El gobernador Gustavo Melella logró un acuerdo temporal con empresas y gremios para preservar empleos tras la paralización provincial, mientras el oficialismo ratifica su decisión de eliminar protecciones al sector electrónico fueguino.

El conflicto entre el Gobierno nacional y Tierra del Fuego por la eliminación de aranceles a productos electrónicos llegó a un punto crítico este miércoles, cuando la provincia se paralizó completamente en rechazo a una medida que amenaza con destruir más de 8 mil puestos de trabajo directos. Sin embargo, el vocero presidencial Manuel Adorni ratificó que «no habrá marcha atrás» con la decisión, argumentando que sostener empleos «a base de impuestos que pagan otros argentinos es injusto».

La tensión se desató el martes cuando el Gobierno oficializó drásticas reducciones arancelarias: los celulares importados pasaron de pagar 16% a 0% de arancel, mientras que las consolas de videojuegos bajaron del 35% al 20%. Además, se redujo el impuesto interno para televisores, aires acondicionados y celulares importados del 19% al 9,5%, y se eliminó completamente este gravamen para productos fabricados en Tierra del Fuego.

Un paro que paralizó la isla

La respuesta fueguina fue contundente. El miércoles, trabajadores metalúrgicos, empleados públicos y el sector privado protagonizaron una paralización total que incluyó el cierre de comercios, la suspensión del transporte público y manifestaciones en las calles de Ushuaia y Río Grande. La medida reflejó el temor de una comunidad que ya vivió el trauma de perder el 55% del empleo industrial durante la gestión de Mauricio Macri.

«Cada puesto de trabajo afecta por dos o incluso por tres: afecta a comerciantes, colectiveros, taxistas», explicó el gobernador Gustavo Melella en diálogo con Radio 10. «Los fueguinos sabemos de eso, por eso ayer se paralizó la provincia», añadió, recordando el empobrecimiento que sufrió la región durante la anterior crisis del sector.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Tierra del Fuego tiene una de las tasas de empleo industrial más altas del país, con el sector electrónico representando aproximadamente el 30% de la actividad económica provincial. El régimen de promoción industrial fueguino, vigente desde 1972 y prorrogado hasta 2023, había logrado que empresas como Samsung, LG, Newsan y BGH establecieran plantas de ensamblaje en la isla.

El acuerdo de emergencia

Ante la magnitud del conflicto, Melella convocó de urgencia a empresarios y dirigentes gremiales para firmar un acuerdo que preserve los empleos en el corto plazo. «Las empresas declararon que se van a conservar los puestos de trabajo y que se comprometerán a reordenar la producción», anunció el mandatario provincial.

El compromiso incluye la búsqueda de alternativas productivas y la exploración de recursos legales para frenar la medida nacional. «Se habló de un recurso de amparo, por lo que estamos con legal y técnica de la provincia», confirmó Melella, aunque aclaró que «lo que lo tiene que presentar es el directamente afectado».

El gobernador también destacó que la nueva normativa nacional «permite que la producción de Tierra del Fuego le venda directamente al país sin pasar por esa cadena de comercialización que ayudaba a distorsionar el costo final». Sin embargo, esta modificación no compensa la pérdida de competitividad que sufrirán los productos fueguinos frente a las importaciones sin aranceles.

La posición inflexible del oficialismo

Desde Casa Rosada, el discurso fue tajante. «La decisión queda tal cual se anunció», declaró Adorni en conferencia de prensa. «Entendemos que la baja de aranceles y de impuestos es simplemente más dinero en el bolsillo de los contribuyentes», justificó el vocero presidencial.

La argumentación oficial se basa en la premisa de que el régimen fueguino constituye un subsidio indirecto financiado por el resto de los argentinos. «Un esquema donde se sostienen determinados puestos laborales o producción a base de impuestos que pagan otros argentinos es, de mínima, injusto», sostuvo Adorni, sugiriendo que la provincia debería explotar «otras fuentes de ingreso como bien puede ser el turismo».

