Desregulación
El Gobierno cedió: suspendió el decreto de Sturzenegger y acordó con los prácticos poner fin al paro portuario
Después de cuatro días de parálisis total en los puertos del país, el Poder Ejecutivo suspendió de manera temporal el Decreto 690/2026 que desreguló el servicio de practicaje e impulsó el conflicto. El acuerdo incluye una rebaja del 20% en las tarifas del sector y la creación de una mesa de trabajo para renegociar los puntos más controvertidos de la norma. Las pérdidas para el sector agroexportador superaron los US$ 4,5 millones diarios.
El Gobierno nacional acordó con los representantes del sector de practicaje poner fin al conflicto que mantuvo paralizados los puertos argentinos durante cuatro días. El entendimiento incluye una reducción del 20% en las tarifas del servicio, la suspensión temporal del Decreto 690/2026 y la instalación de una mesa de trabajo conjunta para revisar los aspectos normativos y operativos de la actividad, según fuentes oficiales.
Con la firma del acta de acuerdo y el compromiso de mantener abierto el canal de negociación, los prácticos retomaron la prestación regular de sus servicios en los puertos de manera inmediata. La palabra que eligieron en el sector para describir el desenlace fue escueta pero elocuente: «alivio».
El decreto que encendió la mecha
El origen del conflicto fue la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma derogó el reglamento vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial. Entre los cambios más cuestionados por el sector figuraban la eximición de contratar prácticos para capitanes extranjeros con experiencia, la ampliación de las dimensiones de los barcos para los cuales es obligatorio requerir asistencia, la eliminación del límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico y la habilitación a Prefectura Naval para prestar el servicio en competencia directa con los profesionales privados.
La norma también suprimió la segmentación por tramos geográficos que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques. Sturzenegger justificó los cambios con una frase que sintetizó la lógica desreguladora del Gobierno: «La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio.»
Cuatro días de parálisis y US$ 4,5 millones de pérdidas diarias
La respuesta del sector no se hizo esperar. Prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país iniciaron un paro total que afectó la operatoria desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor fluvial por donde circula aproximadamente el 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. Las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes quedaron sin actividad. El campo fue el sector que más presionó para alcanzar un acuerdo: el bloque agroexportador estimó en más de US$ 4,5 millones diarios las pérdidas derivadas de la parálisis.
Durante los días de conflicto, el Gobierno enfrentó además un obstáculo jurídico de fondo: al tratarse de profesionales independientes y no de trabajadores sindicalizados, no existía marco legal para dictar una conciliación obligatoria y forzar el retorno a las tareas. Esa limitación debilitó la posición oficial y aceleró la búsqueda de un acuerdo negociado.
La mesa de trabajo, la clave del acuerdo para el agro
El sector agroexportador había hecho especial hincapié en la necesidad de una instancia de diálogo institucional como condición para avalar el levantamiento del paro. Esa demanda quedó satisfecha con la creación de la mesa de trabajo conjunta, que estará coordinada por el Gobierno Nacional y contará con la participación de representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, junto a otros organismos competentes en la materia. La instancia buscará revisar los ejes contemplados en el decreto de desregulación para alcanzar un consenso definitivo que reemplace la suspensión temporal.
El episodio expone una tensión de fondo en la gestión de Javier Milei: la lógica de la desregulación por decreto, sin consulta previa a los sectores afectados, choca en forma recurrente con la realidad operativa de actividades que requieren marcos normativos estables. No es la primera vez que una medida de Sturzenegger genera un conflicto que el propio Gobierno debe contener antes de que el costo económico se vuelva políticamente insostenible. La secuencia, decreto primero, negociación después, se consolidó como un patrón reconocible de la gestión libertaria.
Puntos clave
- El Gobierno suspendió temporalmente el Decreto 690/2026 que desreguló el practicaje e impulsó el conflicto.
- El acuerdo incluye una rebaja del 20% en las tarifas del sector y la creación de una mesa de trabajo interministerial.
- Los prácticos retomaron sus tareas de manera inmediata tras la firma del acta de entendimiento.
- Las pérdidas para el sector agroexportador superaron los US$ 4,5 millones diarios durante la parálisis.
- El Gobierno careció de herramientas legales para forzar el retorno al trabajo, al tratarse de profesionales independientes sin sindicato.
Desregulación
La industria textil argentina al límite: el 70% del mercado ya es importado
Con seis de cada diez máquinas paradas y una caída de la producción del 34% respecto a 2023, la industria textil argentina enfrenta su peor momento ante una apertura comercial que duplicó el ingreso de indumentaria importada. La Fundación Pro Tejer y la FITA denuncian competencia fraudulenta por subfacturación y reclaman al gobierno de Milei condiciones mínimas para sobrevivir.
