CABA
Tragedia de Beara: aval a juez «macrista»
Los padres de una de las víctimas habían planteado la recusación del magistrado Alejandro Nocetti Achával por sus vínculos “políticos y familiares” con Juntos por el Cambio, pero fue respaldado por los otros integrantes del Tribunal que absolvieron a los funcionarios del gobierno porteño.
Ante el polémico fallo por la Tragedia de Beara que absolvió al grupo de funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por su responsabilidad en la habilitación y funcionamiento del boliche de Palermo cuando se derrumbó en septiembre de 2010 causando dos muertes y varios heridos de gravedad, los padres de una de las víctimas recusaron a uno de los jueces por sus vínculos con el macrismo.
Se trata de Alejandro Nocetti Achával, quien junto a sus colegas Gabriel Vega y Gustavo Alterini, integra el Tribunal Oral Criminal Nro. 7, quien luego del juicio solo condenó a los empresarios que regenteaban el boliche Beara y exculpó a los funcionario porteños (de la entonces administración de Mauricio Macri) del área de Habilitaciones del trágico siniestro.
Para los padres de Leticia Provedo, la joven de 22 años que murió al derrumbarse el entrepiso del local durante un show al igual su amiga Ariana Lizarraga, Nocetti Achával tiene vínculos familiares y sociales con dirigentes políticos del PRO, además de sus expresiones en redes sociales a favor de Juntos por el Cambio.

En consecuencia, presentaron una recusación en su contra por su actuación en el debate donde Isaac Rasdolsky, Norberto Cassano, Pablo Damián Saikauskas y Martín Diego Farrell, más otros funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, resultaron absueltos.
Si bien tanto el fiscal Oscar Ciruzzi y el abogado de la familia Provedo plantearon sus apelaciones al fallo que liberó de culpa y cargo a los funcionarios, ante la recusación de Alejandro Nocetti Achával por “temor de parcialidad” surgió el rechazo a esa pretensión, al ser avalada la actuación de este juez por sus colegas del Tribunal, Gabriel Vega y Gustavo Alterini.
“La relación de amistad, el vínculo familiar o el mero conocimiento laboral con las personas sindicadas en la presentación formulada por la querella no constituyen motivo de recusación, ni tampoco configuran un caso fundado de temor de parcialidad que permita separar al juez del conocimiento de la causa«, respondieron en el aval al magistrado, tildado de macrista por la familia de una de las víctimas de la Tragedia de Beara.
CABA
Rematan otra joya del patrimonio público en Caballito tras un primer intento fallido
El valor venal del lote de 210 metros cuadrados fue fijado por el Tribunal de Tasaciones en 433 millones de pesos. En tanto, el precio mínimo de venta o valor base se estableció en 368,05 millones de pesos. La convocatoria anterior fracasó al ser declarada inadmisible la única oferente anotada.
El Gobierno nacional insistió en su política de desfinanciamiento y desguace del patrimonio público al autorizar un nuevo llamado a subasta para desprenderse de un valioso inmueble estatal en el barrio porteño de Caballito. A través de la Resolución 89/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), las autoridades avanzaron con la privatización encubierta de esta propiedad; todo esto luego de que el primer intento de remate quedara completamente desierto por la falta de papeles de la única oferente.
El inmueble en cuestión, ubicado en la calle Teniente General Eustaquio Frías 247/249, cuenta con una superficie de 210 metros cuadrados y se encuentra identificado catastralmente como Circunscripción 15, Sección 47, Manzana 184, Parcela 6. El Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó que su valor venal es de 433 millones de pesos (una cifra equivalente a 306.007 dólares según la cotización oficial de 1.415 pesos por dólar al 30 de abril de 2026), mientras que el valor base de subasta se fijó en apenas 368,05 millones de pesos (unos 260.160 dólares), lo que representa una clara rebaja para facilitar la entrega de los recursos de todos los argentinos.
Un proceso flojo de papeles
La normativa de la AABE declaró desierto el llamado previo (identificado como Subasta Pública 392-0093-SPU25) e instruyó la apertura inmediata de un nuevo expediente bajo el número 392-0036-SPU26. En aquella primera convocatoria, realizada en febrero de 2026, la única persona que se inscribió (Victoria Celia Laguia Rugna) fue declarada inadmisible por no dar cumplimiento a los requisitos administrativos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
La urgencia oficial por hacer caja con la infraestructura del país quedó en evidencia al relanzar el proceso bajo el mismo procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, modificando apenas el pliego de bases y condiciones. Según el texto oficial, los fondos que se recauden por la venta (deducidos los gastos del proceso) se afectarán según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1.382/12, el marco de gestión de bienes inmuebles del Estado que regula la distribución de estos recursos entre el Tesoro Nacional y los organismos que originalmente los cedieron. El cronograma definitivo de inscripción y la fecha exacta del acto de remate se publicará en las próximas semanas en el sistema de gestión electrónico COMPR.AR.
Puntos clave
- La AABE autorizó un nuevo llamado a subasta pública para la venta de un inmueble estatal en Caballito.
- El valor venal del lote de 210 metros cuadrados fue fijado por el Tribunal de Tasaciones en 433 millones de pesos.
- El precio mínimo de venta o valor base de la subasta se estableció en 368,05 millones de pesos.
- La convocatoria anterior fracasó al ser declarada inadmisible la única oferente anotada.
- Los fondos obtenidos serán distribuidos entre el Tesoro Nacional y los organismos cedentes según el Decreto 1.382/12.
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