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Análisis

Es el saqueo, así de sencillo

El abuso de los laboratorios farmacéuticos.

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Por Mario Mazzitelli

En un gráfico sobre la evolución de los precios relativos e inflación (Eco Go – Marina Dal Poggetto) quedó radiografiada la estructura de poder (o relaciones de fuerza) en Argentina.

Iniciada la comparación en diciembre de 2018 y cerrada en febrero de 2024 (62 meses) el índice general de precios fue de 2519% (algo así como multiplicar los precios por 25) Ese cuadro muestra que las jubilaciones se multiplicaron solo por 13,56 y los salarios por 15,17 (pérdidas del 46 y del 40% respectivamente) Para el caso que nos interesa, vemos que los medicamentos se multiplicaron por 34,77 (ganándole al IPC – Índice de precios al consumidor – un 38% y a las jubilaciones un 155% – Por ejemplo: si un jubilado necesitaba el 20% de su ingreso para pagar sus medicamentos luego necesito destinar el 50% para comprarlos. En distintas proporciones se trasladó a todos los sectores de la sociedad) ¿Cómo repercutió en el mercado de medicamentos? Según el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB): “la venta de los remedios cayeron un 35% en los últimos cinco meses…”. Además afirmó que: “el gasto en remedios representa un alto porcentaje del ingreso de los trabajadores activos y reveló que en las farmacias hay un 20% de recetas caídas, lo que significa que las personas que padecen alguna enfermedad dejan de tratarlas por falta de recursos económicos.”

¿Mercancía o remedio?

Con el avance del mercantilismo, la división del trabajo, los descubrimientos científicos, las innovaciones tecnológicas, etc. fue quedando atrás la economía de subsistencia (donde una familia o una aldea producía todo lo que consumía) para dar lugar a la producción para el mercado. ¿Con que objeto? Ganar dinero. Así, la cantidad de dinero inicial con la que empieza una producción se acrecentará al momento de vender el producto (mercancía) y se logrará recuperar el costo más una ganancia. En este proceso de acrecentar la cantidad de dinero se produce una acumulación que, bien invertida, permitirá nuevas innovaciones, mayor producción, etc. En líneas generales, la transacción de vender y comprar resulta conveniente para las partes. El precio convalida la operación. Gana el vendedor y gana el comprador. La pregunta es: ¿Esto es cierto en todos los casos? Supongamos que necesito una mesa y unas sillas. Veo si me gustan (porque se muestran sin secretos) observo la calidad, el precio, el costo del flete, etc. y compro. Feliz el vendedor y yo. ¿Ocurre lo mismo cuando necesito un medicamento? No. En principio es una suerte de caja negra porque desconozco lo que hay adentro, sus componentes, elementos activos, etc.

Como no se puede confiar en los laboratorios la circulación de medicamentos, el Estado tiene el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) que busca garantizar que estas mercancías sean seguras y eficaces. De manera que confiamos que al tomar un medicamento, estamos consumiendo un producto presuntamente de buena calidad. Y sobre el precio ¿qué conocemos? Nada.

Cuando se unen ignorancia y necesidad, nace una posibilidad de negocio

Hace una década, en EEUU, Martin Shkreli gerente de Touring Farmacéutica, dio una muestra cabal de este asunto. Ejecutó un plan para lograr el monopolio del Daraprim, un medicamento para la toxoplasmosis que salva vidas. Lo aumento un 5.000%. Dado el escándalo y el proceso judicial que se le inició, fue preguntado por una periodista “si bajaría el precio”, su respuesta fue rotunda “no”.

Sin duda se planteaba este dilema dentro de un sistema capitalista: optimizar la ganancia del capital o asumir una actitud solidaria (con quienes necesitaban el medicamento para salvar su vida y no tenían los recursos para comprarlos) Para mucha gente, los intereses de los accionistas (por exagerados que sean) son más importantes que la salud de los pacientes. Es un modelo de negocios despiadado, brutal. Pero no inhumano, porque si ninguna especie puede alcanzar los niveles de solidaridad, amor al prójimo y altruismo al que llegamos los seres humanos; igualmente cierto es que ninguna especie llega a la crueldad de la que somos capaces. Tenemos este dilema porque ambas partes viven en nosotros. Que se exacerbe una u otra, depende del contexto, los sentimientos, cuestiones culturales o políticas; que habilitan al monstruo o al amoroso que llevamos dentro. Si se defiende un sistema en el cual “quien no puede pagar no recibe el medicamento” se resuelve el dilema de la peor forma. Aunque resulte muy habitual.

