Sociedad
Juicio Candela Rodríguez II: la revictimización como estigma
En el juicio Candela Rodríguez II se acusa a un narco, un ex policía, un “informante” y un carpintero como partícipes necesarios del secuestro, violación y asesinato de la niña apuntando a los presuntos nexos de estos cuatro hombres con la familia de la víctima, que siempre rechazó esa hipótesis y denunció las irregularidades en la investigación.
Por Néstor Llidó
A pocos días de cumplirse 11 años del caso que generó una enorme conmoción en la opinión pública, con el trágico desenlace del crimen de Candela Sol Rodríguez, la nena que fuera secuestrada en Villa Tesei, abusada sexualmente durante su cautiverio hasta que la mataron y dejaron tirado su cuerpo dentro de una bolsa, se viene el segundo juicio.
El debate que se desarrollará ante el Tribunal Oral Criminal Nro. 6 de Morón estaba previsto para 2023, pero se adelantó y se llevará adelante en el próximo mes de noviembre. En el primero fueron condenados los principales responsables a prisión perpetua, en un fallo que ya fue ratificado por Casación y ahora será el turno de los considerados “partícipes necesarios” para una investigación, donde se apuntó a una presunta venganza contra la familia de la niña.

Una hipótesis que siempre fue rechazada por los padres de la pequeña, atribuyendo lo sucedido a “un par de degenerados” quienes se llevaron y la violaron antes de matarla y debiendo sumar al dolor de la pérdida, los dichos de los “comentaristas” de la desgracia ajena.
En este juicio Candela II aparecen involucrados el narcotraficante Miguel Angel “Mameluco” Villalba, el ex policía Sergio Chazarreta, el “buchón” Héctor “Topo” Moreyra y Néstor Altamirano. Este último, un carpintero sindicado como el “cuidador” de la pequeña en sus nueve días en las que estuvo secuestrada, hasta que el 31 de agosto de 2011 su cadáver fue hallado a un costado de la autopista Del Oeste, cerca de esa zona del partido de Hurlingham en el que vivía.
Hay unos 50 testigos convocados, entre ellos Carola Labrador y Alfredo Rodríguez, los padres de Candela, en un proceso en el que se volverá a insistir en un supuesto vínculo de la familia con el caso, casi a modo de “revictimización”. En las versiones que circularon por aquellos días en que se extendió el secuestro, basadas en las siempre cuestionables “fuentes policiales”, hubo referencias a una venganza narco, a un “ajuste de cuentas” por “quedarse con un vuelto” de actividades delictivas, entre otras, sin poder impedir el peor final.
“Este nuevo juicio no tiene demasiado sentido, es solo un gasto millonario para la Estado y los que hicieron todo mal, los jefes policiales, los funcionarios, no están acusados, fueron beneficiados con la desvinculación en la causa. Iré a declarar, será revolver nuevamente todo el dolor, sin que nadie pueda devolverme a mi hija”, sostiene Carola Labrador, en diálogo exclusivo con El Argentino.
“Con el paso del tiempo se pudo demostrar que nosotros, como familia, no tuvimos nada que ver y hasta fuimos quienes aportamos las pruebas para poder condenar a los autores del secuestro y asesinato de Cande. Dos degenerados que están pagando con la cárcel. Y todos los que hicieron mal las cosas, solo buscaron taparse entre ellos y así como nos ensuciaron, hoy andan buscando revictimizarnos”, afirma la mujer.
La referencia es para los entonces jefes de la Policía bonaerense, Juan Carlos Paggi, Hugo Matzkin y Roberto Castronovo, quienes por acción u omisión fueron señalados por “encubrimiento agravado”, aunque luego quedaron al margen de la investigación, en la que siempre estuvo la sospecha de la connivencia entre delincuentes y fuerzas de seguridad. Hasta se conformó una comisión parlamentaria en la provincia de Buenos Aires, debido a las consecuencias hasta políticas de este caso.
Con un “escenario” montado de poner todo los elementos a disposición del fiscal Marcelo Tavolaro para esclarecer el hecho, los jefes policiales fracasaron de manera rotunda, pero su responsabilidad terminó siendo exculpada. Luego, se hizo cargo de la investigación el fiscal Mario Ferrario que avanzó en la acusación contra los autores materiales de la privación ilegítima de la libertad, abuso sexual y homicidio.
De esa manera, en un primer juicio desarrollado en 2017, el Tribunal Oral Criminal Nro. 3 condenó a prisión perpetua a Hugo Bermúdez y Leonardo Jara por el secuestro seguido de muerte de la niña que tenía 11 años, además de sentenciar a cuatro de cárcel a Fabián Gómez como “colaborador” secundario. Cinco años más tarde, se aguarda por el segundo debate, en el que el mismo fiscal Ferrario impulsa la imputación contra los partícipes necesarios sin correrse de la pista de la venganza narco.
Mientras tanto, “Juancho” Rodríguez, el papá de Candela, cumplió la pena por haber integrado una banda de piratas del asfalto y en la actualidad, tiene su trabajo en blanco y ese pasado ha quedado atrás, al menos lo busca, lo intenta. Desde siempre negó su relación con “Mameluco” Villalba, que lo sucedido con su hija tuviera que ver con un “ajuste de cuentas” hacia él, desestimando la hipótesis “oficial”.
Carola Labrador, por su parte, ha conformado junto a otras madres de víctimas el grupo Tejiendo Redes y brindan asistencia a familias atravesadas por el dolor. “Desde nuestras experiencias, distintas, pero unidades por la pérdida de un ser querido, ayudamos a familias, asesorándolas con los derechos que los asisten, a partir de la sanción de la Ley de Víctimas”, señala.
Para el domingo 28, en memoria de Candela Rodríguez, se oficiará una misa en la parroquia Virgen de la Esperanza de Hurlingham. “Se cumplen 11 años que me arrebataron a mi nena, sigo adelante como se puede en cada día, tengo mis otros dos hijos, de 19 y 26 años, que ya han conformado sus familias. Con la conciencia tranquila de haber hecho todo de nuestra parte, mientras hay quienes fueron los responsables y no pueden decir lo mismo”, cuenta.
La niña “desapareció” aquel 22 de agosto de 2011 en su barrio de Villa Tesei, en momentos en que esperaba a sus amiguitas para ir a un grupo de boy scouts de la iglesia. Se presume que la mantuvieron encerrada en una casa, donde la abusaron sexualmente y mataron, hasta que nueve días más tarde, su cuerpito apareció adentro de una bolsa, arrojado en la colectora de la autopista del Oeste, en una jornada siempre recordada por e estupor social.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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