CABA
Hablemos de plata: análisis urgente del presupuesto de la CABA
Este informe es un anticipo del estudio que presentará el Laboratorio de Ideas Futura sobre la evolución y distribución del gasto, en un distrito que posee más dinero total y per cápita que muchas ciudades europeas.
Por Cecilia Iselli y Valeria Silva*
En los últimos meses el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se convirtió en un tema de discusión pública a partir de la disputa abierta con el Estado Nacional respecto de la coparticipación y de la continuidad de una parte de los subsidios al transporte, y también como consecuencia del debate generado sobre el gasto educativo luego de la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas.
La cuestión involucró cruces entre los principales funcionarios del gobierno porteño y ministros y secretarios del Gobierno Nacional, pero también voces que comparten frente político con el oficialismo de la CABA y gobernadores de distinto signo. Todo esto indica que lejos de tratarse de un tema técnico o local, los recursos que maneja el Gobierno de la Ciudad constituyen un elemento central para la dinámica política argentina.
Desde el Laboratorio de Ideas Futura elaboramos una serie de notas que intentan aportar datos y herramientas de análisis para comprender más cabalmente la evolución, la composición y el marco legal de “la caja” de la que dispone el distrito gobernado por el PRO y sus aliados, desde hace ya quince años. Esas notas ofician de adelanto de un informe más detallado y abarcativo elaborado por nuestro Equipo de Presupuesto y que se publicará próximamente.
El presupuesto en términos comparativos
Lo primero que es importante decir es que el presupuesto de la CABA es mayor que el de otras provincias del país que tienen una población relativamente similar, aunque poseen una extensión mucho mayor, como Córdoba y Santa Fe.
Esa superioridad se ratifica si tenemos en cuenta la relación entre presupuesto y cantidad de habitantes de esas dos provincias. Dato que adquiere más relevancia si lo comparamos con el caso de la Provincia de Buenos Aires. Según los números de 2022, el distrito más poblado y extenso del país tiene un presupuesto per cápita que representa poco más del 60% del presupuesto por habitante de la Ciudad.

Para terminar de ponderar la magnitud de los recursos que maneja el Gobierno de la Ciudad vale comparar esas cifras con distintas ciudades que son muy importantes a nivel mundial. El primer dato que llama la atención es que, medido en dólares, el presupuesto de la CABA (año 2022) es mayor al de ciudades como Barcelona y Madrid.

Sin embargo, cuando esa comparación se hace en base al gasto por habitante, la situación mejora aún más para la Ciudad de Buenos Aires. Dado que supera a Barcelona, Madrid, San Pablo, la Ciudad de México y Bogotá.
Respecto de las ciudades españolas podemos ver que el presupuesto per cápita de la CABA es 21% mayor al de Barcelona (1.636.732 habitantes) y 22,6% al de Madrid (3.305.408). Vale agregar que la capital de España tiene una población similar, pero una superficie geográfica tres veces más grande: 604 contra 203 kilómetros cuadrados.
Composición del gasto
Para analizar la distribución de recursos tomamos en consideración, por un lado, todos los períodos en los que el PRO ocupó la Jefatura de Gobierno, primero con Mauricio Macri (2007-2015) y luego con Horacio Rodríguez Larreta (2015 a la actualidad). Por otro, organizamos el análisis según cinco grandes finalidades: Administración Gubernamental; Servicios Económicos (servicios urbanos, transporte, ecología, turismo, comercio e industria); Servicios Sociales (salud, educación, cultura, promoción social, trabajo); Servicios de Seguridad; y Deuda Pública, intereses y gastos.
La primera cuestión a tener en cuenta es que si se considera la evolución del gasto en pesos corrientes (o sea sin contemplar la inflación), se observa que para todas las finalidades hay un crecimiento leve. En el marco de esa tendencia sobresalen algunos saltos. Entre 2012 y 2013 uno en Servicios Económicos, producto del traspaso del subte. En 2016 un incremento en Servicios de Seguridad, que responde al traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. Y a partir de 2017 un alza de la deuda pública, que presenta un salto importante en 2019 y se estabiliza en un alto nivel desde 2020. A su vez, se destaca el crecimiento en Servicios Sociales desde el comienzo de la gestión de Rodríguez Larreta en 2015.
No obstante, si ese análisis se hace según precios constantes, es decir descontando la inflación, la película es bastante diferente. Lo que parecía ser un crecimiento exponencial en Servicios Sociales, desde 2017 en adelante, se transforma en una caída notoria.
Junto con eso, el gasto en Servicios de Seguridad y Servicios Económicos se mantiene en valores similares a los que alcanzaron luego de los saltos mencionados, y el ítem Servicios de Deuda es el único que crece sostenidamente entre 2016 y 2019, para bajar levemente luego y mantenerse en un rango sensiblemente mayor si se lo compara con el que representaba al inicio del primer mandato del actual Jefe de Gobierno.

