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El Gobierno de Milei reglamentó la reforma laboral que precariza aún más el trabajo

Federico Sturzenegger la presenta como una “modernización” del sistema, pero se prevé un impacto negativo y de retroceso para los derechos de los trabajadores. Los detalles.

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El Argentino Diario-Federico Sturzenegger.

El gobierno de Javier Milei reglamentó la reforma laboral, una iniciativa que generó acalorados debates entre legisladores, empresarios y sindicalistas. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentaron el decreto 847/2024, con la intención de “modernizar” las leyes laborales en Argentina, calificándola como “una modernización histórica”. Sin embargo, las consecuencias de esta reforma para los derechos de los trabajadores están bajo análisis.

El decreto y sus principales puntos

El decreto reglamentario establece normas para regular el trabajo no registrado, así como un sistema opcional de indemnizaciones, que permite modificar el actual modelo por uno basado en el “fondo de cese laboral”. Según Cordero, esta medida busca promover el empleo formal y reducir el trabajo informal, que en Argentina alcanza el 50% de la población laboral. La idea central es dar libertad a las partes (empresarios y trabajadores) para acordar términos que beneficien a ambas partes dentro de los convenios colectivos.

Sin embargo, esta propuesta plantea una interrogante fundamental: ¿en qué medida esta “modernización” realmente beneficiará a los trabajadores? La historia reciente de las reformas laborales en Argentina muestra que los intentos de flexibilización laboral han derivado, principalmente, en una mayor precarización y pérdida de derechos para los empleados. La experiencia ha demostrado que las promesas de mayor inversión y creación de empleos, asociadas a este tipo de reformas, no se han cumplido.

Blanqueo laboral y condonación de deudas

Uno de los ejes de la reforma es la regularización del trabajo no registrado. Se establece una condonación de deudas por aportes y contribuciones para las empresas que formalicen a sus trabajadores, con descuentos de hasta el 90% para las microempresas. Fariña, secretario de Transformación del Estado, afirmó que esta medida incentiva a las empresas a formalizar su plantilla laboral, lo que redundará en más empleo formal.

No obstante, este blanqueo se presenta como una suerte de perdón para las empresas que han incurrido en incumplimientos laborales, sin contemplar medidas que aseguren la mejora de las condiciones de los trabajadores afectados por la informalidad.

Protestas y bloqueos: un punto de conflicto

El artículo 94, que califica como injuria grave la participación en bloqueos sindicales, fue uno de los puntos más polémicos. Si bien este artículo no fue finalmente reglamentado, su existencia en la ley genera incertidumbre sobre el derecho de los trabajadores a la protesta. La CGT, por su parte, intentó moderar el contenido de esta disposición, pero sin éxito.

Sturzenegger señaló que la redacción de este artículo es lo suficientemente fuerte como para justificar despidos en casos de bloqueos o tomas de establecimientos, lo cual amenaza directamente el derecho a la huelga y a la protesta sindical, pilares históricos de la lucha laboral en Argentina.

Un sistema optativo que podría precarizar el trabajo

El sistema indemnizatorio opcional es otro de los puntos más controvertidos de la reforma. Este mecanismo, que se establece de forma voluntaria, permitirá a las empresas acordar un sistema distinto al tradicional régimen indemnizatorio por despido. Si bien los trabajadores pueden optar por mantenerse en el régimen vigente, la presión dentro de los convenios colectivos podría terminar por forzar su adhesión a este nuevo modelo, en detrimento de su seguridad laboral.

La figura del “trabajador independiente”, que permite a estos empleados contratar hasta tres colaboradores sin que exista una relación de dependencia, también ha sido criticada por los sindicalistas, quienes ven en esto una puerta abierta a la precarización laboral.

Aunque la reforma laboral del gobierno de Javier Milei es presentada como una «modernización», los trabajadores parecen estar en desventaja. El blanqueo del trabajo no registrado, la creación de figuras contractuales ambiguas, y la amenaza sobre el derecho a la protesta son señales preocupantes. La historia reciente en Argentina demuestra que las reformas laborales no suelen traer beneficios reales para los empleados, sino más bien una mayor flexibilización que precariza el empleo.

4 puntos clave para entender la reforma:

  • La reforma permite modificar el régimen indemnizatorio mediante un sistema opcional, lo que podría afectar los derechos de los trabajadores.
  • Se condonarán deudas a las empresas que regularicen el trabajo no registrado, pero no garantiza una mejora en las condiciones laborales.
  • El artículo que sanciona los bloqueos sindicales como injuria grave pone en riesgo el derecho a la protesta.
  • La figura del trabajador independiente abre la puerta a la precarización del empleo.

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BTS en La Plata: una disputa gremial pone en riesgo los recitales

El sindicato de controladores de admisión levantó las asambleas y la movilización tras un “principio de entendimiento”, luego de que la provincia dictara una conciliación obligatoria. Detrás del conflicto hay un reclamo de fondo: que las empresas contratadas por la productora apliquen el convenio de la actividad y no el de seguridad privada.

