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Gremiales

La CGT se planta ante la reforma laboral: «Nace viciada y sin consenso»

El cotitular de la central obrera, Jorge Sola, advirtió que la reforma laboral impulsada por el Gobierno «nace viciada» sin diálogo con trabajadores. Reclamó una reforma tributaria urgente.

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La CGT rechaza reforma laboral sin consenso y reclama prioridad a la reforma tributaria.

★ El cotitular de la CGT, Jorge Sola, advirtió este sábado que cualquier intento de reforma laboral que avance sin la participación de empleadores productivos y trabajadores «nace viciado». En declaraciones a Radio Rivadavia, obtenidas por la Agencia Noticias Argentinas, el dirigente sindical subrayó que la discusión se desarrolla «entre trascendidos» y sin un proyecto formal presentado por el Poder Ejecutivo.

«Estamos evaluando, pero son todas incertidumbres; no tenemos un proyecto que estemos visualizando. Todo lo que hay son trascendidos. El Gobierno hace trascender versiones y al rato las desmiente. Así no hay posibilidad de un tratamiento serio», sostuvo Sola.

Reforma tributaria: la prioridad postergada

Para el cotitular de la CGT, el Gobierno «invierte el orden de prioridades» al impulsar cambios en la legislación laboral antes que una reforma tributaria. «La primera reforma que debería encararse es la impositiva», afirmó, y detalló: «Una pyme que quiere nacer paga impuestos nacionales, provinciales y municipales antes de contratar un solo trabajador. La carga tributaria representa entre el 30% y el 40% de sus ventas».

«Bajen los impuestos, que para eso vino este gobierno», disparó Sola, al plantear que la reforma fiscal es «urgente y decisiva» para promover la inversión productiva, mientras que la laboral carece de fundamento sin los actores involucrados en la discusión.

Consejo de Mayo: propuestas sin tratamiento serio

Consultado sobre la actividad del Consejo de Mayo, donde la CGT tiene representación a través de Gerardo Martínez, Sola fue categórico: «No hay ningún tratamiento serio. Sólo propuestas muy generales que pretenden replicar el decreto 70/23, ese que declaramos inconstitucional y la Justicia nos dio la razón».

El dirigente remarcó que «los dos actores principales que sufrirían las consecuencias de una ley -la inversión productiva y los trabajadores- no están sentados en ninguna mesa de consulta».

Convenios por sector: la respuesta sindical

Sola afirmó que una ley laboral de alcance transversal para todos los sectores «es inviable y contraproducente». «Ninguna actividad es igual a otra. Las modernizaciones deben hacerse por sector, porque un banco, una compañía de seguros y la minería tienen realidades laborales completamente distintas», explicó.

Puso ejemplos concretos: «En servicios se trabaja 7 horas; la minería opera con esquemas 15 por 15 y jornadas de 12 horas. Y eso ya está contemplado en los convenios. Los convenios se vienen modernizando: incorporamos home office, trabajo a distancia e IA. No estamos parados en el siglo pasado».

Juicios laborales: «El problema está en la Justicia»

El cotitular de la CGT respondió a las objeciones empresarias sobre el temor a juicios laborales: «Si el empleador paga lo que corresponde, el juicio no existe. Tomar trabajadores en negro es un delito, lo dice la ley».

Aunque reconoció que los largos procesos judiciales perjudican tanto a empresas como a trabajadores, atribuyó el problema a la Justicia y no al marco laboral: «Si hay distorsiones, vayan a corregirlas donde corresponden, no carguen contra los trabajadores».

Aportes sindicales: advertencia constitucional

Sobre las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de eliminar los aportes sindicales obligatorios, Sola aclaró: «El aporte sindical es obligatorio solo si el trabajador está afiliado. La afiliación es un derecho constitucional. Afiliado o no, los beneficios de las paritarias se aplican igual, pero el aporte es solo para afiliados».

Y lanzó una advertencia legal: «Lo que debilite la representación gremial es inconstitucional. El Pacto de San José de Costa Rica lo establece claramente».

CGT fortalecida: «No estamos solo para oponernos»

Según Sola, aunque no hay precisiones oficiales, los tiempos legislativos indicarían que el proyecto recién llegaría al Congreso «después del tratamiento del Presupuesto», es decir, en febrero. «Si la discusión es solo política, está mal planteada. Las comisiones escuchan a los sectores, pero la letra chica no cambia. Y ahí está el problema», cuestionó.

Frente al rol de la central obrera en la discusión que se viene, Sola cerró con un mensaje político: «Llegamos fortalecidos, unidos y con una mirada proactiva. No estamos solo para oponernos. Estamos para aportar soluciones que generen más trabajo, mejores condiciones y mejores salarios».

Y concluyó: «Representamos a todos los trabajadores, voten al peronismo o no. Los intereses de los laburantes no tienen afiliación partidaria».

Puntos clave:

• La CGT rechaza una reforma laboral sin participación de empleadores productivos y trabajadores en la discusión

• Jorge Sola reclama una reforma tributaria prioritaria: la carga impositiva representa entre el 30% y el 40% de las ventas de las pymes

• El dirigente sindical sostiene que los convenios colectivos ya incorporan home office, trabajo a distancia e inteligencia artificial

• La central obrera advierte que cualquier medida que debilite la representación gremial es inconstitucional según el Pacto de San José de Costa Rica

• El proyecto de reforma laboral llegaría al Congreso después del tratamiento del Presupuesto, en febrero de 2025

Desregulación

Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil

La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.

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¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo

★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.

Los delitos imputados y el eje de la denuncia

La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.

La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.

Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego

Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.

El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.

El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado

La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.

En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.

Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria

La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.

Puntos clave:

  • La APA denunció penalmente a Milei, Caputo y el ex titular del BICE por la tasación de Intercargo en USD 45 millones.
  • Los delitos imputados son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.
  • La causa fue asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3.
  • La Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía fijó el precio base de privatización el 26 de marzo pasado.
  • Cerca de 1.500 trabajadores aeronáuticos están vinculados a la empresa cuya venta se investiga.
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