CABA
CABA: pañuelazo por la efectiva implementación de la IVE
La protesta se realizó hacia las 19 en la sede de la cartera sanitaria, ubicada en la calle Bolívar 1, del centro porteño, donde las participantes se congregaron con los característicos pañuelos verdes y pancartas alusivas.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizó esta tarde un «pañuelazo» frente al Ministerio de Salud porteño, en reclamo de “la efectiva implementación” de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el distrito.
La protesta se realizó hacia las 19 en la sede de la cartera sanitaria, ubicada en la calle Bolívar 1, del centro porteño, donde las participantes se congregaron con los característicos pañuelos verdes y pancartas alusivas.
Si bien, “cada vez más servicios garantizan abortos de calidad y con perspectiva de derechos”; por otro lado, “a diario nos contactan mujeres y jóvenes denunciando dilaciones en la atención, faltante de medicamentos, circuitos de aborto clandestinos, espacios de atención violentos y hasta venta ilegal de misoprostol”, señaló una de las expositoras al inicio del acto.
Respecto a la línea telefónica nacional 0800 222 3444 de salud sexual y reproductiva, sostuvieron que «urge robustecerla para que brinde respuestas prontas y ofrezca la articulación necesaria» para los usuarios.
Por otra parte, celebraron la lucha que permitió el marco normativo, aunque alertaron con continuarán en organización «para no permitir ningún retroceso en nuestras conquistas feministas».
«Por eso, tal como lo afirmamos desde nuestra Fundación, demandamos un Estado laico que garantice los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía sobre nuestros cuerpos, deseos, sexualidades y proyectos de vida sin injerencia de las iglesias ni de los sectores fundamentalistas y religiosos», enfatizaron.
«Iglesia y Estado, asuntos separados, niñas, no madres, efectivo cumplimiento de la ESI laica, científica y no binaria, ni muertas ni presas. Y como toda declaración terminamos con nuestro triple lema, «Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. ¡Gracias!», destacaron en una de las alocuciones del encuentro, que se realizó sobre la vereda de Rivadavia de la sede de Gobierno porteña.
La Campaña también enfatizó que “aún hay barreras, dilaciones y objetores de conciencia que obstaculizan el acceso a la práctica”, por lo cual siguen reclamando a «los Gobiernos nacional, provinciales y locales presupuestos adecuados para la conformación de equipos de salud que estén capacitados y que garanticen la práctica».
“Además, demandamos la formación de profesionales y la provisión del instrumental necesario para implementar la técnica AMEU (aspiración manual endouterina) en todos los centros de salud para quienes la soliciten”, subrayó.
“Asimismo, consideramos necesaria una urgente campaña de difusión que informe el aborto como un derecho, pero además cómo y dónde solicitarlo, para que el acceso sea equitativo y sin barreras en todo el país”, agregó el colectivo.
Por su parte, una de las presentes, la legisladora Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda, dijo a Télam, sobre la implementación efectiva de la IVE, que en la ciudad de Buenos Aires tuvieron que «presentar proyectos, salir a denunciar que hubo una línea, un acuerdo entre Cynthia Hotton y (el jefe de Gobierno, Horario Rodríguez) Larreta, llamado 0800 Vida, para impedir nuestro acceso al derecho al aborto que conquistamos en las calles, y que es una cuestión de salud pública que nosotras decimos claramente que las iglesias no pueden interferir en ese derecho».
Barry también reivindicó «la implementación de la ESI, la educación sexual integral».
«Estamos en una avanzada realmente antiderecho de personajes tremendos como Javier Milei, que dice que es una agenda post marxista cuando la ley de implementación sexual integral implica que muchos chicos y chicas puedan denunciar situaciones de violencia sexual que viven gracias a que recibieron esa educación en las escuelas», advirtió.
Barry también cuestionó el «el bajo presupuesto en la salud pública, que es propio de quienes nos gobiernan. Hay una realidad, hoy es el día de acción de la salud de las mujeres y una salud pública de calidad no está garantizada porque se privilegia en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que uno de los primeros lugares en donde pega es en la salud pública y sobre todo en las mujeres, que son las más afectadas».
En cuanto a si hubo respuesta del Gobierno porteño ante los reclamos, Barry señaló que «de diálogo absolutamente ninguna. Sí presentamos en acceso a la información pública el pedido sobre qué es el C-800 de Cynthia Hotton. Ella misma nos respondió diciendo que no representaba organizaciones evangélicas, o sea, realmente una provocación».
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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