Economía 💲
Royón destacó la política de «direccionar subsidios al que realmente lo necesita»
La titular de la Secretaría de Energía de la Nación sostuvo que «este es un mecanismo que debía a hacerse, porque debemos ir a un mecanismo de tarifas más justas».
La secretaria de Energía, Flavia Royón, sostuvo este sábado que el nuevo esquema tarifario de los servicios públicos decidido por el Ministerio de Economía responde a «una política de direccionar subsidios al que realmente lo necesita», y aseguró que «es un mecanismo que debía hacerse» para contar con «tarifas más justas».
«Este es un mecanismo que debía a hacerse, porque debemos ir a un mecanismo de tarifas más justas, donde se subsidiará a quién realmente lo necesita», dijo Royón esta mañana durante una entrevista radial.
En esta línea, la funcionaria nacional destacó que «es una política de direccionar subsidios al que realmente lo necesita. El que pueda afrontar una tarifa con estos incrementos, debe hacerlo», remarcó.
De la misma manera, Royón recordó que la tarifa social no será sujeto de quita de subsidios, como también la porción de bajos ingresos, y que los ajustes a aquellos que cuenten con un mejor poder adquisitivo o no hayan solicitado la ayuda, dejarán de percibirlos en tres tramos: el primero de 20% y otros dos de 40% cada uno.
Además, remarcó que el registro para solicitar el subsidio «no es una foto estática, sino que va a estar abierto y se va a ir actualizando. El objetivo es ir concientizando y estimulando la eficiencia energética en los hogares», afirmó.
Por último, señaló que a los consorcios se le retirarán los subsidios para la energía eléctrica en un 20% en el primer tramo, mientras que el gas no tendrá modificaciones, por lo que «tendría que tener un impacto mínimo en las expensas», al mismo tiempo que consideró que la quita en las pymes «no debería disparar precios».
«Depende del criterio de cada comerciante cuánto traslada al precio, pero los aumentos no son una razón para que se afecte de forma significativa la rentabilidad o estructura de costos de las pymes», concluyó la secretaria de Energía.
Buenos Aires
Palos en la rueda: el INAES suspendió 6.667 cooperativas en plena crisis y la Provincia advierte por el empleo
La Resolución 2076/26 suspende la autorización para funcionar de entidades con documentación asamblearia y balances pendientes. En territorio bonaerense son 1.916 las suspendidas y 299 las intimadas, según el IPAC, que pidió al organismo revisar los padrones.
Seis mil seiscientas sesenta y siete cooperativas suspendidas en todo el país, 1.916 de ellas en territorio bonaerense y otras 299 intimadas: ese es el saldo de la Resolución 2076/26 del INAES que denunció el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El rechazo lo expresó Gildo Onorato, titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), el equivalente bonaerense del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La norma suspende la autorización para funcionar de cooperativas y mutuales que no presentaron documentación asamblearia y estados contables.
El alcance de la resolución
El INAES determinó la suspensión de la autorización para funcionar de las cooperativas y mutuales que incumplieron con la presentación de la documentación asamblearia y de los estados contables correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026.
Según difundió un medio especializado, la medida alcanza a las entidades inscriptas hasta el 31 de diciembre de 2024 que no cumplieron con las obligaciones previstas en las leyes 20337, de cooperativas, y 20321, de mutuales, y en las normas complementarias del organismo.
Las entidades incluidas en los anexos I a VI de la resolución no podrán realizar trámites ante el INAES hasta que regularicen su situación. Además, el organismo dispuso la instrucción de sumarios administrativos por los incumplimientos detectados.
El rechazo de la Provincia
“Repudiamos la Resolución del INAES 2076/26, que suspende 6.667 cooperativas en todo el país. Esta resolución le impide trabajar al 40% de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires”, alertó Onorato.
El funcionario bonaerense agregó: “Venimos haciendo un esfuerzo enorme desde la provincia de Buenos Aires para sostener las fuentes de trabajo que garantizan las cooperativas y hoy nos desayunamos con la suspensión de 1916 cooperativas y 299 cooperativas intimadas en la provincia de Buenos Aires”.
El reclamo apunta al impacto sobre el empleo en un contexto de crisis económica. “Tenemos que acompañar y sostener las fuentes de trabajo, no poner más palos en la rueda a los trabajadores en esta crisis económica”, sostuvo Onorato.
Finalmente, el titular del IPAC pidió una revisión: “Le pedimos al Inaes que revea los padrones de cooperativas publicados y la situación de las miles de entidades suspendidas”.
Los plazos para regularizar la documentación
La resolución establece plazos diferenciados para las cooperativas y mutuales que obtuvieron su personería jurídica durante 2023, 2024 y 2025 y que no presentaron la documentación requerida.
Las entidades constituidas en 2023 y 2024 deberán presentar la documentación asamblearia y los estados contables adeudados dentro de los 30 días hábiles administrativos. Las constituidas en 2025 tendrán 60 días hábiles administrativos para cumplir con esa obligación.
La discusión de fondo es cuánto pesa el cumplimiento formal frente a la continuidad de las fuentes de trabajo, el eje del reclamo bonaerense, que pide revisar los padrones antes de sostener la suspensión de miles de entidades.
Lo que tenés que saber:
- La Resolución 2076/26 del INAES suspende la autorización para funcionar de cooperativas y mutuales con documentación asamblearia y estados contables pendientes.
- El IPAC bonaerense, que conduce Gildo Onorato, denunció la suspensión de 6.667 cooperativas en todo el país.
- En la provincia de Buenos Aires hay 1.916 cooperativas suspendidas y 299 intimadas, según Onorato.
- Las entidades de los anexos I a VI no pueden realizar trámites ante el INAES hasta regularizar, y se instruyen sumarios administrativos.
- Las constituidas en 2023 y 2024 tienen 30 días hábiles administrativos para presentar la documentación; las de 2025, 60.
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