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Milei regulará las criptomonedas: nuevos requisitos ¿e impuestos?
La Comisión Nacional de Valores brindó precisiones sobre los nuevos requisitos que se deberán cumplir, en el marco de la lucha contra el lavado de activos.
En medio del auge de las criptomonedas, las empresas y las personas físicas que operen de manera profesional y por determinados montos con criptomonedas deberán inscribirse en un plazo de 45 días en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, cuya apertura se iniciará la semana próxima en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Con el precio del Bitcoin en casi US$ 65.000, para cumplir con el mandato del GAFI, el organismo internacional de prevención del lavado de dinero, la CNV dictó la reglamentación de ese Registro antes del martes 26, día en que finaliza una misión del organismo en la Argentina.
El registro fue creado a través de la reciente reforma a la ley de lavado de activos, que la CNV se dispone a instrumentar en los próximos días. Según la resolución general dictada anoche por la CNV, la reglamentación dispone qué condiciones tendrán las personas físicas o jurídicas obligadas a registrarse.
Quien no se inscriba debiendo hacerlo, “deberá abstenerse de realizar en el país cualquiera de las actividades u operaciones comprendidas” en la ley sancionada por el Senado, a saber: intercambiar activos virtuales con monedas convencionales; activos virtuales entre sí; su transferencia, custodia o administración o, también, la provisión de servicios financieros vinculados a los activos virtuales.
La regulación dispone que estarán exceptuados de registrarse quienes realicen las actividades antes mencionadas por un monto menor a los 35.000 UVAs en el mes calendario, que equivale a casi 27 millones de pesos
Aún se desconoce qué sanción podrían recibir quienes incurrieran en esa situación. También queda pendiente el otorgamiento de una licencia para hacer esas operaciones, algo que podría añadirse a esta regulación en el futuro.
Entre otros aspectos, la regulación dispone que estarán exceptuados de registrarse quienes realicen las actividades antes mencionadas por un monto menor a los 35.000 UVAs en el mes calendario, que hoy equivale a casi 27 millones de pesos.
También establece que las personas físicas o jurídicas “residentes o constituidas” fuera de la Argentina deberán estar registradas si su actividad abarca una de la siguientes modalidades:
– Utilizar cualquier dominio “.ar” para llevar a cabo sus actividades u operaciones.
– Tener acuerdos comerciales con terceros o subsidiarias o vinculadas que les permitan “recibir localmente fondos u activos de residentes argentinos para la realización de las actividades u operaciones (o cualquier actividad similar de las que se conocen como servicios de rampa)”.
– Tener un claro direccionamiento de su oferta a residentes en la Argentina.
– Hacer publicidad claramente dirigida a residentes en la Argentina.
– Tener negocios en el país que excedan del 20% de su volumen total.
¿Quiénes no estarán autorizados a inscribirse en el Registro? Cualquier persona “domiciliada, constituida, o que resida en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que se encuentren incluidos en el listado de jurisdicciones no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal”. Entre esas jurisdicciones se incluyen todas las que sean consideradas “no cooperantes o de alto riesgo” por el GAFI.
Los registrados como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) deberán indicar su condición y su número de registro en sus redes sociales, su web y cualquier comunicación pública.
En esa leyenda, se aclara que la inscripción en el Registro “no implica licencia” otorgada por parte de la CNV.
La aprobación de la ley en el Senado (tenía media sanción de Diputados desde 2023) y la reglamentación que publicó anoche la CNV se instrumentaron con celeridad en razón de una fecha límite: el 26 de marzo. El próximo martes finaliza la misión “in situ” del GAFI en la Argentina, con la que se completa la cuarta evaluación del organismo iniciada en septiembre.
El GAFI tiene una recomendación específica que obligaba a implementar este Registro, ya que de lo contrario el país corre el riesgo de caer en la “lista gris” de países vulnerables a los delitos financieros y el lavado de dinero.
“Para gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para propósitos ALA/CFT, y tengan licencia o registro y estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo y asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes requeridos en las Recomendaciones del GAFI”, dice la recomendación 15 de la organización globa
Buenos Aires
Calificadoras avalan la gestión bonaerense: superávit y acceso al mercado pese a los recortes de Milei
La calificadora internacional elevó la nota de la Provincia de Caa3 a Caa2 con perspectiva estable, en reconocimiento al desempeño fiscal y al acceso sostenido al financiamiento doméstico. En paralelo, la licitación del 23 de julio adjudicó $249.530 millones con una demanda que superó el monto previsto.
