Tras una semana en la que el Gobierno sufrió un duro revés en el Congreso, el presidente Javier Milei utilizó una cadena nacional para anunciar una nueva fase de su gestión: la judicialización de la política económica. En un mensaje de 23 minutos, adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar «la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal» con sanciones para legisladores y funcionarios que no cumplan la norma.

El mandatario acusó al Congreso de querer «quebrar la economía y arrastrarnos de nuevo al abismo» y dijo que el poder legislativo impulsa «gastos sin explicar su fuente de financiamiento» que causará un «genocidio sobre las generaciones futuras». También informó que prohibirá que el Tesoro Nacional financie el gasto primario mediante emisión monetaria.

El discurso, plagado de conceptos ya repetidos, buscó enviar señales de tranquilidad a los mercados y se inscribe en una campaña de extrema polarización. «Tenemos que elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico», advirtió en clave electoral.

Un Congreso que se escapa de control

La Casa Rosada asumió por primera vez esta semana que ya no podrá controlar el Congreso, al menos hasta que cambie la composición de ambas cámaras en diciembre. El día después del «miércoles negro» en Diputados, el temor a la reacción del sector financiero se instaló en los despachos oficiales.

Milei eligió la noche del viernes para transmitir un mensaje dirigido a los mercados, en el que le trasladó a la sociedad la responsabilidad de optar de cara a octubre entre «la fuerza imparable que busca cambiar el rumbo económico» o «el objeto inamovible que es la adicción de la política al gasto público sin respaldo».

El Presidente cargó a fondo contra diputados y senadores a quienes acusó de haber «redoblado sus esfuerzos de sabotaje y obstrucción». «Usando causas nobles como excusas promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional», dijo en otro tramo de su discurso grabado.

La primera gran falacia: «No dicen de dónde sacan la plata»

La primera falacia libertaria es que las leyes aprobadas no tienen fuentes de financiamiento. Milei miente cuando asegura que los legisladores de la oposición «no dicen de dónde se saca la plata». El argumento choca de frente con la realidad: el propio proyecto de aumento a los jubilados fue trabajado en las comisiones de la Cámara de Diputados y detalla seis mecanismos concretos para cubrir el gasto.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal anualizado del aumento del 7,2 por ciento a jubilaciones y pensiones, junto con el bono de 110.000 pesos y las mejoras a pensiones no contributivas, equivalía al 0,78 por ciento del PBI. Para cubrirlo, el proyecto incorpora seis fuentes de financiamiento específicas:

Reducción del presupuesto de la SIDE: reasignación de 32.616 millones de pesos del Programa 16 de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Eliminación de la exención del IVA para directores de sociedades anónimas: derogación del inciso f) del artículo 2° de la Ley 25.239 para gravar a este segmento de altos ingresos.

Eliminación de la exención del Impuesto a las Ganancias para las Sociedades de Garantía Recíproca: derogación del artículo 29 de la Ley 25.300.

Nacionalización de fondos de entes cooperadores: obligación de transferir al Tesoro todos los ingresos recaudados por registros automotor, de la propiedad y otros entes, hoy fuera del presupuesto, lo que aportaría más de 130.000 millones de pesos anuales.

Fondo anticíclico: uso del excedente de esta reserva presupuestada en 6 billones de pesos para mejoras jubilatorias, disponiendo de unos 2,5 billones adicionales, equivalentes a 0,4 por ciento del PBI.

Reducción de recargos sobre la deuda con el FMI: destino directo de los 500 millones de dólares ahorrados a la mejora jubilatoria.

En conjunto, estas fuentes sumaban el 0,72 por ciento del PBI, casi la totalidad del costo anual de las medidas vetadas.

Superávit, pero ¿a qué costo?

