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Indec: una familia necesitó $56.459 en Enero para no ser pobre
El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un incremento del 4% para enero y de esta forma acumuló un incremento del 38,5% desde enero de 2020.
La Canasta Básica Total (CBT) registró en enero un aumento del 4,2%, por lo que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó contar con ingresos por $56.459 para no caer debajo de la línea de la pobreza, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
A la vez, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide únicamente un consumo de alimentos, tuvo una suba mensual de 4,6%, de modo que el mismo grupo familiar precisó de $23.722 para no caer en situación de indigencia.
Para el caso de un hogar de tres integrantes -dos adultos y un adolescente- la CBA fue de $18.886 y la CBT de $44.948, mientras que para un hogar de cinco integrantes -dos adultos y tres menores de 5 años- los valores alcanzaron $24.951 y $59.382, respectivamente.
De esta forma, la CBT tuvo una variación de 39,8% respecto a igual mes del año anterior, mientras que la CBA registró un aumento de 44%, una diferencia que se explica porque las tarifas de servicios públicos y de transporte están prácticamente congeladas desde principios de 2020, mientras los precios del rubro de alimentos fueron de los que más subieron en los últimos meses.
La inflación minorista fue de 4% en enero y de 38,5% en los últimos 12 meses, en un contexto en el que se destacó la suba de 42,3% en los valores de alimentos y bebidas en el mismo lapso, incremento que no fue mayor debido a los acuerdo de precios y el establecimiento de «precios máximos» para algunos productos en medio de la pandemia de coronavirus.
Al cotejar contra el primer mes de 2020, el incremento del costo de la canasta básica alimentaria marcó una desaceleración de 11,8 puntos porcentuales, mientras que la canasta básica total mostró una retracción de 12,9 puntos, debido a que el año pasado marcaron un acumulado de 55,8% y 52,7%, respectivamente.
La Canasta Básica Alimentaria responde a los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para un determinado grupo familiar, compuesto entre otros productos por pan, arroz, fideos, papa, azúcar, legumbres secas, carne, menudencias, fiambres, aceite, huevo y leche, entre otros.
En tanto, para determinar la Canasta Básica Total se utiliza como base la canasta familiar y se le suma los precios de bienes y servicios no alimentarios. A comienzos de este año, el Gobierno renovó el acuerdo de Precios Cuidados “un programa que incorpora productos que se van a mantener todo el año», indicó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.
Los productos tienen una actualización trimestral enero-abril de 5,6% promedio; mientras que en alimentos y bebidas el ajuste acordado es de 6,35% promedio, en limpieza es de 4,4% y en higiene personal es de 5,1%. Español destacó que los precios de los productos “tienen que ser referencia en su góndola, entonces no pueden estar entrando y saliendo del programa porque, si no, dejan de cumplir ese rol».
El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un incremento del 4% para enero y de esta forma acumuló un incremento del 38,5% desde enero de 2020 lo que, de todas formas, marcó una desaceleración de 14,4 puntos porcentuales respecto del 52,9% que había mostrado contra 2019.
Uno de los datos más destacados del primer mes del año fue que si bien el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas no resultó el de mayor incidencia en la suba del nivel general para todas las regiones, sí fue uno de los primeros tres, con un incremento del 4,8%, por arriba del nivel general.
En ese segmento se destacaron, especialmente, las subas en alimentos frescos como carnes y derivados, con incrementos de entre 6,5% y 9,6% mensual, dependiendo de la región geográfica del país; y frutas, con alzas de entre el 7% y 13,1%.
Desregulación
Escándalo en Cancillería: el millonario contrato «a medida» para la esposa de Sturzenegger
Una investigación periodística reveló correos del sistema GDE que prueban el direccionamiento de un contrato millonario para la esposa de Federico Sturzenegger.
Denuncian licitación dirigida a la esposa de Federico Sturzenegger en Cancillería
★ El sistema de contrataciones del Estado vuelve a quedar bajo la lupa tras la filtración de un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios del Palacio San Martín. La documentación, revelada por el programa Telenueve Denuncia, demostraría que la adjudicación de una licitación a la empresa de María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estuvo planificada con meses de antelación para garantizar que no existieran otros oferentes.
El correo que confirma la maniobra
La prueba central del direccionamiento radica en una comunicación interna del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). En dicho mensaje, el coordinador de la dirección de Compras y Contrataciones de Cancillería, Mariano Méndez, le ordenó a su subordinada, Luciana Cagnolisu, avanzar con el proceso bajo términos ya acordados previamente. «Lu, favor tramitar la convocatoria, conforme la que preparamos al inicio del año», dictó la instrucción de Méndez.
Este pedido administrativo es clave porque se emitió mucho antes de que el proceso se hiciera público en el portal COMPR.AR, el pasado 4 de diciembre de 2025. La frase confirmaría que los pliegos y requerimientos técnicos fueron diseñados específicamente para la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, entidad dirigida por Rouillet, otorgándole una ventaja informativa insalvable para cualquier otro competidor.
Un contrato de privilegio en moneda extranjera
La contratación se realizó bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad, un formato que limita la competencia y que, en este caso, permitió que la empresa de Rouillet fuera la única firma ofertante. El monto adjudicado asciende a $114.044.133, lo que representó aproximadamente 78.000 dólares al momento de la firma. El objeto del contrato es la prestación de cursos de inglés para el personal de la Cancillería Argentina por un periodo de nueve meses, con una cláusula que permite prorrogarlo por un tiempo idéntico.
Dada la relación conyugal entre la beneficiaria y el ministro Sturzenegger, el expediente debió activar los mecanismos de transparencia previstos en el Decreto 202/2017. Este marco legal exige la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para evaluar posibles conflictos de intereses. Sin embargo, la aparición de los correos internos sugiere que estos filtros de integridad fueron eludidos mediante una ingeniería administrativa previa.
Antecedentes y sospechas de corrupción
Este hecho se suma a una serie de críticas contra la gestión actual respecto al uso de los recursos públicos y la ética en la función pública. El diseño de pliegos «a medida» constituye una irregularidad grave que desvirtúa el principio de igualdad ante la ley en las contrataciones estatales. Fuentes de la Cancillería que pidieron reserva de identidad indicaron que la celeridad y el carácter imperativo de las órdenes de Méndez generaron incomodidad en los cuadros técnicos del área de Compras, quienes advirtieron que la transparencia del proceso estaba comprometida desde su génesis.
Puntos clave:
- Correos internos del sistema GDE revelan que la licitación se preparó a inicios de año, meses antes de su publicación oficial.
- La beneficiaria es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger.
- El monto del contrato supera los 114 millones de pesos por clases de inglés para diplomáticos.
- Se utilizó la figura de «Adjudicación Simple», lo que facilitó que hubiera un único oferente.
- La Oficina Anticorrupción y la SIGEN intervinieron por el Decreto 202/2017, pero no detectaron el direccionamiento previo.
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