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Judiciales ⚖️

Martín Del Rio intentó incriminar a su hermano plantando el arma homicida

Los investigadores sospechan que parte del plan criminal del hijo menor de las víctimas y presunto parricida era incriminar a su hermano mayor dejando el arma en la casa de fin de semana del country de sus padres.

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Por Diego Recchini

Los fiscales que investigan el doble asesinato del matrimonio de José Enrique y María Mercedes Del Rio, cometido en agosto pasado en el partido bonaerense de Vicente López, sospechan que parte del plan criminal del hijo menor de las víctimas y presunto parricida Martín Del Rio era incriminar a su hermano mayor dejando el arma homicida en la casa de fin de semana de sus padres, informaron este viernes fuentes judiciales.

«Un tipo al que no tembló al meterle un balazo en la frente a su madre, tampoco va a tener remordimiento en ensuciar a su propio hermano mayor», sostuvo uno de los investigadores judiciales de la causa.

La sospecha que ahora tienen los fiscales se desprende de tres elementos: que la pistola 9 milímetros homicida fue hallada en la casa del country San Diego de Moreno donde Diego Del Rio también tenía acceso, que hace unos meses la defensa del imputado pidió que se investigue al hermano mayor de su cliente y por varias frases que el propio acusado dejó en su última indagatoria sembrando sospechas contra su hermano.

Además, si bien no es un elemento que conste o pueda ser valorado en el expediente, el equipo de tres fiscales de Vicente López que investigó el caso y está conformado por Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, siempre supo que la noche del 7 de septiembre del año pasado, cuando fue detenido al ingresar al country Nordelta de Tigre donde vivía, Del Río le preguntó a los policías de la DDI: «¿A mí solo? ¿No van a ir a detener también a mi hermano?».

«Martín del Rio siempre supo que el arma homicida estaba en la caja fuerte de la casa de sus padres en el country de Moreno donde su hermano tenía acceso. Y fue dejando en sus dos declaraciones indagatorias y a través de su defensora algunas pistas y dudas sobre el hermano para que sospechemos de él cuando saltara que esa 9 milímetros fue la empleada en el doble crimen», señaló otra de las fuentes judiciales consultadas.

A 22 días de estar preso por el caso, Del Rio amplió su declaración indagatoria frente a los fiscales y en aquella oportunidad disparó varias frases contra su hermano, en las que resaltaba la presencia de Diego en el country donde fue hallada el arma.

«Mi hermano Diego, después de 28 años de no estar en contacto fluido con ellos, empezó a ir a verlos una vez por semana al country San Diego», declaró Del Río en aquella indagatoria.

Además declaró que a cinco días de que sus padres aparecieron asesinados, Diego se juntó a desayunar con él en el centro comercial de Nordelta y en un cuaderno fue anotando «todos y cada uno de los negocios» de su padre, con lo que concluyó que «por cuatro o cinco años, no podía retirar un solo centavo de la sucesión».

«El impacto de él al sentir que por cinco años no podía retirar un solo peso fue una gran sorpresa» y «mi hermano lo criticaba siempre a mi padre», fueron otras de las frases del presunto parricida.

«Mi hermano, como ya lo conté anteriormente, a dos días de haber enterrado a mis padres, estaba haciendo el arqueo de caja de la posible sucesión. Claro está que, si, como él me juzga, a mí me condenan en este juicio, pasaría a ser indigno y no entraría en la sucesión de mis padres. Yo no creo que esa sea su intención, pero los hechos me lo están demostrando», dijo en otro tramo de la indagatoria, donde también acusó a su hermano de haberlo «abandonado» y de reprocharle que solo lo visitó dos veces en los calabozos de la DDI San Isidro.

«Mis bienes y mi dinero los deberá estar manejando mi mujer, que me enteré que me pidió el divorcio gracias a todas las filtraciones de esta causa. Y mi hermano se debe haber apoderado de todos los bienes de mi padre y de mi madre, y míos», dijo lapidario sobre el final de aquella declaración del 29 de septiembre del año pasado.

La hipótesis de los tres fiscales es que en algún momento entre la noche del 24 de agosto pasado -día del crimen-, y la madrugada del 25, Martín del Rio salió de su casa del barrio Barrancas del Lago de Nordelta y se dirigió al country San Diego de Moreno a dejar en la caja fuerte la pistola Bersa Mini Thunder homicida que horas más tarde secuestraría la Policía.

Los policías ingresaron a la vivienda la tarde del 25 de agosto con la colaboración de Diego del Rio, el otro hijo de los las víctimas y hermano del imputado, quien además aportó la llave de la caja de seguridad, dentro de la cual fue hallada la pistola.