Sigamos con Martin Shkreli. Nuevamente interrogado si después de semejante aumento (que ocasionó tantas demandas) estaría dispuesto a modificar aquella conducta, con gran cinismo contestó que sí, sería para aumentar aún más el Daraprim. ¿Por qué? Respondió: “En el sector sanitario hay una demanda constante, de esa manera hubiera obtenido aún más ganancias con el precio más alto. Y ese es mi objetivo final. Nadie lo dice ni se enorgullece de eso, pero vivimos en un sistema capitalista que tiene sus reglas y mis inversores quieren que obtenga el máximo de ganancias. No quieren el 50 o el 70%, quieren el 100.” O el 5.000 si fuera posible. ¿Este aumento de precios exorbitante es inmoral? Puede tener distintas respuestas. Lo cierto y concreto es que es legal.

Desde mi punto de vista el problema es que hay una relación desigual, inequitativa, de asimetría de poder entre el comprador y el vendedor. Imagine el lector que necesita un medicamento para el familiar que más quiere en el mundo (hijos, padres…) Su situación de debilidad es total ¿Qué no daría por ellos? Y, del otro lado, un monstruo que quiere apropiarse del máximo de dinero posible. Monstruo gigante, poderoso, fuerte; que puede prescindir de usted. Pero usted no puede prescindir de él. Paga lo que no vale, porque lo que está en juego no es un medicamento, es la vida de su ser amado. Por esta contradicción o dilema, muchas sociedades han socializado la medicina. Yo voy por ese lado. Pero esa es otra historia.

La fuerza de los pulpos

Las industrias farmacéuticas son cada vez más poderosas e influyentes, con tentáculos extendidos en el poder mediático, financiero, político, etc. Tienen una relación parasitaria con los Estados. Estos hacen investigación de base con recursos públicos, y ellos la aprovechan transformándola en ganancia para sus accionistas. Para tomar idea de su magnitud observemos el valor de marca de las principales farmacéuticas en 2023: Johnson & Johnson 12.759 millones de dólares, Roche 8.466, Pfizer 6.201, Merck 5.769, Astra Zéneca 5.595, Bayer 5.471, etc. Son enormes. La liquidez (dinero contante y sonante) que tenían las principales farmacéuticas para todo tipo de acción (compra de empresas competidoras, pago de patentes, fusiones, propaganda, pago de lobistas, dádivas a médicos, periodistas, políticos, etc.) en 2022 superaba los 120.000 millones de dólares (pandemia mediante) Serían la envidia de muchos estados nación (que apenas alcanzan a tener equilibrio fiscal, cuando no déficit) Son un poder dentro de la sociedad que descompensa a la misma democracia.

La ley Oñativia

Éste es un buen ejemplo. Durante el gobierno del Dr Arturo Humberto Illia, su ministro de salud Arturo Oñativia, impulsó una ley sobre medicamentos (la 16.463, promulgada el 9 de agosto de 1964, que pasaría a la posteridad por el apellido del ministro) que marcó uno de los puntos más altos de la democracia argentina. Al tiempo que puso en evidencia las debilidades institucionales y los enormes intereses de los laboratorios. Estos, en una confrontación sistémica contra el gobierno participaron de una acción de desgaste político, que devendría en su caída por acción del golpe de Estado del 28 de junio de 1966. ¿Cuál era el problema? Esta ley de medicamentos estableció una política de precios, de control sobre los medicamentos, recomendaba recetas según genéricos y no por las marcas comerciales, fijaba límites a los gastos en publicidad y a los pagos al exterior en concepto de patentes, regalías y compra de insumos. Iba en defensa de la salud pública y el bolsillo del pueblo. Recibió el apoyo de los partidos populares. La derecha, en cambio, defendió los intereses de los laboratorios, especialmente los extranjeros. La historia no se repite, pero guarda episodios bien parecidos.

La propaganda de medicamentos en los medios masivos de comunicación

Vuelvo a los dilemas. Si no viviéramos en un clima de inseguridad, el negocio de la seguridad no prosperaría. (Recuerdo, hace casi 30 años, haber recibido el ofrecimiento de seguridad privada en torno a nuestro comercio familiar. La rechace. En menos de tres meses sufrí dos asaltos. No pudimos ofrecer pruebas, pero siempre nos quedó la sospecha que el rechazo a la oferta tuvo un precio alto. Sigo.) El productor de medicamentos necesita la enfermedad (como el fabricante de ropa necesita las inclemencias del clima y el buen gusto de sus clientes, o el productor de alimentos el apetito del consumidor) Entonces, como podemos ver en la TV la seductora propaganda de un alfajor de chocolate, también podemos ver la propaganda de medicamentos para las más variadas dolencias. Dolores de cabeza, estomacales, estreñimiento, insomnio, obesidad, disfunción eréctil, etc. Está claro que esto alienta a la automedicación (práctica exageradamente difundida), genera presión sobre los médicos (sienten que el paciente se va más aliviado cuando lleva una receta), eleva el costo y el precio del medicamento de manera artificial, etc. Nunca vi una publicidad de “remedios” que hable de sus contraindicaciones o efectos secundarios. Hacen lo que todo buen vendedor, solo hablan de las bondades del producto; dejando en la oscuridad los daños potenciales. En otro orden (sin opinar sobre la cuestión de fondo) todavía observo los debates alrededor de vacunas poco probadas en torno a su seguridad y eficacia; las que, presumiblemente serían responsables de muchas muertes. Por todo esto entiendo que la propaganda de medicamentos debe estar prohibida. Prohibida.

