aprobó el examen de idoneidad impuesto por el propio Gobierno y, aun así, los despidos continúan. En la Comisión Nacional de Energía Atómica, Aguiar sostuvo que el organismo es superavitario y que no hay argumento que justifique el recorte que derivó en cerca de 100 despidos. Un ahorro que depende de salarios licuados, retiros que cuestan hasta 25 sueldos y organismos vaciados no equivale a un Estado más eficiente.

Lo que tenés que saber:

  • Funcionarios de Sturzenegger presentaron en Diputados un recorte de 81.000 empleados estatales y la baja de 18 a ocho ministerios.
  • El INDEC registra 72.440 puestos menos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, y ATE Capital denuncia más de 100.000 despidos.
  • Los salarios estatales perdieron entre 29% (Foro Economía y Trabajo) y 40,5% (ATE Capital) de poder de compra.
  • El Decreto 1203/2026 («retiros voluntarios») paga hasta 25 sueldos, elimina el cargo y prohíbe volver al Estado por ocho años.
  • ATE denuncia presiones y habla de un universo de 21.187 trabajadores alcanzados.


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