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Argentina, líder en América Latina por fomentar el uso de la Inteligencia Artificial

Nuestro país encabeza la categoría en el informe elaborado por el Centro de Estudios Nacional de Inteligencia Artificial en base a datos de la OCDE, Cepal, Unesco y fuentes públicas y privadas de los países de la región.

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El-Argentino-Inteligencia Artificial.

Argentina ocupa la principal posición en variables vinculadas al fomento público de la Inteligencia Artificial (IA), la gobernanza del proceso y la conformación de una nueva institucionalidad frente a los cambios que impone la irrupción de esta nueva tecnológica, destacó un informe sobre el desarrollo en América Latina en esa materia.

El Centro de Estudios Nacional de Inteligencia Artificial, una iniciativa del gobierno de Chile que obtuvo información de distintos organismos internacionales como la OCDE, Cepal, Unesco y fuentes públicas y privadas de los países de la región, analizó de manera cuantitativa las capacidades de los países de América Latina para adoptar y utilizar IA, informó en un comunicado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT).

El resultado indicó que la Argentina forma parte de los países líderes en la región por sus capacidades en inteligencia artificial junto a Chile, Brasil y Uruguay.

Asimismo, la lectura de la ficha específica sobre Argentina reportó que el país se ubica en el primer puesto en la categoría de fomento público a la IA como reconocimiento a las políticas públicas que se aplican para orientar la adopción de esa tecnología y producir aportes significativos desde su sector público y privado.

Filmus uno de los desafos es lograr una mayor confluencia entre la ciencia bsica y la ciencia aplicada Foto Prensa
Filmus: «uno de los desafíos es lograr una mayor confluencia entre la ciencia básica y la ciencia aplicada» / Foto: Prensa.

Actualmente, las políticas públicas de la Argentina tienen entre sus elementos más destacados al nuevo Programa de Promoción de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, impulsado por el MINCyT, el Ministerio de Economía y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). El programa cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Argentina se propone invertir 35 millones de dólares para apuntalar los equipos de investigación a partir de proyectos de trabajo en red, desarrollos de aplicaciones con perspectivas de impacto en el comercio internacional y la sustitución de importaciones por medio de nuevos consorcios públicos privados.

Además, apunta al sostenimiento de las capacidades universitarias a partir de subvenciones y aportes económicos para desarrollar extensión, comprar equipamiento y formar nuevos docentes en el ámbito de las cátedras de informática, una iniciativa piloto que también procura retener a los profesores de informática.

Un importante antecedente se encuentra en el Régimen de Promoción de la Industria del Software que durante más de dos décadas estimuló la formación de un nuevo sector industrial conformado por pequeñas y medianas empresas con perfil exportador.

Foto Prensa
Foto: Prensa.

Se trata del mismo escenario que ayudó a la conformación de unicornios tecnológicos argentinos, empresas que lograron un valor accionario por encima de los 1000 millones de dólares y que lideran las plataformas de comercio electrónico, y servicios empresariales en Europa y América.

En los últimos días Google Award for Inclusion Researchreconoció un nuevo desarrollo argentino para la detección de una startup surgida de la Universidad Nacional del Litoral con apoyo de la Agencia I+D+I, que busca detectar sesgos en los algoritmos aplicados al análisis de imágenes médicas.

Respecto al programa el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, destacó que «uno de los desafíos es lograr una mayor confluencia entre la ciencia básica y la ciencia aplicada de modo de poder profundizar la vinculación entre la generación de conocimiento y su transferencia y aplicación, para alcanzar un mayor impacto de la investigación en la resolución de los problemas concretos de nuestra sociedad».

En tanto, el presidente de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano, dijo que «la economía del Conocimiento es un sector que genera hoy 1.000 puestos de trabajo formales por mes en todo el país y es la tercera fuente de divisas que tiene Argentina, pero aún tiene que seguir creciendo gracias a un mayor protagonismo de nuestra Universidad y de nuestro sistema científico-tecnológico.»

El nuevo programa de fomento de la IA que aplican la Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía y la Agencia I+D+I junto al MINCyT también cuenta con recursos que permitirán extender «Argentina Programa», iniciativa que brinda oportunidades a más de 200.000 jóvenes en las primeras herramientas de programación.

PARA LA CEPAL LA IA PUEDE CONTRIBUIR A LA TRANSFORMACIÓN DE MODELOS DE DESARROLLO

La inteligencia artificial (IA) puede contribuir a la transformación de los modelos de desarrollo en Latinoamérica y el Caribe para hacerlos más productivos, inclusivos y sostenibles, consideró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

«Para aprovechar las oportunidades de la IA y minimizar sus potenciales amenazas, se requiere reflexión, visión estratégica, regulación y coordinación regional y multilateral», plantearon especialistas durante el lanzamiento del primer Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) en la sede de la Cepal en Chile.

En este evento se reconoció a la Argentina como el país con mejores políticas públicas para fomentar el uso conveniente de la IA en el contexto de la región.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, recalcó la necesidad de que «la IA se trabaje de manera explícita y deliberada en el marco de las políticas de desarrollo productivo de los países de la región y de sus territorios».

Para aprovechar al máximo el potencial de la IA se requiere de un entorno habilitante que incluya infraestructura digital, disponibilidad de datos, talentos digitales y capacidades de innovación y emprendimiento digital, subrayó Salazar-Xirinachs.