La Provincia de Buenos Aires recibió una doble señal de respaldo financiero en la última semana de julio. Por un lado, Moody’s elevó su calificación crediticia internacional de Caa3 a Caa2, tanto para el emisor como para su deuda senior no garantizada, y mantuvo la perspectiva estable. Por otro, la licitación de títulos públicos realizada el 23 de julio cerró con una adjudicación de $249.530 millones, alcanzando el techo previsto para la operación y registrando una sobredemanda que superó en un 14% el monto finalmente colocado.
La mejora de Moody’s y sus fundamentos
La revisión de Moody’s comprendió a once gobiernos subnacionales argentinos, en un contexto de mejores condiciones sistémicas de financiamiento atadas a la actualización de la calificación soberana. De ese universo, tres jurisdicciones conservaron su nota sin cambios, mientras que Buenos Aires avanzó un escalón, en una mejora de igual magnitud que la obtenida por la calificación soberana. La agencia fundamentó su decisión en tres pilares: mayor estabilidad del desempeño operativo, acceso sostenido al financiamiento doméstico y la fortaleza de una economía provincial diversificada con alta generación de ingresos propios.
El reconocimiento de Moody’s adquiere un valor particular si se considera el contexto adverso en que se produjo. La Provincia cerró 2025 con superávit económico pese a la caída real de sus recursos y a la fuerte reducción de las transferencias automáticas y no automáticas del Gobierno nacional, una sangría que el gobernador Axel Kicillof ha denunciado sistemáticamente en los últimos dos años. A esa presión se suma la demanda judicial por más de $2,3 billones en concepto de transferencias previsionales adeudadas por ANSES, en cuyo marco la Provincia dio por agotada la instancia de conciliación ante la Corte Suprema y avanzó por la vía cautelar.
La licitación: $249.530 millones con sobredemanda
El 23 de julio, la Provincia llevó adelante una licitación de títulos públicos en la que recibió ofertas por $284.961 millones. Se adjudicaron $249.530 millones, alcanzando el máximo previsto para la operación. El monto indicativo anunciado al mercado había sido de $200.000 millones con posibilidad de ampliación; la demanda superó en $35.431 millones, equivalente al 14%, el monto finalmente colocado, lo que constituyó una señal de confianza de los inversores en la capacidad de pago provincial.
Del total adjudicado, $161.286 millones correspondieron a un título a tasa variable TAMAR con vencimiento en abril de 2027 y $88.244 millones a un instrumento ajustado por CER con vencimiento en abril de 2028. La combinación de ambos instrumentos permitió extender y diversificar el perfil de vencimientos de la deuda provincial, en línea con la estrategia de emisiones regulares en moneda local que la administración bonaerense sostiene para ampliar la base de inversores e incrementar la liquidez en el mercado secundario. En cada colocación participaron Banco Provincia y Provincia Bursátil junto con otros colocadores.
El aval de S&P y la estrategia financiera provincial
La evaluación de Moody’s fue acompañada por S&P Global Ratings Argentina, que afirmó la calificación de la Provincia en raBB+ con tendencia estable, extensiva a las reaperturas colocadas en la licitación. La calificadora sostuvo que el manejo prudente de las cuentas fiscales permitirá mantener necesidades de financiamiento manejables durante los próximos doce meses.
La lectura de fondo que surge del doble espaldarazo de las calificadoras es que Buenos Aires consolidó su posición financiera de manera autónoma, sin los recursos que el Estado nacional le negó o recortó durante la gestión libertaria. El cumplimiento en tiempo y forma de todos los vencimientos de los servicios de la deuda, junto con la sostenida prestación de servicios esenciales y la inversión pública, configuran el cuadro que los analistas de las agencias valoraron positivamente. La estrategia de orientar cada colocación hacia la ampliación y diversificación de la base inversora se perfila, en ese contexto, como el eje ordenador de la política financiera provincial de cara a los próximos meses.
Puntos clave
- Moody’s elevó la calificación internacional de la Provincia de Buenos Aires de Caa3 a Caa2, con perspectiva estable.
- La licitación del 23 de julio adjudicó $249.530 millones sobre una demanda total de $284.961 millones.
- $161.286 millones se colocaron en un título TAMAR a abril de 2027 y $88.244 millones en un instrumento CER a abril de 2028.
- S&P Global Ratings Argentina afirmó la calificación provincial en raBB+ con tendencia estable.
- La Provincia logró superávit económico en 2025 pese a la caída real de los recursos y a los recortes del Gobierno nacional en transferencias automáticas y no automáticas.
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