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Consumo

El Gobierno negocia nueva etapa de Precios Justos

Buscan incorporar rubros y extender su vigencia hasta el 30 de junio. Desde noviembre hay 440 millones de pesos en multas.

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El Gobierno nacional lleva adelante negociaciones con empresas para dar inicio a una nueva etapa del programa Precios Justos que se extenderá hasta junio próximo y que incluirá más rubros y una reducción del promedio de aumentos desde el 4% hasta el 3,2%.

Según informaron fuentes oficiales, en el marco de la hoja de ruta planteada por el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, se va a ampliar el programa Precios Justos, por lo que el acuerdo será más grande debido a que va a incluir a más sectores de la economía y la producción.

Precios Justos es un acuerdo voluntario, con lo cual las empresas tienen el compromiso de cumplir, y como en el actual esquema, incluirá a a varios actores: empresarios, trabajadores, municipios, asociaciones de defensa al consumidor y ciudadanos.

Por el momento, los rubros que incluiría son consumo masivo, calzado deportivo, celulares y pequeños electrodomésticos, indumentaria, textil, insumos difundidos, a los que seguramente irán incorporándose más sectores durante esta semana.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la decisión de adelantar los acuerdos se dio luego de una evaluación de las metas fiscales y de acumulación de reservas, al entender que están dadas las condiciones para homogeneizar todos los acuerdos en el marco de un sendero promedio y ampliando la participación de sectores y empresas, así como extender el plazo de vigencia hasta el 30 de junio próximo.

En consumo masivo, dentro del programa se mantendrán los 2 mil productos a precio fijo, si bien podría haber una rotación en los artículos que conforman la oferta, mientras que el resto seguirá una pauta de 3,2% de aumento promedio, menor al 4% fijado en el entendimiento inicial.De este modo, el objetivo es generar previsibilidad para los próximos cuatro meses dado que más de 450 empresas asumen el compromiso de cumplir con un sendero de precios promedio del 3,2% hasta junio.

El secretario de Comercio, Matías Tomobolini, dijo el pasado viernes que el programa Precios Justos sumará a unas 124 empresas con lo cual alcanzará a 482 participantes y detalló que «en materia de stock ronda el 70%, la señalización 77%, y en precios fijos el 98%, el desafío más grande de esto es que el producto este en la góndola, que el abastecimiento se cumpla».

En declaraciones radiales, Tombolini remarcó que «en materia de inflación estamos ocupados, porque nos preocupa, trabajando con todos los sectores que podemos para tratar de conseguir un sendero descendente y que los precios aumenten cada vez más despacio que el mes anterior».

En materia de fiscalización, desde que comenzó la gestión de Tombolini se hicieron 7.770 inspecciones, en supermercados y mayoristas 4.488, de Ahora 12 hubo 2.051 inspecciones y más de 1.813 en puntos fijos de Precios Justos.

«Se confeccionaron multas por 440 millones de pesos que estaban pendientes de tratamiento, y desplegamos hace 15 días en una cadena de autoservicios en 300 locales en todo el país se labraron 79 actas y se clausuraron 3 locales«, detalló el secretario.

En la primera y actual etapa de Precios Justos, que comenzó en noviembre del año pasado, se estableció una canasta de precios fijos en unos dos mil productos de primera necesidad mediante acuerdos voluntarios entre el Gobierno y empresas productoras y comercializadoras.

A su vez, el acuerdo estableció un sendero de precios para que otros 30 mil productos esenciales no superen el 4% de aumento mensual en esta primera etapa.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1077 publicada en el Boletín Oficial en diciembre del año pasado, el programa Precios Justos se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

Al acuerdo original se le sumaron a fin de noviembre las petroleras, que pactaron que los combustibles participen del programa Precios Justos con aumentos mensuales de hasta 4% en diciembre, enero y febrero, y del 3,8% en marzo de este año.

Asimismo, hay acuerdos vigentes en los rubros textiles, indumentaria, calzado, celulares, insumos difundidos y medicamentos.En diciembre, el índice de precios al consumidor aumentó 5,1% y acumuló una suba de 94,8% durante todo el 2022.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en diciembre la suba del 4,7% que registró la medición en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que más incidió en la mayoría de las regiones.

En 2022, se destacó la suba anual de 120,8% en prendas de vestir y calzado; 108,8% en bares y restaurantes; y 95% para alimentos y bebidas no alcohólicas.Imprimir

Buenos Aires

Galperín en la mira: la Provincia le dio cinco días a Mercado Libre para evitar una multa de $1.815 M

El gobierno bonaerense inició una actuación de oficio contra la empresa de Marcos Galperín tras detectar más de diez presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor. La firma puede ser sancionada con una multa histórica de hasta $1.815 millones si no adecua sus contratos en cinco días hábiles.

