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Trabajo

El Estado en retirada: más de 60 mil despidos y un vaciamiento sin precedentes

El ajuste laboral del Gobierno Milei dejó un tendal: 17,7% menos de trabajadores en el Sector Público Nacional.

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Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el Estado nacional perdió 60.784 puestos de trabajo. No es una metáfora ni un cálculo exagerado: son personas con nombre, familia e historia que quedaron afuera de su laburo en apenas dos años.

El recorte equivale a una caída del 17,7% de toda la dotación estatal, o dicho de manera más cruda: 83 trabajadoras y trabajadores expulsados por día.

El informe “La dotación de personal del Sector Público Nacional”, del CEPA, actualizado a octubre de 2025, muestra con precisión quirúrgica el carácter regresivo, antisocial y profundamente ideológico del ajuste. No se trata de “efficiencia”, como repite el Gobierno: es un vaciamiento deliberado de funciones esenciales del Poder Ejecutivo, acompañado de una ofensiva privatizadora y desindustrializadora.

Empresas del Estado: el primer frente del recorte

Las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos en términos absolutos. El mapa del achique muestra casos emblemáticos:

Correo Argentino encabeza el ranking con 5.155 despidos.

Operadora Ferroviaria S.E. acumula 3.375 cesantías, afectando servicios ya golpeados por la falta de inversión.

Banco Nación perdió 2.069 trabajadores, un dato que anticipa el avance privatizador sobre la banca pública.

Aerolíneas Argentinas registra 1.887 desvinculaciones, mientras el Gobierno insiste en entregar rutas y desmantelar estructuras estratégicas.

En términos relativos, el golpe más brutal se dio en la ex Télam, donde se despidió casi el 80% del personal, una decisión que apunta a la eliminación de la comunicación pública y al silenciamiento de voces críticas. La acompañan ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., todas áreas clave para la soberanía energética, digital y cultural.

Administración Pública Nacional: un vaciamiento funcional

El ajuste también arrasó con organismos descentralizados y desconcentrados. En números absolutos, los casos más graves son:

ARCA: 3.220 puestos de trabajo menos.

CONICET: 1.964 científicos, técnicos y administrativos despedidos, un golpe directo al sistema científico nacional.

ANSES: 1.584 trabajadores menos, en un contexto donde la demanda social crece y las jubilaciones pierden poder adquisitivo.

En términos proporcionales, los recortes revelan un desmantelamiento estatal:

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales: perdió el 64% de su planta.

Junta de Seguridad en el Transporte (JST): reducción del 46,6%.

INAES: recorte del 43,5%, afectando al entramado cooperativo y de la economía social, uno de los sectores más dinámicos del país.

El caso del INAES, justamente, sintetiza la contradicción del discurso oficial: mientras el Gobierno habla de “libertad” y emprendedurismo, destruye el organismo que regula y promueve las cooperativas, uno de los motores reales del desarrollo productivo popular.

Un modelo de país que expulsa

El patrón es claro: menos Estado, más mercado; menos derechos, más precariedad. La reducción generalizada de personal no responde a un análisis técnico ni a un plan de modernización, sino a una estrategia política que busca:desfinanciar empresas públicas para justificar futuras privatizaciones, debilitar áreas estratégicas como ciencia, energía, comunicación, transporte y políticas sociales, quebrar la capacidad operativa del propio Estado, y desplazar el costo del ajuste hacia los trabajadores.

En este contexto, la pérdida de 60 mil empleos no es solo un dato estadístico: es la expresión concreta de un proyecto que prioriza la especulación financiera y la dependencia externa por encima del desarrollo nacional.

A un año del experimento libertario, la pregunta ya no es cuánto más puede ajustarse, sino qué queda en pie. La caída del 17,7% en la dotación pública confirma un dato inapelable: el Estado argentino atraviesa el mayor proceso de achicamiento desde la década del 90, sin plan productivo, sin horizonte social y sin una estrategia para sostener funciones esenciales.

Entre despidos masivos, recortes presupuestarios y vaciamiento institucional, se perfila un país más chico, más desigual y con menos capacidad de garantizar derechos. Un Estado que retrocede para dejar avanzar negocios privados, muchos de ellos ligados a los mismos grupos económicos que hoy celebran el ajuste.

