Por Néstor Llidó

Desde aquella tarde del 1 de abril de 2019, cuando el edificio de dos plantas de la calle Pavón al 3000 en el barrio porteño de San Cristóbal se derrumbó como consecuencia de los trabajos que una retroexcavadora y otras máquinas realizaban en la obra en un terreno lindero, la madre de Adrián Alejandro Continiello Farelo, la única víctima fatal, viene luchando por “la verdad y la justicia”, ante la indiferencia de las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cierta protección hacia la empresa constructora.

Casi en soledad, Norma Farelo peleó en cada día, siguiendo de cerca foja a foja el expediente y en su condición de querellante en la causa, junto a los investigadores del caso, impulsó que los “responsables” sean enjuiciados. De esta manera, seis directivos de Lybster Constructora (con ciertos vínculos con el macrismo), el arquitecto de la compañía Demoliciones Mitre y un funcionario de la administración de Horacio Rodríguez Larreta quedaron imputados por el estrago, por el momento calificado como “culposo”, pero que se pretende que sume el agravante de “doloso”, que generaría futuras penas más importantes en expectativa.

Habiendo transcurrido más de tres años del hecho (siempre silenciado como tantos otros siniestros ocurridos en distintos barrios porteños), se convertirá en el primer Juicio por Jurados que se celebrará en la Ciudad de Buenos Aires, para empezar a dar cumplimiento a la Ley Nro. 6451 que sancionó a Legislatura incorporando este sistema en que un grupo de ciudadanos interviene en el debate.

“Todavía no se ha fijado la fecha, pero ya está cerca del juicio que esperaba y que sea mediante un Jurado me genera buenas expectativas, más allá de los reparos sobre el sistema judicial, siempre bajo sospecha para los familiares de víctimas. Con el trabajo del fiscal Sebastián Fedullo y mi abogada Karina Bacci insistiremos en que todos los culpables sean condenados por estrago doloso, que es lo que provocaron, matando a mi hijo”, afirma la madre de Adrián Continiello Farelo, de entonces 32 años y quien trabajaba como sonidista en la TV Pública.

Tras haber participado del sorteo en el que la jueza Carla Cavalieri fue designada para estar al frente del primer Juicio por Jurados en la Ciudad de Buenos Aires, Norma Farelo aguarda que llegue el momento para poder tener “frente a frente” a los que considera como responsables de aquel derrumbe.

Ahora habrá que seleccionar a los 12 ciudadanos que tendrán la tarea de establecer el grado de culpabilidad de quienes por acción u omisión generaron este trágico siniestro, cuando el edificio, donde en su planta baja funcionaba un supermercado chino, se vino abajo en momentos en que al lado se construía una nuevo, en una obra que ya había sido denunciada por la UOCRA ante distintas irregularidades.

Los acusados finalmente, pese a sus intentos de pedir sobreseimientos y plantear otras cuestiones dilatorias, son la presidenta de Lybster Constructora, Norma Mendes Simoes, más los directivos de la empresa, el ingeniero Ricardo Nicholson, los arquitectos Ramiro Ramos, Valeria Martini, Sabrina Lorena Blans y Eduardo Agua Viva arquitecto, como así también el arquitecto Osvaldo Becerra de Demoliciones Mitre y el inspector del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en su condición de director general de Fiscalización de Control de Obras, Guido Tirendi.

Este avance en lo judicial del hecho, nunca tuvo su correlación en lo “humano y político”, ya que los persistentes reclamos de la madre de la víctima de ser recibida por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, ni siquiera recibieron una respuesta “institucional”. “Cuando fue el derrumbe, salieron a decir que investigarían hasta las últimas consecuencias, después se lavaron las manos y hasta pasado el tiempo autorizaron la continuidad de la obra, como un aval a ese accionar criminal, ya que sabían lo que hacían y terminaron cavando la tumba de mi hijo”, sostiene la mujer.

A pesar de la constante negativa a una entrevista, Norma Farelo “obtuvo” la posibilidad de decirle en la cara a Rodríguez Larreta sobre su complicidad en lo ocurrido. “En una charla con vecinos de Villa Devoto, el barrio donde vivo, que organizó el gobierno porteño me presenté y pude tenerlo frente a frente. Ni se inmutó, se escondió como siempre, me derivó a su secretaria, la que se terminó excusando”, recuerda, en relación a esa suerte de “escrache”, que tuvo repercusión en redes sociales.

Las pericias ordenadas fueron demostrado que el derrumbe se produjo como consecuencia de los trabajos que una retroexcavadora y otras máquinas que realizaban en la obra en construcción en un terreno lindero.

Tras el estruendo, el departamento del 2do. piso de Pavón al 300 donde vivían Adrián Continiello Farelo con su novia, como el del 1ero. en el que residía el dueño de la propiedad y el supermercado chino que funcionaba en la planta baja, quedaron bajo los escombros.

En el momento del siniestro, solo el joven se encontraba en el edificio junto a sus dos perros, siendo hallado su cuerpo sin vida, luego de la labor de bomberos y rescatistas.

Según consta en el expediente que ese edificio se viniera abajo respondió a los defectos en el proceso de construcción de una torre lindera que se encontraba en la etapa de submuración, a las graves falencias en la excavación, como así también en el modo constructivo y de apuntalamiento.

“Mi hijo estaba en su casa, no estaba enfermo, no le robaron, no tuvo un siniestro vial, sino que la constructora Lybster S.A. lo enterró con vida. No hubo solo negligencia e imprudencia, como pretenden imponerlo en la causa como estrago culposo, esto se podría haber evitado si hubieran cumplido con la obra como corresponde, por eso esto fue un estrago doloso, producto de un accionar criminal”, ratifica Norma Farelo.

Sobre las denuncias previas sobre esa construcción, entre otras irregularidades, la mujer contó que “Adrián estaría vivo si el inspector del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ese mismo día se presentó a las diez de la mañana, no hubiese firmado ese informe falso en el que decía que estaba todo bien. Y a las pocas horas todo se vino abajo”.

Hubo muchísimos testimonios que dieron cuenta de las numerosas advertencias sobre la marcha de la obra por parte de los vecinos, incluyendo a la propia víctima fatal, que derivaron en demoras porque se tuvieron que tomar medidas urgentes para apuntalar otras casas cercanas. Eso postergó la realización del informe técnico incorporado a la causa, en el que se menciona las graves irregularidades del método constructivo empleado por Lybster S.A. y que terminara causando el derrumbe, que no fue un accidente.