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Argentina, líder en América Latina por fomentar el uso de la Inteligencia Artificial

Nuestro país encabeza la categoría en el informe elaborado por el Centro de Estudios Nacional de Inteligencia Artificial en base a datos de la OCDE, Cepal, Unesco y fuentes públicas y privadas de los países de la región.

Publicado hace

3 años

12.08.2023

El Argentino

Argentina ocupa la principal posición en variables vinculadas al fomento público de la Inteligencia Artificial (IA), la gobernanza del proceso y la conformación de una nueva institucionalidad frente a los cambios que impone la irrupción de esta nueva tecnológica, destacó un informe sobre el desarrollo en América Latina en esa materia.

El Centro de Estudios Nacional de Inteligencia Artificial, una iniciativa del gobierno de Chile que obtuvo información de distintos organismos internacionales como la OCDE, Cepal, Unesco y fuentes públicas y privadas de los países de la región, analizó de manera cuantitativa las capacidades de los países de América Latina para adoptar y utilizar IA, informó en un comunicado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT).

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El resultado indicó que la Argentina forma parte de los países líderes en la región por sus capacidades en inteligencia artificial junto a Chile, Brasil y Uruguay.

Asimismo, la lectura de la ficha específica sobre Argentina reportó que el país se ubica en el primer puesto en la categoría de fomento público a la IA como reconocimiento a las políticas públicas que se aplican para orientar la adopción de esa tecnología y producir aportes significativos desde su sector público y privado.

Actualmente, las políticas públicas de la Argentina tienen entre sus elementos más destacados al nuevo Programa de Promoción de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, impulsado por el MINCyT, el Ministerio de Economía y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). El programa cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Argentina se propone invertir 35 millones de dólares para apuntalar los equipos de investigación a partir de proyectos de trabajo en red, desarrollos de aplicaciones con perspectivas de impacto en el comercio internacional y la sustitución de importaciones por medio de nuevos consorcios públicos privados.

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Además, apunta al sostenimiento de las capacidades universitarias a partir de subvenciones y aportes económicos para desarrollar extensión, comprar equipamiento y formar nuevos docentes en el ámbito de las cátedras de informática, una iniciativa piloto que también procura retener a los profesores de informática.

Un importante antecedente se encuentra en el Régimen de Promoción de la Industria del Software que durante más de dos décadas estimuló la formación de un nuevo sector industrial conformado por pequeñas y medianas empresas con perfil exportador.

Se trata del mismo escenario que ayudó a la conformación de unicornios tecnológicos argentinos, empresas que lograron un valor accionario por encima de los 1000 millones de dólares y que lideran las plataformas de comercio electrónico, y servicios empresariales en Europa y América.

En los últimos días Google Award for Inclusion Researchreconoció un nuevo desarrollo argentino para la detección de una startup surgida de la Universidad Nacional del Litoral con apoyo de la Agencia I+D+I, que busca detectar sesgos en los algoritmos aplicados al análisis de imágenes médicas.

Respecto al programa el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, destacó que «uno de los desafíos es lograr una mayor confluencia entre la ciencia básica y la ciencia aplicada de modo de poder profundizar la vinculación entre la generación de conocimiento y su transferencia y aplicación, para alcanzar un mayor impacto de la investigación en la resolución de los problemas concretos de nuestra sociedad».

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En tanto, el presidente de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano, dijo que «la economía del Conocimiento es un sector que genera hoy 1.000 puestos de trabajo formales por mes en todo el país y es la tercera fuente de divisas que tiene Argentina, pero aún tiene que seguir creciendo gracias a un mayor protagonismo de nuestra Universidad y de nuestro sistema científico-tecnológico.»

El nuevo programa de fomento de la IA que aplican la Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía y la Agencia I+D+I junto al MINCyT también cuenta con recursos que permitirán extender «Argentina Programa», iniciativa que brinda oportunidades a más de 200.000 jóvenes en las primeras herramientas de programación.

PARA LA CEPAL LA IA PUEDE CONTRIBUIR A LA TRANSFORMACIÓN DE MODELOS DE DESARROLLO

La inteligencia artificial (IA) puede contribuir a la transformación de los modelos de desarrollo en Latinoamérica y el Caribe para hacerlos más productivos, inclusivos y sostenibles, consideró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

«Para aprovechar las oportunidades de la IA y minimizar sus potenciales amenazas, se requiere reflexión, visión estratégica, regulación y coordinación regional y multilateral», plantearon especialistas durante el lanzamiento del primer Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) en la sede de la Cepal en Chile.

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En este evento se reconoció a la Argentina como el país con mejores políticas públicas para fomentar el uso conveniente de la IA en el contexto de la región.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, recalcó la necesidad de que «la IA se trabaje de manera explícita y deliberada en el marco de las políticas de desarrollo productivo de los países de la región y de sus territorios».

Para aprovechar al máximo el potencial de la IA se requiere de un entorno habilitante que incluya infraestructura digital, disponibilidad de datos, talentos digitales y capacidades de innovación y emprendimiento digital, subrayó Salazar-Xirinachs.

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No obstante, manifestó: «Debemos estar muy atentos a las cuestiones éticas respecto a su implementación y debemos profundizar sobre los retos relacionados con la privacidad de los datos, así como con los sesgos y discriminación en las decisiones basadas en algoritmos inteligentes».

