Economía 💲
Indec: una familia necesitó $56.459 en Enero para no ser pobre
El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un incremento del 4% para enero y de esta forma acumuló un incremento del 38,5% desde enero de 2020.
La Canasta Básica Total (CBT) registró en enero un aumento del 4,2%, por lo que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó contar con ingresos por $56.459 para no caer debajo de la línea de la pobreza, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
A la vez, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide únicamente un consumo de alimentos, tuvo una suba mensual de 4,6%, de modo que el mismo grupo familiar precisó de $23.722 para no caer en situación de indigencia.
Para el caso de un hogar de tres integrantes -dos adultos y un adolescente- la CBA fue de $18.886 y la CBT de $44.948, mientras que para un hogar de cinco integrantes -dos adultos y tres menores de 5 años- los valores alcanzaron $24.951 y $59.382, respectivamente.
De esta forma, la CBT tuvo una variación de 39,8% respecto a igual mes del año anterior, mientras que la CBA registró un aumento de 44%, una diferencia que se explica porque las tarifas de servicios públicos y de transporte están prácticamente congeladas desde principios de 2020, mientras los precios del rubro de alimentos fueron de los que más subieron en los últimos meses.
La inflación minorista fue de 4% en enero y de 38,5% en los últimos 12 meses, en un contexto en el que se destacó la suba de 42,3% en los valores de alimentos y bebidas en el mismo lapso, incremento que no fue mayor debido a los acuerdo de precios y el establecimiento de «precios máximos» para algunos productos en medio de la pandemia de coronavirus.
Al cotejar contra el primer mes de 2020, el incremento del costo de la canasta básica alimentaria marcó una desaceleración de 11,8 puntos porcentuales, mientras que la canasta básica total mostró una retracción de 12,9 puntos, debido a que el año pasado marcaron un acumulado de 55,8% y 52,7%, respectivamente.
La Canasta Básica Alimentaria responde a los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para un determinado grupo familiar, compuesto entre otros productos por pan, arroz, fideos, papa, azúcar, legumbres secas, carne, menudencias, fiambres, aceite, huevo y leche, entre otros.
En tanto, para determinar la Canasta Básica Total se utiliza como base la canasta familiar y se le suma los precios de bienes y servicios no alimentarios. A comienzos de este año, el Gobierno renovó el acuerdo de Precios Cuidados “un programa que incorpora productos que se van a mantener todo el año», indicó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.
Los productos tienen una actualización trimestral enero-abril de 5,6% promedio; mientras que en alimentos y bebidas el ajuste acordado es de 6,35% promedio, en limpieza es de 4,4% y en higiene personal es de 5,1%. Español destacó que los precios de los productos “tienen que ser referencia en su góndola, entonces no pueden estar entrando y saliendo del programa porque, si no, dejan de cumplir ese rol».
El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un incremento del 4% para enero y de esta forma acumuló un incremento del 38,5% desde enero de 2020 lo que, de todas formas, marcó una desaceleración de 14,4 puntos porcentuales respecto del 52,9% que había mostrado contra 2019.
Uno de los datos más destacados del primer mes del año fue que si bien el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas no resultó el de mayor incidencia en la suba del nivel general para todas las regiones, sí fue uno de los primeros tres, con un incremento del 4,8%, por arriba del nivel general.
En ese segmento se destacaron, especialmente, las subas en alimentos frescos como carnes y derivados, con incrementos de entre 6,5% y 9,6% mensual, dependiendo de la región geográfica del país; y frutas, con alzas de entre el 7% y 13,1%.
Gremiales
Fate: el SUTNA rechaza el desalojo y convoca para este lunes
La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Fate en San Fernando, ocupada por 920 trabajadores desde el 18 de febrero. El SUTNA calificó la medida de «disparate jurídico», anunció que apelará y convocó a una concentración para este lunes frente a la fábrica.
