La Justicia porteña embargó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires luego de reiteradas intimaciones judiciales para que el ejecutivo local otorgue un monto económico para que una persona mayor en situación de calle pueda acceder a una vivienda, precisó hoy el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

La decisión fue adoptada por Víctor Rodolfo Trionfetti, juez en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo Primera Instancia (CAyT) número 15 que según consta en el expediente número 21433/2023-0 asegura que el gobierno porteño incumplió la medida cautelar y, en consecuencia, “ordenó el embargo al GCBA por la suma de 120.000 pesos”.

«En la medida cautelar dictada con anterioridad se reconoció que la política del GCBA de hacinar personas mayores en Centros de Inclusión tercerizados no respeta el derecho a una vivienda digna”, apuntó en un comunicado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos manifestó.

El letrado también consideró que la Ciudad de Buenos Aires “se encuentra en crisis habitacional” y que “uno de los problemas acuciantes, en el marco de dicha crisis, es la situación de las personas mayores que no tienen trabajo y no son propietarios de una vivienda, y la jubilación no les alcanza para acceder a una vivienda en alquiler o incluso que no tienen jubilación”.

Según el relevamiento del Observatorio de la Ciudad, actualmente existen 27 Centro de Inclusión Social – CIS- (con exclusión de los destinados a personas con discapacidad con autovalidez) que están gestionados por 19 instituciones privadas, esta cantidad de establecimientos deja disponibles 2020 plazas.

“Una de las instituciones más cuestionadas, es la Fundación Ayuda Social Vida Pura que gestiona el CIS Casa Blanca (120 plazas) y el CIS Rosedal (130 plazas). Por cada persona, esta Fundación recibía a principios de año diariamente $2377, alrededor de $71.310 por mes. Un total de $8.557.200 por mes en el caso de tener todas las plazas cubiertas. Es la institución que más dinero recibe por persona, además de un aporte mensual extra de $285 mil y $ 309 mil respectivamente”, detalló el documento del organismo.

En estas piezas de hoteles, se comparte una habitación con cuatro o cinco personas dependiendo del día, apuntó el Observatorio y señaló que habitantes de los cuartos “no cuentan con intimidad ni con la posibilidad de poder guardar sus herramientas o enseres. Esto resulta un obstáculo para poder retomar su vida laboral activa”.

El 9 de diciembre de 2021, se sancionó la Ley Nacional N° 27654 que tiene por objeto “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”.