Asimismo, Salazar-Xirinachs expresó: «La Cepal seguirá apoyando a los países de la región para avanzar en la construcción de entornos habilitadores, vinculando los esfuerzos de transformación digital con los de desarrollo productivo, y buscando proporcionar una gobernanza de datos que permitan construir la senda hacia un desarrollo sostenible e inclusivo».

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El primer ILIA lo elaboró el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) de Chile con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el HAI (Institute for Human-Centered AI) de la Universidad de Stanford.

Se trata de un estudio que revela la situación de la IA en 12 países de la región: Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Brasil y México, explicaron Álvaro Soto y Rodrigo Durán Rojas, director del Cenia y de Vinculación de la misma institución, respectivamente.

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Judiciales ⚖️

Reforma laboral: Cormick suspende dos artículos sobre costas y juicios pagados en cuotas

El mismo juez que multó a Santilli por la ley universitaria frenó por tres meses los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802. Vuelve a regir la redacción anterior de la Ley de Contrato de Trabajo. El Gobierno ya había salido a cuestionar sus antecedentes políticos.

Publicado hace

45 minutos

15.10.2026

ElArgentino.ar

Bandera contra la reforma laboral en una movilización

La reforma laboral de Javier Milei sumó un revés en los tribunales. El juez federal Martín Cormick suspendió por tres meses dos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral: el que permitía cargar las costas de un juicio sobre el trabajador y su abogado por un reclamo considerado excesivo, y el que modificó el régimen de pago de las sentencias laborales y de los honorarios.

Cormick, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 11, hizo lugar a una medida cautelar promovida por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), en una causa a la que se acumuló el planteo del Colegio de Abogados de Villa María, contra los artículos 10 y 56 de la ley. La suspensión rige por tres meses o hasta que haya sentencia definitiva, lo que ocurra primero. No es todavía una declaración de inconstitucionalidad: esa discusión de fondo sigue abierta en el amparo contra el Estado Nacional.

Qué frenó el juez

El artículo 10 había incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo un criterio objetivo de sobreestimación de los créditos para definir la «pluspetición inexcusable», una figura que permite imponer las costas en forma solidaria al trabajador y al profesional que lo representa. Es decir, que un abogado podía terminar respondiendo con su patrimonio si el monto reclamado superaba lo que finalmente reconocía la sentencia.

Para Cormick, la norma «carece de claridad en su redacción, circunstancia que conduce a conformar una incertidumbre que amerita la suspensión cautelar solicitada», y la diferencia entre la suma pedida y la concedida no alcanza por sí sola para establecer la responsabilidad del abogado: hay que examinar las particularidades del expediente y la conducta de las partes. Mientras dure la cautelar vuelve a regir la redacción anterior del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ya contemplaba la pluspetición inexcusable pero sin el parámetro objetivo cuestionado.

El artículo 56 modificó el artículo 277 de la misma ley y habilitó a cancelar las condenas laborales en cuotas. Según el texto de la ley, las grandes empresas podían pagar en hasta seis cuotas mensuales y las pymes en hasta doce, con actualización por inflación y un interés anual del 3%. El juez advirtió que la norma no distingue con claridad si esa modalidad alcanza también a los honorarios de los abogados, que forman parte de las costas. Por eso ordenó aplicar la Ley 27.423 para el cobro de los honorarios y la versión anterior del artículo 277, también en lo referido a los pactos de cuota litis (los acuerdos que fijan la remuneración del abogado como un porcentaje del resultado del juicio).

El CPACF celebró la resolución en su sitio oficial: sostuvo que, aunque no resuelve todavía la cuestión de fondo, es un avance importante en defensa de la abogacía. En su presentación, la entidad había advertido que los cambios comprometían también la defensa de los trabajadores y su acceso a la Justicia.

El juez que incomoda al Gobierno

Cormick es el mismo magistrado que el 6 de octubre declaró inconstitucional el mecanismo con el que el Poder Ejecutivo suspendió la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, después de que el Congreso rechazara el veto. Consideró que la promulgación condicionada había funcionado como un veto no previsto por la Constitución. Esta semana, además, fijó una multa inicial de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir la cautelar que obliga a actualizar salarios y becas universitarias, como informó este diario.

El Gobierno anunció que apelaría aquella decisión y cuestionó los antecedentes políticos del juez. Cormick es abogado y magíster en Derecho Administrativo por la UBA, y llegó al fuero federal en 2020, designado por Alberto Fernández mediante el decreto 866 tras el acuerdo del Senado. Antes condujo la Inspección General de Justicia, designado por Cristina Fernández de Kirchner en 2014, y entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 estuvo a cargo de la Sindicatura General del PAMI. Antes había trabajado en la Defensoría del Pueblo porteña.

Su juzgado ya había quedado en el centro de la escena con la causa del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad. En diciembre de 2025 declaró nula esa resolución por considerar que el Ejecutivo había avanzado sobre atribuciones del Congreso, aunque la Cámara dejó sin efecto esa decisión en marzo de 2026.

Cuando los fallos no le gustan, el Gobierno discute la biografía del juez; lo que no explica es por qué sus normas terminan una y otra vez frenadas en los tribunales.