Sociedad
Defensa del acusado de parricidio cuestiona a peritos del doble crimen
La defensa del detenido Martín Del Río solicitó el apartamiento de la Policía Científica de la causa por las inexactitudes en el informe de autopsia, que dio lugar a la acusación del grupo de fiscales de Vicente López.
La abogada defensora de Martín Santiago Del Río, el único detenido y sindicado como doble parricida, solicitó apartar de la causa a la Policía Científica, argumentando que actuó con “parcialidad” y de esa manera, perjudicó a su cliente cuando corrigió la data de muerte de las víctimas para “acomodar” la prueba en función de la imputación impulsada por el grupo de fiscales de Vicente López.
Ante el pedido elevado al titular del Juzgado de Garantías Nro. 1 de San Isidro, Ricardo Costa, la letrada Mónica Chirivin cuestionó a los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, al señalar que “se manejan, se muestran y actúan deliberadamente como ‘amos y señores de la prueba’, afectando de esta forma garantías constitucionales del imputado como ser la defensa en juicio y el debido proceso”.
El tema central que se objeta es la data de muerte de las víctimas José Enrique Del Río (74) y su esposa María Mercedes Alonso (72). En los protocolos de las autopsias se dejó asentado que ambas víctimas llevaban de 12 a 18 horas fallecidas cuando se revisaron sus cadáveres en la morgue, lo que ubicaba el doble crimen en horas de la madrugada del 25 de agosto, algo que para su defensa beneficia a Del Río (h), porque en ese momento se encontraba en su casa del country Nordelta de Tigre.
Pero luego, a través de un “acta” firmada por el médico autopsiante y tres de sus superiores en Policía Científica se corrigió esa estimación “hasta 36 horas” antes del examen en la morgue, lo que incluye la tarde del 24 de agosto, que es el momento en el que los fiscales le imputan la comisión del doble parricidio.
Además, los fiscales le tomaron una nueva testimonial al médico forense de la Policía Científica de San Isidro que hizo la autopsia, Martín Adrián Fernández, donde el profesional admitió haber cometido “un error involuntario” en la primera estimación de la data de las autopsias.
«A esta altura de la investigación y vista la conducta demostrada por la Fiscalía y las máximas autoridades de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, que actuaron en forma mancomunada para hacer que el perito médico legista se desdiga de su informe, para acomodarlo a las necesidades de la fiscalía, pone en duda cierta toda la actuación de esa especialidad policial en el marco de esta investigación, no resultando confiables en los resultados de las pericias en curso y por realizarse y en las que hayan intervenido”, expresó Chirivín.
La presentación se efectuó a pocas horas de la nueva indagatoria que se le concedió a Martín Del Río, debido a que su procesamiento con prisión preventiva sería inminente, bajo la acusación de homicidio cuadruplemente agravado por el vínculo, alevosía, criminis causae y uso de arma de fuego.
Santa Fe
El derecho a la educación desde el encierro: Gino C. no regresará a las aulas en San Cristóbal
El ministro de Educación santafesino, José Goity, confirmó que el adolescente acusado por el crimen de Ian Cabrera tendrá una escolaridad virtual desde su lugar de detención. La medida responde a la presión de las familias y expone la incapacidad estatal para gestionar la reinserción en un contexto de violencia extrema.
Gino C. no vuelve a las aulas: tres el crimen de Ian Cabrera, su atacante accederá a la educación pero aislado
★ Este miércoles, el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, aseguró que Gino C., el adolescente de 15 años que el pasado 30 de marzo asesinó a su compañero Ian Cabrera en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno», no asistirá a clases presenciales en dicha institución. El funcionario realizó estas declaraciones durante un acto oficial en el Museo de la Constitución, buscando calmar el clima de temor e incertidumbre que manifestaron las familias de la comunidad educativa ante las versiones de un posible retorno del joven al establecimiento de San Cristóbal.
La virtualidad como respuesta al conflicto
“No hay condiciones para que este joven esté en un establecimiento educativo, y eso no va a pasar”, sentenció Goity, quien diferenció el derecho a la educación de la obligatoriedad de la presencialidad física en los edificios escolares. Según precisó el funcionario, el joven, que permanece alojado en un centro juvenil tras haber sido declarado no punible por su edad bajo la legislación vigente al momento del hecho, recibirá educación de forma virtual desde su lugar de alojamiento.
Esta modalidad busca dar cumplimiento formal a las garantías educativas sin alterar el frágil clima social en San Cristóbal. El ministro subrayó que el sistema debe garantizar la formación de todos los jóvenes de la provincia, pero aclaró que “tenemos chicos y chicas que no están en condiciones de ser escolarizados” en el sentido tradicional, sugiriendo que la seguridad comunitaria y la situación procesal del menor prevalecen sobre cualquier intento de revinculación presencial inmediata.
Un sistema que llega tarde
El caso de San Cristóbal, calificado por el propio ministro como un hecho que “nos atravesó como sociedad”, puso en evidencia las fallas en las redes de contención estatales. El propio Goity reconoció tras el crimen que el agresor atravesaba una “problemática intrafamiliar importante”, dato que ya figuraba en los registros oficiales pero que no activó ninguna alerta temprana antes de que el adolescente ingresara al colegio con una escopeta oculta en su mochila.
La tragedia, que acabó con la vida de Ian Cabrera (de apenas 13 años) e hirió a otros ocho estudiantes, desató además una ola de amenazas escolares en más de doce provincias argentinas, muchas de ellas vinculadas a la subcultura digital True Crime Community (TCC). Mientras el Gobierno provincial apuesta ahora a la educación remota para el acusado, la discusión de fondo sobre la falta de equipos de salud mental y protocolos de detección de crisis en las escuelas públicas santafesinas permanece en un segundo plano.
El laberinto de la imputabilidad
La situación de Gino C. reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Si bien el Congreso Nacional aprobó la Ley 27.801 (que reduce la edad mínima a 14 años), la norma establece un plazo de 180 días para su entrada en vigencia plena, lo que dejó al agresor fuera del alcance de la justicia penal juvenil al momento del ataque.
Ante la imposibilidad de una condena penal, la exclusión del sistema presencial aparece como la única herramienta de respuesta rápida que el Estado ha podido articular frente a la demanda de justicia de una comunidad que despidió a Ian entre velas y carteles, denunciando que las instituciones fallaron mucho antes del primer disparo.
Puntos clave:
- El ministro José Goity confirmó que Gino C. no regresará a clases presenciales en la Escuela 40 de San Cristóbal.
- El adolescente recibirá clases de manera virtual desde el centro juvenil donde se encuentra alojado.
- Las autoridades educativas distinguieron entre el «derecho a ser educado» y la asistencia física a un establecimiento.
- El agresor permanece bajo un régimen de no punibilidad debido a que la Ley 27.801 aún no estaba vigente al momento del crimen.
- El Gobierno santafesino admitió fallas en la detección previa de la problemática familiar del joven acusado.
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