★ La investigación judicial sobre el manejo económico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó esta semana un nuevo eje de análisis: qué gestión concreta realizó Javier Faroni a través de su firma TourProdEnter LLC para justificar una comisión del 30% sobre los ingresos comerciales internacionales de la entidad, más un 10% adicional por tareas de logística.

La pregunta cobra especial relevancia a partir de declaraciones públicas del gerente de Marketing y Comercialización de la AFA, Leandro Petersen, quien sostuvo que el área interna de la entidad es la responsable de las ventas, activaciones y acciones con patrocinadores. Si eso es así, la Justicia Federal busca establecer cuál fue el aporte específico del intermediario.

El contrato: exclusividad total hasta 2026

El acuerdo fue firmado el 9 de diciembre de 2021 por el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. El texto otorgó a TourProdEnter LLC la representación comercial exclusiva de la AFA en el exterior hasta 2026, con una comisión fija del 30% sobre todos los ingresos internacionales de la entidad, más el 10% adicional por tareas catalogadas como «logística» vinculadas a los contratos en los que la firma interviniera.

Aplicada sobre ingresos internacionales que, según fuentes del caso citadas en el marco de la investigación, superan los 300 millones de dólares en el período investigado, la comisión del 30% implicaría cifras de carácter extraordinario. La magnitud del porcentaje pactado es uno de los elementos que llevaron a la Justicia a cuestionar la razonabilidad económica del esquema.

La contradicción que ordena el expediente

El punto más sensible de la investigación no es el monto de la comisión, sino la ausencia de evidencia sobre la contraprestación efectiva. Según fuentes del caso, en el expediente no constan informes de gestión, reportes de captación de nuevos clientes ni documentación que detalle negociaciones iniciadas por TourProdEnter LLC. Tampoco hay registro público de nuevos sponsors internacionales conseguidos, partidos amistosos organizados ni apertura de mercados atribuibles a la firma intermediaria.

La declaración del gerente Leandro Petersen, quien afirmó en entrevistas periodísticas que el área interna de la AFA es la responsable de las ventas y activaciones con patrocinadores, introduce una contradicción directa con la existencia de un contrato de representación exclusiva que justificaría esa misma función en manos de un tercero. Esa contradicción es hoy el eje central del análisis judicial.

El caso Adidas y los movimientos bancarios

Uno de los contratos bajo análisis es el celebrado con Adidas, patrocinador técnico de la Selección argentina. En 2024, la marca transfirió aproximadamente 25 millones de dólares en el marco del acuerdo vigente. Según la investigación, parte de esos fondos se canalizó por cuentas en Bank of America y Citibank vinculadas a la estructura de TourProdEnter LLC, antes de ser redistribuidos. La Justicia busca determinar si la firma intermediaria participó en la negociación de ese convenio o si operó principalmente como canal de facturación y cobro de ingresos que la AFA habría generado con su propia estructura interna.

Los registros bancarios incorporados al expediente incluyen giros vinculados también a otros contratos con sponsors internacionales, todos bajo el mismo patrón: ingreso de fondos a las cuentas de la firma intermediaria en el exterior, seguido de redistribución posterior.

El concepto «logística» y la firma Real Central

El 10% adicional por logística previsto en el contrato se convirtió en otro punto crítico del expediente. Los investigadores analizan qué tareas concretas abarca ese rubro, cómo se certificaron y quién validó su ejecución. Sin detalles operativos documentados, el porcentaje adicional suma al cuestionamiento sobre la razonabilidad global del esquema.

En paralelo, durante los allanamientos a la sede de la AFA realizados en diciembre de 2025 y enero de 2026, se encontraron órdenes de pago por al menos 300 millones de pesos a la firma Real Central, identificada en documentación societaria como propietaria de una mansión en Pilar. Los comprobantes refieren a «servicios de logística» y contienen menciones al sistema VAR. La Justicia investiga si esos servicios existieron efectivamente y si guardan relación directa con la operatoria comercial internacional bajo análisis.

La hipótesis judicial: desvío a través de una estructura formal

La hipótesis que evalúa la Justicia Federal, que analiza posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de activos, es que el esquema pudo haber funcionado como una vía de desvío de fondos mediante una estructura formal. El contrato de representación habría habilitado la retención sistemática de recursos generados por la propia AFA a través de su área interna, con un tercero como intermediario que cobró comisiones millonarias sin documentación que acredite una gestión comercial equivalente.

Desde la conducción de la AFA, según información disponible en el expediente, la postura es que el modelo responde a prácticas habituales en la comercialización deportiva internacional y que la estructura permitió centralizar la cobranza en el exterior. Sin embargo, esa explicación no resuelve la contradicción que generan las propias declaraciones del gerente Petersen sobre el rol interno en la captación de sponsors.

La reconstrucción contable a cargo de los peritos judiciales y la documentación respaldatoria que aún no se hizo pública serán determinantes para definir si existió contraprestación real o si el esquema funcionó como una estructura de extracción de fondos de la entidad.

Puntos clave

• El contrato firmado el 9 de diciembre de 2021 por Tapia y Toviggino otorgó a TourProdEnter LLC una comisión del 30% sobre ingresos internacionales más un 10% por logística, con exclusividad hasta 2026.
• El gerente de Marketing de la AFA, Leandro Petersen, afirmó públicamente que el área interna es responsable de las ventas y activaciones con sponsors, lo que contradice la existencia de un intermediario externo exclusivo.
• En el expediente no constan informes de gestión, reportes de captación de clientes ni documentación que acredite negociaciones iniciadas por TourProdEnter LLC, según fuentes del caso.
• Los allanamientos de diciembre de 2025 y enero de 2026 revelaron órdenes de pago por al menos 300 millones de pesos a la firma Real Central, dueña de una mansión en Pilar, con referencias a «servicios de logística» y al sistema VAR.
• La Justicia Federal investiga posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de activos; la pericia contable en curso será determinante para establecer si existió contraprestación real por las comisiones cobradas. ★