Para indagar en las prioridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) un ejercicio útil es considerar los porcentajes del gasto por finalidad en relación con el gasto total. Allí se observa que los Servicios de Seguridad y Deuda Pública tienden a avanzar en detrimento de las otras tres finalidades, especialmente respecto de Servicios Sociales y Económicos.
En 2016, año en el que la Ciudad asume la administración de la Policía Federal, todas las demás funciones tienen una caída. Algo similar, aunque en menor escala, ocurre en 2019 con los gastos en Deuda Pública, que de por sí venían representando un peso mayor año a año. Para simplificar, veamos las cifras desde 2015 -último año de Macri al frente de la Ciudad- en adelante:

¿Qué pasó con la educación?
En las últimas semanas, el gasto en educación recibió cuestionamientos desde las comunidades educativas que incluyen diversos aspectos: problemas edilicios, falta de higiene, mala calidad en la alimentación, salarios insuficientes. No obstante, lo que llamó más la atención fueron las críticas realizadas por un sector del radicalismo, aliado al PRO en la alianza Cambiemos. Puntualmente, el diputado nacional Facundo Manes aseguró que en la CABA el presupuesto educativo viene sufriendo un retroceso en los últimos años. Señalamiento que fue desmentido desde el oficialismo porteño.
Analicemos entonces este aspecto según dos indicadores: la evolución anual del gasto destinado a educación, en términos reales, y qué relación representa el mismo en cuanto al gasto total.
Como se puede ver en el siguiente cuadro, más allá del aumento en términos nominales, el ítem educación muestra una tendencia evidente a la baja desde 2017 a 2021; en un contexto caracterizado por el aumento de los recursos disponibles fruto del incremento en el índice de coparticipación definido por el Ejecutivo Nacional. En este sentido, contemplando todo el Gasto Social, la única excepción significativa está representada por el rubro salud y su crecimiento durante los años de pandemia.

Esa situación se ratifica al analizar lo que ocurrió con el gasto en educación respecto del gasto total. Si tomamos como referencia el inicio del primer mandato de Larreta el retroceso es importante (del 23% al 19,5%), pero si el horizonte es el comienzo de las gestiones del PRO la tendencia es más marcada aún, ya que en 2007 el gasto en educación representaba casi el 28% del total.