Veinticuatro trabajadores imputados por usurpación, una planta de 44 hectáreas que lleva siete meses ocupada, y una nueva orden judicial de desalojo: así está el conflicto de Fate, la fábrica de neumáticos de Virreyes, partido de San Fernando, que el lunes 21 de septiembre volverá a ser el centro de una nueva jornada de resistencia obrera.
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa, en el marco de una denuncia por usurpación contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El tribunal consideró que las instancias de conciliación obligatoria habían sido agotadas y que la continuidad de la ocupación ya no podía encuadrarse como herramienta para destrabar el conflicto laboral.
«Un disparate jurídico»: la respuesta del SUTNA
El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, no tardó en responder. El viernes, en conferencia de prensa frente a la planta, calificó el fallo de «disparate jurídico» y cuestionó de fondo la intervención del fuero penal en una disputa que, a su criterio, es estrictamente de naturaleza laboral. «El desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo», señaló Crespo.
El gremialista también anunció que el sindicato apelará la medida y presentará recursos ante la Casación para evitar que el fallo quede firme. «Obviamente, el sindicato va a apelar y va a presentar los recursos para Casación para que no quede firme este tipo de disparate», afirmó. Además, convocó a organizaciones obreras, políticas y sociales a concentrarse este lunes frente a la planta y reclamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga en el conflicto.
Siete meses de lockout: la historia de un cierre que el SUTNA llama ilegal
El conflicto se inició el 18 de febrero de 2026, cuando Fate anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin cumplir con los acuerdos de no despidos. Desde entonces, integrantes del SUTNA mantienen la ocupación del predio. El sindicato sostiene que la paralización de la producción constituyó un lockout patronal ofensivo, orientado a redirigir inversiones de la empresa hacia los sectores de energía y aluminio, y que la permanencia de los trabajadores en la planta tiene por objetivo resguardar la maquinaria, evitar el vaciamiento y reclamar la conciliación obligatoria.
El caso tuvo, además, un antecedente judicial que el SUTNA recuerda: en marzo, la misma Sala II había revocado una primera orden de restitución dictada por el juez de Garantías Esteban Rossignol, argumentando que las negociaciones laborales aún estaban abiertas y que debía privilegiarse la conciliación. Ahora, con ese argumento agotado por el tribunal, el escenario se invirtió. La nueva resolución activó además la imputación formal de 24 personas por la permanencia en el predio.
La CGT y el reclamo de paro general activo
El miércoles 16 de septiembre, el SUTNA se reunió con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la central obrera. El sindicato llevó al encuentro el planteo de la necesidad de poner fin al lockout patronal y planteó la conveniencia de convocar a un paro general activo. «El triunfo de los trabajadores de Fate sobre este ilegal lockout patronal significaría un enorme paso para el movimiento obrero en estos momentos tan oscuros, trayendo esperanza a toda la clase obrera», sostuvo el gremio en un comunicado posterior a la reunión.
El SUTNA también denunció lo que califica como «criminalización» de la protesta: el intento de elevar a juicio a trabajadores que, desde su perspectiva, se limitan a defender sus puestos frente a una acción patronal que consideran ilegal. «Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra», concluyó Crespo en su intervención del viernes.
Este lunes, a partir de las 10, la concentración frente a la planta de San Fernando reunirá a representantes gremiales del SUTNA junto a organizaciones sociales y políticas. El sindicato tiene prevista además una conferencia de prensa en el lugar.
Lo que tenés que saber
- La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, haciendo lugar al recurso del propietario Javier Madanes Quintanilla.
- El SUTNA rechazó la medida, la calificó de «disparate jurídico» y anunció que apelará ante la Casación para impedir que el fallo quede firme.
- 24 personas fueron imputadas por usurpación en el marco de la causa penal vinculada a la ocupación de la planta.
- El conflicto se inicia el 18 de febrero de 2026, con el cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis.
- Este lunes 21 de septiembre, organizaciones obreras, sociales y políticas se concentrarán frente a la planta a las 10 horas para rechazar el desalojo.
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