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Buenos Aires

Vuelve Fanazul: la empresa que vació Vidal

La ex Gobernadora bonaerense de ultraderecha había echado más de 200 empleados. Una historia de lucha, resistencia y soberanía.

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Fanazul, la fábrica de pólvora y explosivos perteneciente a la empresa estatal Fabricaciones Militares se prepara para volver a producir el mes próximo a cinco años del intento de cierre que impulsó la administración de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal con el despido de más de 200 trabajadores

«Es más rápido destruir que construir, pero nunca hay que bajar los brazos», es una de las frases que por estos días pronuncian los trabajadores por las instalaciones de esta fábrica emplazada en la localidad de Azul, que tras años de paralización se prepara para elaborar el Mastermix, un tipo de explosivo que fue encargado por Perú.

Fanazul se convirtió en un ícono de lucha desde que se anunció el cierre total de la fábrica el 28 de diciembre de 2017, durante los gobiernos de Mauricio Macri, en Nación, y Vidal, en la provincia de Buenos Aires.

Ollas populares; 1.095 días de acampe; cortes en las rutas 51, la 3 y la 226; marchas; dos grandes movilizaciones desde la localidad de Azul hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la conformación de un Comité de Crisis fueron parte de esa resistencia que consagró a Fanazur como un caso emblemático de la lucha que en determinados momentos deben librar los trabajadores en pos de mantener sus puestos laborales.

«En ese intento de cierre, la fábrica fue destruida y devastada. El camino de la reapertura fue largo. Ha llevado mucho tiempo. Hubo que poner en valor esta unidad productiva desde lo edilicio, lo eléctrico y recuperar equipamiento», explicó a Télam Vanina Zurita, secretaria de Formación del gremio estatal de ATE Provincia de Buenos Aires.

Pero, como dijo Zurita, la historia «está llegando al final feliz», ya que el próximo 19 de mayo, se concretará la reapertura de esta fábrica que volverá a producir y generar actividad.

Ubicada a unos 32 kilómetros del centro de Azul, Fanazul fue inaugurada en 1946, y desde sus inicios estuvo destinada a producir bienes y servicios para la defensa, la minería y otras actividades.

Abocada al abastecimiento de estos sectores, la fábrica llegó a ser la única productora de trinitrotolueno (TNT) de Sudamérica.

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Fanazul se reactivó, luego de un fallido intento de privatización en la gestión de Carlos Menem.

Entre 2003 y 2015 se incorporó personal e inversión a la empresa, y de esta forma «estuvo dentro de los estandartes internacionales», comentó a Télam Oscar Galante, vicepresidente de Fabricaciones Militares.

Fue así que, para 2015 había cinco plantas productivas dentro de la unidad: la de Nitroglicerina, Trinitrotolueno (TNT), Emulsiones explosivas, Planta de Proyectiles, y el servicio de Destrucción de Materiales Explosivos.

Pero el proceso se interrumpió cuando el Gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) determinó, en ese fin de año de 2017, el cierre de la fábrica para «achicar gastos» del Estado.

«La fábrica sólo conservaría tareas de mantenimiento y seguridad», se informó en aquel entonces a través de un comunicado, y se formalizó el despido de 254 trabajadores contratados y de 35 de planta permanente. Apenas quedaron 16 personas en planta para tareas esenciales trabajando en Fanazul.

«Un Gobierno neoliberal tomó la decisión política de cerrar la planta y hubo (luego) una gestión nacional y popular que tomó la decisión política de poner los recursos necesarios de recuperarla. Eso fue posible por la iniciativa del exministro de Defensa, Agustín Rossi, y del actual ministro, Jorge Taiana», enfatizó Galante.

El ingeniero recordó: «Decían que había que achicar el Estado y eso daba pérdida, pero nadie mencionó la soberanía en la producción para la defensa de nuestro país».

El desmantelamiento de la fábrica se dio entre diciembre de 2017 y 2019. Recién en 2020, con cambio de Gobierno, se decidió la reapertura y reconstrucción, con una pandemia de coronavirus mediante que demoró el proceso.

«En 2020 asumió la presidencia de Fabricaciones Militares Iván Durigón y se planteó reactivar la planta de Nitroglicerina y Mastermix, y el servicio de destrucción de explosivos», indicó Galante.

En contraste con las 16 personas que habían quedado, hoy son 114 los agentes que tienen asignadas tareas en una fábrica que se prepara para volver a producir.

«Hubo casi 100 reincorporaciones o incorporaciones nuevas, se fue incorporando recurso humano y se sumaron cuatro pasantes de ingeniería de la Universidad Nacional del Centro (Unicen)», detalló Galante.

También que en este lapso se trabajó para reactivar el centro de destrucción de explosivos; recuperar las calderas de vapor; los tanques de ácido; el sistema de calefacción de la glicerina y las cañerías.

Además se adquirieron nuevos equipos de grupos electrógenos, compresores de aire y de amoniaco, se firmaron convenios con la Unicen, con el INTA, y se volvió a instalar un alambrado perimetral para resguardar las instalaciones.

«Que hoy se produzca es resultado del trabajo y de la lucha de estos años. No se hubiera dado la reapertura de la fábrica si no hubiera habido un cambio de gobierno y por la lucha , pero tampoco se hubiera tomado la decisión por parte del Gobierno si no se hubiera sostenido la lucha con las y los trabajadores», observó Zurita.

Agregó que, «en el peor momento del macrismo, en el que se seguían echando compañeros y se cerraban empresas, nosotros sosteníamos la bandera por la reapertura de la fábrica, y prometíamos que no íbamos a parar hasta que el último compañero recupere su trabajo».