Resta decir que en 2021, año de la vuelta a la presencialidad tan promocionada por el GCBA, el gobierno porteño destinó a educación menos recursos que el año previo. Esto contemplado el gasto en sí como el peso en el presupuesto total.
*Cecilia Iselli y Valeria Silva son economistas (UBA) e integrantes del Equipo de Presupuesto de Futura-Laboratorio de Ideas.
Buenos Aires
Devoto: la Justicia avaló traslados sin aviso en cárceles sobrepobladas
El juez Santiago Bignone rechazó el hábeas corpus colectivo por 326 presos trasladados de Devoto a Marcos Paz, aunque la fiscalía admitió que no se cumplieron los plazos de notificación. Las cárceles federales alojan 767 personas por encima de su capacidad.
La Justicia convalidó el vaciamiento a contrarreloj de la cárcel de Devoto aun cuando el propio Ministerio Público Fiscal reconoció que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) no cumplió con los plazos de notificación que exige su protocolo de traslados. El aval judicial llegó en un sistema penitenciario federal que hoy aloja a 767 personas más de las que puede albergar.
El juez Santiago Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, rechazó el hábeas corpus colectivo y correctivo que la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó en favor de 326 personas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Villa Devoto, trasladadas al nuevo complejo de Marcos Paz. La resolución se alineó con la postura del fiscal Pablo Recchini, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°44.
El fallo se conoció mientras continúan los operativos de traslado. El Ministerio de Seguridad Nacional informó que en apenas dos días mudó 609 internos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, el 40% de la población del penal porteño, en el marco de la Resolución 1042/2026. La ministra Alejandra Monteoliva fijó como meta terminar el año con Devoto trasladado y cerrado.
Una admisión sin consecuencias
Durante las audiencias celebradas el domingo y el lunes, Recchini pidió rechazar las acciones. Su argumento contuvo una confesión: «si bien por razones de seguridad no se han dado cumplimiento con los plazos de las notificaciones, de manera alguna ello refleja un desmejoramiento de las condiciones de detención». La fiscalía admitió el incumplimiento del protocolo, pero no le asignó ninguna consecuencia.
El fiscal describió la situación como inédita y excepcional, porque no se trataba de un traslado ordinario sino de un operativo masivo vinculado con el cierre definitivo de un establecimiento. Sostuvo además que el objetivo era mejorar las condiciones de detención y que las autoridades penitenciarias trabajaban para garantizar la continuidad de los estudios y evaluar cómo hacer efectivas las salidas transitorias desde el nuevo complejo.
Bignone hizo suya esa lectura. Consideró que no se configuraba «una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención que justifique la adopción de las medidas generales pretendidas», aunque dejó a salvo «las responsabilidades que pudieran corresponder ante eventuales situaciones concretas que se verifiquen en el futuro». En los hechos, el control judicial quedó postergado para cuando el daño ya esté consumado.
Estudios universitarios en suspenso
La presentación de la PPN cuestionó que los traslados se realizaron «sin informar previamente a las defensas y a los juzgados y tribunales intervinientes los establecimientos de destino, en presunto incumplimiento del Protocolo de Traslado de Personas Privadas de su libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF)». También advirtió sobre la posible interrupción de las carreras de quienes estudiaban en el Centro Universitario Devoto (CUD), en el marco del Programa UBA XXII, alojados mayoritariamente en los pabellones 50 y 52.
El juez respondió que «la invocación genérica de que los traslados podrían afectar los estudios universitarios no basta para acreditar, por sí sola, un agravamiento actual de las condiciones de detención, especialmente cuando se han previsto mecanismos para asegurar la continuidad educativa». Para eso ponderó informes del SPF y de las autoridades universitarias que daban cuenta de gestiones en curso. La continuidad educativa de cientos de estudiantes quedó sujeta a gestiones, no a garantías verificadas.
Los planteos individuales
El fallo también rechazó el reclamo en favor de Ricardo Castro Madrid, integrante de la denominada «Banda del Fal». Su defensa explicó que desde marzo de 2025 transitaba el Período de Prueba del régimen de progresividad y que desde noviembre de ese año estaba alojado en el pabellón 50 de Devoto, de régimen abierto y autodisciplina. En agosto, el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°2 había limitado su eventual traslado a las unidades 19 o 33, que cuentan con ese mismo régimen. Bignone reconoció que el traslado podía incidir en las salidas transitorias concedidas, pero entendió que no se acreditaron circunstancias que exigieran una intervención urgente.
En cambio, declaró abstracto el hábeas corpus de Guillermo Antonio «Concheto» Álvarez, detenido desde 1996 y condenado a reclusión perpetua más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado por robo agravado, homicidio calificado reiterado en cuatro oportunidades y lesiones graves. Álvarez había sido trasladado a Marcos Paz y luego reintegrado a Devoto por orden judicial, por lo que el motivo del reclamo cesó.
Un sistema que no tiene dónde alojar a nadie
El contexto en el que se ejecuta el cierre de Devoto lo describe la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili. Según su reporte sobre la población privada de libertad en cárceles federales entre enero y septiembre de 2026, en septiembre había 12.301 personas alojadas en establecimientos del SPF, 135 más que en diciembre de 2025 (un aumento del 1,1%).
La capacidad informada por el propio SPF es de 11.534 plazas. Eso arroja una sobrepoblación del 6,6%: 767 personas encerradas por encima del cupo disponible. La serie muestra que diciembre de 2025 cerró con 12.166 detenidos, que el pico se registró en mayo de 2026 con 12.347 y que el reporte de junio había contabilizado 12.319.
A fines de septiembre, días antes de iniciarse el operativo, el complejo de Devoto era el tercero más poblado del sistema, con 1.493 detenidos. Solo lo superaban el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con 1.916, y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, con 1.876. Completaban la lista el Complejo VI de Mendoza, con 858, y el Complejo III del NOA, en Salta, con 587. Vaciar la tercera cárcel más poblada del país en plena sobrepoblación exige algo más que camiones y escoltas: exige controles que el fallo eligió no ejercer.
Los mayores incrementos del período se registraron en la Unidad 36 de Santa Fe, inaugurada en diciembre de 2024, que pasó de 334 a 449 detenidos, y en la Unidad 6 de Rawson, que subió de 441 a 489.
Más de un tercio, sin condena
El informe de la PROCUVIN también expone la situación procesal de la población encarcelada. En septiembre, el 64,6% (7.946 personas) tenía condena firme y el 35,4% (4.354) permanecía detenido en calidad de procesado. Respecto de diciembre de 2025, los condenados aumentaron un 3,5% (266 más) y los procesados disminuyeron un 2,9% (131 menos). Más de un tercio de quienes están presos en cárceles federales todavía no tiene una sentencia firme.
Lo que tenés que saber:
- El juez Santiago Bignone rechazó el hábeas corpus colectivo de la Procuración Penitenciaria por 326 presos trasladados de Devoto a Marcos Paz.
- El fiscal Pablo Recchini admitió que, por razones de seguridad, no se cumplieron los plazos de notificación de los traslados.
- En septiembre había 12.301 personas en cárceles federales para 11.534 plazas, una sobrepoblación del 6,6%.
- Devoto era el tercer complejo federal más poblado, con 1.493 detenidos, antes del inicio del operativo.
- El 35,4% de las personas detenidas en el SPF está procesada, sin condena firme.
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