Economía 💲

Récord histórico de quiebras: el industricidio de Milei ya supera al menemismo, al macrismo y la pandemia

En la mitad del año 2026 ya se registraron 132 concursos preventivos de pymes formales, casi el 70% de los 190 que hubo en todo 2025. Consultoras privadas proyectan el cierre de 3.070 industrias y la destrucción de 105.000 empleos directos e indirectos antes de que termine el año. Entidades empresariales advierten sobre una ruptura virtual de la cadena de pagos y piden una ley de emergencia productiva al Congreso.

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En seis meses de 2026 ya se registraron 132 quiebras de pymes formales, casi lo mismo que en todo 2025.

La industria argentina atraviesa un proceso de destrucción sin precedentes históricos. Los datos oficiales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirman que solo hasta junio de 2026 se presentaron 132 empresas formalmente constituidas en concurso preventivo, cuando en todo 2025 la cifra había llegado a 190, y en 2020, el año pico de la pandemia de Covid-19, solo 106 firmas habían llegado a esa instancia. El «industricidio» que la Unión Industrial Argentina (UIA) denunció durante la gestión de Cambiemos tiene hoy un sucesor con números aún peores: el de la era libertaria de Javier Milei.

La quiebra como destino: los números que rompen todos los récords

El relevamiento del titular del Departamento Tributario de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Germán Pizzano, pone en perspectiva judicial lo que las cámaras sectoriales describían en términos productivos. En 2023 se iniciaron 82 concursos preventivos; en 2025 la cifra trepó a 190, un aumento del 131,71%. Solo en el primer trimestre judicial de 2026 se abrieron 92 procesos, una cadencia que, extrapolada al año completo, proyecta una cifra sin antecedentes en la historia económica argentina reciente.

Para Pizzano, la coyuntura no es coyuntural: es estructural. «La crisis pyme ya llegó a la Justicia. Lo que antes se veía en la fábrica, en el comercio o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales», advirtió. El abogado del IPA señaló que el aumento de los concursos preventivos «muestra que muchas empresas están entrando en una situación de impotencia patrimonial» y reclamó al Congreso la sanción urgente de una legislación de emergencia económica y productiva que permita suspender ejecuciones judiciales, facilitar acuerdos preventivos y extender los plazos concursales. «El empresario pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de Emergencia», sentenció.

CAME al Congreso: suspender las ejecuciones o cerrar la persiana

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) trasladó la urgencia al ámbito legislativo. Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de la entidad, confirmó que las ejecuciones y embargos de ARCA se convirtieron en el «problema número uno de las pymes». Con la fuerte caída de las ventas, las empresas no logran cubrir los impuestos corrientes ni los planes de pago; cuando esos planes caen, la deuda se retrotrae a «montos siderales imposibles de afrontar», lo que desata los embargos.

Ante ese cuadro, CAME envió una carta a los presidentes de bloque del Congreso para reclamar la incorporación de un capítulo a la Ley de Inocencia Fiscal que suspenda temporalmente las ejecuciones, cree un régimen de facilidades de hasta 48 cuotas con condonación del 50% de los intereses devengados, y fije una tasa de financiación del 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. La entidad también alertó sobre un aumento interanual del 25% en el rechazo de cheques sin fondos, un dato que anticipa el agravamiento del cuadro.

Un importante referente industrial de Santa Fe, uno de los epicentros fabriles del país, graficó la asfixia en términos concretos: «Aproximadamente el 70% de las pymes de la región hace varios meses que no llega al punto de equilibrio». En reserva de identidad, advirtió que la cadena de pagos «se está aletargando mucho, con plazos de más de 120 días», lo que dispara los costos financieros en un contexto donde además «está difícil obtener los cheques». Y añadió, con indignación, que la instrucción que reciben las delegaciones de ARCA es clara: «Hay que recaudar, no importa la situación». Esta intransigencia fiscal activa ejecuciones a los 60 días de mora. «Hacen el blanqueo más grande sin importar de dónde viene la plata y a pymes de 30 o 50 años con aporte las ejecutan a 60 días», lamentó.

El textil, caso testigo: lo mejor del sector es lo que peor está

El sector textil concentra algunos de los datos más dramáticos de la crisis. La Fundación ProTejer confirmó en su último informe que en mayo de 2026 la industria textil operó con más de seis de cada diez máquinas apagadas. La producción se desplomó un 26,2% interanual en ese mes. El mercado interno, históricamente abastecido en partes iguales entre bienes locales e importados, hoy está capturado en un 70% por las importaciones.

