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Royón destacó la política de «direccionar subsidios al que realmente lo necesita»
La titular de la Secretaría de Energía de la Nación sostuvo que «este es un mecanismo que debía a hacerse, porque debemos ir a un mecanismo de tarifas más justas».
La secretaria de Energía, Flavia Royón, sostuvo este sábado que el nuevo esquema tarifario de los servicios públicos decidido por el Ministerio de Economía responde a «una política de direccionar subsidios al que realmente lo necesita», y aseguró que «es un mecanismo que debía hacerse» para contar con «tarifas más justas».
«Este es un mecanismo que debía a hacerse, porque debemos ir a un mecanismo de tarifas más justas, donde se subsidiará a quién realmente lo necesita», dijo Royón esta mañana durante una entrevista radial.
En esta línea, la funcionaria nacional destacó que «es una política de direccionar subsidios al que realmente lo necesita. El que pueda afrontar una tarifa con estos incrementos, debe hacerlo», remarcó.
De la misma manera, Royón recordó que la tarifa social no será sujeto de quita de subsidios, como también la porción de bajos ingresos, y que los ajustes a aquellos que cuenten con un mejor poder adquisitivo o no hayan solicitado la ayuda, dejarán de percibirlos en tres tramos: el primero de 20% y otros dos de 40% cada uno.
Además, remarcó que el registro para solicitar el subsidio «no es una foto estática, sino que va a estar abierto y se va a ir actualizando. El objetivo es ir concientizando y estimulando la eficiencia energética en los hogares», afirmó.
Por último, señaló que a los consorcios se le retirarán los subsidios para la energía eléctrica en un 20% en el primer tramo, mientras que el gas no tendrá modificaciones, por lo que «tendría que tener un impacto mínimo en las expensas», al mismo tiempo que consideró que la quita en las pymes «no debería disparar precios».
«Depende del criterio de cada comerciante cuánto traslada al precio, pero los aumentos no son una razón para que se afecte de forma significativa la rentabilidad o estructura de costos de las pymes», concluyó la secretaria de Energía.
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Fallo por universidades: Caputo debe pagar $2,5 billones y el «superávit» entra en crisis
Un fallo judicial obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a universidades. El vencimiento impacta en el equilibrio fiscal, supera desembolsos recientes y reabre el conflicto por fondos, salarios y funcionamiento del sistema educativo.
Lo que tenés que saber:
- La Justicia ordenó transferir fondos a universidades por ley vigente
- El plazo de pago vence y tensiona el esquema fiscal del Gobierno
- El Ejecutivo evalúa apelar mientras busca alternativas para evitar el impacto
- Universidades y gremios anticipan medidas y posibles protestas
- El conflicto reabre el debate sobre financiamiento educativo
Un fallo judicial que obliga a pagar
El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrenta el vencimiento de un fallo que ordena transferir fondos a las universidades nacionales en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y obliga al Ejecutivo a ejecutar el gasto, limitando la posibilidad de postergar pagos como venía ocurriendo.
Impacto directo en el relato del equilibrio fiscal
El monto exigido representa un desafío para el esquema económico del gobierno de Javier Milei.
El pago forzado convierte esos compromisos en una erogación inmediata, con impacto en las cuentas públicas.
Estrategia oficial: apelar y ganar tiempo
Dentro del Gobierno analizan recurrir a la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa vía judicial no suspende automáticamente la obligación de pago.
En paralelo, se evalúa enviar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema de financiamiento universitario.
Universidades en alerta y posible conflicto
Las casas de estudio y los gremios docentes mantienen la presión para que se cumpla la ley. El sistema universitario enfrenta dificultades para sostener salarios y gastos operativos.
Además, se anticipan medidas de fuerza y posibles movilizaciones similares a las registradas en años recientes.
El reclamo involucra a todo el sistema público, con decenas de instituciones afectadas por la falta de actualización presupuestaria.
Un conflicto que escala en el plano político
El fallo judicial se suma a otros frentes abiertos vinculados a transferencias y obligaciones del Estado.
La tensión se amplifica en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre el gasto público, lo que complica la estrategia económica del Gobierno.
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