La abogada Mónica Chirivin, defensora del Del Rio detenido, dijo a Télam: «¿Por qué no lo investigamos al señor Diego? El día 25 entró dos veces al country San Diego. Tiene ingreso a las 16.11 y el allanamiento arranca 16.30 o 16.40 ¿Alguien puede creer que si Martín del Rio hubiera entrado a la madrugada al country San Diego los fiscales no lo hubieran sabido? Si estaba monitoreado. Ahora no saben cómo acomodar las cosas».

Los fiscales repasan por estos días la línea de tiempo del imputado Del Rio, para ver en qué momento pudo haber ido él a dejar en la caja fuerte el arma homicida entre la tarde del crimen y la mañana del hallazgo de los cuerpos.

Según los fiscales, el crimen ocurrió entre las 17.33 y las 18.30 del 24 de agosto del año pasado, cuando el denominado «caminante encapuchado» -luego individualizado en la acusación fiscal como Del Río-, quedó grabado entrando y saliendo de la escena del crimen.

Tras regresar 30 cuadras caminando a la zona de Núñez, donde había dejado estacionado su camioneta Mercedes Benz con el celular, el próximo movimiento certificado de Del Rio hijo es que fue a un departamento del suegro, que él a veces usaba de oficina, en calle Arredondo 2.465 de Colegiales.

Allí, se cree que Del Rio fue a bañarse y a descartar evidencia y las cámaras registran su salida a las 20.53.

Luego, se dirigió en su misma camioneta a otro departamento que había alquilado en el exclusivo edificio «Forum Alcorta» de calle Ramsay 2.055, en Belgrano, donde se quedó casi hasta las 22.

Las cámaras de seguridad del barrio Barrancas del Lago del complejo de countries Nordelta de Tigre donde vivía, lo tomaron a las 23.07 solo y en su auto.

Si bien siempre se creyó que era el momento de llegada a su casa, ahora se analiza si no salió de Nordelta nuevamente, luego de dejar a su esposa en su domicilio, y si existe la posibilidad de que haya burlado los controles de seguridad de los countries para no quedar formalmente registrado.

CABA

Mano dura como bandera: Jorge Macri suma 600 policías y se burla de sus críticos

El jefe de Gobierno porteño llevó a más de 28.000 la dotación de la Policía de la Ciudad y usó el acto para ironizar contra quienes cuestionaron el operativo Tormenta Negra, denunciado por el CELS por violencia policial y detenciones arbitrarias en los barrios populares.

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Jorge Macri sumó 600 policías y le mandó "un saludo" a quienes denunciaron el operativo Tormenta Negra y los abusos policiales.

Frente a 600 nuevos policías formados en el Patio de Armas, Jorge Macri no se limitó a dar la bienvenida a la tropa. Eligió responder, con sorna, a los organismos de derechos humanos y a los sectores de la oposición que denunciaron los megaoperativos en las villas porteñas: «Hace unos meses, cuando se hizo el operativo Tormenta Negra en las villas, algunos pusieron el grito en el cielo. Nos acusaron de hacer operativos ‘fachos’ y estigmatizantes. Quiero mandarles un saludo para ellos: entre 2023 y 2026, los homicidios en las villas bajaron 70%. Salvamos 7 de cada 10 vidas que en 2023 se perdían. Sin ley y orden no hay progreso ni libertad».

El jefe de Gobierno porteño encabezó este martes el acto de incorporación de los nuevos efectivos en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Los agentes egresaron de los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), un programa de la Policía de la Ciudad destinado a sumar personal que ya trabajó en otras fuerzas federales o provinciales, con una capacitación de 240 horas cátedra en formación técnica, legal y táctica, más entrenamiento físico. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia; el secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Francisco Quintana; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zabaleta.

Las cifras que exhibe la gestión

Con esta camada, la Policía de la Ciudad superó los 28.000 efectivos. Según el Gobierno porteño, desde diciembre de 2023 se incorporaron 6.803 nuevos policías: 4.260 formados como cadetes en el ISSP y 2.543 llegados a través del programa NICE. Es decir, más de un tercio de los ingresos de la gestión llegó por la vía de la formación abreviada para agentes que provienen de otras fuerzas.

La administración porteña sostiene que la tasa de homicidios se ubicó en 2,5 casos cada 100.000 habitantes, la más baja de su serie histórica, y atribuye ese resultado a la incorporación constante de personal. Sin embargo, el comunicado oficial no detalló la metodología ni la fuente del cálculo sobre la caída del 70% en las villas que Macri esgrimió en su discurso.

