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Política 📢

Un abogado de Cristina apuntó a Carrizo por el atentado: «La planificación existió y fue relevante»

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Uno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el intento de magnicidio, Marcos Aldazabal, sostuvo hoy que «está más que acreditada» la participación del detenido Gabriel Carrizo como partícipe secundario en el hecho.

La Cámara Federal porteña escuchaba en esta jornada a dos de los detenidos por el intento de asesinato de la ex presidenta, ocurrido el 1 de septiembre pasado, previo a resolver si confirma sus procesamientos con prisión preventiva como partícipes secundarios.

Carrizo fue trasladado a primera hora de la mañana desde el penal donde está detenido a los tribunales federales de Retiro porque pidió hablar en persona en la audiencia ante los camaristas de la sala I del Tribunal de Apelaciones Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, en tanto que Leopoldo Bruglia no se encontraba presente en la audiencia por encontrarse de licencia.

Agustina Díaz, también detenida por el intento de asesinato a la Vicepresidenta, expondrá por videoconferencia desde el penal de Ezeiza.

Carrizo ingresó esta mañana a la sala de audiencias de la Cámara Federal porteña en el segundo piso de Comodoro Py 2002 en medio de un estricto operativo de seguridad y protegido por efectivos del Servicio Penitenciario Federal que lo taparon con dos escudos.

«La planificación existió y fue relevante; a medida que avance la investigación esperamos que se esclarezcan más cosas«, sostuvo el letrado al fijar la postura de la querella que representa en esta audiencia.

Díaz y Carrizo están procesados con prisión preventiva por la jueza federal María Eugenia Capuchetti como supuestos partícipes secundarios del intento de magnicido del 1 de septiembre pasado y sus abogados apelaron esta decisión.

Presidencia

Ajuste sin red: millones pierden subsidios y suben fuerte las tarifas de luz y gas

La reducción de subsidios energéticos reconfigura el esquema tarifario en Argentina: más hogares fuera del sistema de asistencia, subas en las boletas y revisión de padrones en medio de un proceso que traslada el costo del servicio directamente a los usuarios residenciales.

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El Argentino Diario-Tarifas de luz y de gas.

Lo que tenés que saber

  • 2,1 millones de hogares dejaron de recibir subsidios eléctricos
  • Cerca de 900.000 usuarios perdieron asistencia en gas
  • Aumenta la cantidad de familias que paga tarifa plena
  • El recorte se combina con subas sostenidas en las boletas
  • Revisión de padrones eliminó registros considerados inconsistentes
  • El gasto estatal en subsidios cayó más de US$5600 millones
  • Crece el peso de servicios básicos en el ingreso familiar

Menos asistencia y mayor costo directo para los hogares

El sistema de subsidios energéticos atraviesa una reducción significativa que deja a millones de usuarios fuera de la asistencia estatal. La consecuencia directa es un aumento de hogares que deben afrontar el costo completo de la electricidad y el gas por redes.

La reconfiguración del esquema se da en paralelo a subas tarifarias que incrementan el gasto mensual en servicios esenciales, con un impacto directo sobre el presupuesto familiar.


Un nuevo esquema más restrictivo

El modelo de segmentación previo dio paso a un sistema simplificado que distingue únicamente entre hogares con subsidio y sin subsidio.

La asignación depende de cruces de datos de ingresos, consumo y patrimonio, con un límite de consumo bonificado y tarifa plena para excedentes.

Este cambio redujo la cobertura general del sistema y concentró la asistencia en una porción menor de usuarios.


Impacto en el bolsillo y estructura del gasto

El aumento del peso de las tarifas en el ingreso de los hogares se profundiza en un contexto de reducción de subsidios y recomposición de precios.

La mayor parte del costo de la energía pasa a ser cubierta directamente por los usuarios, lo que modifica la estructura del gasto mensual.


Depuración de padrones y exclusión de beneficiarios

La revisión de bases de datos eliminó miles de registros considerados inconsistentes, incluyendo casos de domicilios en barrios cerrados, registros duplicados y datos sin actualización.

El proceso redujo el universo de beneficiarios y endureció los criterios de acceso a la asistencia.

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