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La Justicia porteña determinó la ilegalidad de Uber en la Ciudad

El juez Trionfetti, estableció que Uber «viola numerosas regulaciones y que el actuar del Gobierno porteño ha sido correcto al realizar controles de tránsito impidiendo la actividad de Uber».

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La Justicia porteña determinó que la plataforma de transporte Uber es ilegal en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual, según la Federación Nacional de Peones de Taxis (Fepetax) «sienta jurisprudencia y significa un importante golpe a las ‘plataformas piratas'», se informó hoy.

El juez Víctor Trionfetti, a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N°15 de CABA, estableció que Uber «viola numerosas regulaciones y que el actuar del Gobierno (porteño) ha sido correcto al realizar controles de tránsito impidiendo la actividad de la mencionada empresa», informó el sitio Judicial.

El fallo surge de una demanda iniciada por el Sindicato de Peones de Taxis de CABA, que también incluía una intimación al Gobierno de la Ciudad para actuar al respecto, lo cual fue desestimado por Trionfetti, para quien el Ejecutivo porteño aplicó «las medidas razonables a su alcance para que UBER deje de funcionar».

En la sentencia, el juez aclara en los considerandos: «Sobre la base de las cuestiones merituadas, entiendo que no se demostró una omisión relevante que configure una nítida falta de servicio por parte del GCBA en cuanto al ejercicio del poder de policía y control en el cumplimiento de la normativa de tránsito y transporte, en particular, en lo que respecta al Sistema Uber».

«En ese sentido, el GCBA dio cuenta de los numerosos controles de tránsito vehicular que realizó, incluso muchos de ellos con resultados positivos respecto de la actividad interdicta. También destaco las actividades realizadas por el demandado tendiente a las clausuras de supuestos locales Uber. En cuanto a la actividad del sistema Uber en CABA, tal como expuse y argumenté, aquella es ilegal», agrega el magistrado..

Según iJudicial, la sentencia «tiene por alcance espacial, el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por alcance subjetivo, todos los sujetos de derecho incluidos en las clases y subclases que integran los frentes y el GCBA. Lo antedicho también incluye a la empresa mundialmente conocida como UBER, cualquiera sea la forma jurídica por la que emerge o emerja, pues al estar debidamente notificada de este proceso colectivo, decidió no estar a derecho».

«Ahora las plataformas piratas como UBER tienen que aggiornarse como una aplicación de servicio sobre lo que está regulado por ley. También intima a que la Legislatura porteña y el Congreso Nacional pongan a las plataformas en un marco de legalidad», destacó hoy, sobre la sentencia, el titular de la Federación Nacional de Peones de Taxis (Fepetax), Jorge García.

«Si bien la sentencia abarca el ámbito de Capital Federal, sienta jurisprudencia y significa un importante golpe a las ‘plataformas piratas’, como fueron denominadas por FePeTax, incluyendo a Uber, Didi y otras», agregó el sindicalista en un comunicado.

Sostuvo que «ahora está en manos del Congreso definir el tema. No puede hacerse el distraído. Las comisiones específicas, como la de Transporte, deben cumplir su deber. El Estado no recauda un solo peso, lo que es una vergüenza».

«Las plataformas buscan avanzar sobre todo el país. Estimamos que son miles trabajadores precarizados. Ahora son los legisladores los responsables de ordenar la actividad para luego reglamentarse. Estamos hablando de cientos de millones de pesos en evasión previsional, impuestos a la AFIP que ya los multó varias veces y fuga de capitales. Todos sabemos el fuerte lobby que UBER ejerce para que sigan siendo ilegales pero eso se va a terminar», sostuvo en tanto Miguel Soto, secretario adjunto del Sindicato de Peones de Taxis de CABA.

Soto añadió que Uber «está siendo acorralada en varios países para que cumple de una vez la ley».

La Fepetax dijo que los taxistas invierten más de 4 mil millones de dólares en su capital rodante, lo que significa el sustento de 300 mil familias de trabajadores, y explicó que las plataformas «no invierten, evaden y el 25% de lo producido lo lavan en el exterior».

El fallo judicial y el gremio de taxistas fue respaldado de forma inmediata por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) de Sergio Sasia y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), a las que está afiliado.

El sumario judicial fue caratulado «Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal y otros contra Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y otros sobre demandas contra autoridad administrativa-genérico», en el contexto del expediente 3.065/16-0.

CABA

Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle

La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.

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El Argentino Diario-Pablo Moyano.
La Ciudad de Jorge Macri descarta pagar los 200 millones que les debe a los recolectores. Moyano dice que irán a fondo.

Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.

«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano

La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.

El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.

El nuevo pliego: tecnología como respuesta política

Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.

La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.

Lo que tenés que saber:

  • La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
  • El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
  • Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
  • El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
  • La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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