Hay, además, una inconsistencia en el argumento del jefe de Gobierno. El período que Macri usó para responder a sus críticos arranca en 2023, mucho antes del primer operativo Tormenta Negra, desplegado en mayo de 2026. La baja que invoca, por lo tanto, no puede atribuirse a esos megaoperativos que eligió defender con ironía.

Tormenta Negra y las denuncias que Macri prefiere ridiculizar

El primer operativo Tormenta Negra se realizó el 14 de mayo, con más de 1.500 efectivos desplegados en simultáneo en 15 barrios populares, entre ellos la Villa 31, Zavaleta y Ciudad Oculta, con helicópteros y un vehículo blindado. Los balances oficiales difundidos entonces hablaron de entre 20 y 27 detenidos y cuatro búnkeres cerrados. En septiembre, la Ciudad repitió la misma modalidad en una segunda edición.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un documento sobre esa segunda edición, titulado «Una tormenta negra contra nuestrxs pibxs», en el que afirmó haber registrado episodios de violencia policial, detenciones arbitrarias y el retiro de pertenencias y herramientas de trabajo de vecinos y vecinas. Ya tras el primer despliegue, la coordinadora del equipo de Violencia Institucional del organismo, Victoria Darraidou, advirtió que «este tipo de intervenciones policiales identifican como enemigo a las personas que viven en las villas».

La discusión también llegó a la Legislatura porteña, donde legisladores presentaron un proyecto para que la Auditoría General de la Ciudad revise el operativo de mayo: los recursos utilizados, las inspecciones, los decomisos, el retiro de vehículos, las derivaciones de personas en situación de calle y los procedimientos policiales. La legisladora Vanina Biasi cuestionó que el despliegue golpeara a comerciantes y vecinos de los sectores más vulnerables bajo el argumento de combatir el delito.

Desde adentro de los barrios, el periodista y comunicador popular de la Villa 21-24 Nelson Santacruz describió en el programa de streaming Ronda de Investigación un hostigamiento que no se detiene: «Para nosotros la tormenta nunca terminó, el operativo Tormenta Negra, porque desde la primera vez a la fecha viene sucediendo todo el tiempo». Lo que el jefe de Gobierno presenta como un éxito, en los pasillos se vive como una presencia policial permanente y sin rendición de cuentas.

Trapitos, manteros y «pseudo progres»: el discurso del enemigo interno

El tono del acto confirmó una estrategia que Macri viene sosteniendo desde hace meses. «Durante años les dedicaron tiempo, recursos y teorías a entender al delincuente. Lo romantizaron tanto que algunos pseudo progres parecen haberse enamorado de la delincuencia. En nuestra gestión, eso se terminó», afirmó, antes de agrupar en una misma enumeración a usurpadores, trapitos, manteros y a quienes agreden a policías: «Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada».

También dividió a la sociedad en dos bandos: «Un Estado tiene que saber de qué lado está. Hay dos maneras de entender la Ciudad. Están los que siempre encuentran una excusa para el delincuente y terminan desamparando a la gente de bien. Y estamos los que creemos que la primera obligación del Estado es estar del lado del que trabaja, estudia, cumple las reglas y quiere vivir en paz». En ese esquema, quien denuncia abusos policiales queda automáticamente del lado del delito, y el trabajador informal que vende en la vereda pasa a compartir lista con el violento.

No es la primera vez que una ceremonia policial se convierte en tribuna política. En junio, ante 650 nuevos efectivos en el mismo instituto, Macri apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof: «Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof». Con la mira puesta en 2027, la seguridad se consolida como el eje de campaña de un PRO que compite con La Libertad Avanza por el mismo electorado de mano dura.

El jefe de Gobierno cerró con una definición de identidad: «Defender a la Ciudad es defender la convicción de que se puede vivir mejor. Que el progreso no es una mala palabra. Que el esfuerzo vale. Que las reglas importan». Queda pendiente que esas mismas reglas alcancen a los procedimientos que el CELS documentó y que la Legislatura pidió auditar, porque la ley también rige para quienes visten uniforme.

Lo que tenés que saber:

  • La Ciudad incorporó 600 policías provenientes del programa NICE y la fuerza superó los 28.000 efectivos.
  • Desde diciembre de 2023 ingresaron 6.803 agentes; 2.543 llegaron por la vía NICE, con formación de 240 horas cátedra.
  • Macri ironizó contra los críticos del operativo Tormenta Negra y atribuyó a su gestión una caída del 70% en los homicidios en las villas entre 2023 y 2026.
  • El CELS denunció violencia policial, detenciones arbitrarias y retiro de herramientas de trabajo durante la segunda edición del operativo.
  • Legisladores porteños pidieron que la Auditoría General de la Ciudad revise el despliegue realizado en mayo.
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