Las importaciones ya explican el 70% del mercado textil argentino. Lo que históricamente era una disputa pareja entre producción local y productos del exterior se convirtió, bajo la gestión libertaria, en una derrota estructural para la industria nacional: en el primer semestre de 2026, la indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares, mientras las fábricas textiles del país operaban apenas al 39% de su capacidad instalada.
Esos datos fueron aportados por la Fundación Pro Tejer y la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), los dos organismos que nuclean al sector y que coinciden en un diagnóstico que el gobierno de Javier Milei prefiere ignorar: la política de apertura comercial irrestricta, combinada con la apreciación del tipo de cambio real y la demora en medidas de competitividad, está destruyendo una cadena productiva que empleó durante décadas a cientos de miles de trabajadores formales.
Apertura sin red: la caída en los eslabones primarios
En el primer semestre del año, las importaciones de productos textiles e indumentaria totalizaron 177.356 toneladas y 911 millones de dólares. La baja del 20% interanual en cantidades y del 5% en valores no es, como podría interpretarse, una señal de mejora: esa contracción se concentra en los insumos, no en los productos finales.
Según el informe de Pro Tejer, las materias primas cayeron un 33%, los hilados un 43%, los tejidos planos un 52% y los tejidos de punto un 34%. La lectura es inequívoca: hay menos insumos porque hay menos producción local. Las fábricas no fabrican, por lo tanto no demandan materias primas. El mercado interno simplemente se abastece con el producto terminado que llega del exterior.
La Fundación Pro Tejer precisó que «el escenario productivo local se ve afectado por la veloz apertura comercial, la desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, en un contexto de demora de medidas para reducir la carga tributaria y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina».
Subfacturación: más del 70% de los productos entra a precio ficticio
La FITA fue más terminante en su diagnóstico y acuñó el término que sintetiza el problema de fondo: «competencia fraudulenta». La federación señaló que las rebajas impositivas y los procesos de desregulación de los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones, mientras la producción nacional continúa cargando con una presión tributaria elevada, altos costos logísticos y falta de financiamiento.
Pero el punto más crítico es la subfacturación. Más del 70% de los productos importados ingresa al país a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal. Esta práctica, que constituye una violación a las normas de comercio exterior vigentes, configura una ventaja artificial imposible de compensar por cualquier esfuerzo de eficiencia en la producción local.
A eso se suma la competencia de plataformas digitales como Shein y Temu, que comercializan indumentaria de origen asiático sin tributar aranceles, operando en un vacío regulatorio que el gobierno libertario no ha mostrado voluntad de cerrar.
La producción en caída libre: 34% menos que en 2023
Las cifras de actividad son concluyentes. En el primer semestre de 2026, la producción textil cayó un 24,4% respecto al mismo período de 2025 y un 34% respecto a 2023, el último año antes del gobierno de Milei. El uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 39%, lo que en términos prácticos significa que seis de cada diez máquinas están paradas en las fábricas del sector.
La FITA aclaró que el sector no rechaza la apertura comercial en términos generales. La entidad firmó recientemente una declaración conjunta con organizaciones del Mercosur y de Europa en el marco del acuerdo birregional, y gestiona activamente el avance comercial con Estados Unidos. El reclamo no es por el comercio exterior en sí, sino por las condiciones en que se da ese comercio: sin reglas de origen verificadas, sin valores de referencia que impidan la subfacturación y sin paridad de cargas tributarias entre lo que se produce aquí y lo que se importa.
El reclamo: que se cumpla la ley
La demanda del sector ante el gobierno no es, por ahora, proteccionismo clásico. La FITA y Pro Tejer reclaman el cumplimiento de la normativa vigente de comercio exterior: aplicar los controles aduaneros que ya existen para detectar subfacturación, establecer valores de referencia para los principales productos importados y garantizar que las plataformas digitales extranjeras tributen igual que los comercios locales.
Sin esas condiciones mínimas, la industria textil argentina enfrenta un horizonte de desindustrialización acelerada que no se limita a una rama productiva: arrastra empleo registrado, capacidad de exportación, desarrollo regional y una cadena de valor que va desde el algodón en el norte del país hasta las terminaciones en los talleres del conurbano bonaerense.
Puntos clave
- Las importaciones representan ya el 70% del mercado textil argentino, según la Fundación Pro Tejer.
- La indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares en el primer semestre de 2026.
- La producción textil cayó un 24,4% interanual y un 34% respecto a 2023, con solo el 39% de la capacidad instalada en uso.
- La FITA denuncia que más del 70% de los productos importados ingresa subfacturado, sin cubrir el costo de la materia prima.
- Plataformas como Shein y Temu operan sin pagar aranceles, ampliando la brecha de competitividad con la producción local.
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