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La discusión sobre qué convenio colectivo corresponde aplicar a quienes controlan el ingreso del público puso en riesgo, a pocas horas del debut, los tres recitales de BTS en La Plata. Los trabajadores de control de admisión advirtieron que podían tomar medidas de acción directa durante los shows si las empresas contratadas no aplicaban el convenio de su actividad.

El reclamo fue formalizado por el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA), que conduce Leandro Nazarre, mediante un comunicado en el que se declaró en “estado de alerta y movilización”. El gremio apuntó contra GPS Prevención SRL, MGF Seguridad SRL y SAKERHET CORP SA (Tech), empresas contratadas por la productora DF Entertainment SA, a las que acusó de pretender aplicar un convenio de seguridad privada que consideró “ajeno a la actividad de Control de Admisión y Permanencia”. Las presentaciones de la banda surcoreana están previstas el 21, el 23 y el 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona, con capacidad para unas 53.000 personas.

Qué reclama el gremio

Según el comunicado, las compañías deberían aplicar el convenio de SUTCAPRA, que, de acuerdo al sindicato, “mejora las condiciones laborales y salariales de los controladores”. El gremio adelantó además la posibilidad de “medidas de acción directa durante los shows” y, en una nota enviada al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anticipó “asambleas y movilizaciones en las inmediaciones del estadio” para visibilizar el problema.

El secretario de Prensa de SUTCAPRA, Cristian Rolón Gatti, defendió la representatividad de su organización: “tenemos personería gremial en La Plata”, sostuvo, y afirmó que la UPSRA “no tienen personería en esta actividad”. El gremio se creó en 2004 para representar al personal de Control de Admisión y Permanencia (CAP), una actividad que hasta entonces no estaba nucleada en ningún sindicato, y busca diferenciarse de la seguridad privada.

La respuesta de la UPSRA

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), fundada en 1970 y conducida por Ángel Alberto García, rechazó el planteo. En un comunicado sostuvo que el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 es el “único instrumento legal vigente” para regular las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad privada y que es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas del sector, “sin excepciones”.

El sindicato fue más lejos: calificó de “inadmisible” que SUTCAPRA intente instalar “un discurso que genera confusión y desconcierto” y advirtió que “no vamos a permitir que se utilicen espacios públicos para desinformar”. La disputa, entonces, enfrenta a dos organizaciones que se reivindican representantes de quienes trabajan en los recitales, con los propios trabajadores en el medio.

La provincia intervino con una conciliación obligatoria

El Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Jorge Walter Correa en el gobierno de Axel Kicillof, dictó de manera urgente una conciliación obligatoria con una audiencia virtual convocada para el miércoles a las 10. Rolón Gatti contó que funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Trabajo de la provincia se comunicaron con el gremio y dudó de los tiempos: “No sé si estamos a tiempo”, reconoció antes de la audiencia, y reclamó que las empresas comparecieran para aclarar la situación.

Todas las partes acudieron a la cita y, a horas del primer show, el sindicato levantó las asambleas y la movilización que había anunciado. “Hay un principio de entendimiento”, afirmó Rolón Gatti, y aclaró que continúan “en conversaciones y en negociación”. Todavía quedaba por verse si lo acordado se cumplía durante los tres conciertos.

Un conflicto que no es nuevo

Según Rolón Gatti, no es la primera vez que SUTCAPRA y la UPSRA chocan por esta cuestión. El gremio suele convocar al Ministerio de Trabajo bonaerense a las empresas que prestan servicios en los recitales y, amparado en la ley nacional 26.370 y la ley provincial 13.964, intenta demostrar por qué deben aplicar su convenio. El dirigente recordó el antecedente del Lollapalooza: las empresas de control de admisión reconocieron la legitimidad de SUTCAPRA cuando aplicaron el convenio de la actividad y pagaron las acreencias sindicales a la institución.

El episodio expone que cada megaevento reabre la misma discusión, y que la responsabilidad de la productora y de las empresas contratadas frente al marco laboral correspondiente sigue en el centro de la escena. Mientras dos gremios discuten la representación, son los controladores quienes dependen de que se aplique un convenio u otro para definir sus condiciones de trabajo y de salario.

Lo que tenés que saber:

  • SUTCAPRA denunció que empresas contratadas por DF Entertainment SA pretendían aplicar un convenio de seguridad privada en los recitales de BTS.
  • El gremio se declaró en “estado de alerta y movilización” y anticipó la posibilidad de medidas de acción directa durante los shows.
  • La UPSRA respondió que el convenio 507/07 es el único vigente para la seguridad privada y de cumplimiento obligatorio.
  • El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria urgente con audiencia virtual el miércoles a las 10.
  • SUTCAPRA levantó las asambleas y la movilización por un “principio de entendimiento”, aunque la negociación continúa.

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