#La peligrosa apuesta de Milei: Argentina fuera de la OMS en plena crisis del ébola global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el domingo 18 de mayo una «emergencia de salud pública de importancia internacional» (ESPII) por el brote de la enfermedad causada por el ebolavirus Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

La decisión fue anunciada por el Director General del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un acto sin precedentes en la historia del organismo: por primera vez, un director general declaró una emergencia de esta magnitud sin haber convocado previamente a un Comité de Emergencias, una facultad habilitada por el artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Una cepa sin vacuna ni cura: el escenario más incierto en años

El virus Bundibugyo es una de las especies de ébola más raras que se conocen y solo había causado dos brotes documentados anteriormente: en Uganda en 2007 y en el este del Congo en 2012. El brote actual ya supera en magnitud a ambos episodios anteriores combinados.

Al 17 de mayo, las autoridades sanitarias confirmaron ocho casos mediante análisis de laboratorio, registraron 246 casos sospechosos y contabilizaron 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, en el este del Congo. Para el 25 de mayo, los reportes oficiales más recientes de la OMS ya elevaban la cifra de muertes sospechosas a más de 220, con propagación activa hacia Uganda.

La situación agrava su complejidad porque no existen vacunas ni tratamientos autorizados específicamente para esta cepa. La mayoría de los antivirales y anticuerpos desarrollados contra el ébola fueron diseñados para combatir la cepa Zaire, la más letal y estudiada tras la devastadora epidemia de África Occidental que se extendió entre 2014 y 2016 y dejó más de 11.000 muertos.

La cepa Bundibugyo quedó al margen de esa inversión científica y hoy esa brecha representa una vulnerabilidad sanitaria de alcance global. Ensayos clínicos para probar tratamientos y vacunas experimentales se preparan con urgencia, según informó la OMS.

El organismo aclaró que la situación no reúne los criterios para ser clasificada como «emergencia pandémica», la categoría máxima incorporada en las normas sanitarias internacionales revisadas tras el COVID-19. Aun así, calificó el riesgo de expansión regional como «alto» y advirtió que el brote podría ser considerablemente mayor al registrado oficialmente, dado que se detectaron grupos de muertes inexplicables en zonas alejadas de los centros de vigilancia epidemiológica.

Transmisión transfronteriza y respuesta de emergencia

La expansión del virus desde el Congo hacia Uganda, a través de viajeros provenientes de la zona afectada, fue uno de los factores determinantes para que Tedros activara la alerta máxima. En respuesta, Uganda cerró el transporte fronterizo y el gobierno de la RDC suspendió todos los vuelos de pasajeros desde y hacia Bunia, capital de la provincia de Ituri y epicentro del brote. El gobierno ugandés también postergó las celebraciones anuales del Día de los Mártires, que suelen convocar hasta dos millones de personas, como medida preventiva.

La OMS desplegó equipos sobre el terreno para apoyar a las autoridades nacionales en el rastreo de contactos, las pruebas de laboratorio, el control de infecciones y la ampliación de la capacidad de tratamiento. Entre las recomendaciones emitidas para los países con casos detectados, el organismo indicó: activar los sistemas nacionales de gestión de emergencias, reforzar la vigilancia epidemiológica, aislar y tratar de inmediato a los casos confirmados, implementar controles en fronteras y rutas principales, y garantizar que los entierros y funerales sean realizados exclusivamente por personal especializado.

El organismo enfatizó además que no recomienda el cierre de fronteras ni la cancelación de vuelos internacionales, por considerar que esas medidas dificultarían la respuesta sanitaria coordinada.

Argentina afuera: la paradoja de la soberanía sanitaria en tiempos de emergencia global

La cronología de los últimos días dibuja una paradoja difícil de ignorar. El 16 de mayo, la OMS declaró la emergencia internacional por ébola. El 22 de mayo, apenas seis días después, la Asamblea Mundial de la Salud ratificó, por consenso, la salida definitiva de la Argentina del organismo, con efecto legal retroactivo al 17 de marzo de 2026. El proceso fue impulsado por el presidente Javier Milei y anunciado en febrero de 2025 bajo el argumento de «profundas diferencias» con la gestión de la pandemia de COVID-19.

El canciller Pablo Quirno difundió la confirmación a través de sus redes sociales y sostuvo que la medida «representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad del Presidente Javier Milei». El ministro de Salud, Mario Lugones, celebró la decisión con la frase «Argentina recupera soberanía sanitaria. La salud de los argentinos se decide en nuestro país».

Sin embargo, las advertencias previas del propio organismo retoman peso crítico en este contexto. En marzo de 2026, Tedros Adhanom Ghebreyesus había señalado públicamente que la retirada de la OMS dejaría a la Argentina «menos segura» en materia sanitaria. El jefe de asuntos legales del organismo, Steven Solomon, aclaró que Argentina podría mantener vínculos técnicos a través del Reglamento Sanitario Internacional, aunque advirtió que el alcance real de esa relación quedaría en una zona de incertidumbre jurídica.

La decisión argentina se inscribe además en una tendencia más amplia: Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, también abandonó el organismo en enero de 2026, aunque el propio Tedros expresó públicamente su esperanza de que Washington «recapacite y se reincorpore».

La pregunta que emerge de esta confluencia de hechos no es retórica: con qué mecanismo de alerta temprana, qué acceso a redes de vigilancia epidemiológica global y qué lugar en los ensayos clínicos de vacunas experimentales contará la Argentina si el brote de Bundibugyo escala o si surge una nueva amenaza sanitaria de origen desconocido.