Desde Fabricaciones Militares confirmaron la reapertura efectiva en mayo y precisaron que ya se lleva invertido más de US$ 5 millones para la puesta en marcha.

«Lo primero que se produzca de Mastermix está vendido a Perú, vamos a complementar lo que vende la sede de Villa María, todo lo que se produzca está vendido, calculamos 21 toneladas al mes, pero una vez que entremos al ritmo, será más», subrayó Galante.

La expectativa también contiene una promesa de mayor empleo, ya que, si bien hoy son 114 empleados, el objetivo es incorporar «20 personas más a partir de ponerla en marcha y alrededor de 10 y 14 más, si habilitan la planta de destrucción de chalecos».

«Los servicios de la fábrica se proveen con empresas de la región, son alrededor de 140 salarios que se incorporan a la sociedad azuleña mes a mes», dijo el representante de Fabricaciones Militares, y remarcó: «Es volver a producir en una planta emblemática de producción para la Defensa, y eso es soberanía nacional».

Buenos Aires

Mientras Milei recorta, Morón apuesta por el Estado presente frente a la violencia escolar

El municipio que conduce Lucas Ghi convocó a la Provincia, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud para articular respuestas frente a la ola de violencia que sacude las aulas de todo el país.

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Morón toma la iniciativa: acción conjunta con la Provincia para blindar las escuelas

★ En un contexto marcado por una preocupante escalada de amenazas y hechos de violencia en escuelas de todo el país, el municipio de Morón tomó la iniciativa y convocó una reunión de trabajo junto a representantes del área de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad bonaerenses y distintas áreas del gabinete local, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y abordaje en el ámbito escolar.

La jornada, impulsada por el intendente Lucas Ghi, fue encabezada por la inspectora jefa regional Eliana González Di Martino; la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Elva Pereira; y la inspectora jefa distrital Natalia Díaz. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad Damián Cardoso, el secretario de Salud Jacobo Netel, el concejal José María Ghi y la subsecretaria de Educación municipal Lorelei Arnaudin, junto a otros miembros del gabinete.

El Estado municipal frente a una crisis que el Gobierno nacional ignora

La reunión se inscribe en un momento de alta tensión en las escuelas argentinas. El tiroteo del 3 de abril en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a su compañero Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes, abrió una crisis que desde entonces se propagó como un reguero de pólvora: en las semanas siguientes, se multiplicaron las amenazas en escuelas de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y otras provincias.

Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof instruyó a las autoridades escolares bonaerenses para que intervengan ante hechos graves y pidió a estudiantes y docentes que no viralicen los mensajes intimidatorios. La Dirección General de Cultura y Educación provincial reconoció la existencia de una comunidad digital que exalta este tipo de ataques y señaló que el Ministerio de Seguridad la mantiene bajo monitoreo.

En Morón, la respuesta fue dar un paso más: en lugar de limitarse a instrucciones protocolares, el municipio convocó una mesa de articulación interinstitucional con actores concretos, capaz de generar «respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de conflicto», según informó el propio municipio.

«Mi Escuela Segura»: convivencia, diálogo y responsabilidad comunitaria

El encuentro se enmarca en la campaña municipal «Mi Escuela Segura», una iniciativa que apunta a generar conciencia sobre la importancia de la convivencia, el diálogo y la responsabilidad en la comunidad educativa, y que busca dotar a docentes, familias y estudiantes de herramientas concretas de intervención ante situaciones de conflicto.

Durante la jornada se compartieron recursos de intervención y se avanzó en la articulación de acciones conjuntas entre el nivel municipal y el provincial. El enfoque adoptado contrasta con las propuestas que circularon desde el Gobierno nacional, que en los últimos años privilegió el recorte presupuestario en áreas de contención escolar por sobre la inversión en equipos de salud mental, orientación y acompañamiento en las aulas.

El gremio docente SUTEBA ya había alertado, en el pico de la crisis posterior al tiroteo de San Cristóbal, que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias». La articulación que pone en marcha Morón responde, al menos en el plano local, exactamente a ese reclamo.

Un municipio que apuesta por el Estado presente

La iniciativa de Morón refuerza una concepción de la gestión pública que privilegia la intervención temprana y el trabajo conjunto sobre la respuesta punitiva. Mientras el debate nacional oscila entre propuestas de mayor seguridad física en los edificios escolares y proyectos que elevan penas para delitos cometidos en instituciones educativas, el municipio del oeste bonaerense elige el camino de la prevención con base comunitaria.

La articulación con la Provincia, la presencia de fuerzas de seguridad con un rol de coordinación y no solo de control, y la incorporación del área de salud como parte de la respuesta dan cuenta de un abordaje integral que reconoce la complejidad del problema.

Puntos clave:

  • El municipio de Morón convocó una reunión interinstitucional con la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad y áreas de salud para fortalecer la prevención de la violencia escolar.
  • La iniciativa fue impulsada por el intendente Lucas Ghi y se enmarca en la campaña «Mi Escuela Segura».
  • El encuentro se produce en un contexto de ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, tras el trágico caso de San Cristóbal, Santa Fe.
  • El gobierno de Kicillof instruyó a autoridades bonaerenses para actuar ante hechos graves y monitorear comunidades digitales que exaltan este tipo de ataques.
  • El SUTEBA denunció que la violencia escolar es consecuencia del «corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades» en materia de niñeces y adolescencias.

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