Esta visión contrasta con análisis económicos que señalan el efecto multiplicador de la industria fueguina. Según un estudio de la Fundación FIEL de 2023, cada empleo industrial en Tierra del Fuego genera 2,3 puestos adicionales en servicios y comercio, mientras que el sector aporta aproximadamente 1.200 millones de dólares anuales al PBI nacional.

Un precedente preocupante

El conflicto fueguino se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno de Javier Milei de desmantelar regímenes de promoción económica sectorial y regional. En los últimos meses, se eliminaron incentivos para la industria automotriz, se redujeron subsidios al sector energético y se suspendieron programas de financiamiento para pymes.

La experiencia histórica muestra los riesgos de esta política. Durante el gobierno de Macri, la eliminación parcial de beneficios al sector electrónico fueguino resultó en el cierre de 17 empresas y la pérdida de más de 3.000 empleos directos, según datos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local.

Economistas como Claudio Lozano, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, advirtieron que «la destrucción de capacidad productiva instalada genera costos sociales y económicos superiores a los supuestos beneficios fiscales». Tierra del Fuego, con apenas 160.000 habitantes, carece de alternativas económicas inmediatas para absorber los trabajadores desplazados.

Las voces de los protagonistas

Melella no escatimó críticas al oficialismo. «Lamento la decisión política del Gobierno nacional, y más aún la falta de empatía de entender las consecuencias negativas en el empleo de miles de fueguinos y fueguinas», escribió en su cuenta de X. El gobernador subrayó que «esta decisión sin una visión clara del daño que ocasiona, genera inestabilidad en el sector y atenta nuestra soberanía».

Los dirigentes sindicales fueron aún más duros. «Es un genocidio económico contra Tierra del Fuego», declaró el secretario general de la UOM local, Ricardo Palacios, en declaraciones a Radio Nacional. «No vamos a permitir que destruyan 50 años de desarrollo industrial por una ideología que solo beneficia a los importadores», añadió.

Por su parte, las cámaras empresariales fueguinas expresaron «profunda preocupación» por la medida. La Cámara de Industria, Comercio, Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego (CICOSP) estimó que el impacto se extenderá a 400 comercios y 50 empresas de servicios vinculadas al sector.

El futuro incierto

La crisis fueguina expone las tensiones entre un modelo económico centrado en la competencia irrestricta y las realidades del desarrollo regional argentino. Mientras el Gobierno celebra la reducción de precios para los consumidores del centro del país, Tierra del Fuego enfrenta la perspectiva de retroceder décadas en su desarrollo industrial.

El acuerdo temporario alcanzado este miércoles apenas posterga las definiciones. Las empresas tendrán pocas semanas para evaluar si pueden mantener la producción sin las protecciones arancelarias, mientras los trabajadores aguardan con incertidumbre el destino de sus empleos.

La situación también plantea interrogantes sobre el futuro de otros regímenes promocionales, como los de San Luis, La Rioja y Catamarca, que podrían enfrentar destinos similares si el Gobierno mantiene su política de desregulación económica.

Puntos clave:

• El Gobierno eliminó aranceles de importación para celulares (de 16% a 0%) y redujo los de consolas de videojuegos (de 35% a 20%)
• Más de 8 mil empleos directos están en riesgo en Tierra del Fuego, según estimaciones oficiales provinciales
• La provincia se paralizó completamente el miércoles en rechazo a la medida nacional
• El gobernador Melella logró un acuerdo temporal con empresas y gremios para preservar empleos en el corto plazo
• Casa Rosada ratificó que «no habrá marcha atrás» con la eliminación de protecciones al sector fueguino
• Se evalúan recursos legales de amparo para frenar la implementación de la medida
• El conflicto refleja la tensión entre la desregulación económica nacional y el desarrollo industrial regional