Por Luis Gerardo Del Giovannino*

Los controvertidos, tristes y lamentables acontecimientos, registrados en la última sesión frustrada de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de la República Argentina el pasado primero de diciembre, sesión considerada “preparatoria” según establece el artículo uno del reglamento interno, para la elección de sus autoridades y en momentos en que se intentaban crear nuevas casas de altos estudios, nos llevan a reflexionar sobre el valor de la comunicación audiovisual de los parlamentos, su trascendencia e importancia en el marco del sistema democrático.

¿Qué se muestra?, ¿cómo se muestra? y ¿desde donde se muestran? los hechos que incluyeron escenas de violencia física hacia muebles, útiles y demás elementos propios del recinto de debates plenarios y actos de violencia moral con abucheos y provocaciones verbales y psicológicas entre distintos integrantes del cuerpo deliberativo.

Toda transmisión audiovisual de un evento implica un recorte de la realidad que se sucede en un espacio físico -no se ve lo que sucede sino lo que nos cuentan- a la vez su significación conlleva una narración, a fin de ser comprendido por la audiencia que los observa, que implica la línea editorial de quien lo emite.

Al respecto en los últimos años, los televidentes hemos adquirido algunos conocimientos prácticos sobre la inclusión de imágenes no convenientes, por ser muy violentas, en caso de accidentes o ejecuciones en vivo, personas que interrumpen un partido mostrando consignas o haciendo algún acto de protesta, etc. En tales casos sabemos que el emisor se reserva el derecho de no mostrar lo que no le conviene, ya sea porque puede ser objeto de una sanción por incumplir alguna regla o normativa o simplemente por ir en contra de sus propios intereses empresarios.

Pero ¿qué podemos hacer? cuando esa audiencia es nada más y nada menos que el “soberano” en términos sarmientinos, es allí cuando la responsabilidad del emisor adquiere un valor institucional, que implica el ejercicio de buenas prácticas sobre las imágenes y perspectivas que reflejen de forma veraz y ecuánime los acontecimientos. Incluso mucho más compleja es la práctica cuando en las acciones transmitidas se generan desbordes en las conductas típicas y previsibles de los legisladores como izar la bandera, cantar el himno, recibir juramentos, tomar la palabra, solicitar interrupciones, referenciar el ingreso y/o el egreso del recinto o mostrar de manera global la concurrencia como así también, las pizarras de votación.

Le ley de Servicios de Comunicación audiovisual en la Argentina, aún vigente, pese a las disecciones y amputaciones sufridas por un decreto de necesidad de urgencia dispuesto bajo el gobierno del expresidente Mauricio Macri, sigue prescribiendo que la comunicación es un derecho humano, así lo establece su artículo tercero cuando se refiere al “derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos.

Resulta oportuno aclarar que un canal de televisión parlamentario no es un canal de los diputados, sino una señal institucional de uno de los tres poderes del estado. Los legisladores ejercen su función soberana como representantes del pueblo, son huéspedes sujetos a un tiempo y espacio de competencia determinado, que establece la constitución Nacional.

La comunicación audiovisual parlamentaria es sin dudarlo una herramienta muy útil que tiene a su disposición el legislador para promover, producir y difundir acciones legislativas en procura de generar normativas útiles y eficientes que necesita el ciudadano para mejorar su calidad de vida, su inclusión social y su realización en sociedad.

Ahora volvamos a los hechos que motivan estas reflexiones, donde se produce un desborde, por el alboroto por parte de un grupo de diputados que ingresando a la sala impiden el desarrollo de la sesión, mediante gritos, insultos, golpeando los pupitres y los ordenadores destinados a cada legislador y posteriormente gesticulando con posturas compatibles con actos de violencia de género, que pueden constituir en sí mismas un delito.

Estas acciones sobrepasan propiamente la lucha “por el poder de la palabra”, a la que se refiere Timothy Garton Ash y dejan al desnudo la debilidad de las instituciones en la defensa de su propia imagen y la irrupción de prácticas políticas de alto voltaje de violencia, en espacios donde cada legislador forma parte de un único cuerpo, al que pertenece y debe defender por sobre toda diferencia ideológica, que permita sostener el sistema democrático que es el que lo legitima para ocupar ese lugar de privilegio por sobre sus representados.

El poder legislativo, es el poder de la palabra, estamos encerrados en un mundo de palabras que definen acciones y conductas para que luego formen parte de las normas que promuevan y regulen el futuro de una comunidad, de hecho su nombre refiere a “parlar” lo que en la Constitución Nacional Argentina encontramos en el artículo setenta y ocho que se refiere a la “discusión” tal como nos recuerda el Profesor Ricardo Porto, que se debe dar en relación a los proyectos de ley para que tengan la sustancia suficiente y necesaria para llevar a buen puerto su sanción, promulgación y aplicación.

Estos hechos que dan lugar a estas líneas no fueron los primeros ni seguramente serán los últimos, el debate y las efervescencias discursivas son propias de la naturaleza política de los actos. En los últimos tiempos y justamente por la aparición de los medios audiovisuales parlamentarios hemos observado muchos hechos violentos en distintos parlamentos, legislaturas y demás cuerpos deliberativos en diferentes geografías hemisféricas, ya sea en estados casi desconocidos a otros muy poderosos, siendo la Argentina justamente la nación que sufriera en el hemiciclo del Senado Nacional un acontecimiento trágico, como fue el asesinato del Senador electo Enzo Bordabehere en momentos en que otro senador, Lisandro de la Torre denunciaba los negociados de las empresas imperialistas inglesas en la Argentina con la complicidad del gobierno. En épocas donde la actividad parlamentaria se desarrollaba con gran opacidad hacia la ciudadanía.

Claramente los tiempos han cambiado y más allá de los bajos niveles de calidad democrática que sufren nuestros países, estos actos tan repudiables como vergonzosos atentan contra el propio sistema, ya dijo un gran cantante y showman, incluso despedido en el mismo ámbito de esta Cámara de Diputados de la Argentina, el inolvidable Roberto Sánchez, Sandro, se puede volver de muchos lugares, pero resulta imposible volver del ridículo, lo mismo sucede con los pactos democráticos de convivencia que deben ser respetados a rajatabla bajo la consecuencia de lesionar gravemente esta democracia que tantos sacrificios costó conseguir.

*Secretario de ALCAP (Asociación Latinoamericana de comunicación audiovisual Parlamentaria)