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el costo de financiar el aumento a jubilaciones, el bono y las pensiones no contributivas en los últimos cinco meses de 2025 representaría una fracción menor de otras erogaciones recientes del Estado. Equivaldría, por ejemplo, a apenas el 22,77 por ciento del giro de utilidades que el Banco Central transfirió al Tesoro en abril por 11,98 billones de pesos, o al 39,51 por ciento del superávit fiscal acumulado entre enero y mayo, que sumó 6,9 billones de pesos.

En junio, el Sector Público Nacional registró un resultado primario positivo de 790.533 millones de pesos y un superávit financiero de 551.234 millones de pesos. En el acumulado del primer semestre, el indicador mostró un superávit primario equivalente al 0,9 por ciento del PBI y un resultado financiero positivo del 0,4 por ciento del PBI, según cifras difundidas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Sin embargo, ese superávit no se traduce en más inversión social, sino que en su mayor parte se usa para pagar intereses de la deuda. En mayo y junio, lo que el Estado destinó a intereses capitalizables fue incluso más que el presupuesto para jubilaciones. Este mecanismo de capitalización permite mostrar cifras positivas, aunque la deuda siga creciendo.

El costo real de los vetos

En el caso de la moratoria previsional vetada, si bien no cuenta con fuentes específicas de financiamiento, la oposición en la Cámara baja la puso en perspectiva frente al superávit fiscal. Para la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de la moratoria —que permitiría que 220.000 personas accedan a la jubilación— representa apenas el 0,08 por ciento del PBI.

«Solo el superávit financiero del primer trimestre, equivalente al 0,16 por ciento del PBI, iguala lo que la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó como el costo de dos años de moratoria», explicó una diputada que trabajó en la iniciativa.

En el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad, tiene solo un 0,3 por ciento del PBI de costo fiscal según la OPC. En el Senado la ley fue aprobada con dos tercios de los votos, lo que deja mejores chances para insistir en el Congreso a pesar del veto presidencial. Daniel Arroyo, autor del proyecto, sostuvo: «No tiene impacto fiscal pero no se trata de impacto sino de deuda. El Estado no actualizó el nomenclador en todo el año, aumentó solo un 0,5 por ciento, por eso es el Estado el que le debe a las personas con discapacidad y sus familias».

Fuerte con los débiles, débil con los fuertes

«Milei dice que no hay plata para los jubilados, que no hay plata para los discapacitados, que no hay plata para el Garrahan, que no hay plata para las universidades, sin embargo en la Rural no le importa el superávit fiscal y le regala plata a uno de los sectores que más plata tiene en este país». Las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, pronunciadas el mismo día que Milei anunció la baja de retenciones al campo, exponen el problema de fondo: el Gobierno transfiere recursos a los sectores más concentrados de la economía mientras aplica un ajuste inédito sobre los sectores más vulnerables.

La lista de beneficios para los más ricos es extensa. La eliminación del impuesto a los Bienes Personales —que representaba alrededor del 0,4 por ciento del PBI— alivió la carga impositiva de los patrimonios más altos. La reducción de la alícuota del impuesto PAIS —que el año pasado aportó el 5 por ciento de toda la recaudación tributaria— recortó una de las principales fuentes de ingresos fiscales.

La baja de retenciones al agro implica una pérdida de entre 0,1 y 0,2 por ciento del PBI, mientras que la rebaja de retenciones a la minería significó resignar 9 millones de dólares de recaudación. Medidas que, sumadas, revelan que el «no hay plata» se convierte en un argumento selectivo: hay recursos cuando se trata de beneficiar a los sectores de mayor poder económico, pero no cuando se trata de sostener derechos básicos para la mayoría.

Puntos clave:

• El proyecto de aumento jubilatorio vetado tenía seis fuentes concretas de financiamiento equivalentes al 0,72% del PBI
• El superávit fiscal se destina principalmente a pagar intereses de deuda, no a inversión social
• La moratoria previsional costaría apenas 0,08% del PBI, menos que el superávit del primer trimestre
• El Gobierno eliminó impuestos a los sectores más ricos por más del 0,6% del PBI
• La Ley de Emergencia en Discapacidad representa solo 0,3% del PBI de costo fiscal