El Estado debe tener un papel activo en la producción de medicamentos

Los grandes capitales que se invierten en las compañías privadas velan por optimizar sus beneficios. Producir al más bajo costo y vender al mayor precio posible. No trabajan en beneficio de la salud pública sino de sus propios intereses. Es así. “Nunca es triste la verdad y en ocasiones tiene remedio”. Por ejemplo en Argentina, por la Ley 27.113 de 2014, se creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) como un ente nacional descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación. Su objetivo es coordinar la actividad de los laboratorios públicos de producción de medicamentos. Son varias decenas de laboratorios esparcidos a lo largo y ancho del país. Nacionales, provinciales, municipales, dependientes de universidades o insertos en hospitales, como es el caso del Hospital Posadas. La concurrencia de todos ellos con una política clara, sumando sus capacidades, conocimientos, instrumental, cooperación con laboratorios públicos de otros países, etc. resultaría en una competencia infernal para los laboratorios privados, que deberían esmerarse al extremo para mejorar y abaratar sus productos. Para que esto ocurra solo se necesita el espíritu solidario y patriótico de los protagonistas. Desatar estas potencialidades es un deber de los gobernantes (no sería el caso del anarco capitalismo) para que la renta económica de su producción quede en el pueblo y la salud pública luzca como se merece.

Las opiniones expresadas en la presente nota de opinión y/o análisis son las de los autores. No pretenden reflejar las opiniones de El Argentino Diario o de sus integrantes. Las denominaciones empleadas en la misma y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de El Argentino Diario juicio alguno sobre la información y/o datos y/o valoraciones aquí expuestas.

Elecciones

¿Qué significa ser leales?: el pueblo vuelve a salir a buscar su propia historia

A 81 años de la jornada que parió al peronismo, el Día de la Lealtad llega con Cristina presa, un Gobierno que desprecia al Congreso y a la Justicia, y un feminismo que eligió la Ciudad de Buenos Aires para su Encuentro de 2027. La lealtad hoy tiene un nombre: organizarse para que Milei pierda.

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El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores y trabajadoras cruzaron el Riachuelo, se lavaron los pies en las fuentes de la Plaza de Mayo y torcieron el rumbo de un país que hasta entonces decidía sin ellos.

No esperaron que nadie les concediera nada. Ese día el pueblo dejó de esperar y salió a buscar su propia historia. Ochenta y un años después, la fecha vuelve a interpelarnos con una pregunta urgente: qué significa ser leales cuando la democracia, los derechos y la propia identidad popular están bajo ataque.

Este Día de la Lealtad no es uno más. Llega con Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Nación, cumpliendo prisión domiciliaria tras una condena que representa el fruto más acabado del lawfare de Comodoro Py; con un Gobierno nacional que gobierna por decreto y desprecia la división de poderes; y a menos de un año de unas elecciones presidenciales que definirán si la Argentina sigue por el camino del ajuste, el odio y la crueldad, o si recupera un horizonte de justicia social.

Una lealtad que se conjuga en presente

Este sábado, en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, en La Matanza, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó el acto central del PJ provincial junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Fernando Espinoza. “Acá estamos, querían callarnos y acá estamos, recordando a Evita y Perón en La Matanza, que es la capital del peronismo”, dijo ante la multitud.

El gobernador recordó que aquella gesta “le dio voz a los que no tenían voz, les dio derechos y participación política a los que estaban marginados y excluidos”, sostuvo que Cristina “está injustamente presa por defender nuestras banderas” y planteó el desafío que atraviesa a todo el campo popular: “La lealtad con el pueblo es construir una alternativa que el año que viene termine con esta pesadilla que nos gobierna”. También dejó una definición que debería ordenar el debate de los próximos meses: “Sin justicia social no hay libertad verdadera: hay privilegios, hay explotación y desigualdad. Eso no es libertad”.