Los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) avalan el desangre: entre diciembre de 2023 y abril de 2026, la cadena textil, indumentaria y calzado perdió 942 establecimientos y lideró el ranking de despidos relativos de la economía con un colapso del 21% de su plantilla laboral. Una fuente empresarial del sector, en reserva de identidad, fue contundente: «Lo mejor del sector son los que peor están. El que tiene mejor tecnología, el que tiene más gente capacitada, el que tiene más trayectoria. Todos esos son los que peor están.»

Los plazos de cobro en indumentaria se extendieron hasta los 180 días, lo que equivale a cobrar a contratemporada. «Cobrás la temporada de verano en el invierno y la del invierno en el verano. No tenés cómo ni siquiera reponer el capital de trabajo», explicó la fuente. A eso se suma el regreso del fantasma del cheque rebotado: «Clientes históricos te dicen: ‘no deposites el cheque porque te viene para atrás'». Las pymes quedan así catalogadas como «la mancha venenosa» en el sistema bancario y se ven marginadas del crédito.

3.070 fábricas y 105.000 empleos: la proyección para el cierre del año

El economista Diego Coatz, al frente de la consultora I+D y ex UIA, elaboró un relevamiento que anticipa la magnitud del daño para todo 2026. Siete de las doce principales cadenas industriales operan con cerca de un 40% de capacidad ociosa. Coatz describió lo que ocurre como «un proceso de destrucción regresiva del entramado productivo, con menos empresas, menor capacidad de inversión y mayor pérdida de empleo y conocimiento industrial». Según sus proyecciones, el año culminará con la pérdida de 3.070 empresas industriales y la destrucción de 105.000 puestos de trabajo directos e indirectos. «La capacidad ociosa prolongada deja de ser solamente un indicador de actividad: comienza a traducirse en pérdida de empresas, proveedores, empleo y conocimiento industrial difícil de recuperar», sentenció el analista.

El telón de fondo de esta destrucción es la crisis de consumo que documenta la Fundación Encuentro en su último informe. En el primer trimestre de 2026, el ingreso promedio de los hogares se ubicó en $2.800.000 mensuales netos, pero el 78% de los hogares argentinos percibe menos que esa media. Un 21% de esos hogares se encuentra directamente por debajo de la línea de pobreza. Esta concentración de ingresos es, según el documento, «la razón fundamental por la cual el consumo masivo sigue deprimido» a pesar de las mejoras macroeconómicas que el Gobierno exhibe como trofeos.

Un responsable con récord propio: Caputo acumula 23% de caída industrial en dos gobiernos

La indignación fabril con la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda es total. Fuentes empresariales del sector señalaron que las declaraciones de funcionarios del Gobierno que llamaron «tarados» a los industriales «no ayudan» y representan «una falta de respeto para con millones de personas que viven de la industria». Y la ironía estadística que circula en los pasillos de la UIA es contundente: el ministro Luis Caputo acumula, entre su paso por la gestión de Mauricio Macri y la actual, una caída industrial del 23%.

El «equilibrio macroeconómico» que el Gobierno libertario exhibe como logro histórico no llega a las fábricas, no llega a los talleres y no llega a los trabajadores registrados que pierden su empleo. Llega, en cambio, a los juzgados comerciales, donde el expediente de quiebra se convirtió en el documento más representativo de la Argentina productiva de 2026.

Puntos clave

  • Hasta junio de 2026 se registraron 132 concursos preventivos de pymes formales, casi el 70% de los 190 de todo 2025 y más del doble que el pico pandémico de 2020.
  • Consultoras privadas proyectan el cierre de 3.070 industrias y 105.000 empleos destruidos antes de que termine el año.
  • La industria textil operó en mayo de 2026 con el 60% de sus máquinas apagadas y registró una caída de producción del 26,2% interanual.
  • CAME exige al Congreso suspender las ejecuciones fiscales de ARCA y crear un régimen de facilidades de 48 cuotas para evitar la ola de quiebras.
  • El 78% de los hogares argentinos gana menos que el ingreso promedio nacional y un 21% está por debajo de la línea de pobreza, sosteniendo la caída del consumo masivo.
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