No obstante, manifestó: «Debemos estar muy atentos a las cuestiones éticas respecto a su implementación y debemos profundizar sobre los retos relacionados con la privacidad de los datos, así como con los sesgos y discriminación en las decisiones basadas en algoritmos inteligentes».

Asimismo, Salazar-Xirinachs expresó: «La Cepal seguirá apoyando a los países de la región para avanzar en la construcción de entornos habilitadores, vinculando los esfuerzos de transformación digital con los de desarrollo productivo, y buscando proporcionar una gobernanza de datos que permitan construir la senda hacia un desarrollo sostenible e inclusivo».

El primer ILIA lo elaboró el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) de Chile con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el HAI (Institute for Human-Centered AI) de la Universidad de Stanford.

Se trata de un estudio que revela la situación de la IA en 12 países de la región: Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Brasil y México, explicaron Álvaro Soto y Rodrigo Durán Rojas, director del Cenia y de Vinculación de la misma institución, respectivamente.

Gestión

Di Liscia asume en Discapacidad con la mira puesta en las pensiones fraudulentas

El Gobierno oficializó este martes el reemplazo de Alejandro Vilches al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad. El nuevo titular, Pablo Di Liscia, ex presidente del IOMA bonaerense, asume con el mandato explícito de detectar irregularidades en el padrón de pensiones no contributivas y eliminar beneficios otorgados de manera fraudulenta.

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Di Liscia presidió el IOMA bonaerense entre 2017 y 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal.

La Secretaría Nacional de Discapacidad tiene nuevo conductor. El Gobierno nacional designó este martes a Pablo Di Liscia al frente del organismo con una misión declarada: profundizar la auditoría sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral para identificar y dar de baja aquellos beneficios que fueron otorgados sin que sus titulares cumplan con los requisitos de vulnerabilidad y estado de salud exigidos.

Di Liscia reemplaza a Alejandro Vilches en un organismo que, en los últimos meses, atravesó uno de los momentos de mayor exposición pública de su historia reciente, en el marco del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investigan nombramientos irregulares y presuntos desvíos de fondos. El nuevo secretario llega desde el sector privado y con antecedentes en la gestión pública bonaerense y porteña.

Un perfil técnico con paso por IOMA y el GCBA

Según informó Presidencia, Di Liscia presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019, organismo que gestiona la cobertura médica de más de 2,2 millones de afiliados. Antes de esa función, se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su trayectoria se completa con más de dos décadas en el sector privado en roles ejecutivos.

El oficialismo presentó ese perfil como una garantía de capacidad técnica para encarar la reorganización interna del organismo. Sin embargo, el recorrido de Di Liscia en el IOMA corresponde a la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, lo que lo ubica políticamente dentro del espacio PRO, dato que el Gobierno eligió no destacar en el comunicado oficial.

La «eficiencia» como bandera, las personas con discapacidad como variable de ajuste

El Gobierno encuadró el cambio bajo la retórica habitual de la administración Milei: «optimización de prestaciones», «fortalecimiento de mecanismos de control» y «administración eficiente de los recursos públicos». En la práctica, esa narrativa se tradujo, durante toda la gestión libertaria, en recortes sistemáticos sobre el gasto social dirigido a los sectores más vulnerables.

El organismo que Di Liscia heredará acumula una historia reciente de turbulencias. La ANDIS fue el centro de uno de los escándalos más resonantes del año: irregularidades en nombramientos, sospechas de desvíos de fondos y vínculos con el entorno de funcionarios del Ejecutivo nacional. El propio Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete, está siendo investigado judicialmente en una causa donde la ANDIS aparece mencionada como parte de una trama de triangulaciones.

La meta que el nuevo secretario anunció como prioritaria, depurar el padrón de pensiones no contributivas por invalidez, viene siendo ejecutada desde el inicio de la gestión Milei con una agresividad que generó una ola de reclamos judiciales y movilizaciones de organizaciones de personas con discapacidad. Decenas de miles de beneficios fueron suspendidos o dados de baja sin las debidas garantías de audiencia previa, en una práctica que la justicia federal debió frenar en varios casos mediante medidas cautelares.

El argumento oficial de que se trata de eliminar el fraude no está en disputa per se; sí lo están los métodos, la escala y la falta de resguardos para quienes son dados de baja por error, un fenómeno que las organizaciones del sector documentaron reiteradamente. La pregunta que Di Liscia deberá responder en los próximos meses es si viene a corregir esos procedimientos o a acelerarlos.

Lo que tenés que saber

  • Pablo Di Liscia fue designado este martes al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches.
  • Di Liscia presidió el IOMA bonaerense entre 2017 y 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal.
  • El Gobierno anunció que su gestión priorizará la auditoría sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral para dar de baja beneficios fraudulentos.
  • La ANDIS atraviesa un escándalo judicial por irregularidades en nombramientos y presuntos desvíos de fondos, contexto en el que asume el nuevo funcionario.
  • Organizaciones de personas con discapacidad documentaron bajas masivas de beneficios sin garantías previas a lo largo de 2024 y 2025, muchas de las cuales fueron frenadas por la justicia federal.
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