Un Gobierno que no respeta la democracia

Desde el primer día, Javier Milei eligió gobernar contra las instituciones. Inauguró su gestión con el DNU 70/2023, un megadecreto que pretendió derogar y modificar centenares de normas sin pasar por el Congreso.

Intentó designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, salteando el acuerdo del Senado, que finalmente rechazó ambos pliegos en abril de 2025.

Vetó la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, y obligó al Poder Legislativo a insistir con dos tercios para defender lo que la sociedad ya había defendido en las calles.

Llamó al Congreso “nido de ratas” y llegó a decir que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

No se trata de exabruptos aislados, sino de un método: degradar a los otros poderes para concentrar el poder en uno solo. Cuando un presidente trata al Parlamento como un estorbo, a la Justicia como una herramienta y a la prensa crítica como un enemigo, lo que está en juego no es una gestión de gobierno, sino la propia arquitectura republicana que tanto dicen defender quienes lo votaron por odio al peronismo.

El odio como herramienta, el antiperonismo como tradición

El antiperonismo no nació con Milei. Tiene una genealogía sangrienta: el bombardeo a la Plaza de Mayo en junio de 1955, el golpe de septiembre de ese año, el decreto 4161 de 1956 que prohibió siquiera pronunciar el nombre de Perón y dieciocho años de proscripción del movimiento mayoritario del país. Cada vez que las élites no pudieron derrotar al peronismo en las urnas, intentaron borrarlo por la fuerza, por decreto o por los tribunales.

Lo nuevo es la escala y el tono. El discurso libertario convirtió el odio en política de Estado: contra los “kukas”, contra los “zurdos”, contra las feministas, contra la diversidad, contra los trabajadores estatales y los jubilados que reclaman. Ese clima no es inocuo. En septiembre de 2022, Cristina sobrevivió a un intento de asesinato frente a su casa, porque el arma no se disparó. Las palabras que deshumanizan preparan el terreno para la violencia que mata, y una democracia que naturaliza el odio termina pagando ese precio.

Las mujeres y disidencias van al centro del poder

Hace apenas cinco días, el 12 de octubre, terminó en Córdoba el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, con más de 150.000 participantes y un centenar de talleres. En el acto de cierre, por decisión unánime, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue elegida como sede del 40° Encuentro en 2027. No es un dato menor: el primer Encuentro Nacional de Mujeres se realizó en esa misma ciudad en 1986. Cuatro décadas después, el feminismo vuelve al lugar donde nació, en pleno año electoral, para hacerse oír frente a la Casa Rosada.

La ministra de Mujeres bonaerense, Estela Díaz, lo resumió así: “Es una demostración de que se puede convivir en un espacio con sectores con los que se tienen muchísimas diferencias, construyendo una fuerza para confrontar electoralmente en el 2027”. Esa es exactamente la lección que el campo popular necesita aprender: la unidad en la diversidad no es una consigna, es una condición para ganar.

Las razones para movilizarse sobran. Este Gobierno desmanteló el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, su ministro de Justicia anunció la intención de eliminar la figura de femicidio del Código Penal y el propio Presidente utilizó el escenario de Davos para atacar al feminismo y a la diversidad, lo que provocó la masiva Marcha Federal Antifascista y Antirracista de febrero de 2025. Para nosotras, el ajuste no es una abstracción macroeconómica: es menos asistencia a víctimas de violencia, menos políticas de cuidado y más trabajo no remunerado sobre las mismas espaldas.

Evita lo entendió antes que nadie. Fue ella quien impulsó el voto femenino en 1947 y organizó a las mujeres como sujeto político con voz propia. El feminismo popular argentino, del Ni Una Menos a la Marea Verde, es heredero de esa tradición. No hay 17 de Octubre sin las mujeres en la Plaza.

2027: la lealtad es organizarse

Decirlo con claridad no es una provocación, es una responsabilidad democrática: Milei tiene que perder en 2027. No por revancha, sino porque un proyecto que desprecia la división de poderes, persigue a opositores, insulta a periodistas, ajusta sobre jubilados, universidades y personas con discapacidad, y convierte el odio en programa de gobierno es incompatible con la Argentina que soñaron quienes se movilizaron aquel 17 de octubre.

Pero la derrota del proyecto libertario no vendrá sola. Exige un peronismo que deje atrás sus internas, que escuche a los movimientos sociales, a los sindicatos, a las juventudes y al feminismo, y que vuelva a ofrecer un horizonte de futuro y no solo una defensa del pasado. La lealtad no es nostalgia: es la decisión colectiva de no volver a esperar que otros escriban nuestra historia. Como en 1945, el pueblo tendrá que salir a buscarla.

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