Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el Estado nacional perdió 60.784 puestos de trabajo. No es una metáfora ni un cálculo exagerado: son personas con nombre, familia e historia que quedaron afuera de su laburo en apenas dos años.

El recorte equivale a una caída del 17,7% de toda la dotación estatal, o dicho de manera más cruda: 83 trabajadoras y trabajadores expulsados por día.

El informe “La dotación de personal del Sector Público Nacional”, del CEPA, actualizado a octubre de 2025, muestra con precisión quirúrgica el carácter regresivo, antisocial y profundamente ideológico del ajuste. No se trata de “efficiencia”, como repite el Gobierno: es un vaciamiento deliberado de funciones esenciales del Poder Ejecutivo, acompañado de una ofensiva privatizadora y desindustrializadora.

Empresas del Estado: el primer frente del recorte

Las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos en términos absolutos. El mapa del achique muestra casos emblemáticos:

Correo Argentino encabeza el ranking con 5.155 despidos.

Operadora Ferroviaria S.E. acumula 3.375 cesantías, afectando servicios ya golpeados por la falta de inversión.

Banco Nación perdió 2.069 trabajadores, un dato que anticipa el avance privatizador sobre la banca pública.

Aerolíneas Argentinas registra 1.887 desvinculaciones, mientras el Gobierno insiste en entregar rutas y desmantelar estructuras estratégicas.

En términos relativos, el golpe más brutal se dio en la ex Télam, donde se despidió casi el 80% del personal, una decisión que apunta a la eliminación de la comunicación pública y al silenciamiento de voces críticas. La acompañan ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., todas áreas clave para la soberanía energética, digital y cultural.

Administración Pública Nacional: un vaciamiento funcional

El ajuste también arrasó con organismos descentralizados y desconcentrados. En números absolutos, los casos más graves son:

ARCA: 3.220 puestos de trabajo menos.

CONICET: 1.964 científicos, técnicos y administrativos despedidos, un golpe directo al sistema científico nacional.

ANSES: 1.584 trabajadores menos, en un contexto donde la demanda social crece y las jubilaciones pierden poder adquisitivo.

En términos proporcionales, los recortes revelan un desmantelamiento estatal:

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales: perdió el 64% de su planta.

Junta de Seguridad en el Transporte (JST): reducción del 46,6%.

INAES: recorte del 43,5%, afectando al entramado cooperativo y de la economía social, uno de los sectores más dinámicos del país.

El caso del INAES, justamente, sintetiza la contradicción del discurso oficial: mientras el Gobierno habla de “libertad” y emprendedurismo, destruye el organismo que regula y promueve las cooperativas, uno de los motores reales del desarrollo productivo popular.

Un modelo de país que expulsa

El patrón es claro: menos Estado, más mercado; menos derechos, más precariedad. La reducción generalizada de personal no responde a un análisis técnico ni a un plan de modernización, sino a una estrategia política que busca:desfinanciar empresas públicas para justificar futuras privatizaciones, debilitar áreas estratégicas como ciencia, energía, comunicación, transporte y políticas sociales, quebrar la capacidad operativa del propio Estado, y desplazar el costo del ajuste hacia los trabajadores.

En este contexto, la pérdida de 60 mil empleos no es solo un dato estadístico: es la expresión concreta de un proyecto que prioriza la especulación financiera y la dependencia externa por encima del desarrollo nacional.

A un año del experimento libertario, la pregunta ya no es cuánto más puede ajustarse, sino qué queda en pie. La caída del 17,7% en la dotación pública confirma un dato inapelable: el Estado argentino atraviesa el mayor proceso de achicamiento desde la década del 90, sin plan productivo, sin horizonte social y sin una estrategia para sostener funciones esenciales.

Entre despidos masivos, recortes presupuestarios y vaciamiento institucional, se perfila un país más chico, más desigual y con menos capacidad de garantizar derechos. Un Estado que retrocede para dejar avanzar negocios privados, muchos de ellos ligados a los mismos grupos económicos que hoy celebran el ajuste.