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La Provincia imputó a Mercado Libre por diez cláusulas abusivas y le exige reformar sus contratos

★ El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, imputó formalmente a Mercado Libre S.R.L. por presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión. La medida se tomó de oficio, independientemente de las casi 2.400 denuncias individuales que los usuarios bonaerenses acumularon contra la plataforma solo en los primeros cuatro meses de 2026, lo que convierte a la empresa en la más reclamada de la provincia.

Una fiscalización que desnuda el desequilibrio contractual

El análisis llevado adelante por la cartera que conduce Augusto Costa abarcó tres instrumentos contractuales publicados en el sitio oficial de la compañía: las condiciones generales de uso del «ecosistema MELI», los términos y condiciones de préstamos personales y los términos y condiciones de préstamo para compras y pagos de Mercado Pago. El resultado arrojó más de diez cláusulas con presuntas infracciones a la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor.

La autoridad de aplicación constató que esas cláusulas consagran «un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de las y los consumidores», encuadrándolas en el artículo 37 de la misma ley, que regula precisamente la nulidad de estipulaciones abusivas en contratos de adhesión.

Los diez ítems bajo la lupa

Los puntos específicamente observados por el gobierno provincial son:

  • Indeterminación en el cobro de tarifas
  • Aceptación tácita de modificaciones contractuales
  • Traslado de responsabilidad por uso no autorizado de cuenta
  • Compensación entre cuentas
  • Cláusula de indemnidad a favor del proveedor
  • Exoneración de responsabilidad por fallas técnicas
  • Débito sobre cuentas de terceros ajenos al contrato
  • Caducidad automática de plazos por incumplimiento futuro indeterminado
  • Exención de responsabilidad de manera anticipada
  • Fijación de jurisdicción exclusiva en perjuicio del consumidor

Cada uno de estos ítems representa un mecanismo por el cual, según la Provincia, la empresa transfiere riesgos y responsabilidades al usuario, mientras se reserva amplias facultades de modificación unilateral y eximición propia de toda responsabilidad.

Galperín, el «unicornio» y su vínculo con el poder nacional

El alcance político del caso no es menor. Mercado Libre es la empresa tecnológica y de servicios financieros más grande de América Latina. Su fundador, Marcos Galperín, radicado en Uruguay desde 2019, es un estrecho aliado ideológico del presidente Javier Milei y uno de los empresarios más identificados con el proyecto libertario nacional. En ese contexto, la fiscalización del gobierno de Axel Kicillof adquiere una dimensión que excede lo meramente administrativo: es también una señal de que el Estado bonaerense no resigna su capacidad regulatoria frente a los gigantes del sector privado, incluso cuando esos gigantes gozan del favor del poder central.

La respuesta de la empresa y el plazo para el descargo

Ante la imputación, fuentes de Mercado Libre indicaron que la medida «corresponde a una instancia inicial de revisión administrativa de oficio, no implica sanción alguna y no surge de reclamos concretos de usuarios afectados», y aseguraron que «rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma».

El gobierno bonaerense otorgó a la empresa un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar el descargo por escrito y acreditar personería y domicilio electrónico y físico en la ciudad de La Plata. Si Mercado Libre formula una propuesta de adecuación, modificación o supresión de las cláusulas observadas, el expediente podría cerrarse sin sanción. De lo contrario, la empresa se expone a una multa de hasta $1.815.000.000.

La fiscalización e imputación se enmarcaron en las políticas del Gobierno bonaerense para defender los derechos de las y los consumidores. Para realizar denuncias, los usuarios pueden comunicarse con la línea 148 (opción Defensa de las y los Consumidores) o escribir a infoconsumidor.

Puntos clave

  • La Provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre S.R.L. por más de diez presuntas cláusulas abusivas en contratos de adhesión.
  • La fiscalización fue iniciada de oficio por el Ministerio de Producción, independientemente de las 2.396 denuncias individuales recibidas en los primeros cuatro meses de 2026.
  • Las cláusulas cuestionadas violan el artículo 37 de la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor.
  • La empresa tiene cinco días hábiles para presentar su descargo o enfrentará una multa de hasta $1.815.000.000.
  • Mercado Libre rechazó las acusaciones y anunció la presentación de su defensa en tiempo y forma.
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