La Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó una consulta pública sobre la reglamentación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) a través de la Resolución General 1161/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El organismo puso en debate la normativa que regirá los Productos de Inversión Colectiva destinados a financiar las indemnizaciones por despido bajo el nuevo esquema de la Ley de Modernización Laboral 27.802, con un plazo de 15 días hábiles para que los actores del mercado presenten observaciones y propuestas.

El movimiento culmina un proceso que arrancó en junio con el Decreto 408/2026, que reglamentó el Título II de la ley y postergó la entrada en vigencia del FAL hasta el 1 de noviembre de 2026. Desde entonces, la CNV y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) debían completar las normas operativas para que el sistema pudiera funcionar. La resolución publicada este jueves es, en ese esquema, la pieza que faltaba del lado de la CNV. La de ARCA continúa pendiente.

El esquema: aportes patronales al mercado financiero

El FAL fue diseñado para que los empleadores acumulen recursos destinados a costear las futuras indemnizaciones de sus trabajadores, canalizándolos a través de vehículos de inversión colectiva supervisados por la CNV. La norma habilita dos estructuras: Fondos Comunes de Inversión (FCI) abiertos o Fideicomisos Financieros (FF). Las entidades que quieran administrar estos fondos deberán acreditar al menos diez emisiones de antecedentes y administrar un patrimonio mínimo de 50 millones de UVA. El costo máximo de administración fue fijado en el 1% anual sobre el patrimonio administrado.

Cada empleador tendrá una «Cuenta Individual del Empleador», un patrimonio separado, de afectación específica, inajenable e inembargable dentro del fondo seleccionado. Para asegurar la trazabilidad de los aportes, las administradoras deberán asignar a cada cuenta un identificador único, denominado ID FAL, que asociará el CUIT del empleador con la Clave Bancaria Uniforme del fondo y su número de registro. ARCA será la encargada de derivar las contribuciones mensuales a cada cuenta, integrándolas al sistema de la seguridad social.

Si un empleador no registra un ID FAL válido dentro del plazo establecido, la CNV procederá a asignarle de oficio un vehículo de inversión entre los que hayan manifestado previamente su voluntad de recibir a esos empleadores. La aceptación será obligatoria para la entidad designada, salvo causas muy específicas de conflicto.

La CGT: «Le sacan recursos a los jubilados para subsidiar el despido»

La reglamentación profundizó la tensión con el movimiento obrero organizado. El abogado laboralista y representante de la CGT, Gustavo Ciampa, señaló que el FAL utiliza parte de las contribuciones patronales que hoy financian jubilaciones y pensiones, redireciéndolas hacia el pago de indemnizaciones. «Le sacan parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa personal», afirmó.

La crítica de fondo apunta a un cambio en la lógica del despido: cuando la indemnización ya no la paga directamente el empleador sino que proviene de un fondo financiero acumulado con recursos que antes iban a la seguridad social, se diluye el efecto disuasorio contra el despido arbitrario que garantiza la Constitución Nacional. «Cuando la indemnización ya no la paga el empleador, sino que la pagan los jubilados y jubiladas, deja de haber disuasión contra el despido arbitrario», completó Ciampa. La central obrera advirtió además sobre posibles conflictos judiciales a medida que el sistema entre en operación.

Un negocio para el mercado, una reforma para los trabajadores

Lo que el Gobierno presenta como un mecanismo de previsibilidad para las empresas tiene una contracara que el discurso oficial sistemáticamente omite: los FAL transfieren la administración de recursos laborales a entidades privadas del mercado de capitales, con la lógica de la rentabilidad financiera como criterio rector. La estimación oficial del flujo anual que recibirá el sistema oscila entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, según datos de la propia CNV, una masa de recursos de enorme relevancia para el mercado local.

No es un detalle menor que el Ministerio de Economía, a través de la Resolución 1276/2026, haya habilitado a los fondos laborales a invertir en títulos de deuda del Estado nacional y de las provincias, lo que convierte al FAL en un canal indirecto de financiamiento del Tesoro con los recursos destinados a costear despidos. Esta decisión generó cuestionamientos incluso dentro del propio mercado financiero.

La reforma también redujo la base de cálculo de las indemnizaciones, excluyendo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y los bonos variables del cómputo final, lo que achica el monto que cobrarán los trabajadores despedidos. Junto con la posibilidad de pagar sentencias laborales en hasta 12 cuotas para pymes y 6 para grandes empresas, el FAL completa un esquema que beneficia estructuralmente al empleador y deteriora las condiciones de protección del empleo.

La consulta pública: 15 días hábiles para «la mejor norma posible»

El presidente de la CNV, Roberto Silva, presentó la apertura de la consulta pública como una instancia de diálogo y perfeccionamiento normativo. «Ponemos la propuesta de reglamentación de los FAL en consulta pública porque se trata de un producto nuevo, con características innovadoras y múltiples aspectos operativos», sostuvo. Agregó que la medida busca «seguir recibiendo aportes que nos permitan tener la mejor norma posible para estos instrumentos», que el funcionario calificó como un «claro ejemplo del tipo de inversor de largo plazo que el mercado de capitales argentino necesita».

El lenguaje del regulador es revelador: el horizonte declarado del sistema no es la protección del trabajador despedido sino el desarrollo del mercado de capitales local. El FAL es, ante todo, una herramienta de ingeniería financiera que convierte la contingencia del despido en un producto de inversión colectiva. Los interesados podrán presentar observaciones a través del portal institucional de la CNV dentro del plazo de 15 días hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial.

Puntos clave

• La CNV publicó la Resolución General 1161/2026 que pone en consulta pública la reglamentación de los vehículos financieros del FAL, con 15 días hábiles para recibir observaciones.
• Los recursos del FAL se canalizarán a través de Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros, con un costo máximo de administración del 1% anual y un patrimonio mínimo de 50 millones de UVA para las entidades habilitadas.
• La CGT advirtió que el sistema redirige contribuciones patronales que hoy financian jubilaciones hacia el pago de indemnizaciones, debilitando la disuasión contra el despido arbitrario.
• El Ministerio de Economía habilitó a los fondos laborales a invertir en deuda del Estado nacional y las provincias, convirtiendo al FAL en un canal indirecto de financiamiento del Tesoro.
• El FAL, que entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2026, se suma a una reforma laboral que redujo la base de cálculo de las indemnizaciones y habilitó su pago en cuotas.