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CAME cuestiona la Reforma Laboral de Milei por desfinanciar cámaras empresarias

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa evidenció una “paradoja libertaria” y advirtió que cinco artículos del proyecto podrían generar «desigualdad absoluta» frente al sector sindical y dejar sin recursos a organizaciones que capacitan PyMEs en todo el país.

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★ La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su rechazo a cinco artículos clave del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, al advertir que los cambios propuestos apuntan al «desfinanciamiento» de las cámaras empresariales y podrían generar «más caos que soluciones» en el sector productivo.

Si bien la entidad manifestó un respaldo general al proyecto de 180 artículos, su presidente Ricardo Diab señaló en diálogo con Radio Rivadavia que los artículos 126, 128, 130, 131 y 132 presentan problemas estructurales que afectarían la estabilidad del entramado productivo argentino.

Ultraactividad: la amenaza de desmantelar convenios sin transición

Uno de los principales cuestionamientos de CAME apunta a la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Diab advirtió que «estos convenios, si bien hay que retocarlo o mejorarlo o actualizarlo, no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja».

La ultraactividad es el mecanismo que permite que un convenio colectivo mantenga su vigencia mientras se negocia uno nuevo, garantizando estabilidad en las condiciones laborales durante períodos de transición. El proyecto de Milei busca restringir drásticamente este principio, lo que según la entidad empresaria generaría un vacío normativo peligroso para el sector productivo.

Artículo 128: el golpe directo a las cámaras empresarias

El punto más conflictivo para CAME es el artículo 128, que elimina la obligatoriedad de los aportes patronales destinados a las organizaciones empresariales. Diab fue contundente al afirmar que esta medida dejaría a las cámaras en una «desigualdad absoluta» frente al sector sindical, que mantendría sus fuentes de financiamiento.

El dirigente consideró que el proyecto «tiene como objetivo final la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas», un cuestionamiento que pone en evidencia la contradicción del gobierno libertario: mientras dice defender al empresariado, busca desmantelar las instituciones que lo representan y organizan.

Programas de capacitación en riesgo

La pérdida de recursos afectaría directamente los programas de formación profesional que CAME desarrolla en todo el país. «Gracias a las capacitaciones que nosotros hacemos, hay muchas empresas o pequeños comercios, unidades productivas que se han sostenido con nuevas habilidades», explicó Diab.

Esta advertencia cobra especial relevancia en un contexto donde la recesión económica golpea duramente a las pequeñas y medianas empresas, que según datos del mismo sector han sufrido caídas significativas en su actividad durante el primer año de gestión de Milei.

Conflictos legales en el horizonte

Los asesores jurídicos de CAME advirtieron que la aplicación de los artículos 130, 131 y 132 «puede traer conflictos legales futuros», aunque la entidad no especificó públicamente el contenido exacto de estas objeciones técnicas.

Gestiones legislativas contra reloj

Ante este escenario, representantes de la confederación mantuvieron reuniones con «la mayoría de los legisladores, senadores que tienen de la comisión y otros también», además de diversos gobernadores, según confirmó Diab.

El objetivo de estas gestiones es lograr que el Poder Legislativo modifique o elimine los artículos cuestionados antes de la votación definitiva de la norma, en lo que constituye un intento de frenar una reforma que, paradójicamente, cuenta con el respaldo general de la misma entidad empresaria que ahora la cuestiona.

La posición de CAME evidencia las contradicciones internas de un proyecto que, bajo el discurso de «modernización laboral», apunta a debilitar tanto a organizaciones sindicales como empresariales, concentrando poder en manos del Estado y dejando al sector productivo sin las herramientas de representación colectiva que históricamente lo organizaron.

Puntos clave

• CAME cuestiona cinco artículos del proyecto de reforma laboral por generar «desfinanciamiento» de cámaras empresarias
• El artículo 128 elimina la obligatoriedad de aportes patronales a organizaciones empresariales
• La limitación de ultraactividad de convenios podría generar «incertidumbre compleja» en el sector productivo
• Los programas de capacitación de CAME para PyMEs quedarían sin recursos
• La entidad realizó gestiones con legisladores y gobernadores para modificar los artículos cuestionados

Gremiales

Metrodelegados liberan molinetes en la Línea B y escalan el conflicto con Emova

La AGTSyP convocó una acción directa en la estación Federico Lacroze para este martes en protesta por descuentos salariales y sanciones disciplinarias que el gremio califica de ilegales. El secretario ejecutivo Claudio Dellecarbonara advirtió que el plan de lucha se profundizará si la empresa no cede.

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Un conflicto que no cesa: cómo Emova desafía la Justicia y castiga a los trabajadores del subte.

Los trabajadores del subte realizarán este martes una liberación de accesos en la estación Federico Lacroze de la Línea B, entre las 7 y las 8 de la mañana, como parte de un conflicto que escala entre la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) y la empresa concesionaria Emova. La medida de fuerza fue anunciada por el propio sindicato ante la persistencia de prácticas que considera violatorias de los derechos laborales de sus representados.

Descuentos y sanciones en el centro de la disputa

El gremio denunció que Emova aplica descuentos compulsivos sobre los salarios y utiliza sanciones disciplinarias como mecanismo de presión para desalentar las denuncias vinculadas a las condiciones laborales y al estado del servicio. Los metrodelegados sostienen que cuentan con medidas cautelares y resoluciones judiciales favorables que intiman a la concesionaria a cesar esas prácticas; sin embargo, denuncian que la empresa continúa avanzando con sanciones contra los trabajadores que cuestionan el funcionamiento de la red.

El cuadro se agrava en un contexto en el que el colectivo gremial ya acumula una serie de conflictos con Emova: en junio de 2026 el sindicato protagonizó un paro en la Línea C por la presencia de asbesto en formaciones Nagoya 5000, y en una acción anterior reclamó la reincorporación de una trabajadora despedida tras denunciar acoso sexual. El conflicto del martes se inscribe, por lo tanto, en un patrón de disputas recurrentes con la concesionaria por el respeto de acuerdos y resoluciones vigentes.

Denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo porteña

Desde la organización gremial también indicaron que presentaron denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires por el accionar de la empresa. Además, acusaron a Emova de generar deliberadamente un escenario de conflicto con el objetivo de obtener beneficios económicos por parte del Gobierno porteño, una acusación que la compañía no respondió públicamente al cierre de esta edición.

Dellecarbonara no descarta nuevas medidas

El secretario ejecutivo de la AGTSyP, Claudio Dellecarbonara, advirtió que el plan de lucha continuará durante los próximos días y no descartó nuevas acciones que podrían afectar el normal funcionamiento del servicio si la empresa no adopta una postura de diálogo y da cumplimiento a las resoluciones judiciales en vigor. La advertencia instala la posibilidad de medidas más contundentes en una red de transporte que mueve a cientos de miles de pasajeros por día en la Ciudad de Buenos Aires.

Puntos clave

  • Los metrodelegados liberarán molinetes en Federico Lacroze (Línea B) este martes de 7 a 8 de la mañana en conflicto con Emova.
  • El gremio denuncia descuentos salariales compulsivos y sanciones disciplinarias que califica de ilegales.
  • Existen medidas cautelares y resoluciones judiciales que intiman a Emova a cesar esas prácticas, pero el sindicato afirma que la empresa las incumple.
  • La AGTSyP presentó denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo porteña y acusa a Emova de provocar el conflicto para obtener rédito económico del Gobierno de la Ciudad.
  • El secretario ejecutivo Claudio Dellecarbonara advirtió que el plan de lucha se profundizará si no hay respuesta de la empresa.
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